Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 2 de Diciembre de 2008

Fecha de Resolución 2 de Diciembre de 2008
EmisorJuzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo.
PonenteGary Coa León
ProcedimientoRecurso De Nulidad

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En Su Nombre

JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

En fecha 19 de diciembre de 2007 se dio por recibido en este Juzgado Superior, previa distribución, el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada por los abogados L.T.P. y C.A.L.D., Inpreabogado Nros. 48.321 y 75.216, respectivamente, actuando como apoderados judiciales del BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (BANDES), contra la P.A. Nº 770-07 dictada en fecha 28 de septiembre de 2007 por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, Sede Norte, que declaró Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano L.A.R.I., titular de la cédula de identidad N° 4.815.985, contra la referida Institución bancaria.

En fecha 08 de enero de 2008 se ordenó solicitar a la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, Sede Norte, los antecedentes administrativos del caso, de ello se notificó a la Procuraduría General de la República.

En fecha 28 de enero de 2008 el abogado D.A.B.P., apoderado judicial de la parte recurrente, solicitó a este Tribunal se ratificara el oficio dirigido a la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, Sede Norte, solicitando los antecedentes administrativos del caso.

En fecha 11 de febrero de 2008 se ordenó oficiar a la Procuradora General de la República para que por su intermedio fuesen remitidos a este Juzgado, los antecedentes administrativos del caso que omitió enviar la mencionada Inspectoría.

En fecha 10 de marzo de 2008 fueron recibidos los antecedentes administrativos del caso, provenientes de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, Sede Norte.

En fecha 25 de marzo de 2008 el Juez de este Juzgado, abogado G.J.C.L., se abocó al conocimiento de la causa de conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

Por auto de esa misma fecha (25-03-2008) se ordenó abrir cuaderno separado con los antecedentes administrativos del caso.

En fecha 31 de marzo de 2008 este Tribunal declaró su competencia para conocer del presente asunto, en consecuencia admitió el recurso de nulidad interpuesto, e igualmente ordenó citar a la ciudadana Procuradora General de la República y al Inspector del Trabajo en el Distrito Capital, Municipio Libertador, Sede Norte; a objeto de que tuvieran conocimiento del presente recurso y ejercieran la defensa del acto recurrido si lo estimasen conveniente, también se ordenó notificar a la ciudadana Fiscal General de la República a los fines de la presentación del informe referido en el artículo 21-11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y al ciudadano L.A.R.I., en su condición de beneficiado por la P.A. impugnada. En la misma oportunidad se ordenó abrir cuaderno separado, ello a los fines de decidir la suspensión de efectos solicitada. En fecha 10 de abril de 2008 se abrió el referido cuaderno separado.

En fecha 28 de abril de 2008 se libró el cartel previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En fecha 02 de mayo de 2008 se entregó el referido cartel al abogado D.B.P. apoderado judicial de la parte recurrente. En fecha 06 de mayo de 2008 el abogado C.L.D. apoderado judicial de la parte recurrente, consignó un ejemplar del Diario “EL UNIVERSAL” de esa misma fecha donde apareció publicado el referido cartel.

Por auto de fecha 22 de mayo de 2008 se dio inicio al lapso de cinco (05) días de despacho para la promoción de pruebas.

En fecha 27 de mayo de 2008 los abogados C.A.L.D. y D.A.B.P. apoderados judiciales de la parte recurrente, consignaron escrito de promoción de pruebas.

Mediante sentencia interlocutoria de fecha 09 de junio de 2008, este Tribunal declaró procedente la medida cautelar innominada solicitada y a su vez suspendió los efectos de la P.A.r..

Por auto de fecha 11 de junio de 2008 el Tribunal se pronunció sobre la admisión de las pruebas promovidas por la parte recurrente en el presente juicio.

En fecha 07 de agosto de 2008 comenzó la primera etapa de la relación de la causa, se fijó el acto de informes de manera oral para las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) del décimo día de despacho siguiente.

El día 22 de septiembre de 2008 oportunidad para que tuviese lugar el acto de informes de manera oral, se dejó constancia de la comparecencia del abogado D.A.B.P. en representación de la parte recurrente y del abogado L.O.T.C. en representación del ciudadano L.A.R.I., beneficiado de la p.a.r., quienes expusieron oralmente sus alegatos y conclusiones. Igualmente se dejó constancia de la comparecencia del abogado L.E.M.L., quien consignó el informe referido en el artículo 21-11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En fecha 23 de septiembre de 2008 comenzó la segunda etapa de la relación de la causa la cual tendría una duración de veinte (20) días de despacho.

El día 28 de octubre de 2008 venció la segunda etapa de relación de la causa y el Tribunal dijo “VISTOS”. Se fijó treinta (30) días de despacho para dictar sentencia.

I

DEL RECURSO DE NULIDAD

Los apoderados judiciales del Banco recurrente señalan que en fecha 16 de agosto de 2001, el reclamante presentó por ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, una solicitud de reenganche y pago de salarios caídos contra el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), señalando que desde el 15 de septiembre de 1988, comenzó a prestar servicios en el mencionado Instituto devengando como salario mensual la cantidad de Cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y seis Bolívares (Bs.498.956), desempeñándose en el cargo de Supervisor de Servicios (mantenimiento), hasta el 10 de agosto de 2001, fecha en la cual, y según su dicho, fue despedido sin haber incurrido en ninguna de las causales establecidas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo. Asimismo argumentó en dicha solicitud, que al momento de ser despedido gozaba de doble inamovilidad, por encontrarse en discusión el contrato colectivo de los trabajadores y por pertenecer al Sindicato Único de Obreros y Dependientes del Estado (SUODE).

Que, “(d)icha solicitud, por efecto de la distribución, correspondió al Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.”

Que, “(e)l 08/10/02, el mencionado Juzgado admitió cuanto ha lugar en derecho la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, ordenó el emplazamiento del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) en la persona de su presidente a los fines de la contestación y fijó la realización del acto conciliatorio para el segundo (2) día de despacho siguiente a la citación.”

Que, “el Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se avocó al conocimiento del caso y en fecha 23 de octubre de 2003 fijó la oportunidad para celebrar la audiencia preliminar”.

Que, por auto de fecha 19 de mayo de 2004, y por solicitud de (esa) representación judicial, el referido Juzgado declaró su falta de jurisdicción para conocer del caso.

Que, “el aludido Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, elevó en consulta su decisión de declarar su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública a la Sala Política (sic) Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, quien mediante decisión número 00980 del 05/08/04, expediente número 2004-0563, (…) confirmó la decisión de falta de jurisdicción decretada por el mencionado Juzgado Laboral…”.

Que, no obstante que el efecto de una declaratoria con lugar de falta de jurisdicción es la extinción del proceso, y que la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia simplemente en esa sentencia ordenó, a los solos fines informativos, remitir copia certificada de la misma a la Inspectoría del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, con la advertencia de “Cúmplase lo ordenado”, lo cual no era otra cosa que la extinción del proceso por falta de jurisdicción; de manera inexplicable la Inspectoría del Trabajo autora de la P.A. aquí impugnada, una vez confirmada por parte de la Sala Política Administrativa la falta de jurisdicción de los Tribunales frente a la Administración Pública para conocer de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos del reclamante, como si se tratase de una especie sui generis de declinatoria de competencia, mediante auto del 20/10/04, le dio entrada al expediente que le fue remitido por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y decidió de oficio avocarse al conocimiento de ese asunto, asignándole el número de expediente 023-2004-01-04494, y de manera sorprendente empezó de oficio un procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos en contra del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), cuando es sabido que ese tipo de procedimiento forzosa y necesariamente deben iniciarse a instancia de parte.

Que, dicho procedimiento finalizó con la P.A. Nº 770-04 dictada el 28/09/07 y notificada a su representada el 27 de noviembre de 2007 siendo contra esa Providencia contra la cual se interpone el presente recurso contencioso administrativo de nulidad.

Que la P.A. impugnada “es nula de toda nulidad en primer lugar, porque al momento de ser dictada la aludida Providencia el procedimiento administrativo ya había perimido, a tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y en segundo lugar; no podía la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Libertador del Distrito Capital Sede Norte, dar inicio de oficio al procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, con lo cual se viola el contenido del artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, configurándose así la causal de nulidad prevista en el numeral 3º del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, produciendo por vía de consecuencia una violación al derecho de (su) representada a un debido proceso”.

Que la P.A. impugnada adolece del vicio de falso supuesto en sus dos modalidades, esto es, el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho, e igualmente del vicio de inmotivación.

Que, “(c)uando en la p.a. aquí impugnada se le ordena a (su) representada que proceda a reincorporar en su puesto de trabajo al reclamante, se produce el vicio de ilegal ejecución denunciado, ya que no es posible legalmente declarar con lugar una pretensión administrativa cuando la misma ha sido dictada en contravención a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en contravención a lo dispuesto en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo; y es que no puede la autoridad administrativa hacer abstracción de la legislación administrativa y laboral y pretender decidir un procedimiento administrativo que había perimido”. Que, “en el supuesto negado que ello fuese falso, tampoco la Administración puede, sin violar la Ley, dar inicio de oficio a un procedimiento administrativo, cuando la ley establece que el mismo sólo puede iniciarse a instancia de parte, así como tampoco se puede decretar en sede administrativa un reenganche cuando el derecho del trabajador para solicitarlo ha prescrito”.

Que del artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo se infiere que, la tramitación y resolución del procedimiento administrativo para sustanciar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, puede tener una duración de máxima de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejará constancia, con indicación de la prórroga que se acuerde, la cual no podrá exceder en su conjunto de dos (2) meses.

Que, “el artículo 61 ejusdem establece que el término indicado en el artículo 60, correrá a partir del día siguiente del recibo de la solicitud o instancia del interesado o a la notificación a éste, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio.”

Que, esas normas son aplicables supletoriamente en el contexto de los procedimientos administrativos previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, según lo dispone el artículo 47 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; lo cual cobra una gran importancia, ya que según lo dispuesto en los artículos 454, 455 y 456 de la Ley Orgánica del Trabajo, una vez que se da inicio al procedimiento administrativo para tramitar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, desde el momento en que el patrono es notificado de la solicitud ese procedimiento tiene una duración máxima de veinticuatro (24) días hábiles. Por supuesto, la tramitación y resolución del procedimiento administrativo para sustanciar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, con base en lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos, puede tener una duración máxima de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejará constancia, con indicación de la prórroga o prórrogas que se acuerden, las cuales no podrán exceder, en su conjunto, de dos (2) meses, es decir, dicho procedimiento pudiera tener una duración máxima de seis (6) meses.

Que, “(l)o anterior significa, que el procedimiento administrativo estuvo paralizado por más de treinta (30) meses, no evidenciándose en el expediente administrativo que se hayan aprobado prorrogas (sic), por lo que se configuró en el presente caso la perención del procedimiento administrativo que culminó con la P.A. aquí recurrida.”

Que, “la Inspectoría del Trabajo la única decisión que podía dictar en el contexto del procedimiento administrativo en el que sustanció la solicitud de reenganche presentada por el reclamante, era la de declarar la terminación del mismo por efecto de la perención administrativa, con base en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.”

Que, “(e)n ese sentido, la Inspectoría del Trabajo al declarar con lugar la referida solicitud, en vez de declarar la terminación del procedimiento, vicia de nulidad absoluta la P.A. aquí recurrida por ser de ilegal ejecución, ya que la misma fue dictada en contravención a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos…”.

Que, “en fecha 16/08/01, el reclamante presentó solicitud de reenganche y pago de salarios caídos contra (su) representada por ante el Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, siendo el caso que ese Juzgado en fecha 19/05/04 declaró la falta de jurisdicción de los tribunales laborales para conocer de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos que incoara el reclamante en contra de (su) representada; decisión esa que fue ratificada por la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 00980 del 05/08/04, expediente número 2004-0563.”

Que, ahora bien, de conformidad con el artículo 353 del Código de Procedimiento Civil, una vez ratificada la falta de jurisdicción de los órganos judiciales para conocer de un asunto, la controversia objeto de la revisión queda extinguida. Por supuesto, esa norma establece que en los demás casos del mismo ordinal, verbigracia la regulación de competencia, ello producirá el efecto de pasar los autos al Juez competente para que continúe conociendo, conforme al procedimiento que deba seguir.

Que, así las cosas, y no obstante que el efecto de una declaratoria con lugar de falta de jurisdicción es la extinción del proceso, de manera inexplicable el Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, una vez confirmada por parte de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia la falta de jurisdicción de los tribunales frente a la Administración Pública para conocer de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos del reclamante, como si se tratase de una especie sui generis de declinatoria de competencia, remitió el expediente contentivo de la referida solicitud a la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, Sede Norte; siendo mucho más inexplicable que esa Inspectoría mediante auto del 20/10/04, le dio entrada al mismo, y de manera sorprendente empezó de oficio un procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos en contra del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), cuando es sabido que ese tipo de procedimientos forzosa y necesariamente deben iniciarse a instancia de parte, por mandato expreso del artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Que, lo anterior significa que la Inspectoría del Trabajo, al decidir el fondo de la solicitud de reenganche del reclamante, violó con su actuación el contenido del artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual establece que ese tipo de procedimiento sólo puede ser iniciado a instancia de parte, lo que implica que dar cumplimiento a la P.A. impugnada es ilegal, ya que ello viola el contenido de esa norma.

Que, para finalizar, y en el supuesto negado que los alegatos antes mencionados sean desechados, la P.A. impugnada sería igualmente nula por ser de ilegal ejecución, ya que la misma viola, pero por otra razón, el contenido del artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que al momento de que el reclamante interpuso su solicitud de reenganche, su derecho para plantear ese reclamo ya había prescrito.

Que, “desde el 09 de agosto de 2001 (fecha en cual (sic) terminó la relación de trabajo entre el ciudadano L.R. y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela), el trabajador tenía treinta días (30) para interponer por ante la Inspectoría del Trabajo, la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, lo cual no hizo.”

Que, no fue un hecho controvertido en el procedimiento administrativo la fecha de terminación de la relación laboral que mantenía el señor Rojas con el Fondo de Inversiones de Venezuela.

Que, por lo tanto, transcurrieron cuatro años y ocho meses, esto es, con creces el lapso de treinta (30) días que establece el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo para interponer la solicitud de reenganche a partir de la fecha de terminación de la relación de trabajo; en consecuencia, la Inspectoría del Trabajo ha debido declarar la prescripción del lapso del cual disponía el reclamante para solicitar su reenganche, y al no hacerlo, vicia a la P.A.r. con nulidad absoluta, al ser de ilegal ejecución, ya que fue dictada en contravención a esa norma.

Que la Inspectoría del Trabajo, al declarar con lugar la solicitud de reenganche del reclamante, dando inicio de oficio a ese procedimiento, cuando el mismo solo puede iniciarse a instancia de parte interesada por mandato expreso del artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, violó por vía de consecuencia el derecho de su representado a un debido proceso en sede administrativa, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Que en el presente caso, “no se cumplió con el iter procedimental necesario para sustanciar el procedimiento que concluyó con la P.A.r., ya que es requisito indispensable para dar inicio a ese tipo de procedimiento, el impulso inicial del interesado.”

Que la Inspectoría del Trabajo no le otorgó valor probatorio a las pruebas documentales promovidas por su representado, tales como: copia simple de la liquidación de prestaciones sociales del reclamante al 10/05/01; copia del cheque de gerencia N° 090921 del 25/05/01, a nombre del reclamante; así como copia simple de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 37.194 del 10/05/01, contentiva del Decreto número 1.274 con Fuerza y Rango de Ley de Transformación del Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

Que, “(a) esas documentales la Inspectoría del Trabajo en franca violación al derecho a la defensa de (su) representada, les negó todo valor probatorio, visto que el hecho controvertido era la inamovilidad alegada por el reclamante, la cual se encuentra fundamentada en los artículos 452 y 520 de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que no lograban desvirtuar ese alegato, por cuanto al momento del cambio del Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), todos los trabajadores se encontraban amparados por la inamovilidad prevista en esos artículos.”

Que, lo anterior es falso ya que se puede apreciar de los escritos de promoción de pruebas consignados en nombre y representación del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) en sede administrativa, que el reclamante no estaba amparado por la inamovilidad previstas en los artículos 452 y 520 de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, esas pruebas si tenían valor probatorio, y además eran pertinentes.

Que, “(e)l hecho que la Inspectoría del Trabajo declarase que las pruebas promovidas por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) carecían de valor probatorio, visto que el hecho controvertido era la inamovilidad alegada por el reclamante, y esas pruebas no lograban desvirtuar ese alegato, es decir, que eran impertinentes, viola nuevamente su derecho a la defensa y al debido proceso, lo cual acarrea la nulidad de la P.A. impugnada, de conformidad con lo previsto en el artículo 19, numeral 1º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con los artículos 49, numeral 3º y 25, todos de nuestra Carta Magna…”.

Que, “…en cuanto a la pertinencia y apreciación de las pruebas, que en la actualidad establece el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, son aplicables al procedimiento administrativo: Sin embargo, el artículo 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, aplicable a los procedimientos instruidos por las Inspectorías del Trabajo, para la admisión de las pruebas sólo exige que su objeto resulte relevante para la decisión de un procedimiento administrativo, en lo que respecta a los medios de prueba que señalen las leyes, como es el caso del Código de Procedimiento Civil…”.

Que, “(e)l derecho que tenía (su) representada de probar sus alegatos en el procedimiento administrativo de reenganche iniciado en su contra por la Inspectoría del Trabajo, le fue violado de manera grosera por ese Despacho”, por la siguientes razones:

Que, “…la Inspectoría le negó todo valor probatorio a las pruebas promovidas por su representada, visto que el hecho controvertido era la inamovilidad alegada por el reclamante, la cual se encuentra fundamentada en los artículos 452 y 520 de la Ley Orgánica del Trabajo, y esas pruebas no lograban desvirtuar ese alegato, razón por la cual, y aunque no se diga expresamente los referidos medios probatorios fueron considerados impertinentes”.

Que la Inspectoría del Trabajo “limitó sin razón alguna el derechos del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) de probar sus defensas”. Que, “(l)o anterior significa que a (su) representada, cuando sus pruebas dejaron de ser valoradas, se le violó su derecho a la defensa y al debido proceso…”

Que, “(e)l elemento de la causa o motivo del acto administrativo está conformado por las razones de hecho y de derecho que generan la actuación de la Administración, esto es, las razones que justifican la actuación del órgano administrativo y que al mismo tiempo sirven de fundamento tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico, garantizando así la legalidad de sus actos.”

Que, “la Administración Pública para cumplir con este requisito de fondo tiene que comprobar fehacientemente los hechos para que, una vez establecidos con certeza, se proceda a subsumirlos en el supuesto de hecho de la norma jurídica aplicable conforme a lo probado por el órgano administrativo, es decir, la Administración se encuentra en la obligación de probar y calificar los hechos a los fines de aplicar la correspondiente normativa jurídica.”

Que, “(e)l falso supuesto tiene lugar entonces, cuando la Administración Pública, para dar cumplimiento al elemento causa o motivo del acto administrativo a ser dictado, incurre en error de hecho o de derecho al apreciar de manera falsa, incompleta o inexacta tanto los hechos como la normativa aplicable al supuesto particularmente considerado.”

Que, “…en el caso que nos ocupa, incurre la Inspectoría del Trabajo en un vicio de falso supuesto de hecho, al sustentar a la P.A. en hechos que nunca ocurrieron, como lo es la inexistente continuación de la relación laboral entre el reclamante y (su) representada, y que erróneamente pretende con ello aplicar una consecuencia jurídica que no se corresponde, como lo es ordenar el reenganche y pago de salarios caídos del reclamante, lo que sólo consigue viciar aún más de nulidad absoluta la P.A. aquí recurrida, por cuanto hace que carezca de validez por estar gravemente afectado en su causa.”

Que, “(t)odo vicio en la causa del acto o en las condiciones de hecho o de derecho en el cual se ha originado influye en la voluntad del órgano del cual emana el mismo, y por tanto constituye un exceso de poder por parte del órgano emisor del acto, por lo cual, los hechos contenidos en la norma expresa deben ser apreciados por la Administración a fin de concretar el acto administrativo, lo que quiere decir que el presupuesto de hecho de la norma debe ser acorde con los hechos acaecidos en la realidad.”

Que en el presente caso la Administración incurrió en un falso supuesto de hecho y de derecho del acto impugnado por cuanto, “(e)n efecto, en la P.A.r. se estableció que ciertamente el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) reconoció la relación de trabajo y el despido del reclamante, pero negó la inamovilidad, ya que el Decreto número 1.274 con Fuerza y Rango de Ley de Transformación del Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de Desarrollo económico y Social de Venezuela (Bandes), en su Disposición Transitoria Octava, fue la causante de la cesación de la relación laboral.”

Que “la Inspectoría del Trabajo consideró de las documentales presentadas por el Trabajador y del contenido del informe rendido por la Sala de Contratos de esa Inspectoría, se evidenciaba claramente que los trabajadores del Fondo de Inversiones de Venezuela se encontraban en pleno proceso de introducción de discusión colectiva y elecciones sindicales, hecho éste del cual dimana la inamovilidad establecida en los artículos 452 y 520 de la Ley Orgánica del Trabajo. En consecuencia, en virtud del principio de prioridad de la realidad de los hechos frente a la forma o apariencia de los actos derivados de la relación jurídico laboral y la equidad, es por lo que la Inspectoría del Trabajo consideró que el trabajador se encontraba amparado por el fuero que alegó el 16/08/01 ante el Tribunal, luego que la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declarara la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer de la presente causa, razón por la cual ese Despacho consideró que el trabajador gozaba de inamovilidad al momento de ser despedido, y en consecuencia, no podía el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) despedirlo sin solicitar previamente la autorización a la Inspectoría del Trabajo conforme a los previsto en el artículo 453 de la Ley orgánica del Trabajo.

Que la Inspectoría del Trabajo aplicó falsamente normas que no eran aplicables, razón por la cual la P.A.r. está viciada de falso supuesto de hecho y de derecho.

Que del Decreto Ley Nº 1.274 se desprende la facultad que tiene su representada para extinguir en un plazo no mayor de tres meses la relación de trabajo que mantenga con los funcionarios, obreros y demás trabajadores del extinto Fondo de Inversiones de Venezuela de acuerdo a su conveniencia, ello en concordancia a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Que de las normas antes mencionadas se evidencia que en el presente caso “no procedía la inamovilidad alegada por el reclamante ya que, exist(ían) hechos ajenos a las partes, en este caso, un acto del poder público, o mejor dicho, una norma legal expresa, que le otorga a (su) representado la facultad de seleccionar a sus trabajadores y extinguir el vínculo laboral que los unía, unilateralmente”.

Que, “(e)n el caso concreto, tenemos que el Decreto-Ley número 1.274 de Transformación del Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela de fecha 10 de abril de 2001 y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 37.194 de fecha 10 de mayo de 2001 en su disposición transitoria octava dispuso que los funcionarios, obreros y demás trabajadores del Fondo de Inversiones de Venezuela, cesarán en su relación de trabajo una vez publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela este Decreto-Ley; y que el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), en un lapso no mayor de tres (3) meses contados a partir de la vigencia de este Decreto-Ley, seleccionará entre los funcionarios y trabajadores del Fondo de Inversiones de Venezuela, al personal necesario para la realización de sus funciones, de acuerdo con los requisitos y perfiles que establezca el Directorio Ejecutivo del Banco.”

Que, “(d)e la norma transcrita up supra se desprende la obligación que tiene (su) representada de extinguir la relación de trabajo que mantenía con los funcionarios y trabajadores del extinto Fondo de Inversiones del Venezuela y en un plazo no mayor de tres meses seleccionar entre éstos el personal necesario para cumplir con sus funciones, lo cual a todas luces configura un acto del poder público a los cuales hace referencia el artículo 46 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y por ende constituye una causal de terminación de la relación laboral, que lógicamente trae como consecuencia que el reclamante no gozara de la inamovilidad que le fue concedida por la P.A.r..”

Que, “otro argumento principal para demostrar la improcedencia de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos que incoara el reclamante en contra de (su) representada es que, tal como fue demostrado en sede administrativa, por no haber sido un hecho controvertido, el reclamante aceptó el pago de la liquidación de sus prestaciones sociales, con lo cual consintió en la terminación de la relación laboral, lo que le impedía acudir al procedimiento de estabilidad”.

Que “es de suma importancia, destacar que ha sido pacíficamente aceptado por la jurisprudencia, que cuando un trabajador recibe la liquidación de prestaciones pierde el derecho de acudir al procedimiento de estabilidad laboral, ya que éste es sólo para calificar el despido y determinar si se realizó con o sin justa causa y al recibir el pago de la liquidación de prestaciones se está consintiendo en la terminación del vínculo laboral. En caso que exista inconformidad en los montos lo preciso es acudir al juicio ordinario”.

Que, “esto se configura en el presente caso ya que el reclamante recibió el pago correspondiente a la liquidación de prestaciones por parte del Fondo de Inversiones de Venezuela según lo establecido en el Decreto-Ley número 1.274 de transformación del Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela de fecha 10 de abril de 2001…, y así consta en el expediente administrativo, por lo tanto el reclamante al haber renunciado al derecho de acudir al procedimiento de estabilidad laboral, mal podía entonces la Inspectoría del Trabajo ordenar su reenganche con el consiguiente pago de sus salarios caídos”

Que, “consignada como fue la planilla de liquidación en el expediente respectivo, la cual no fue impugnada ni tachada ni desconocida por el reclamante, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) demostró que el reclamante cobró sus prestaciones sociales, y con ello, su renuncia al derecho a solicitar el reenganche. Sin embargo, se observa como la Inspectoría del Trabajo no tomó en cuenta esa defensa realizada por (su) representada”.

Que, el reclamante aceptó la finalización de su relación laboral con su representado toda vez que aceptó el pago de su prestación de antigüedad, junto con los demás conceptos laborales que por ley y convenio colectivo le correspondían, por lo que debe forzosamente este Honorable Tribunal declarar Con Lugar el presente recurso y anular el acto administrativo que ordena el reenganche y pago de salarios caídos en contra del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), toda vez que está clara la intención del reclamante de aceptar la finalización de la relación laboral.

Que, “(e)n el supuesto negado que se considere que la P.A. impugnada no adolece del vicio de falso supuesto, de manera subsidiaria denuncia(n) que la misma adolece del vicio de inmotivación.”

Que, “(e)n ese sentido, de los escritos de contestación a la solicitud de reenganche y de conclusiones presentados por (su) representado ante la Inspectoría del Trabajo, (…) se evidencian que el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) opuso como defensas a la solicitud de reenganche presentada por el reclamante, que de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, una vez ratificada la falta de jurisdicción de los órganos judiciales para conocer de la aludida solicitud de reenganche por parte de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la controversia objeto de la revisión había sido declarada extinguida. Asimismo, (su) representado alegó que el lapso del cual disponía el reclamante para interponer su solicitud de reenganche había prescrito para el momento en que esa solicitud había sido presentada.”

Que, “(e)s el caso que en la P.A. aquí impugnada la Inspectoría del Trabajo omitió todo pronunciamiento en relación a esas dos defensas realizadas por (su) representado, ni siquiera expuso razones o motivos por las cuales no se pronunciaba al respecto, lo cual (los) coloca en presencia del vicio de inmotivación.”

Por todas las razones anteriormente expuestas solicita se declare la nulidad de la P.A. N° 770-07 dictada en fecha 28 de septiembre de 2007 por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital, Municipio Libertador, Sede norte.

II

DEL INFORME DE LA PARTE RECURRENTE

En el escrito de informes presentado ante este Tribunal por el abogado D.A.B.P., apoderado judicial de la parte recurrente, ratificó los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos en el recurso de nulidad.

III

DEL INFORME DEL BENEFICIARIO DE LA P.A.R.

En el acto de informes oral llevado a cabo en la sede de este Tribunal, el abogado L.O.T.C., apoderado judicial del ciudadano L.A.R.I., beneficiado de la p.a.r., señaló que, hubo una continuidad de la relación laboral, que respecto a los argumentos referidos a la falta de jurisdicción, el Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisiones donde declaró la falta de jurisdicción y como consecuencia de ello ordenó el envió del expediente al Órgano competente; que esto ha llevado a varias decisiones del Tribunal Supremo de Justicia donde envía las actuaciones realizadas en la jurisdicción laboral, a la sede Administrativa; que si bien existió la falta de jurisdicción, la Inspectoría del Trabajo lo que hizo fue continuar el procedimiento, que no procede el falso supuesto alegado, ya que el trabajador estaba amparado por el fuero sindical y por haber estado discutiendo la Convención Colectiva, que por ello se ordenó el reenganche y pago de salarios caídos; por último rechaza el vicio de inmotivación aducido, en virtud de que si se valoraron las pruebas, sólo que a la Gaceta Oficial no se le puede dar mayor valor que a los Tratados Internacionales.

IV

DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado L.E.M.L., actuando como Fiscal Vigésimo Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en materia Contencioso Administrativo y Tributario, opina en el presente caso que, se pudo constatar de las actas procesales que durante el desarrollo del procedimiento en sede administrativa, específicamente en la fase probatoria, la representación patronal consignó de manera oportuna, marcada con la letra "B", copia certificada de la planilla de liquidación de prestación de antigüedad, prestaciones sociales y demás beneficios establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo del ciudadano L.A.R.I., de fecha 21 de mayo de 2005, por el monto de un millón ochocientos sesenta y siete mil ochocientos sesenta y cinco bolívares con ochenta y nueve céntimos (Bs. 1.867.865,89), debidamente firmada por el trabajador en señal de conformidad, y marcada con la letra "C" copia del cheque de gerencia N° 090921, del Banco Mercantil, a nombre del trabajador por dicha cantidad, siendo que esas documentales no fueron impugnada ni desconocida en su contenido o firma por el trabajador solicitante durante el desarrollo del proceso en sede administrativa, por lo que las mismas debieron adquirir pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, de aplicación supletoria en el presente caso.

Que tal como lo ha reconocido de manera pacífica y reiterada la doctrina y la jurisprudencia de nuestro M.T., la administración pública transgrede el derecho a la defensa de los administrados, cuando en un procedimiento administrativo les impide conocer y participar en el mismo, cuando desconoce un medio de defensa, alegación, probanza o impugnación de la cual están dotados los administrados de acuerdo a la ley; de igual forma, vulnera este derecho al suspender o disminuir su ejercicio al punto de hacer nugatoria su interposición, y precisamente en este sentido, se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 3435, de fecha 8 de diciembre de 2003, expediente judicial N° 02-2856, con ponencia del Magistrado José Manuel Ocando.

Que de manera primogénita la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 02762, de fecha 20 de noviembre de 2001, se pronunció sobre el supuesto en que el trabajador haya aceptado el pago de sus prestaciones sociales, considerando que la misma "debe tenerse como una renuncia tácita que puso fin a la relación laboral ", ya que éste ha consentido voluntariamente en dar por terminado su contrato o relación de trabajo, por lo cual no cabría posibilidad de reenganche y pago de salarios caídos.

Que de acuerdo a la Jurisprudencia de nuestro M.T., el trabajador que haya recibido la liquidación de sus prestaciones sociales consiente de manera voluntaria a renunciar a la continuidad en la prestación del servicio que venía desempeñando en la empresa, lo que hace improcedente el reenganche y el pago de los salarios caídos, producto del despido, desmejora o traslado.

Que, habiendo consignado de manera oportuna la representación patronal, pruebas del finiquito de la relación laboral por parte del trabajador, vale decir, la planilla de liquidación de prestación de antigüedad debidamente firmada por el ciudadano L.A.R.I. Y la copia del cheque de gerencia N° 090921 del Banco Mercantil sobre el monto correspondiente, es evidente que la Administración al haber omitido dicha circunstancia en el acto impugnado, incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho denunciado, toda vez que al momento de decidir, restó valor probatorio a dichas pruebas documentales, lesionando de manera flagrante el derecho a la defensa de la sociedad mercantil BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (BANDES), de conformidad con los postulados del artículo 49 de la Carta Magna, razón por la cual, al haberse configurado de manera palpable y clara, un supuesto de nulidad absoluta, en los términos antes expuestos, considera quien suscribe que resulta inoficioso pronunciarse sobe el resto de los vicios denunciados.

V

MOTIVACIÓN

Denuncian los apoderados judiciales de la Empresa recurrente que la Inspectoría del Trabajo no le otorgó valor probatorio a las pruebas documentales promovidas por su representada, tales como: copia simple de la liquidación de prestaciones sociales del reclamante al 10/05/01;copia del cheque de gerencia N° 090921 del 25/05/01, a nombre del reclamante; así como copia simple de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 37.194 del 10/05/01, contentiva del Decreto número 1.274 con Fuerza y Rango de Ley de Transformación del Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), argumentando que el hecho controvertido era la inamovilidad alegada por el reclamante, la cual se encuentra fundamentada en los artículos 452 y 520 de la Ley Orgánica del Trabajo. Que, consignada como fue la planilla de liquidación en el expediente respectivo, la cual no fue impugnada ni tachada ni desconocida por el reclamante, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) demostró que el reclamante cobró sus prestaciones sociales, y con ello, su renuncia al derecho a solicitar el reenganche. Sin embargo, se observa como la Inspectoría del Trabajo no tomó en cuenta esa defensa realizada por su representada. Por su parte el representante judicial del beneficiado por la P.A.r. argumenta que, no procede el falso supuesto alegado, ya que el trabajador estaba amparado por el fuero sindical y por haber estado discutiendo la Convención Colectiva, que por ello se ordenó el reenganche y pago de salarios caídos. En este punto el representante del Ministerio Público opina que, habiendo consignado de manera oportuna la representación patronal, pruebas del finiquito de la relación laboral por parte del trabajador, vale decir, la planilla de liquidación de prestación de antigüedad debidamente firmada por el ciudadano L.A.R.I. y la copia del cheque de gerencia N° 090921 del Banco Mercantil sobre el monto correspondiente, es evidente que la Administración al haber omitido dicha circunstancia en el acto impugnado, incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho denunciado, toda vez que al momento de decidir, restó valor probatorio a dichas pruebas documentales, lesionando de manera flagrante el derecho a la defensa de la sociedad mercantil BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (BANDES), de conformidad con los postulados del artículo 49 de la Carta Magna, razón por la cual, al haberse configurado de manera palpable y clara, un supuesto de nulidad absoluta, debió declarase la nulidad absoluta de la P.A.r..

Para decidir al respecto observa este Tribunal que, efectivamente la Inspectoría del trabajo en su p.a.r. (folio 260 del expediente administrativo, pieza 2) le negó todo valor probatorio a las pruebas documentales promovidas por la Institución bancaria hoy recurrente, por cuanto no aportaban nada al hecho controvertido de autos, que a su decir, era la inamovilidad alegada por el trabajador reclamante; ahora bien, corre inserto al folio 119 y 120 del expediente administrativo, pieza 1, acta de contestación a los particulares a que se refiere el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, en la cual se evidencia que la representación judicial de la empresa hoy recurrente, argumentó entre otras cosas, que la relación laboral existente entre las partes culminó por motivo del Decreto N° 1274 con rango y fuerza de ley publicado en la Gaceta Oficial N° 37194, en el cual se transformó el Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), ya que el mismo establecía en su articulado que cesarían las relaciones laborales que mantenían los funcionarios, obreros y demás trabajadores del Fondo de Inversiones de Venezuela, todo ello en concordancia con lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Trabajo y 46 del Reglamento de la referida Ley, igualmente señaló que al trabajador reclamante se le procedió a liquidársele sus Prestaciones Sociales y demás beneficios de Ley; visto estos alegatos observa este Tribunal que, la Inspectoría del Trabajo en su p.a.r., no se pronunció al respecto, dejando de esta manera en indefensión a la parte hoy recurrente, violándole las más sagradas garantía al debido proceso y derecho a la defensa consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también infringiendo los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse pronunciado la Inspectoría del Trabajo sobre todo lo alegado y probado en autos, pues de haber tomado en cuenta estos alegatos y de haber valorado las pruebas promovidas por la parte recurrente, hubiere llegado a la conclusión cierta de que no procedía la inamovilidad alegada en virtud de que la relación de trabajo culminó por una causa ajena a la volunta de las partes, específicamente por un acto del poder público, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con lo establecido en el artículo 39 literal “e” del vigente reglamento de la precitada ley, el cual reza:

“Artículo 39.- Causas ajenas a la voluntad:

Constituyen, entre otras, causas de extinción de la relación de trabajo ajenas a la voluntad de las partes:

…e) Los actos del poder público…

Igualmente el Decreto con rango y fuerza de ley de Transformación del Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), signado con el N° 1274 dictado por el presidente de la República y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.194, de fecha 10 de mayo de 2001, en su disposición transitoria octava indica que:

Los funcionarios, obreros y demás trabajadores del Fondo de inversiones de Venezuela, cesarán en su relación de trabajo, una vez publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela este Decreto-Ley (…)

.

El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, en un lapso no mayor de tres (3) meses contados a partir de la vigencia de este Decreto-Ley, seleccionará entre los funcionarios y trabajadores del Fondo de Inversiones de Venezuela, al personal necesario para la realización de sus funciones de acuerdo a los requisitos y perfiles que establezca el Directorio Ejecutivo del Banco.

Por lo tanto, al haber culminado la relación de trabajo por una causa ajena a la voluntad de las partes, como lo fue un acto del poder público, que establecía tanto la terminación de la relación de trabajo con el Fondo de Inversiones de Venezuela, como la temporalidad de la segunda relación laboral, es decir, la existencia de un contrato de trabajo a tiempo determinado con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), cuya continuación de dicha relación estaba supeditada a una condición futura, como sería que el trabajador reclamante llenara los requisitos y perfiles que estableciera el Directorio Ejecutivo del Banco, no procedía el reenganche y pago de salarios caídos intentado por el trabajador reclamante, por cuanto el patrono no despidió al trabajador, siendo éste, un requisito indispensable para la declaratoria con lugar de tal procedimiento administrativo, sino que el banco recurrente lo que hizo fue ejecutar y cumplir con lo establecido en la disposición transitoria octava del mencionado decreto; de igual manera y a mayor abundamiento no deja de observar este Tribunal que, la representación judicial de la institución bancaria hoy recurrente consignó junto con su escrito de promoción de pruebas, documental consistente en, “liquidación de prestación de antigüedad-personal obrero” suscrita por el trabajador reclamante y no impugnada ni tachada por él mismo, cursante al folio 169, pieza 1, del expediente administrativo, de la cual se evidencia que le fueron canceladas sus prestaciones sociales, por lo que de haber analizado ésta documental la Inspectoría del Trabajo, hubiese llegado a la conclusión de que no procedía la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada, pues al haber aceptado el trabajador reclamante el pago de sus prestaciones sociales, perdió el derecho a solicitar el reenganche y pago de salarios caídos, tal y como lo ha dejado sentado nuestro m.T.d.J. en sentencias emanadas de sus diferentes Salas, como lo son, la Sala Político Administrativa, en sentencia N° 02762, de fecha 20 de noviembre de 2001; la Sala de Casación Social, en sentencia N° 411, de fecha 25 de marzo de 2004 y la Sala Constitucional en sentencia de fecha 28 de junio de 2002, razón por la cual resulta procedente el vicio denunciado por la parte recurrente y así mismo este Tribunal declara la consecuente nulidad de la p.a. Nº 770-07 dictada en fecha 28 de septiembre de 2007 por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital, Municipio Libertador, Sede Norte, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano L.A.R.I., contra el BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (BANDES), contenida en el expediente administrativo N° 023-04-01-04494, de la nomenclatura llevada por esa Inspectoría, y así se decide

En virtud de la motivación anteriormente expuesta y que el vicio resuelto por este Tribunal genera la nulidad absoluta de la P.A.r., se estima inoficioso pronunciarse respecto a los demás vicios invocados por la representación judicial de la parte recurrente en su escrito recursivo, y así se decide.

VI

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos:

PRIMERO

Declara CON LUGAR el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada por los abogados L.T.P. y C.A.L.D., actuando como apoderados judiciales del BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (BANDES), contra la P.A. Nº 770-07 dictada en fecha 28 de septiembre de 2007 por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, Sede Norte, que declaró Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano L.A.R.I., contra la referida Institución bancaria.

SEGUNDO

Declara la NULIDAD de la P.A. Nº 770-07 dictada en fecha 28 de septiembre de 2007 por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital, Municipio Libertador, Sede Norte, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano L.A.R.I., contra el BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (BANDES), contenida en el expediente administrativo N° 023-04-01-04494, de la nomenclatura llevada por esa Inspectoría.

Publíquese y regístrese. Notifíquese al Inspector del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, Sede Norte.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los dos (02) días del mes de diciembre de dos mil ocho (2008). Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

EL JUEZ,

G.J.C.L.

LA SECRETARIA,

A.E.P.D.

En esta misma fecha 02 de diciembre de 2008, siendo las dos (2:00 p.m.) de la tarde, se publicó y registró la anterior sentencia.

LA SECRETARIA,

EXP. N° 07-2120

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