Decisión nº 1C-1417-09 de Tribunal Primero de Control del L.O.P.N.A. Area Penal Extensión Barlovento de Miranda, de 18 de Marzo de 2009

La especialísima Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en su Sección Tercera, Titulo V, Capítulo II, Artículo 583, establece la figura de la admisión de los hechos, como una fórmula legal para poner fin al proceso de una manera anticipada, señalando en cuanto a su competencia que corresponde al Juez de Control, ya que, en principio, es durante la celebración de la Audiencia preliminar donde ello se plantea (AB-initio).

Considera este Tribunal que el Juez en los Actuales momentos es garantista de los derechos del adolescente acusado, así como de los de la victima y de la sociedad en general, de tal manera que existiendo una vía expedita para la obtención de una sanción reducida, no debe serle negada a aquel que está sometido a un proceso y menos aún cuando el resultado es una sanción reducida sustancialmente. Por consiguiente debemos tener presente los principios de economía procesal, eficacia y celeridad “Principios estos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal”.

En el caso a resolver, si bien es cierto, que no se corresponde con un ilícito penal bajo supuestos de flagrancia, en donde ya se manejan criterios concordantes de admisión de hechos en etapas procedimentales diferentes a la Audiencia Preliminar, es en esta etapa del proceso donde se conozca de un pedimento de esta naturaleza, ya que como precedentemente se ha dicho, existen supremos principios que enervan rigorismos procesales tales como las garantías constitucionales de: Principio de In dubio Pro-Reo; la Justicia Expedita (Artículo 26 de la CRBV) y simplicidad de procesos (Artículo 257 de la CRBV).

Estos principios Constitucionales son concordantes con pactos o convenios suscritos por nuestro país y que son de obligatorio cumplimiento, tratantes de materias relacionadas con derechos civiles y políticos como lo es entre otros por excelencia el Pacto de San J.d.C.R., que en su artículo 7 y 8, contempla aspectos relacionados con derechos a la libertad personal y garantías judiciales.

También se debe hacer referencia a la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobierno, realizada en la ciudad de Porlamar en el año 1.997, donde en el Capítulo de Administración de Justicia se señalo: “La administración de Justicia con su contenido ético debe ser simple, accesible, pronta, ágil y equitativa en sus decisiones. Ha de ser independiente en cuanto a su actuación y a los criterios aplicados por los funcionarios judiciales; efectiva y flexible, en lo que atañe a su mecanismo de solución de controversias, e idónea; en lo referente a la conducta profesional y ética de sus funcionarios”.

En lo que respecta al Código Orgánico Procesal Penal, en él conseguimos plasmados parte de estos principios orientadores de las garantías procesales, tales como: El debido Proceso (artículo 1), obligación de los Jueces de decidir (artículo 6), y el de afirmación de libertad (artículo 9).

En cumplimiento a lo expuesto se hace válido citar una Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia (12-09-96), contenida en la obra de Dr. F.D.J.C.P., “Terminación anticipada del proceso penal “, pág 79.-

Sentencia anticipada sistema judicial eficiente.

Si en el proceso penal existen suficientes elementos de juicio que permitan demostrar que la aceptación tanto de los cargos como de su responsabilidad por parte del implicado, son veraces y se ajustan a la realidad, no tiene sentido observar una serie de ritos procesales para demostrar lo que ya esta suficientemente demostrado. Contar con un sistema judicial eficiente, que no dilate los procesos y permita resolverlos oportunamente, sin desconocer las garantías fundamentales del procesado, es un deber del Estado y un derecho de todos los ciudadanos, una política criminal que conceda beneficios a quienes actúan observando el principio de lealtad procesal, logrando, además, la aplicación de una justicia pronta y cumplida sin desconocer ningún derecho o garantía del procesado, no puede tildarse de atentatoria de los derechos inalienables del individuo

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Con fuerza en los razonamientos anteriores y en uso de la competencia, este Tribunal procede a dictar sentencia en los siguientes términos:

CAPITULO II

ANTECEDENTES DE LA CAUSA

(IMPUTACIÓN DEL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO)

El ciudadano Fiscal Décimo Octavo del Ministerio Publico Dr. O.F.J.,, presentó en fecha (13) de Enero de 2009, recibido en este despacho en (21) de Enero de 2009, por ante el este tribunal Primero de Primera instancia en función de Control, con sede en Guarenas del Estado Miranda, escrito acusatorio en donde se estableció que: “Los hechos imputados al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, son los siguientes:

En fecha 10 de Diciembre de 2007, a través de la denuncia interpuesta por la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, de treinta y ocho (38) años de edad, rendida ante el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, en contra del adolescente antes mencionado, quien la persona quien la agredió física y verbalmente, produciéndole lesiones en su humanidad, específicamente en sus manos tal y como quedo demostrado en el reconocimiento médico legal donde se dejo constancia que dichas lesiones fueron de carácter leve por presentar múltiples contusiones esquemáticas en los miembros superior e inferior, continuando con una actitud amenazante y agresiva hacia la víctima y sus familiares tal y como se desprende en la denuncia formulada en fecha 01-11-2008, rendida ante el instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, región policial Nº 06, donde quedó demostrado que el hoy acusado no ceso en sus agresiones en contra de la víctima en cuestión,,...”

Ofreció como medios de pruebas para ser debatidos en el juicio oral y reservado las siguientes: PRUEBAS TESTIMONIALES: 01.- Testimonio del Dr. H.C., médico forense experto profesional I, adscrito a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, Subdelegación Higuerote, Estado Miranda, quien practico reconocimiento médico legal a la víctima. Inserto al folio siete (07) de las presentes actuaciones. 02.- Testimonio de la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V.-10.092.673, natural de Caracas, de 39 años de edad, nacida en fecha 01-03-1969, de estado civil soltera, de profesión u oficio: profesora, residenciada en: calle Oleari, pueblo arriba, casa Nº 03, a dos cuadras de la plaza Bolívar, Guarenas, Estado Miranda, en su condición de víctima de los hechos. 03.- Testimonio de la ciudadana GUERRA BEATRIZ, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V.-8.764.775, natural de Guatire, de 41 años de edad, nacida en fecha 15-09-1967, de estado civil soltera, de profesión u oficio: T.S.U Mercadeo, residenciada en: calle Oleari, pueblo arriba, casa Nº 03, a dos cuadras de la plaza Bolívar, Guarenas, Estado Miranda, en su condición de testigo presencial de los hechos. 04.- Testimonio del ciudadano N.G., de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V.-4.237.160, natural de Guarenas, de 57 años de edad, nacido en fecha 18-03-1950, de estado civil soltero, de profesión u oficio: secretario jubilado del Ministerio Público, residenciado en: calle Oleari, pueblo arriba, casa Nº 03, a dos cuadras de la plaza Bolívar, Guarenas, Estado Miranda, en su condición de testigo referencial de los hechos. 05.- Testimonio de la ciudadana HECTSI GUERRA, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V.-4.237.807, natural de Guarenas, de 54 años de edad, nacida en fecha 14-03-1953, de estado civil soltera, de profesión u oficio: secretaria, residenciada en: calle Oleari, pueblo arriba, casa Nº 03, a dos cuadras de la plaza Bolívar, Guarenas, Estado Miranda, en su condición de testigo referencial de los hechos. Asimismo el Ministerio Publico presenta la siguiente PRUEBA DOCUMENTAL, para ser incorporada para su lectura, de conformidad con lo previsto en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual se especifica a continuación: EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL Nº 9700-129-3753, de fecha 10-12-2007, suscrito por el Dr. H.C., médico forense experto profesional I, adscrito a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, Subdelegación Higuerote, Estado Miranda, quien practico reconocimiento médico legal a la víctima. Inserto al folio siete (07) de las presentes actuaciones, del cual se extrae: “… múltiples contusiones equimoticas en miembros superior e inferior…conclusiones: carácter leve…”.

CAPITULO III

DE LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR Y DE LA INTERVENCION DE LAS PARTES

DEL MINISTERIO PUBLICO

El tribunal en fecha (18) de Marzo de 2009, luego de las formalidades de ley seguidamente declaró abierto el acto de audiencia preliminar, concediéndole la palabra al Representante del Ministerio Público, quien procedió a ratificar su formal acusación oralmente en contra del adolescente IDENTIDAD OMITIDA, por el delito de VIOLENCIA FISICA, previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, presentando como pruebas las siguientes: PRUEBAS TESTIMONIALES: 01.- Testimonio del Dr. H.C., médico forense experto profesional I, adscrito a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, Subdelegación Higuerote, Estado Miranda, quien practico reconocimiento médico legal a la víctima. Inserto al folio siete (07) de las presentes actuaciones. 02.- Testimonio de la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V.-10.092.673, natural de Caracas, de 39 años de edad, nacida en fecha 01-03-1969, de estado civil soltera, de profesión u oficio: profesora, residenciada en: calle Oleari, pueblo arriba, casa Nº 03, a dos cuadras de la plaza Bolívar, Guarenas, Estado Miranda, en su condición de víctima de los hechos. 03.- Testimonio de la ciudadana GUERRA BEATRIZ, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V.-8.764.775, natural de Guatire, de 41 años de edad, nacida en fecha 15-09-1967, de estado civil soltera, de profesión u oficio: T.S.U Mercadeo, residenciada en: calle Oleari, pueblo arriba, casa Nº 03, a dos cuadras de la plaza Bolívar, Guarenas, Estado Miranda, en su condición de testigo presencial de los hechos. 04.- Testimonio del ciudadano N.G., de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V.-4.237.160, natural de Guarenas, de 57 años de edad, nacido en fecha 18-03-1950, de estado civil soltero, de profesión u oficio: secretario jubilado del Ministerio Público, residenciado en: calle Oleari, pueblo arriba, casa Nº 03, a dos cuadras de la plaza Bolívar, Guarenas, Estado Miranda, en su condición de testigo referencial de los hechos. 05.- Testimonio de la ciudadana HECTSI GUERRA, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V.-4.237.807, natural de Guarenas, de 54 años de edad, nacida en fecha 14-03-1953, de estado civil soltera, de profesión u oficio: secretaria, residenciada en: calle Oleari, pueblo arriba, casa Nº 03, a dos cuadras de la plaza Bolívar, Guarenas, Estado Miranda, en su condición de testigo referencial de los hechos. Asimismo el Ministerio Publico presenta la siguiente PRUEBA DOCUMENTAL, para ser incorporada para su lectura, de conformidad con lo previsto en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual se especifica a continuación: EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL Nº 9700-129-3753, de fecha 10-12-2007, suscrito por el Dr. H.C., médico forense experto profesional I, adscrito a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, Subdelegación Higuerote, Estado Miranda, quien practico reconocimiento médico legal a la víctima. Inserto al folio siete (07) de las presentes actuaciones, del cual se extrae: “… múltiples contusiones equimoticas en miembros superior e inferior…conclusiones: carácter leves.-

Así mismo solicitó sea sancionado el Adolescente IDENTIDAD OMITIDA por el delito de VIOLENCIA FISICA, previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, a cumplir DOS (02) AÑOS DE IMPOSICIÒN DE REGLAS DE CONDUCTA, DOS (02) AÑOS DE L.A. y SEIS (06) MESES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, de conformidad con lo establecido en los artículos 624, 625 y 626 todos de Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niñas y Adolescentes.

DEL IMPUTADO

Acto seguido al concedérsele la palabra al adolescente YOHYBER IDENTIDAD OMITIDA,, el mismo expuso: “En ningún momento yo me la consigo a ella, no tengo lugar fijo desde que comenzaron todos estos problemas, ella donde me ve son puras ofensas y no he podido sacar mis pertenencias de esa casa, no la paso en frente de la casa de ella, estudio de 6:30 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde y luego no salgo mas hasta que termino las tareas, yo no la ofendo es mentira mi papa trabaja de 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, mi abuela murió de cáncer, y desde ese entonces tomaron el palabra con mi papa, el señor H.G. me quería dar un golpe en la columna porque sufro de dos hernias discales, no es que diga que soy inocente ni nada pero ella también tiene la culpa porque se puso a regar en la calle que yo era un drogadicto y un enfermo mental… yo deseo admitir los hechos con tal y que este problema se acabe en verdad me afecta demasiado, y estoy muy arrepentido de todo lo que ha sucedido, es todo”.

LA DEFENSA

Y la defensa, tras una breve exposición, solicitó que, de conformidad con el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se procediera a imponerle la sanción correspondiente inmediatamente, a lo que la Fiscal del Ministerio Público no hizo objeción.-

CAPITULO IV

ENUNCIACIÓN DE LOS

En fecha 10 de Diciembre de 2007, a través de la denuncia interpuesta por la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, de treinta y ocho (38) años de edad, rendida ante el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, en contra del adolescente antes mencionado, quien la persona quien la agredió física y verbalmente, produciéndole lesiones en su humanidad, específicamente en sus manos tal y como quedo demostrado en el reconocimiento médico legal donde se dejo constancia que dichas lesiones fueron de carácter leve por presentar múltiples contusiones esquemáticas en los miembros superior e inferior, continuando con una actitud amenazante y agresiva hacia la víctima y sus familiares tal y como se desprende en la denuncia formulada en fecha 01-11-2008, rendida ante el instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, región policial Nº 06, donde quedó demostrado que el hoy acusado no ceso en sus agresiones en contra de la víctima en cuestión,,...

CAPITULO V

DETERMINACION DE LOS HECHOS QUE EL TRIIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS.-

En el presente caso, ha quedado acreditado en autos la materialidad del hecho punible atribuido al adolescente: IDENTIDAD OMITIDA por cuanto las pruebas ofrecidas por el ministerio publico, representado por la Dra. M.T. M, en su carácter de fiscal Auxiliar décimo Octavo, de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en la audiencia Preliminar celebrada en fecha (18) de Marzo de 2009, se desprende que en efecto el acusado adolescente: IDENTIDAD OMITIDA en fecha 10 de Diciembre de 2007, a través de la denuncia interpuesta por la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, de treinta y ocho (38) años de edad, rendida ante el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, en contra del adolescente antes mencionado, quien la persona quien la agredió física y verbalmente, produciéndole lesiones en su humanidad, específicamente en sus manos tal y como quedo demostrado en el reconocimiento médico legal donde se dejo constancia que dichas lesiones fueron de carácter leve por presentar múltiples contusiones esquemáticas en los miembros superior e inferior, continuando con una actitud amenazante y agresiva hacia la víctima y sus familiares tal y como se desprende en la denuncia formulada en fecha 01-11-2008, rendida ante el instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, región policial Nº 06, donde quedó demostrado que el hoy acusado no ceso en sus agresiones en contra de la víctima en cuestión,

Hechos estos que resultan acreditados con las siguientes pruebas:

PRUEBAS TESTIMONIALES: 01.- Testimonio del Dr. H.C., médico forense experto profesional I, adscrito a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, Subdelegación Higuerote, Estado Miranda, quien practico reconocimiento médico legal a la víctima. Inserto al folio siete (07) de las presentes actuaciones. 02.- Testimonio de la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V.-10.092.673, natural de Caracas, de 39 años de edad, nacida en fecha 01-03-1969, de estado civil soltera, de profesión u oficio: profesora, residenciada en: calle Oleari, pueblo arriba, casa Nº 03, a dos cuadras de la plaza Bolívar, Guarenas, Estado Miranda, en su condición de víctima de los hechos. 03.- Testimonio de la ciudadana GUERRA BEATRIZ, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V.-8.764.775, natural de Guatire, de 41 años de edad, nacida en fecha 15-09-1967, de estado civil soltera, de profesión u oficio: T.S.U Mercadeo, residenciada en: calle Oleari, pueblo arriba, casa Nº 03, a dos cuadras de la plaza Bolívar, Guarenas, Estado Miranda, en su condición de testigo presencial de los hechos. 04.- Testimonio del ciudadano N.G., de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V.-4.237.160, natural de Guarenas, de 57 años de edad, nacido en fecha 18-03-1950, de estado civil soltero, de profesión u oficio: secretario jubilado del Ministerio Público, residenciado en: calle Oleari, pueblo arriba, casa Nº 03, a dos cuadras de la plaza Bolívar, Guarenas, Estado Miranda, en su condición de testigo referencial de los hechos. 05.- Testimonio de la ciudadana HECTSI GUERRA, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V.-4.237.807, natural de Guarenas, de 54 años de edad, nacida en fecha 14-03-1953, de estado civil soltera, de profesión u oficio: secretaria, residenciada en: calle Oleari, pueblo arriba, casa Nº 03, a dos cuadras de la plaza Bolívar, Guarenas, Estado Miranda, en su condición de testigo referencial de los hechos. Asimismo el Ministerio Publico presenta la siguiente PRUEBA DOCUMENTAL, para ser incorporada para su lectura, de conformidad con lo previsto en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual se especifica a continuación: EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL Nº 9700-129-3753, de fecha 10-12-2007, suscrito por el Dr. H.C., médico forense experto profesional I, adscrito a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, Subdelegación Higuerote, Estado Miranda, quien practico reconocimiento médico legal a la víctima. Inserto al folio siete (07) de las presentes actuaciones, del cual se extrae: “… múltiples contusiones equimoticas en miembros superior e inferior…conclusiones: carácter leve…”

Todas estas pruebas obtenidas por medios lícitos e incorporados al proceso con respeto a la ley, son apreciadas por este tribunal por cuanto fueron practicadas con estricta observancia de las disposiciones contenidas en nuestra norma penal adjetiva vigente para la época, en consecuencia constituyen medios probatorios lícitos, las cuales conllevan a este juzgadora a concluir que el adolescente IDENTIDAD OMITIDA quien es venezolano, titular de la cédula de identidad V-21.102.297, de quince (15) años de edad, es responsable penalmente por la comisión el delito de VIOLENCIA FISICA, previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA,, Y ASI SE DECIDE.

Reconociendo el Tribunal que la figura de la admisión de los hechos conlleva en el caso a decidir una sentencia condenatoria con imposición de sanción, procede en consecuencia a realizarla de la siguiente manera:

Vista la exposición realizada por el Adolescente, en la audiencia Preliminar llevada a efecto el día Dieciocho (18) de Marzo de 2009, de admitir los hechos que le fueron imputados por el Representante de la vindicta pública Dr. O.F.J., esta administradora, a quien le corresponde impartir justicia, pasa a hacer las siguientes consideraciones:

Del análisis de la Ley orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, observamos la manera de cómo incide la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por unanimidad el 20 de noviembre del año 1.989, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la cual fue ratificada por Venezuela y aprobada como Ley de la República en fecha 29 de agosto de 1.990, con el número de gaceta oficial 34.451, desde ese momento, Venezuela asume el compromiso de brindarle a los niños y adolescentes protección integral, lo que involucra dos aspectos: La protección social, que está dirigida a propiciar las condiciones para el logro del desarrollo de la personalidad como sujetos de derecho y, protección jurídica, para dar efectividad a los derechos que le fueron reconocidos en la convención. Encontramos así cómo en la exposición de motivos de la Ley orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, en lo que se refiere al Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, se vislumbra claramente cómo la Doctrina de la Protección Integral pasa a revertir el antiguo paradigma compasión-represión por el binomio severidad-justicia, esto trae consigo crear en el adolescente el sentido de responsabilidad de sus hechos, apegado lógicamente a los derechos, garantías y deberes, que se encuentran establecidos en el titulo II, Capítulo I de la Ley Especial.

En tal sentido el artículo 49 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:

…La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se les investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la Ley…

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En este mismo sentido la Ley orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, en su artículo 90 establece:

… todos los adolescentes, que por sus actos, sean sometidos al Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente tienen derechos a las mismas garantías sustantivas, procesales y de ejecución de la sanción, que las personas mayores de dieciocho años, además de aquellas que le correspondan por su condición especifica de adolescente

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Asimismo, contempla la misma Ley in comento, Garantías Fundamentales de Obligatorio Cumplimiento, contenidas en los artículos 542, 543, 544 y 546.

En este mismo orden de ideas, nos encontramos que el adolescente, al manifestar el deseo de ejercer el derecho de ser oído que le ha sido garantizado por el Legislador Patrio, en el contenido del artículo 542 ejusdem, esta ejerciendo al mismo tiempo su derecho a la defensa, a un juicio educativo, conjuntamente al derecho de que se le imponga de inmediato de la sanción, derecho éste que concede al Estado economizar tiempo que a su vez, se transforma, tal como lo prevee el Legislador en el contenido del articulo 546 de la misma ley in comento, en un proceso rápido, con una pronta administración de Justicia.

Así pues, no se trata de que el juez de Control esté haciendo uso o no de la norma establecida en el artículo 583 Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; más bien, se trata de que el acusado adolescente está solicitando la imposición inmediata de la sanción por admisión de los hechos, derecho éste que está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49 ordinal 1°, cuando establece el derecho a la Defensa.

Y, siendo que en el caso que nos ocupa, la defensa se adhirió a la solicitud de su defendido de admitir los hechos y que se le impusiera la sanción correspondiente, y no habiendo oposición por parte del Fiscal del Ministerio Público, quien es dueña de la acción penal, garante de la legalidad según las funciones que le atribuye la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente y de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y habiendo sido orientado el adolescente en cuanto al procedimiento especial por admisión de los hechos como parte de una de las garantías fundamentales de este Sistema Especial en donde prevalece el Juicio Educativo, no sólo referido a la sanción, sino a que el adolescente debe comprender el contenido de todos y cada uno de los actos que se realicen, en consecuencia, y por todo lo antes expuesto, esta Juzgadora pasa a explanar su sentencia en base a la figura por admisión de los hechos. Y ASI SE DECIDE.-

CAPITULO VI

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Vista la acreditación de los hechos explanados por este tribunal en el punto que antecede signado CAPITULO V, han surgido serios y altos elementos de convicción de que el adolescente IDENTIDAD OMITIDA quien es venezolano, titular de la cédula de identidad V-21.102.297, de quince (15) años de edad; es responsable penalmente por la comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, respectivamente. En consecuencia este tribunal está absolutamente convencido de que el adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA es el sujeto activo del hecho punible subsumido por el legislador en la normativa penal especial en el artículo 42, cuya acción en el presente caso no se encuentra evidentemente prescrita y perseguida de oficio, derivándose en consecuencia responsabilidad Penal, para el adolescente , como autor del hecho punible de VIOLENCIA FISICA responsabilidad esta y culpabilidad por imperativo del articulo 528 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Así las cosas la Ley orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, en su artículo 583, establece que, una vez admitido los hechos objeto de la acusación, el acusado podrá solicitar al Tribunal la imposición inmediata de la sanción. Ahora bien, el adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, admitió los hechos que le fueron imputados por el Representante del Ministerio Público, solicitando se le impusiera la sanción, según se evidencia y consta en el Acta del Audiencia Preliminar, acogiéndose así a la figura especial de la admisión de hechos, establecida en el artículo 583 Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; considera este Tribunal que la admisión de hechos realizada por el adolescente cumple con todos los requisitos que deben concurrir al momento de la admisión como lo son: