Decisión nº 02 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 14 de Enero de 2011

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO COJEDES

CORTE DE APELACIONES

DECISIÓN N° 02

JUEZ PONENTE: G.E.G.

MOTIVO: APELACIÓN DE AUTO CON EFECTO SUSPENSIVO.

CAUSA: N° 2895-11

DELITO: AMENAZA AGRAVADA, TRATO CRUEL, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, ULTRAJE A FUNCIONARIO POLICIALES, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO.

I

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

MINISTERIO PÚBLICO: ABOGADOS M.M. e IVIS LIZCANO NAVARRO (FISCAL TITULAR y AUXILIAR SÉPTIMO DEL MINISTERIO PÚBLICO).

IMPUTADO: N.A.O.P., venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 15.485.338, residenciado en el Sector Caja de Agua, Calle L.G., Casa S/N°, Ultima casa cerca del río, Tinaco Estado Cojedes.

DEFENSOR PRIVADO: ABOGADO MARCIAL VIVAS.

RECURRENTE: ABOGADO M.M. (FISCAL SEPTIMO DEL MINISTERIO PÚBLICO).

En fecha 14 de Enero de 2011, se recibe en esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, Recurso de Apelación con Efecto Suspensivo, interpuesto por el ciudadano Abogado M.M., en su carácter de Fiscal Séptimo del Ministerio Público, en contra de la decisión dictada en fecha 12 de Enero de 2011, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01 de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual se acordó decretar la Medida Sustitutiva Cautelar de presentación periódica, consistente el la presentación cada ocho (08) días y la presentación de dos fiadores de reconocida solvencia moral y económica, impuesta al imputado N.A.O.P., por la presunta comisión de los delitos de. AMENAZA AGRAVADA, previsto y sancionado en el Artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, TRATO CRUEL, previsto y sancionado en el Artículo 254 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 277 del Código Penal Venezolano, PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previsto y sancionado en el Artículo 268 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ULTRAJE A FUNCIONARIO POLICIALES, previsto y sancionado en el Artículo 223 del Código Penal Venezolano RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el Artículo 218 del Código Penal Venezolano Y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el Artículo 470 del Código Penal Venezolano, dándosele entrada en fecha 14 de Enero de 2011.

En la misma fecha se dio cuenta en la Corte, se designó Ponente al Juez que con tal carácter suscribe el presente fallo, a quien le fueron remitidas las presentes actuaciones.

Efectuado el análisis de autos, observamos:

II

DE LA DECISIÓN APELADA

En fecha 12 de Enero de 2011, el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01 de este Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, dictó decisión de la siguiente manera:

SIC...ESCUCHADAS COMO HAN SIDO LAS EXPOSICIONES DE LAS PARTES, ESTE TRBUNAL EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, PASA A DECIDIR Y LO HACE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS PRIMERO: Acuerda la aprehensión en situación de Flagrancia del imputado: N.A.O.P., venezolano, de 33 años de edad, titular de la cedula de identidad Nª 15.485.338, soltero, de profesión u oficio obrero, residenciado en Sector Caja de Agua, Calle L.G., Casa S/N, Ultima casa cerca del rió Tinaco estado Cojedes, SEGUNDO: acuerda seguir la presente investigación por la vía del procedimiento Ordinario TERCERO: en cuanto a la media a imponer al ciudadano imputado de autos, este Tribunal en vista de la contrariedad entre las actuaciones que forman el presente expediente, la declaración de la victima y los delitos que se imputan al ciudadano N.A.O.P., Venezolano, de 33 años de edad, Titular de la cedula de identidad Nª 15.485.338, soltero , de profesión u oficio obrero, residenciado en Sector Caja de Agua, calle L.G., casa S/N, Ultima casa cerca de río Tinaco estado Cojedes. Este Tribunal impone al ciudadano plenamente identificado en actas una MEDIDA SUSTITUTIVA A LA DE PRIVATIVA DE LIBERTAD DE LAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 256 EN SU NUMERAL 3 Y 8 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, la cual consiste en la presentación casa ocho (8) días por ante la unidad de alguacilazgo de este circuito judicial penal, la presentación de dos fiadores, los cuales deberán presentar ante el Tribunal Constante de Trabajo cuyo ingreso económico sea superior al sueldo mínimo actual, C. deR. Y C. deB.C. de los organismos correspondientes del estado. De igual manera se acuer4dan las medidas de seguridad solicitadas por la representación Fiscal a favor de la victima. CUARTO: Remítase copia certificada de presente expediente a la Fiscal Superior del Ministerio Publico, para que se apertura la investigación correspondiente en el presente caso, en vista de las contradicciones planteadas en la exposición ante este Tribunal y los hechos que contienen las actas que conforman el mismo. Es TODO. ASI SE DECIDE. Luego de la decisión del Tribunal, pide la palabra el Fiscal Séptimo del Ministerio Público, QUIEN EXPONE: Interpongo en este Acto el recurso de Apelación de Auto con efectos suspensivos contemplado en el articulo 374 del Código orgánico procesal penal de conformidad con el articulo 447 Numeral 4 en lo relacionado a la decisión desestimar la solicitud de Privación de L.F. por el ministerio publico, por cuanto considera esta representación fiscal que Están llenos los extremos de manera concurrente del articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en los numerales 3, y 4 del articulo 251 y numeral 2 de articulo 252 ejusdem. Se deja constancia que el Fiscal del ministerio explano que están llenos los extremo contemplados numerales 3 y 4, 252 numeral 2. Para imponer la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al Ciudadano de Autos N.A.O.P., Venezolano, de 33 años de edad, titular de la cedula de identidad Nª 15.485.338. Así mismo el Fiscal del ministerio público solicita, en atención a las contradicciones evidentes existentes entre las actas policiales, la denuncia y lo manifestado por la victima, en esta sala se proceda a su aprehensión en situación de Flagrancia y se ponga a disposición del ministerio publico por la presunta comisión de uno de los delitos contra la fe publica, así mismo que se remitan copia certificada de acta y de las actuaciones que conforman, la presente causa al Fiscalia de Proceso de guardia. Es todo ciudadana juez. Vista tal solicitud realizada por la representación Fiscal ante este Tribunal, acuerda: PRIMERO: Ratificar en todas y casa una de sus partes la decisión tomada por este Tribunal el día de hoy en la presente audiencia. SEGUNDO: Enviar la presente causa a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal a los fines de que se pronuncie con relación a tal solicitud. TERCERO: En cuanto a la solicitud de aprehensión de la victima solicitada por la representación Fiscal, en el momento de considerar tal solicitud se le informo a la victima de que podía ser detenida por la solicitud Fiscal, pero en un análisis de las circunstancias considero este Tribunal en sala que eran validos los alegatos del ministerio publico para tal aprehensión, por lo que este Tribunal en la misma sala de audiencia informo que no es procedente ni ajustada a derecho solicitud, ni la oportunidad y así lo hizo saber a las partes; no obstante este Tribunal previamente decidió enviar copia certificado de la presente actuación a la Fiscalia Superior del Ministerio Publico, a los fines que se investiguen este caso y tome el Ministerio Publico a quien le corresponde la acción penal las medidas del caso en tiempo oportuno, por la que no se admite dicha solicitud. Líbrese las boletas de reingreso y traslado…

III

PLANTEAMIENTO DEL RECURSO:

El recurrente Abogado M.M., en su carácter de Fiscal Séptimo del Ministerio Público, fundamenta su recurso de apelación de auto con efecto suspensivo, en los siguientes términos:

(SIC) “…Interpongo en este Acto el recurso de Apelación de Auto con efectos suspensivos contemplado en el artículo 374 del Código orgánico procesal penal de conformidad con el artículo 447 Numeral 4 en lo relacionado a la decisión desestimar la solicitud de Privación de libertadF. por el ministerio público, por cuanto considera esta representación fiscal que Están llenos los extremos de manera concurrente del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, concordancia con lo previsto en los numerales 3 y 4 del artículo 251 y numeral 2 del artículo 252 ejusdem.…”

IV

DE LOS ALEGATOS DE LA DEFENSA

Del examen de las actuaciones examinadas por esta alzada se advierte primariamente que la defensa técnica del encausado, en la oportunidad procesal de la interposición del recurso de apelación con efecto suspensivo ejercido por la representación fiscal, no expuso alegato alguno en contra del medio impugnativo ejercido por esta última. En razón de ello, la Sala resolverá lo conducente, con vista a las actuaciones que cursan en autos. Así se hace constar.

V

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO

El artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

… Cuando el hecho punible merezca una pena privativa de libertad menor de tres años en su límite máximo y el imputado o imputada tenga antecedentes penales; y, en todo caso cuando el hecho punible merezca una pena privativa de libertad de tres años o más en su límite máximo, el recurso de apelación que interponga en el acto el Ministerio Público contra la decisión que acuerde la libertad del imputado o imputada, tendrá efecto suspensivo. En este caso, la Corte de Apelaciones considerará los alegatos de la defensa, si ésta los expusiere, y resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir del recibo de las actuaciones…

.

Así las cosas, el Abg. M.M. en su condición de Fiscal Séptimo del Ministerio Público ejerció recurso de apelación con efecto suspensivo, de la decisión de fecha 12 de Enero de 2011, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control Nº 01 de este Circuito Judicial Penal, el cual acordó “…TERCERO: en cuanto a la media a imponer al ciudadano imputado de autos, este Tribunal en vista de la contrariedad entre las actuaciones que forman el presente expediente, la declaración de la victima y los delitos que se imputan al ciudadano N.A.O.P., Venezolano, de 33 años de edad, Titular de la cedula de identidad Nª 15.485.338, soltero , de profesión u oficio obrero, residenciado en Sector Caja de Agua, calle L.G., casa S/N, Ultima casa cerca de río Tinaco estado Cojedes. Este Tribunal impone al ciudadano plenamente identificado en actas una MEDIDA SUSTITUTIVA A LA DE PRIVATIVA DE LIBERTAD DE LAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 256 EN SU NUMERAL 3 Y 8 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, la cual consiste en la presentación casa ocho (8) días por ante la unidad de alguacilazgo de este circuito judicial penal, la presentación de dos fiadores, los cuales deberán presentar ante el Tribunal Constante de Trabajo cuyo ingreso económico sea superior al sueldo mínimo actual, C. deR. Y C. deB.C. de los organismos correspondientes del estado. De igual manera se acuer4dan las medidas de seguridad solicitadas por la representación Fiscal a favor de la victima…”.

Por su parte, la representación fiscal presentó su recurso de apelación en la misma audiencia de la cual se recurre, en el cual aduce: “…Interpongo en este Acto el recurso de Apelación de Auto con efectos suspensivos contemplado en el artículo 374 del Código orgánico procesal penal de conformidad con el artículo 447 Numeral 4 en lo relacionado a la decisión desestimar la solicitud de Privación de libertadF. por el ministerio público, por cuanto considera esta representación fiscal que Están llenos los extremos de manera concurrente del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, concordancia con lo previsto en los numerales 3 y 4 del artículo 251 y numeral 2 del artículo 252 ejusdem …”.

Al respecto, esta alzada de la revisión de las presentes actuaciones se evidencia que se recurre de la decisión que acuerda la medida cautelar sustitutiva de presentación periódica otorgada al imputado ciudadano N.A.O.P., por lo que se trata, en consecuencia, de una decisión recurrible.

Quien presenta dicho recurso de apelación es el Fiscal Séptimo del Ministerio Público, quien posee legitimación para realizarlo, en tiempo hábil y en contra de una decisión recurrible, es por lo que, esta Corte de Apelaciones ADMITE en cuanto ha lugar en derecho el recurso ejercido en lo que respecta a la Medida Cautelar Sustitutiva otorgada al ciudadano N.A.O.P.. Así se decide.

VI

MOTIVACION PARA DECIDIR

A los fines de resolver la apelación aquí planteada, esta Alzada pasa a continuación a realizar las siguientes consideraciones:

El recurrente de autos, impugna la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control N° 01 de este Circuito Judicial Penal, de fecha 12 de Enero del año 2011, mediante la cual se acordó decretar la Medida Sustitutiva Cautelar de presentación periódica, consistente el la presentación cada ocho (08) días y la presentación de dos fiadores, impuesta al imputado N.A.O.P., por la presunta comisión de los delitos de. AMENAZA AGRAVADA, previsto y sancionado en el Artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, TRATO CRUEL, previsto y sancionado en el Artículo 254 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 277 del Código Penal Venezolano, PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previsto y sancionado en el Artículo 268 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ULTRAJE A FUNCIONARIO POLICIALES, previsto y sancionado en el Artículo 223 del Código Penal Venezolano RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el Artículo 218 del Código Penal Venezolano Y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el Artículo 470 del Código Penal Venezolano.

Por su parte, la representación fiscal presentó su recurso de apelación en la misma audiencia de la cual se recurre, en el que señala: “…Interpongo en este Acto el recurso de Apelación de Auto con efectos suspensivos contemplado en el artículo 374 del Código orgánico procesal penal de conformidad con el artículo 447 Numeral 4 en lo relacionado a la decisión desestimar la solicitud de Privación de libertadF. por el ministerio público, por cuanto considera esta representación fiscal que Están llenos los extremos de manera concurrente del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, concordancia con lo previsto en los numerales 3 y 4 del artículo 251 y numeral 2 del artículo 252 ejusdem …”.

Sentado lo anterior, la Sala precisa lo siguiente:

El artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

… Cuando el hecho punible merezca una pena privativa de libertad menor de tres años en su límite máximo y el imputado o imputada tenga antecedentes penales; y, en todo caso cuando el hecho punible merezca una pena privativa de libertad de tres años o más en su límite máximo, el recurso de apelación que interponga en el acto el Ministerio Público contra la decisión que acuerde la libertad del imputado o imputada, tendrá efecto suspensivo. En este caso, la Corte de Apelaciones considerará los alegatos de la defensa, si ésta los expusiere, y resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir del recibo de las actuaciones…

. (Cursiva de la Sala).

Evidencia la Sala que, el efecto suspensivo es una medida de naturaleza instrumental y provisional, cuya eficacia está limitada en el tiempo, motivado a que, la suspensión se extingue al dictarse la decisión del Tribunal Superior, mediante la cual se confirma o revoca el dictamen del Juez de Primera Instancia en funciones de Control, acerca de la libertad o medida cautelar sustitutiva, impuesta al imputado.

A este respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 742 de fecha 05 de mayo de 2005, con Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondon Hazz, estableció lo siguiente:

… la Sala estima pertinente la acotación de que, en el proceso penal, conforme el principio general del efecto suspensivo que establece el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, la interposición del recurso de apelación suspende la ejecución de la decisión que otorgó la libertad o una medida sustitutiva de la privativa de libertad, con la sola excepción de que el hecho punible que se impute merezca una pena privativa de libertad menor de tres años, en su límite máximo, y el imputado no tenga antecedentes penales…

. (Cursiva añadida).

Precisado lo anterior, pasaremos a resolver la procedencia o no de la Medida Privativa Judicial preventiva de Libertad , esta instancia judicial, denota de la presente causa, que se encuentran acreditados los tres requisitos a que contrae el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber: 1.- La existencia de un hecho punible, que merece pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita como son la supuesta comisión de los delitos de AMENAZA AGRAVADA, previsto y sancionado en el Artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, TRATO CRUEL, previsto y sancionado en el Artículo 254 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 277 del Código Penal Venezolano, PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previsto y sancionado en el Artículo 268 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ULTRAJE A FUNCIONARIO POLICIALES, previsto y sancionado en el Artículo 223 del Código Penal Venezolano RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el Artículo 218 del Código Penal Venezolano Y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el Artículo 470 del Código Penal Venezolano, igualmente considera: 2.- Que existen fundados elementos de convicción para estimar que el imputado N.A.O.P., se encuentra inmerso en los tipos delictivos que se le imputan, por lo que también resulta posible que: 3.- Existía una presunción razonable del peligro de fuga y obstaculización, fundamentada lo preceptuado en los artículos 251 parágrafo primero y 252 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, esta Alzada debe destacar, que en atención a la norma contenida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando dispone en su encabezamiento que: “El Juez de Control…podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de…”, que en razón a la interpretación gramatical, el verbo ACREDITAR, significa: “Hacer digno de crédito”, esto es, reputar la solvencia, la existencia, dar crédito a una cosa, creerla, dar seguridad que una persona o cosa es lo que se presenta o parece.

En este sentido, este Órgano Jurisdiccional, al examinar los requisitos del ordinal 2° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, denota que la frase utilizada por el Legislador Patrio, al señalar que deben existir “Fundados elementos de convicción”, no debe interpretarse en el sentido estricto de que se exija LA PLENA PRUEBA, pues lo que se busca, es de crear convencimiento sobre lo acontecido, y esto es así, por cuanto, será en el juicio oral y público, en donde se debatirá acerca de la veracidad definitiva de los hechos imputados, y subsecuentemente, se verificará el proceso de valoración probatoria.

En la fase investigativa, que es la que hoy nos ocupa, y así debe interpretarse, al tener en cuenta la actuación del Juez de Primera Instancia en funciones de Control, quien en uso de las atribuciones que le confiere el instrumento adjetivo penal, puede dictar o no, cualquier Medida de Coerción Personal tomando en consideración los elementos que a su juicio aporten, tanto las autoridades de Policía de Investigaciones, como el Ministerio Público, elementos éstos, los cuales le permitirán presumir con fundamento, y de manera provisional, que el imputado ha sido el participe o no en el hecho calificado como delito.

En ratificación a lo antes señalado, estima esta Alzada, pertinente transcribir un extracto de la decisión de fecha 6 de febrero del 2.001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Dr. J.M., Delgado Ocando, el cual es del tenor siguiente:

…Cabe destacar que la medida de privación judicial preventiva de libertad, prevista por el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, decretada por un juez de Control, previa solicitud del Ministerio Fiscal, lo fue en atención a la existencia de: a) Un hecho punible merecedor de pena privativa de libertad, cuya acción penal no había prescrito; b) Fundados elementos de convicción para presumir que el imputado fue el autor o participe en la comisión del hecho punible; y c) Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso en particular, de peligro de fuga o de obstaculización de la búsqueda de la verdad respecto de un hecho concreto de la investigación, requisitos éstos concurrentes para que opere la excepción al principio constitucional de ser juzgado en libertad.

Dichos elementos fueron encontrados cumplidos por la juez de la causa…

La Sala considera oportuno reiterar que aquellas medidas en el caso que nos ocupa, la privación provisional de cualquier ciudadano acordadas por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal en función de Control de la investigación durante el curso de un proceso penal, en observación de las normas adjetivas que lo contiene, del respecto a las prescripciones legales y de la previa determinación de cada una de las circunstancias que rodean el hecho o hechos sometidos a su consideración, están revestidas de plena legitimidad, por provenir de órganos facultados para ello.

En consecuencia, de modo alguno constituyen infracciones de derechos o de garantías constitucionales, puesto que ellas van en procura de un proceso sin dilaciones indebidas y de una pronta decisión judicial (una sentencia derivada de un juicio oral y público)…

.(Negrillas y cursiva de la Sala).

Asimismo, estableció la Sentencia N° 676, de fecha 30 de Marzo de 2006, emanada de la sala Constitucional de Nuestro M.T. de la República, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, lo siguiente:

…Conforme la doctrina reiterada de esta Sala, la garantía procesal del estado de libertad nace del principio de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. Por ello, toda persona a quien se le impute la participación de un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en caso.

Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, siempre y cuando se satisfagan las exigencias contenidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado.

De allí, que las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas con arreglo a la citada disposición y mediante resolución judicial fundada, sujeta –en su oportunidad legal- al recurso de apelación de autos…

.

Por otra parte, quienes aquí deciden, observan, que la existencia de la circunstancia que dispone el ordinal 3° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, debe ser adminiculada en todo momento, con lo pautado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de ser uno de los principios generales que rigen las Medidas Asegurativas Provisionales, especialmente, las que contraen la Privación Judicial Preventiva de Libertad, en atención al Principio de la Proporcionalidad, tal y como lo establece el legislador de la siguiente forma:

... Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.

La referida disposición legal, nos lleva a una innovación jurídica procesal basada en trasladar el Principio de la Proporcionalidad de los Delitos y de las Penas, a las medidas de coerción personal, y así poder, hacer efectiva la detención preventiva judicial de cualquier persona, todo ello, en procura de una aplicación razonable de este tipo de Medidas Asegurativas, únicamente o específicamente, en aquellos delitos, que revistan cierto daño de relevancia social, es decir, que dicha norma requiere que el ilícito investigado produzca un verdadero daño de relevancia penal, y que no sea una simple falta o un delito de menor cuantía.

Observamos igualmente, que en dicho articulado imperan tres (03) requisitos de fundamentación básica, los cuales autorizan la práctica de la detención preventiva judicial, y estos son:

1. La gravedad del delito;

2. Las circunstancias de la comisión del hecho, y

3. La sanción probable.

En el caso de autos, encuentran estos Juzgadores, que están dados concurrentemente los tres (03) requisitos señalados anteriormente, ya que el imputado N.A.O.P., plenamente identificado en autos, a quien se le imputa los delitos de AMENAZA AGRAVADA, previsto y sancionado en el Artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, TRATO CRUEL, previsto y sancionado en el Artículo 254 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 277 del Código Penal Venezolano, PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previsto y sancionado en el Artículo 268 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ULTRAJE A FUNCIONARIO POLICIALES, previsto y sancionado en el Artículo 223 del Código Penal Venezolano, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el Artículo 218 del Código Penal Venezolano Y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el Artículo 470 del Código Penal Venezolano, y así fue decretada su aprehensión en flagrancia por la recurrida.

Por otro lado, que el artículo 251 del Código Adjetivo Penal, establece el presupuesto sobre el Peligro de Fuga, en los siguientes términos:

Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto; La pena que podría llegarse a imponer en el caso; La magnitud del daño causado; El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. La conducta predelictual

El Legislador Patrio, a través del precitado artículo, consideró necesario la implementación o práctica de la medida cautelar privativa de libertad, cuando exista el supuesto procesal acerca del PELIGRO DE FUGA por parte del imputado, y pueda quedar ilusoria el poder punitivo del Estado, en tal sentido, estableció ciertos presupuestos básicos o algunas circunstancias que autorizan la detención judicial del imputado, los cuales a continuación se pasan a destacar:

1. Que el imputado no tenga arraigo en el país, y tal supuesto, se podría determinar por el domicilio residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajos y las facilidades para abandonar el país, o de permanecer oculto.

2. También el legislador procesal penal, fijó como otra de las circunstancias o supuestos que determinan el peligro de fuga, lo cual lo constituye la pena que podría llegar a imponérsele al imputado y la magnitud del daño causado por el hecho punible que se investiga; situación procesal ésta, que se evidencia en la causa seguida al imputado N.A.O.P., plenamente identificado en autos, a quien se le imputa los delitos de AMENAZA AGRAVADA, previsto y sancionado en el Artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, TRATO CRUEL, previsto y sancionado en el Artículo 254 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 277 del Código Penal Venezolano, PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previsto y sancionado en el Artículo 268 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ULTRAJE A FUNCIONARIO POLICIALES, previsto y sancionado en el Artículo 223 del Código Penal Venezolano RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el Artículo 218 del Código Penal Venezolano Y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el Artículo 470 del Código Penal Venezolano, calificación aceptada por el tribunal de control. Así se decide

En razón al punto antes referido, es menester destacar que el delito AMENAZA AGRAVADA, previsto y sancionado en el Artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, contrae una penalidad de Diez (10) a Veintidós (22) meses de prisión, TRATO CRUEL, previsto y sancionado en el Artículo 254 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, contrae una penalidad de Uno (01) a Tres (03) años de prisión, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 277 del Código Penal Venezolano, contrae una penalidad de Tres (03) a Cinco (05) años de prisión, PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previsto y sancionado en el Artículo 268 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, contrae una penalidad de Seis (06) meses a Dos (02) años de prisión, ULTRAJE A FUNCIONARIO POLICIALES, previsto y sancionado en el Artículo 223 del Código Penal Venezolano, contrae una penalidad de Tres (03) a Dieciocho (18) meses de prisión, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el Artículo 218 del Código Penal Venezolano, contrae una penalidad de Un (01) mes a Dos (02) años de prisión Y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el Artículo 470 del Código Penal Venezolano, contrae una penalidad de Tres (03) a Cinco (05) años de prisión; ahora bien se puede evidenciar que el delito más grave supera los tres (03) años señalados en el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que significa que es un hecho punible de relevancia, por lo tanto merecedor de la medida privativa judicial preventiva de libertad.

De Igual manera, esta Corte, trae a colación, el artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece lo siguiente:

... Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado: Destruirá, ocultará o falsificará elementos de convicción; Influirá para que coimputados, testigos o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar tales comportamientos.

El Legislador, a través del precitado artículo, consideró necesario la implementación o práctica de la medida cautelar privativa de libertad, cuando exista el supuesto de obstaculización del proceso por parte del investigado. En tal sentido, el Juzgador, al momento de decretar tal medida debe constatar la existencia de una grave sospecha de que el imputado pueda ejercer acciones que influyan para que los co-imputados, testigos o expertos testifiquen falsamente o se comporten de manera desleal, o también, si los imputados indujeren a otras personas a realizar los hechos anteriormente señalados.

En tal sentido, la posición que adoptan diversos tratadistas patrios sobre el particular, especialmente, el Jurista Venezolano ALBERTO ARTEAGA SÁNCHEZ, en su obra “La Libertad y sus Restricciones en el Código Orgánico Procesal Penal”, cuando expresa lo siguiente:

... tratándose de criterios que orientan la privación de libertad del imputado, los mismos deberán interpretarse restrictivamente, y en consecuencia, esa sospecha sobre las posibles acciones dirigidas a obstaculizar la averiguación de la verdad deben asentarse en circunstancias objetivas, relativas al delito que se averigua y sus implicaciones (gravedad del hecho punible y expresiones concretas de su comisión) y circunstancias subjetivas (modus operandi y comportamiento del imputado desde el inicio de la investigación)...

(p. 40).

En total comprensión con lo antes citado, esta Sala, examina de autos el peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad; pues los imputados podrían influir en el ánimo de los testigos o expertos. Asimismo, existe una presunción razonable, que los imputados puedan inducir a otras personas a realizar los comportamientos anteriormente señalados.

En consecuencia, considera esta alzada que lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación de autos con efectos suspensivo, interpuesto por el ciudadano Abg. M.M., en su carácter de Fiscal Séptimo del Ministerio Público, en contra de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01, de este Circuito Judicial Penal, de fecha 12 de Enero de 2011, mediante la cual se acordó decretar la Medida Sustitutiva Cautelar de presentación periódica, consistente el la presentación cada ocho (08) días y la presentación de dos fiadores de reconocida solvencia moral y económica, impuesta al imputado N.A.O.P., por la presunta comisión de los delitos de. AMENAZA AGRAVADA, previsto y sancionado en el Artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, TRATO CRUEL, previsto y sancionado en el Artículo 254 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 277 del Código Penal Venezolano, PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previsto y sancionado en el Artículo 268 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ULTRAJE A FUNCIONARIO POLICIALES, previsto y sancionado en el Artículo 470 del Código Penal Venezolano RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el Artículo 218 del Código Penal Venezolano Y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el Artículo 223 del Código Penal Venezolano, en consecuencia SE REVOCA la decisión recurrida; dada la revocatoria acordada se decreta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del ciudadano N.A.O.P., quién deberá cumplirla en el Instituto Autónomo de Policía Bolivariana del Estado Cojedes, dando cumplimiento a los requisitos exigidos en el Artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal y Se ordena remitir con carácter de urgencia al Tribunal que pronunció el fallo apelado, para que una vez recibidas las presentes actuaciones y sin dilaciones proceda de inmediato a EJECUTAR lo decidido por esta alzada. Así se decide.

VII

DISPOSITIVA

Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, Administrando Justicia, en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por la Autoridad que la Ley le confiere, resuelve: PRIMERO: Declara Con Lugar el recurso de apelación de autos con efectos suspensivo, interpuesto por el ciudadano Abg. M.M., en su carácter de Fiscal Séptimo del Ministerio Público, en contra de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01, de este Circuito Judicial Penal, de fecha 12 de Enero de 2011, mediante la cual se acordó decretar la Medida Sustitutiva Cautelar de presentación periódica, consistente el la presentación cada ocho (08) días y la presentación de dos fiadores de reconocida solvencia moral y económica, impuesta al imputado N.A.O.P., por la presunta comisión de los delitos de. AMENAZA AGRAVADA, previsto y sancionado en el Artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, TRATO CRUEL, previsto y sancionado en el Artículo 254 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 277 del Código Penal Venezolano, PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previsto y sancionado en el Artículo 268 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ULTRAJE A FUNCIONARIO POLICIALES, previsto y sancionado en el Artículo 470 del Código Penal Venezolano RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el Artículo 218 del Código Penal Venezolano Y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el Artículo 223 del Código Penal Venezolano. SEGUNDO: SE REVOCA la decisión recurrida y en consecuencia se decreta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad contra el imputado N.A.O.P., quién deberá cumplirla en el Instituto Autónomo de Policía Bolivariana del Estado Cojedes, dando cumplimiento a los requisitos exigidos en el Artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal y TERCERO: Se ordena remitir con carácter de urgencia al Tribunal que pronunció el fallo apelado, para que una vez recibidas las presentes actuaciones y sin dilaciones proceda de inmediato a EJECUTAR lo decidido por esta alzada. Así se decide.

Notifíquese a las partes de la presente decisión, líbrese el oficio correspondiente. Cúmplase. Regístrese. Publíquese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, a los Catorce (14) días del mes de Enero de dos mil once (2011). AÑOS: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

G.E.G.

PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES

JUEZ PONENTE

L.R.S.S. RICHANI SELMAN

JUEZ JUEZ

FREIDYLED SOSA OCHOA

SECRETARIA

En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión y se hicieron las notificaciones de Ley siendo las ______ horas _________.

FREIDYLED SOSA OCHOA

SECRETARIA

Causa N° 2895-11

GEG/LRS/SRS/FSO/Ap. y Luz marina