Secreto y confidencialidad en relación con la información pública en la denominada Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos
| Autor | José Rafael Belandria García |
| Cargo | Universidad de Los Andes, Abogado Magna Cum Laude. Universidad Católica Andrés Bello, Especialista en Derecho Administrativo. Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Derecho Sobresaliente Cum Laude Universidad Central de Venezuela, Profesor de Derecho Administrativo. |
| Páginas | 627-647 |
Secreto y confidencialidad en relación
con la información pública en la denominada
Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional
y la garantía de los derechos humanos
José Rafa el BELANDRIA GARCÍA*
RVL J, N .º 16, 2021, pp. 627- 647.
SUMARIO
Introducción 1. La convocatoria e instalación de la Asam-
blea Nacional Constituyente y la Ley Antibloqueo para el
desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos
2. Medidas para mantener el secreto y confidencialidad en
relación con la información pública, previstas en la Ley
Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los
derechos humanos 2.1. Acceso a archivos y registros públicos
2.2. Carácter reservado de los expedientes 2.3. Prohibición de
acceso y de expedición de copias sobre información calificada
como confidencial o reservada 2.4. Declaración de reserva
por seguridad de la Nación 3. Rég imen de acceso a la i nfor-
mación pública por los órganos del Estado. Riesgo temido
de quién accede a la información y con quién se comparte.
Conclusiones
* Universidad de Los Andes, Abogado Magna Cum Laude. Universidad Católica
Andrés Bello, Especialista en Derecho Administr ativo. Universidad Complutense
de Madrid, Doctor en Derecho Sobre saliente Cum Laude Universidad Central de
Ven ez ue la, Profesor de Dere cho Administrativo.
628 Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia • N.o 16 • 2021
Introducción
En octubre de 2020, se dictó la denominada Ley Antibloqueo para el desa-
rrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, la cual, entre otras
cosas, estableció un régimen especial para el acceso a la información pública
que guarde relación con esa normativa. Esta Ley fue proferida por la Asam-
blea Nacional Constituyente instalada en el país en 2017. Cabe recordar que,
en el contexto de la severa crisis política, económica y social que atraviesa
Venezuela desde hace algún tiempo, durante ese año se convocó, en medio
de masivas manifestaciones en contra del Gobierno nacional, una Asamblea
Nacional Cons tituyente y la misma se instaló en el segundo semestre de 2017.
La referida Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los
derechos humanos (Ley Antibloqueo, en lo sucesivo) establece un marco
para la adopción de determinadas medidas dirigidas a atraer inversiones
y generar ingresos adicionales al Estado, en particular a la Administración
Pública nacional. La Ley en referencia contempla varias acciones en ese
sentido, entre las que se encuentra el reconocimiento a favor del Ejecutivo
nacional de una insólita facultad de inaplicar para casos específicos normas
de rango legal y sublegal (artículo 19); y un régimen de reserva o secreto en
relación con la información pública (artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44).
Con base en la Ley Antibloqueo se pudieran adoptar medidas o realizar ope-
raciones relativas al patrimonio de la República o que afecten al mismo.
Dicha normativa tiene un propósito de desestatización, desnacionali-
zación y privatización de la economía. De allí que el secreto en el acceso
a la información pública entraña un riesgo. La reser va en referencia tiene
como principales destinatarios a los particulares o administrados, aunque
comprende también en ciertos casos a órganos del propio Estado, como
la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y los juzgados
o tr ibunales. Por esto hay que colocar de relieve la posible dificultad para
desplegar determinados mecanismos de control institucional en situaciones
derivadas de esa normativa –fiscal, jurisdiccional– y también mecanismos de
control ciudadano.
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