Decisión nº 13.048-DEF-CIV de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Junio de 2013

La parte demandada alegó, en primer lugar, la Perención de la Instancia, de conformidad con lo previsto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el criterio sentado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada el día 6 de julio de 2004 (caso J.R.B.v.. Seguros Caracas Liberty Mutual), fundamentándose en lo siguiente:

De la revisión de las actas procesales puede determinarse lo siguiente:

1. Que la demanda fue presentada en fecha 1º de marzo de 2012;

2. Que fue admitida el día 8 de marzo de 2012;

3. Que mediante diligencia de fecha 15 de marzo de 2012 el abogado R.I.Z.A., actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora DE NISCO E HIJOS, C.A. a los fines de la citación de la parte demandada, consigno únicamente ante este Tribunal, las copias fotostáticas del libelo y del auto de admisión para su certificación a objeto que la compulsa y la correspondiente orden de comparecencia para la contestación de la demanda expedida por este Tribunal, sea entregada a la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito Judicial a fin de que el Alguacil a quien corresponda, practique la citación ordenada (folios 121 y vto) .

4. Que el día 21 de mayo de 2012, el ciudadano L.S., Coordinador de Alguacilazgo del Circuito Judicial de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, conjuntamente con uno de los apoderados de la parte actora (Abogado H.C.), dejó constancia que recibió los medios o recursos (emolumentos) a fin de practicar la citación de la parte demandada, en virtud de la consignación de la cantidad de Bs. 350,00 a tales fines. (folios 122, 123 y 124).

Vemos como la consignación de la expensas necesarias para el logro de la citación, fue efectuada luego de transcurridos 74 días que exceden con creces los 30 días mencionados, desde la fecha de admisión de la demanda de fecha 08 de marzo de 2012 y por consiguiente, en vista que la actora no dio estricto y oportuno cumplimiento a su obligación de consignar las expensas necesarias para que el Alguacil pudiere trasladarse a practicar la citación de la sociedad de comercio demandada debido a que la consignación fue efectuada luego de transcurridos 30 días desde la fecha de admisión de la demanda como antes se aludiera operó la perención breve prevista en el ordinal 1º del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil y así PEDIMOS QUE SE DECLARE

. (subrayados y negritas de este Tribunal Superior Primero).-

Observa este Tribunal Superior Primero, que el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, en sentencia Nº 713 del 8 de mayo de 2008, se estableció:

Que “(…) ‘La perención de la instancia constituye una sanción contra el litigante negligente, que se produce con motivo de un estado de inactividad de la causa. Por mandato del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de pleno derecho, no es renunciable por las partes y, puede ser declarada de oficio por el tribunal. Se trata de evitar que los juicios permanezcan sin impulso procesal de manera indefinida; disminuyéndose los casos de paralización de las causas durante largos períodos, favoreciendo así la celeridad procesal’. (Sentencia N° 1828 del 10 de octubre de 2007).

Como se puede apreciar, ha sido criterio reiterado de esta Sala Constitucional, que la perención opera de pleno derecho, y debe ser declarada por el tribunal, incluso de oficio.

Así las cosas, no le queda algún tipo de duda a este órgano jurisdiccional, que una vez constatados los supuestos de hecho previstos en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, -en cualquiera de sus numerales-, independientemente del estado y grado de la causa, ha de declararse la perención de la causa como consecuencia jurídica allí establecida, no siendo óbice para ello, el que no hubiese sido solicitado por las partes (…)

.

Por su parte, el autor patrio A.R.-Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo ll. Pág. 372-373, afirma lo siguiente:

“…Para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes. La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar el arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso (…)

La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año (…)

La jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia (…)

De lo arriba trascrito, se hace claro que lo que pretendió sancionar el legislador al estatuir la institución de la perención de la instancia fue evitar con fundamento en la necesidad social de Administración de Justicia, la litigiosidad por la litigiosidad, es decir, evitar la eternización de aquellos juicios en los cuales no medie el interés impulsivo de las partes contendoras, erigiéndose dicha institución como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes.-

En el caso de autos, observa esta Juzgadora, que la presente demanda fue admitida por el procedimiento breve, por el Tribunal Décimo Tercero de Municipio, el 08 de marzo de 2012, oportunidad procesal, donde lógicamente empieza a correr el lapso, a que se refiere el artículo 267, ordinal primero, del Código de Procedimiento Civil.

Luego, Igualmente, constata esta Superioridad, que el Apoderado Judicial de la parte actora, abogado R.I.Z.A., en diligencia del 15 de marzo de 2012, consigna los fotostatos necesarios para la elaboración de compulsa de citación de la parte demandada, igualmente señala la dirección donde debía practicarse la citación de los administradores de la parte demandada, y los emolumentos destinados a cubrir los gastos necesarios para el traslado del Alguacil, para la práctica de la citación ordenada a la demandada, fueron consignados en fecha 21 de mayo de 2012, es decir, transcurrieron setenta y cuatro (74) días consecutivos posteriores al auto de admisión de la demanda.

Este Tribunal Superior Primero, constata que el A-quo en su fallo, sobre este particular señaló:

…Ahora bien, de acuerdo a la revisión efectuada en el libro diario del tribunal y conforme el cómputo efectuado por secretaría, de acuerdo al calendario de este tribunal, se constata que, el tribunal no despachó desde el 19 de marzo de 2012 al 18 de mayo de 2012, por reposo medico de la ciudadana juez de este despacho, evidenciándose, desde el día en que se admitió la demanda, esto es, desde 08 de marzo de 2012 y el día de inicio de ese reposo (19 de marzo de 2012) solo transcurrieron 10 días continuos del lapso útil para que la parte actora consignara los emolumentos para la citación; se constata igualmente, que el día 21 de mayo de 2012, fecha en la que se produce la consignación del pago de los aludidos emolumentos fue el primer día de despacho inmediato siguiente al vencimiento de esa licencia medica (18 de mayo de 2012), de allí, que el transcurso de un tiempo mayor a los treinta (30) días que se evidencian para la consignación de los emolumentos para la citación no se debieron a hechos imputables a la parte actora, motivo por el cual, no habiendo trascurrido lapso procesal alguno durante el periodo de licencia medica indicado, la consignación de los emolumentos efectuada al primer día siguiente al vencimiento de ese lapso resulta tempestiva . Así se decide…

.-

De lo anteriormente narrado, Observa esta Juzgadora, que el Tribunal de la causa, durante el lapso comprendido entre el 19 de Marzo de 2012 al 18 de Mayo de 2012, no dió Despacho, con lo cual se verifica que desde el 08 de Marzo de 2012, oportunidad en la que se admite la demanda, al 19 de Marzo de 2012, sólo transcurrieron diez (10) días continuos, para que la parte actora cumpliera con sus cargas procesales, a que se refiere el artículo 267 ordinal Primero de la Ley Adjetiva Civil, y el día 21 de Mayo de 2012, es el primer (1er) día hábil siguiente al lapso en que el Tribunal de la causa no despachó, por lo que se constata, que la parte actora cumplió dentro del lapso legal, con sus cargas procesales para la interrupción de la Institución Jurídica de la Perención de la Instancia, pues el hecho de que el Tribunal no haya dado despacho, durante un lapso, no le es imputable a la parte ninguna sanción de tipo legal, en el presente caso, no le es aplicable la Perención de la Instancia, lo cual fue debidamente decidido en forma ajustada a derecho por el Tribunal de la causa en su fallo del 26 de Febrero de 2013. En tal sentido, considera esta Superioridad, que el alegato formulado por la parte demandada, es IMPROCEDENTE y ASI SE DECIDE.-

La parte demandada, en su escrito de contestación de la demanda, presentado el 06 de noviembre de 2.012, contradijeron y negaron en todas y cada una de sus partes, la demanda propuesta por la actora contra su representada por ser contrarios los hechos e infundados el pretendido derecho que se reclama, con excepción hecha de los hechos que convinieron en ese acto. En tal sentido, indicó lo siguiente:

PRIMERA: ES INCIERTO que con fundamento al último y vigente contrato de arrendamiento que vincula a las partes debidamente autenticado en fecha 07 de marzo de 2008, haya sido notificada nuestra poderdante de la no prorroga contractual, toda vez que la Claúsula SEGUNDA contempla que la duración es de Dos (2) años fijos, contados a partir del día 1º de noviembre de 2007, plazo fijo prorrogable por el único periodo de un (01) año, siempre que se produjeren cualquiera de las condiciones para que nuestra poderdante contenidas en dicha Clausura (solvencia en el en el pago de los cánones, manifestación de no prórroga y/o convenio en l nuevo canon de arrendamiento para la prorroga respecto al cual se tomaría en cuenta el índice de inflación para la fecha y /o el comportamiento del mercado inmobiliario).

Carece tanto de valor y asidero legal la pretendida notificación que alude la actora de fecha 14 de septiembre de 2009 a través de la Notaría Pública Primera del Municipio Chacao del Estado Miranda que corre a las actas del expediente, que en este mismo acto IMPUGNAMOS en todas y cada una de sus partes, según la cual se le informa a la arrendataria, ahora demandada, la intención por parte de la arrendadora de no renovación del contrato en referencia, indicando textualmente lo siguiente:

(…omissis…) .

La notificación impugnada carece de valor legal y probatorio en vista que está basada en hechos completamente falsos por las razones que siguen:

1º) Es totalmente incierto que la Cláusula Segunda del contrato de arrendamiento autenticado ante la referida Notaría Pública en fecha 07 de marzo de 2008, prevea que la contratación finaliza en fecha 15 de noviembre de 2009, todo ello tienen su asidero en el texto de la convención especialmente lo que determina la Cláusula Segunda:

(…omissis…) .

De su contenido NO se evidencia que el contrato de arrendamiento culmine el día 15 de noviembre de 2009 NI en el resto de dicha convención se hace referencia a ese particular: todo lo contrario, la única duración pactada entre las partes es de dos (2) años fijos contados a partir del 1º de noviembre de 2007 lo cual permite inferir que finaliza en fecha 31 de octubre de 2009 y

2º) Es totalmente falso, que el literal c) del artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarias prevea un (1) año de prórroga legal para el supuesto de la notificación de marras. Basta leer el contenido de la norma de orden publico que transcribimos:

(…omisis…)

De ahí que sostengamos que la pretendida notificación está basada en su contenido en hechos completamente falsos y por ende, no produce ningún efecto legal, debido a que su objeto es simplemente una declaración de voluntad por parte de la arrendadora sobre hechos jurídicos falsos referentes a la prórroga del contrato y de esa manera, no debe ni puede ser considerada para producir efectos en la relación a la mentada prórroga contractual.

De acuerdo al contenido de las tantas veces citada Cláusula Segunda contractual, para que opere la prórroga convencional de un (1) año- como puede observarse de la transcripción de dicha cláusula- es necesario la ocurrencia de los requisitos concurrentes que menciona, a saber, la solvencia de la arrendataria en el pago de los cánones de arrendamiento; que una de las partes no manifieste a la otra su voluntad de no prorrogar el contrato con al menos 45 días de anticipación a su vencimiento y finalmente, que se conviniere en un nuevo canon de arrendamiento para la prórroga. No obstante lo convenido en dicha Cláusula, NO se verificó el cumplimiento de estos requisitos y ello se traduce que bajo ningún respecto operó la prórroga convencional establecida.

Pese a la pretendida notificación o actuación judicial a que se ha hecho referencia, el articulo 38 de la ley de Arrendamientos Inmobiliarios, dispone que la prorroga legal opera ipso iure de pleno derecho , al producirse el vencimiento del plazo estipulado siendo obligatoria para la arrendadora y potestativa para la arrendataria: no es menester que sea notificada por parte de la arrendadora para que comience a decursar el lapso correspondiente ni es renunciable por parte de la arrendataria, debido a que se trata de un derecho que la ley ha establecido para proteger a nuestra poderdante, siendo nula cualquier estipulación que implique renuncia, conforme a la previsión del articulo 7º. de la especial legislación inquilinaria

Así las cosas, como quiera que el vencimiento del plazo de duración del contrato se produjo en fecha 31 de octubre de 2009, y la relación locativa tiene una data contada desde el día 1º de noviembre de 2001, esto es, una duración de ocho (8) años, debe prorrogarse por dos (2) años según lo establece el literal c) del artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, siendo entonces que la prórroga legal operó “ipso iure” a partir del 1º de noviembre de 2009 finalizando dicho lapso en fecha 31 de octubre de 2011.

Cabe observar que la actora en su narrativa libelar indica que en fecha 10 de agosto de 2011 a través del Juzgado Séptimo de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial (expediente Nº AP31-S-2011-007921) notificó a la demandada que el lapso de la prórroga legal culminaba el 31 de octubre y que vencido el mismo debía entregar desocupado los inmuebles arrendados, omitiendo que- posteriormente al ceniciento de la prórroga legal- con su actitud pasiva permitió que nuestra poderdante continuase en posesión de dicho inmuebles, habida cuenta que de haber requerido la entrega mencionada, en el mes de noviembre de 2011 hubiese accionando en su contra solicitando el cumplimiento del contrato y de las mismas actas se deriva de otra situación: la actora plantea la demanda transcurrid un lapso considerable dentro del cual no efectuó ninguna clase de expresión ni manifestación en contra de su permanencia en los inmuebles y el desarrollo de su actividad comercial. En este mismo acto, procedemos a IMPUGNAR en todas y cada una de sus partes la notificación judicial en referencia, todo ello a los fines legales consiguientes.

Es decir, nuestra representada, empresa “FRIGORIFICO Y CHARCUTERIA TERRA NOSTRA, C.A.” a partir de la fecha de vencimiento de la prórroga legal referida mantuvo su relación arrendaticia con la arrendadora-demandante, sociedad de comercio DE NISCO E HIJOS, C.A. por cuanto continuó ejerciendo la actividad comercial en los locales arrendados prevista contractualmente, pagado el monto mensual del canon de arrendamiento establecido, respecto al cual la actora-arrendadora le manifestó su voluntad de no recibir el monto del mes de noviembre de 2009, en vista que pretendía cobrarle una vez más a su libre albedrío y voluntad por ese concepto en la suma de Quince Mil Bolívares (Bs. 15.000,00) no pactada de común acuerdo, como impone la normativa acerca de los contratos bilaterales (contrato de arrendamiento), sino de manera unilateral e insertándolo en el texto de la errada notificación de no prórroga contractual. Motivada a esta circunstancia, nuestra patrocinada a objeto de no incurrir en el incumplimiento contractual mencionado, procedió a efectuar el pago de la pensión de arrendamiento mensual a través de la denominada Consignación Arrendaticia de acuerdo al Procedimiento Consignatario regulado en los artículos 51 y siguientes de la vigente Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, por ante el Juzgado Vigésimo Quinto de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial cursante al expediente Nº 2009-2131 de la nomenclatura que a tales efectos lleva ese Despacho, a partir del mes de Noviembre de 2009 a razón de Bs. 5.000 mensual.

En vista que la parte actora, como se aludió, a lo largo de la relación arrendaticia incrementó libremente y a su única voluntad el monto de alquiler mensual de los inmuebles arrendados a nuestra mandante y quien ante la imperiosa necesidad de continuar desarrollando su actividad comercial debidamente acreditada en los inmuebles- siendo éstos de la categoría de aquellos inmuebles sujetos a regulación de acuerdo con la normativa de la legislación inquilinaria- en fecha 12 de marzo de 2010 procedió a solicitar como interesada (artículo 11 de la L.A.I.) la regulación del monto del canon de arrendamiento máximo mensual de los locales comerciales (la arrendadora jamás reguló los inmuebles sino que imponía el monto mensual de acuerdo con los precios del mercado inmobiliario) ciñéndose al procedimiento administrativo inquilinario previsto en la vigente Ley de Arrendamientos Inmobiliarios por ante la Dirección de Inquilinato del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, órgano competente para esa fecha, el cual después de sustanciar y tramitarlo debidamente dictó en fecha 21 de junio de 2010, la Resolución distinguida bajo el Nº 14263 estableciendo un canon de arrendamiento máximo mensual para los inmuebles arrendados en la cantidad VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs. 24.451,20) suma pagada a la empresa mercantil arrendadora-actora de forma puntual y temporánea mediante las comentadas consignaciones arrendaticias ante el Tribunal antes identificado.

(…omissis…)

De los hechos precedentes expuestos, se evidencia que las partes contratantes han dado continuidad a la relación arrendaticia posterior al vencimiento de la prórroga legal, puesto que el contrato a tiempo determinado concluye el día prefijado por la prórroga legal, sin necesidad de desahucio; en cuyo caso, ya no existe la relación concluida, está inerte, a la espera de la posibilidad de entrar en movimiento temporal y hacia otra dimensión en el tiempo, sin tiempo determinado, por las causas o motivos de excepción a que se contraen los artículos 1.600 y 1.614 del Código Civil, que establecen.

(…omissis…)

De manera indiscutible, operó la TÁCITA RECONDUCCION convirtiéndose el contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado, debido a que la presente demanda por cumplimiento de contrato por vencimiento de la prórroga legal fue planteada en fecha 1º de marzo de 2.012 ante este Tribunal, es decir, cinco (05) meses después de la fecha de vencimiento de la prórroga legal, lapso dentro del cual nuestra mandante continuó- como se ha sostenido y demuestra el mismo expediente- en la pacífica posesión de los locales arrendados, efectuando el pago oportuno y cabal mediante consignaciones arrendaticias, lo cual será debidamente demostrado por ante este Tribunal en el lapso probatorio.

(…omissis…)

Siendo la acción de cumplimiento de contrato por vencimiento de la prórroga legal ejercida por la actora no es la idónea, en razón de la naturaleza jurídica del contrato que es a tiempo indeterminado y no determinado como es nuestro caso, por haber operado la tácita reconducción, la presente demanda debe ser declarada sin lugar y conforme al criterio sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisiones Nros. 1.118 de fecha 22 de septiembre de 2004 y 684 de fecha 22 de octubre de 2008, debe forzosamente condenarse en costas procesales a la parte demandante, lo cual SOLICITAMOS sea así DECLARADO…

.-

Con respecto a este alegato, observa esta Superioridad, que es notorio en el caso de autos, que existe sobre los inmuebles plenamente identificados en este fallo, una relación arrendaticia entre la empresa DE NISCO E HIJOS, C.A., como Arrendadora y la empresa FRIGORIFICO Y CHARCUTERIA TERRA NOSTRA, C.A., como Arrendataria, según se desprende de contrato de arrendamiento celebrado el 07 de Marzo de 2008, (folios 51 al 55), con vigencia desde el Primero (1ero) de Noviembre de 2007, prorrogable por un período de un (1) año. Dicha relación arrendaticia se inicia con anterioridad, conforme lo demuestran los anteriores contratos de arrendamientos cursantes en autos, siendo el más antiguo, el celebrado el 31 de octubre de 2001, con vigencia a partir del Primero (1ero) de Noviembre de 2001 (folios 30 al 31).

Mediante documento público emanado de la Notaría Pública Primera del Municipio Chacao del estado Miranda, en fecha 14 de Septiembre de 2009, se notificó al ciudadano C.M., titular de la cédula de Identidad No.11.734.876, en su condición de Administrador de la empresa FRIGORIFICO Y CHARCUTERIA TERRANOSTRA, C.A., la intención de no renovar el contrato de arrendamiento de autos, es decir, la parte actora le participa expresamente y en tiempo hábil conforme lo pauta la cláusula segunda del último contrato de arrendamiento celebrado el 07 de Marzo de 2008, su voluntad de no prorrogar el contrato de autos.

Siendo así, considera esta Superioridad, que estamos en presencia de una relación arrendaticia a tiempo determinado, y no como lo afirma la parte demandada, que la relación arrendaticia se convirtió a tiempo indeterminado, pues en el presente caso, no se han generado los efectos de los artículos 1600 y 1614 del Código Civil, y no se ha producido la tácita reconducción, pues conocemos en esta causa, como quedó establecida la relación arrendaticia, ha constatado esta Superioridad en forma clara y precisa el inicio de la relación contractual, que fue el 01 de Noviembre de 2001 y por cuanto la relación arrendaticia duró ocho (8) años, conforme lo pauta el artículo 38 literal “C” de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, le correspondía a la parte accionada, una prórroga legal de dos (2) años, que se inició el 01 de Noviembre de 2009 y venció el 01 de Noviembre de 2011.

Sobre este aspecto, el tratadista Ricardo henriquez la Roche, en su libro Arrendamientos Inmobiliarios, página 92, señala:

18. Prórroga legal. (…) El artículo 38 de la Ley establece la novedad de un plazo de gracia o prórroga legal a favor del arrendatario, a partir del vencimiento del contrato a tiempo determinado, brindándole la opción de prolongar por un plazo adicional – variable, según la duración que haya tenido la relación arrendaticia – su permanencia en el inmueble, cuando este esté destinado a vivienda, y/o al funcionamiento o desarrollo de actividades comerciales, industriales, profesionales, de enseñaza y otras distintas de las especificadas, según lo señalado en el artículo 1º de la ley al cual remite este artículo 38 en comento…

En el presente caso, y en atención a la doctrina antes referida, se constata que la presente acción judicial se intentó el 01 de marzo de 2012, es decir, ya vencido el lapso de la prórroga legal que le correspondía a la parte demandada, contenida en el literal “C” del artículo 38 de la ley de Arrendamientos Inmobiliarios, actuación (acción Judicial), que está validamente autorizada por nuestra legislación civil venezolana, y no como lo afirma la parte demandada, que ha debido realizarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al vencimiento de la prorroga legal, ya que no existe criterio jurisprudencial alguno emanado del Tribunal Supremo de Justicia Sala de Casación Civil ó Sala Constitucional, vinculante que determine este aspecto, pues considera esta Juzgadora, que el hecho de que no se accione inmediatamente, permite concluir, que el actor estaba esperando que la arrendataria cumpliera en forma voluntaria con la entrega del inmueble de autos, conforme lo pactaron vía contractual. Planteada así las cosas, considera este Tribunal Superior Primero, que los alegatos formulados por la parte demandada en este capítulo resultan IMPROCEDENTES y ASI SE DECIDE.-

Alega la parte demandada, que es incierto que la accionante haya realizado múltiples gestiones extrajudiciales para que se efectuara la entrega de los inmuebles causándole daños y perjuicios. En este sentido, consta en autos, notificación efectuada mediante documento público, en la cual se le participa el 14 de Septiembre de 2009, a la arrendataria su voluntad de no prorrogar el contrato de autos, y la Notificación Judicial practicada por el Tribunal Séptimo de Municipio de ésta Circunscripción Judicial, en la cual, se le participa en fecha 10 de Agosto de 2011, a la parte demandada, que el lapso de prórroga legal previsto en el artículo 38, literal “C” de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, se inició el 01 de Noviembre de 2009 y culmina el 31 de Octubre de 2011, por lo que una vez vencido dicho lapso, debería entregar los inmuebles de autos, vale decir, que la parte demandada conocía su deber contractual con la entrega del inmueble de autos, con mucha anterioridad, lo cual no ocurrió, es decir, no realizó la entrega del inmueble en forma voluntaria, por ende es notorio el incumplimiento de la parte demandada, lo cual generó que la parte actora realizara la interposición de esta demanda, con el objeto de obtener por parte del órgano jurisdiccional, la entrega del inmueble, en virtud del incumplimiento voluntario de la parte accionada, por lo que el alegato formulado por la parte demandada es IMPROCEDENTE y ASI SE DECIDE.-

Alega la parte demandada que es incierto que deba pagar a la actora indemnización diaria por los daños y perjuicios compensatorios que falsamente aduce que le ha ocasionado dado el incumplimiento en la entrega del inmueble. Sobre este particular observa esta Juzgadora, que la cláusula décima segunda, del contrato celebrado el 07 de marzo de 2008, prevé que si al finalizar el contrato por cualquier causa, salvedad hecha del caso fortuito o fuerza mayor, la arrendataria no entregara los inmuebles arrendados, deberá pagar una indemnización diaria por concepto de daños y perjuicios, lo cual ocurrió en el caso de autos, por lo tanto le era factible a la parte actora solicitar, su indemnización conforme fue pactado contractualmente, la suma de OCHOCIENTOS QUINCE BOLIVARES CON CUATRO CENTIMOS (Bs.815,04) diarios, monto que equivale a la treintava (30va) parte de la cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs.24.451,20), fijado por Resolución No.00014263 del 21 de Junio de 2013, emanada de la Dirección General de Inquilinato, (folios 113 al 117), instrumento que merece todo valor probatorio a tenor de lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

En este orden de ideas, considera esta Superioridad, que la parte demandada, al no haber entregado el inmueble de autos, en la oportunidad correspondiente, le es dable a la parte actora, solicitar el cumplimiento de esta cláusula décima segunda, conforme fue pactado, de manera que el alegato formulado por la parte demandada es IMPROCEDENTE y ASI SE DECIDE.-

En el presente caso bajo estudio, observa esta Juzgadora, que la presente acción de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR VENCIMIENTO DE LA PRORROGA LEGAL, intentada por la parte actora se encuentra ajustada a derecho, pues se ha verificado que la parte demandada no cumplió con su obligación de entregar el inmueble de autos, vencido el contrato de autos y la prórroga legal, que feneció el 01 de Noviembre de 2011, por lo tanto, analizado el caso de autos, y verificado el incumplimiento contractual, no existe dudas para esta Superioridad, que procede la presente demanda, conforme a nuestra normativa legal vigente, contenida en los artículos 1.133, 1.159, 1.160, 1.167, 1.264, 1.579 y 1.584 del Código Civil, relacionados con los artículos 28, 33, 38, literal c), y 39 del Decreto con rango y fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Considera este Tribunal Superior Primero, que el fallo dictado el 26 de Febrero de 2013, por el Tribunal Décimo Tercero, se encuentra ajustado a derecho, por lo que el recurso de apelación ejercido por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el A-quo, es IMPROCEDENTE y ASI SE DECIDE.-

-IV-

DECISION

En base a los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

SIN LUGAR la apelación ejercida por la parte demandada, representada por la Abogado C.F., en fecha 10 de Abril de 2013, contra la Sentencia Definitiva dictada el 26 de Febrero de 2013, por el Juzgado Décimo Tercero de Municipio de ésta Circunscripción Judicial.-

CON LUGAR la demanda de Cumplimiento de Contrato incoada por la Sociedad Mercantil DE NISCO E HIJOS, C.A., en contra de la Sociedad Mercantil FRIGORIFICO Y CHARCUTERIA TERRA NOSTRA. En consecuencia, se ordena a la parte demandada: 1) hacer entrega material, real y efectiva, a la parte actora, de los inmuebles constituidos por los LOCALES COMERCIALES Nº 101, 102 y 103 y DEPOSITO SUR (Propiedad Horizontal), situados en la Planta Baja (Nivel 892) del CENTRO COMERCIAL EL SOL o Primera Etapa del CONJUNTO 650, Código de Catastro 01-39-17, ubicado en la Avenida Circunvalación del Sol, en la Parcela distinguida con el Nº 650 en el Plano del sector “H” de la Urbanización S.P., Municipio Baruta del Estado Miranda, Distrito Metropolitano de Caracas, a la sociedad mercantil DE NISCO E HIJOS, C.A., totalmente desocupados de personas y bienes, en el mismo perfecto estado de aseo, conservación, limpieza y mantenimiento en que los recibió al inicio de la relación arrendaticia, y solvente en el pago de todos y cada unos de los servicios públicos y/o privados de que se hayan hecho uso en dichos inmuebles, tales como consumo de agua potable, energía eléctrica, Aseo urbano, servicios medio-ambientales, relleno sanitario, servicio telefónico, Internet, etc. 2) Pagar a la sociedad mercantil DE NISCO E HIJOS, C.A., la cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE BOLIVARES CON CUATRO CENTIMOS (Bs. 815,04) por cada día que ha transcurrido después de la fecha de terminación o vencimiento de la antes referida prórroga legal (01 de Noviembre del año 2011), y hasta la entrega material, real y efectiva de los inmuebles antes identificados, como indemnización de los daños y perjuicios compensatorios causados por el incumplimiento de su obligación de entregar los precitados inmuebles, al vencimiento del plazo de la prórroga legal que le correspondió.

Se CONFIRMA el fallo apelado.-

Se condena en Costas a la parte demandada conforme a lo previsto en el artículo 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLIQUESE, REGISTRESE, Y DEJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISION.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los Doce (12) días del mes de Junio de 2013. Año 202° de la Independencia y 154° de la Federación.-

LA JUEZ,

Dra. I.P.B..

LA SECRETARIA,

Abog. MARIELA ARZOLA P.

En esta misma fecha, siendo las 2:00 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia.

LA SECRETARIA.

IPB/ma/jhonme.

EXP.No.AP71-R-2013-000435.

SENTENCIA DEFINITIVA.