La alteración sobrevenida de las reglas de la carga de la prueba en los procedimientos y procesos administrativos mediante el abuso de las iniciativas probatorias judiciales: Una vía para favorecer indebidamente a la administración pública venezolana

AutorMiguel Ángel Torrealba Sánchez
CargoProfesor Titular de Derecho Administrativo (UCV)
Páginas275-301
LA ALTERACIÓN SOBREVENIDA DE LAS REGLAS DE
LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCEDIMIENTOS Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE EL ABUSO
DE LAS INICIATIVAS PROBATORIAS JUDICIALES:
UNA VÍA PARA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VENEZOLANA
Miguel Ángel Torrealba Sánchez,
Profesor Titular de Derecho Administrativo (UCV)
Resumen: Se analiza el uso de las iniciativas probatorias judiciales por la Justicia
Administrativa venezolana y su influencia en las reglas de la carga de la prueba en
los procedimientos y procesos administrativos
Palabras Clave: Procedimiento administrativo contencioso-administrativo- carga
de la prueba onus proban di.
Abstract: The use of judicial probative initiatives by the Venezuelan Administra-
tive Justice and its influence on the rules o f the burden of proof in administrative
procedures and processes are analyzed.
Key words: Admini strative procedure contentious-administrative burden of proof
onus probadi.
INTRODUCCIÓN
Las siguientes páginas fueron preparadas para el XIX Foro Iberoamericano de Derecho
Administrativo, destinado al estudio de los procedimientos administrativos, previsto orig i-
nalmente para tener lugar en la ciudad de San Salvador, El Salvador, en el mes de octubre de
2020, pero que por circunstancias bien conocidas ha quedado diferido.
Habiendo señalado lo anterior, se hacen necesarias unas advertencias preliminares. Tra-
tándose del desarrollo de un asunto práctico vinculado con la aplicación del Derecho, y más
aún, del Derecho Administrativo, en el caso venezolano solo puede estudiarse hoy como un
patológico ejemplo de lo que no debe ser.
, Universidad Central de Venezuela. FCJP, Escuela de Derecho. Profesor Titular de Derecho Admi-
nistrativo. Abogado y Especialista en Derecho Administrativo. Investigador Invitado del Instituto
de Derecho Público. Universidad d e la Coruña, España. Doctor en Derecho Administrativo Ibe-
roamericano. Universidad Carlos III de Madrid, España. Máster en Política Territorial y Urbanísti-
ca. Universidad Monteávila, Caracas. Profesor de Derecho Administrativo y Director Adjunto del
Centro de Estudios de Regulación Económica (CERECO). Universidad Católica “Andrés Bello”,
Caracas. Profesor en la Especialización en Derecho Administrativo. Miembro del Foro Iberoam e-
ricano de Derecho Administrativo y del Instituto Internacional de Derecho Administrativo.
REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 163/164 - 2020
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Corolario obligado de la inexistencia en la actual realidad venezolana de los postulados
básicos del Estado Constitucional Democrático de Derecho, a saber: supremacía constitucio-
nal, principio de juridicidad, separación de las ramas del Poder Público, responsabilidad del
Estado y de sus funcionarios, preeminencia de los Derechos Humanos, por citar los más
vinculados con el asunto que será desarrollado.
De allí que lo que aquí se expondrá no tiene pretensiones ni de profundidad dogmática
ni de originalidad conceptual, máxime cuando hoy día el Derecho Administrativo venezolano
se refugia fundamentalmente en la doctrina y en las aulas universitarias, en espera de un
clima mínimamente propicio para su regreso tanto a la práctica administrativa como a la
jurisprudencia1. Jurisprudencia que habrá de crearse partiendo de lo obtenido hasta fines de la
pasada centuria para luego seguir avanzando, puesto que el hiato iniciado a principios de este
siglo ha determinado progresivamente la pertinencia no solo práctica sino in cluso teórica de
preguntarse si puede seguir llamándose como tal a las decisiones que en la actualidad dictan
los tribunales contencioso-administrativos venezolanos2.
El propósito pues de estas líneas, como de otros textos antes presentados a este Foro, es
básicamente el de alertar a los colegas de otros países sobre los riesgos de permitir que el
Estado Constitucional Democrático de Derecho sea minado desde su interior por lo s popu-
lismos de ahora y de siempre, valiéndose estos últimos de las instituciones que, antes bien,
deberían proteger al primero. Un ejemplo es el caso del Poder Judicial venezolano, y dentro
de él, ocupa un lugar importante la Justicia Administrativa 3, que ha servido en innumerables
ocasiones durante las últimas dos décadas para intentar darle un manto de mínima juridicidad
a cualquier acción administrativa, por más que ese ropaje no pase de ser un remedo del traje
del emperador del famoso cuento.
A tal fin , en esta ocasión se mostrarán algunos ejemplos del inde bido y abusivo uso de
las iniciativas probatorias judiciales que ha devenido en la práctica en casos extremos en la
alteración sobrevenida de las reglas de la carga de la prueba no solo en los procesos adminis-
trativos (juicios contencioso-administrativos) sino a veces incluso en los diversos procedi-
mientos administrativos previos, con el fin de facilitarle el dar la razón en la sentencia de
mérito a la Administración Pública cuando jurídicamente no la tiene, como suele ser la norma
en la actual realidad venezolana. Con ello se intentará recordar la trascendencia que tiene la
1 Las siguientes afirmaciones no han hecho sino cobrar más vigencia desde el momento cuando
fueron escritas: <<…lo más grave de toda esta demolición del Der echo Administrativo ha sido la
neutralización o intervención de la jurisdicción contencioso administrativa por parte del poder
Ejecutivo, a través del control político que éste ejerce sobre el Tribunal Supremo de Justicia. El
punto culminante de la construcción del Derecho Público en una sociedad democrática, incluido
el Derecho Administrativo, es el establecimiento de tribunales con competencia para con trolar los
actos del Estado, con potestad para anularlos y para condenar a la Administración por sus actos
ilegítimos e ilegales (…) Sin control judicial de la actividad administrativa, carece de sentido ha-
blar de Derecho Administrativo>> (Brewer-Carías, Allan R. El Derecho Administrativo y la de-
mocracia. A los 100 años de la Cátedra de Derecho Administrativo (2009). Recogido en: Tratado
de Derecho Administrativo. Derecho Público en Iberoamérica. El Derecho Administrativo y sus
principios fundamentales. Volumen I. Civitas Thomson Reuters-Editorial Jurídica Venezolana,
Madrid, 2013, p. 1093).
2
El tema excede lo aquí tratado, pero en todo caso, por razones meramente convencionales segui-
remos llamado aquí jurisprudencia a las decisiones dictadas por la máxima instancia de la jurisdic-
ción contencioso-ad ministrativa venezolana.
3 A los efectos de estas páginas, al referirnos a Justicia administrativa aludimos en sentido estric to,
esto es, a los tribunales contencioso-administrativos.

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