Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Junio de 2006

SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado V.O.G., apoderado judicial de la sociedad mercantil SERME, C.A., contra la decisión del 9 de marzo de 2006, dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por el mencionado abogado contra la decisión dictada, el 18 de enero de 2006, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró con lugar la demanda interpuesta contra la referida sociedad mercantil por el ciudadano Frainer R.P.G., ya identificado, por cobro de prestaciones sociales.

CONFIRMA la decisión objeto de apelación, dictada el 9 de marzo de 2006, por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró inadmisible la acción de amparo incoada.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de junio dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

La Presidenta,

L.E.M.L.

El Vicepresidente,

J.E.C.R.

Los Magistrados,

P.R. RONDÓN HAAZ

F.A. CARRASQUERO LÓPEZ

Ponente

M.T.D.P.

C.Z.D.M.

A.D.J.D.R.

El Secretario,

J.L. REQUENA CABELLO

FACL/

Exp. N° 06-0512

Quien suscribe, Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, salva su voto por disentir del fallo que antecede el cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por el abogado V.O.G., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 34.752, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil SERME, C.A. contra la decisión dictada el 9 de marzo de 2006, por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por el mencionado abogado contra la decisión dictada el 18 de enero de 2006, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que a su vez declaró con lugar la demanda interpuesta contra la referida sociedad mercantil por el ciudadano Freiner R.P.G., por cobro de prestaciones sociales, con fundamento en las razones que se señalan a continuación:

1.- La mayoría sentenciadora ha determinado confirmar la decisión mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional, ejercida contra la decisión que a su vez declaró con lugar la demanda que por cobro de prestaciones sociales interpuso el ciudadano Freiner R.P.G., contra la accionante en amparo, la sociedad mercantil SERME, C.A., considerando que se configuró la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En cuanto a la configuración de dicha causal, se observó en la sentencia que antecede que ante la denuncia que pretendió hacer valer la accionante en amparo, existía una vía procesal idónea para restablecer los derechos presuntamente conculcados por la decisión accionada, cual era el recurso de invalidación previsto en el artículo 327 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Para llegar a tal conclusión, la referida sentencia previamente indicó que en “(…) materia laboral el llamado del demandado se produce mediante su simple notificación (no a través de citación), la cual puede o no ser personal, pero que no exige el cumplimiento de la vía personal, ello con el propósito de abreviar los términos, procedimientos y lapsos. Tanto su procedimiento como las vías previstas para su efectividad, se encuentran consagrados en los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo” (Resaltado de esta disidencia).

Seguidamente a dichas afirmaciones, se determinó que “(…) la Sala coincide con el a quo en cuanto al hecho de que, si lo pretendido por el apoderado judicial de la accionante es la supuesta falta de notificación, la vía idónea para restablecer los derechos supuestamente conculcados no era la acción de amparo constitucional, sino el recurso de invalidación, previsto en los artículos 327 y siguientes del Código Adjetivo Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos por el juzgador, encontrándose facultado para ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo” (Resaltado de la disidente).

Los resaltados anteriores procuran dejar en evidencia la contradicción que significa, para quien aquí disiente, de admitir que una ley prescribe una única notificación para todos los actos del procedimiento, la cual ni siquiera tiene que ser personal -bajo la justificación del principio de abreviación- para luego determinar que ante la denuncia de supuesta falta de notificación, existe el recurso de invalidación.

Si bien es cierto que el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo prevé la llamada notificación única –no citación-, que es aquélla que se lleva a cabo para la realización de la audiencia preliminar, siendo que con ella “(…) las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en esta Ley”, ello no implica la utilización equívoca de los términos jurídicos utilizados, pues no cabe duda que en el foro jurídico las diferencias entre notificación y citación, son muy claras.

Dicha diferenciación deviene trascendental, a los efectos de determinar si ante la falta de notificación procede el recurso de invalidación, sin pretender con ello establecer aquí que lo previsto en dicha ley no sea en algunos casos una verdadera citación, así como tampoco se pretende escudriñar en la necesidad de efectuar alguna otra notificación en casos de paralización del proceso.

Así las cosas, entre notificación y citación existen diferencias muy claras. En el ámbito nacional la doctrina más calificada lo ha señalado. Al respecto, el autor Rengel-Romberg, A., ha conceptualizado la citación de la siguiente manera:

En el sentido amplio, la citación es la acción y efecto de llamar a una persona a concurrir a un lugar con un objeto determinado. Sin embargo, aquí cuando se trata del estudio de los actos procesales, la citación cobra un sentido más específico y restringido, de llamada del demandado ante el juez (vocatio in ius), para un acto singular y concreto: la contestación de la demanda.

En este sentido restringido y procesal, la citación puede definirse en nuestro sistema, como el acto del juez por el cual se llama al demandado para que comparezca a dar contestación a la demanda dentro de un plazo determinado

(RENGEL-ROMBERG, A., “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Volumen II, Editorial Arte, Caracas, Tercera Edición, 1992, p. 227).

El mismo autor, al referirse a la notificación expresó en la obra citada, lo siguiente:

Uno de los casos en los cuales la ley consigna formas especiales de citación, se refiere a la continuación del juicio o para la realización de algún acto del proceso (Artículo 233 CPC); pero aquí se trata más bien de notificación a la parte o a su apoderado, del día y la hora fijados para la reanudación de la causa y no la verdadera y propia citación

(Ob. Cit.) (Negrillas de la disidente).

De igual manera, esta Sala ha reconocido la existencia de tal diferenciación, cuando por ejemplo en sentencia N° 2.864 del 20 de noviembre de 2002 (caso “Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela”), estableció el principio de la necesidad de la citación para el acto de contestación de la demanda, en los términos siguientes:

La citación es un acto procesal complejo, por medio del cual se emplaza al demandado para que dé contestación a la demanda; constituye una formalidad necesaria para la validez del juicio y es, además, garantía esencial del principio del contradictorio, pues, por un lado, la parte queda a derecho; y, por el otro, comunica al demandado que se ha iniciado un juicio en su contra y el contenido del mismo. De allí que se afirme, que la citación es una manifestación esencial de la garantía del derecho a la defensa, y, elemento básico del debido proceso (vide s S.P.A. n° 01116 del 19.09.02).

Aun cuando la citación para la contestación de la demanda constituye una formalidad necesaria para la validez del juicio (ex artículo 215 del C.P.C.), en virtud de la celeridad y de la economía procesal, el legislador atemperó con la denominada, en doctrina, citación tácita o presunta, las exigencias para su realización, pues sería contrario a la economía procesal y a la celeridad del juicio la realización de todos los trámites necesarios para la citación ordinaria, cuando conste en autos que la parte se encontraba a derecho, bien porque hubo actuado en el proceso o porque estuvo presente en algún acto del mismo; y, por ende, que tenía conocimiento de la existencia del juicio en su contra.

En ese sentido, el único aparte del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil establece la referida citación tácita o presunta, mediante una presunción iuris tantum de citación personal, cuando dispone:

‘...Sin embargo, siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la citación, han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en un acto del mismo, se entenderá citada la parte desde entonces para la contestación de la demanda, sin más formalidad’ (sic. Resaltado añadido).

La interpretación de dicha disposición, dado el carácter supremamente importante de la citación como elemento esencial para la validez del juicio, no obstante la atemperación de las formalidades no esenciales, debe ser restrictiva por cuanto estaría en juego el derecho a la defensa y al debido proceso, las cuales, en determinadas circunstancias, pueden involucrar el orden público en el sentido estricto señalado por esta Sala; lo que atentaría contra la justicia expedita y célere, pues, de darse tal vulneración, se produciría, necesariamente, la reposición de la causa. Además, la citación presunta se realiza por virtud de la Ley y no por efecto de la manifestación de voluntad del demandado.

Por todo ello, debe entenderse que, para la procedencia de la presunción de citación personal que establece la referida disposición ut supra transcrita, si bien es necesario el conocimiento de parte del demandado de la existencia de un juicio en su contra, dicho sujeto debe necesariamente imbuirse en el mismo, personalmente o por medio de apoderado, mediante la realización de una diligencia en el proceso o mediante su asistencia en un acto del mismo, de lo cual debe dejarse constancia en el expediente, para la determinación de que se encuentra a derecho en el referido procedimiento y para que, con ello, haya certeza, según la ley, de la oportunidad cuando deberá comparecer a la defensa de sus derechos (lo cual determina su diferencia con la notificación); de lo contrario se vulneraría el derecho a la defensa y al debido proceso de la parte demandada y se crearía una gran inseguridad jurídica, por cuanto el juez, de cualquier instrumento que supuestamente recoja un acto realizado fuera del procedimiento, daría por cierto el conocimiento de la parte demandada de la existencia de una demanda en su contra y, con ello, de su citación, sin que exista la certeza del momento cuando deba comparecer para la contestación de la demanda

.

El señalamiento de que la citación es el llamado que se le hace a la parte para comparecer al acto de contestación, y por el cual queda a derecho para los demás actos del proceso, en principio, es ratificado en sentencia de esta Sala, como la N° 3.127 del 15 de diciembre de 2004 (caso: “Rafael Vera Mata”), en la que se precisó que “(…) resulta importante acotar que ambas figuras poseen una gran diferencia, ya que doctrinariamente se ha establecido que la citación corresponde a la orden de comparecencia y la notificación comporta el mecanismo procedimental para llevar al conocimiento de alguna persona el contenido de la providencia judicial, situación que en el presente caso se configuró, dado que el accionante fue debidamente citado para contestar la demanda y, tanto fue así, que en vez de contestarla, opuso las cuestiones previas a que hace referencia el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil”.

Esta Sala ha sido conteste en las diferencias acotadas, pues de igual manera en sentencia N° 2.726 del 12 de agosto de 2005 (caso: “Nelson Roye Soto”), acotó lo siguiente:

(…) la diferencia entre la citación y la notificación es evidente, por cuanto, aun cuando ambos actos de conocimiento tienen por objeto la comunicación de la realización de un acto u actos procesales o de su contenido, la citación, necesariamente, implica la certeza de la oportunidad cuando deba comparecer el demandado a la realización de un acto procesal determinado (contestación) para la defensa de sus derechos. De esta manera lo entendió esta Sala Constitucional, cuando, al referirse a la citación tácita, señaló:

‘Por todo ello, debe entenderse que, para la procedencia de la presunción de citación personal que establece la referida disposición ut supra transcrita (art. 216 del C.P.C.), si bien es necesario el conocimiento de parte del demandado de la existencia de un juicio en su contra, dicho sujeto debe necesariamente imbuirse en el mismo, personalmente o por medio de apoderado, mediante la realización de una diligencia en el proceso o mediante su asistencia en un acto del mismo, de lo cual debe dejarse constancia en el expediente, para la determinación de que se encuentra a derecho en el referido procedimiento y para que, con ello, haya certeza, según la ley, de la oportunidad cuando deberá comparecer a la defensa de sus derechos (lo cual determina su diferencia con la notificación); de lo contrario se vulneraría el derecho a la defensa y al debido proceso de la parte demandada y se crearía una gran inseguridad jurídica, por cuanto el juez, de cualquier instrumento que supuestamente recoja un acto realizado fuera del procedimiento, daría por cierto el conocimiento de la parte demandada de la existencia de una demanda en su contra y, con ello, de su citación, sin que exista la certeza del momento cuando deba comparecer para la contestación de la demanda.

En el caso bajo examen, el Juzgado supuesto agraviante determinó la oportunidad de la citación para el momento cuando se realizó, de parte del demandante, la consignación de una copia de un acta continente de un acto que, además de que se realizó ante un órgano distinto al juzgado de la causa, no tenía ninguna vinculación con el proceso en curso, sin que, previamente, constara en la causa, tal y como lo exige clara y expresamente el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, alguna actuación de parte de la demandada en el mismo, con lo cual, se vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso de la demandante de amparo y se atentó contra la seguridad jurídica que constituye uno de los valores del Derecho’ (s SC n° 2864/02, del 20.11. Resaltado añadido).

De igual manera, sobre este punto, también señaló:

‘Ahora bien, esta Sala observa que, efectivamente, el 23 de septiembre de 1999, el Juzgado Segundo del Municipio S.B.d. la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, notificó al accionante de la decisión que declaró con lugar las cuestiones previas que ejerció en su oportunidad, siendo innecesario a juicio de este órgano jurisdiccional reponer la causa al estado de la práctica de una nueva notificación en dicho proceso, ya que como bien lo señaló la consultada, la misma fue librada con el cometido de participarle al quejoso de dicha declaratoria y, no como lo había dejado ver él en su escrito de amparo, cuando manifestó que dicha notificación fue practicada para contestar la demanda. En tal sentido, resulta importante acotar que ambas figuras poseen una gran diferencia, ya que doctrinariamente se ha establecido que la citación corresponde a la orden de comparecencia y la notificación comporta el mecanismo procedimental para llevar al conocimiento de alguna persona el contenido de la providencia judicial, situación que en el presente caso se configuró, dado que el accionante fue debidamente citado para contestar la demanda y, tanto fue así, que en vez de contestarla, opuso las cuestiones previas a que hace referencia el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil’ (s SC n° 3127/04, del 15.12. Resaltado añadido)

.

Por otra parte, siendo que la sentencia de la cual se disiente señala la procedencia del recurso de invalidación, lo cual se hace en referencia a que una de las causales para que proceda el mismo es “la falta de citación, o el error, o fraude cometidos en la citación para la contestación” (Vid. Artículo 328, numeral 1 del Código de Procedimiento Civil), implica que se está asumiendo que la notificación al demandado para la audiencia preliminar no es tal notificación, sino una verdadera citación, ya que no cabe duda de que dicha audiencia es un acto específico al que debe asistir el demandado, cuya inasistencia produce la admisión de los hechos, estableciendo expresamente el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que tal inasistencia se traduce en una “confesión”.

De manera que, sin establecer mediante el presente voto salvado que la notificación en referencia es de manera categórica una citación, ello es lo que se traduce de la sentencia que antecede, por lo que parece contradictorio confirmar que dicha Ley Adjetiva Laboral prevé sólo un régimen de notificación, para luego establecer que la vía idónea para atacar procesalmente la ausencia de notificación es el recurso de invalidación, el cual procede en casos de ausencia, error o fraude en la citación.

2. - En todo caso, quien disiente mediante el presente voto, también debe reparar en el hecho de que esta Sala ha conocido el mérito de causas de amparo en las que se ha denunciado el defecto en la notificación, contrariamente a lo que se ha sentenciado en la decisión asumida por la mayoría.

Ejemplo de tal aseveración lo es la sentencia N° 2.944 del 10 de octubre de 2005 (caso: “Agropecuaria Giordano, C.A.”), en la que se declaró con lugar el amparo ejercido contra la decisión judicial que declaró con lugar una demanda por cobro de prestaciones sociales, en virtud de encontrar procedente la denuncia de no haberse realizado legalmente la notificación a la audiencia preliminar, por lo cual se asumió la admisión de los hechos. A pesar de haberse ejercido el recurso de invalidación contra la sentencia denunciada, el cual fue inadmitido, ello no resultaba obstáculo alguno para hacer valer la denuncia presentada, a tenor de lo establecido en la doctrina de esta Sala (Vid. Sentencia N°. 2369/2001).

Por lo que, congruente con el primer aspecto señalado, la sentencia que antecede podría haber conocido del fondo del amparo presentado, en tanto el recurso de invalidación no procede en los supuestos de notificación, por lo que en apariencia dicho recurso no era la vía idónea.

En consecuencia, para que el mencionado recurso extraordinario pudiera proceder, la anterior sentencia debía admitir con anterioridad la exigencia de una verdadera citación para acudir a la audiencia preliminar en el juicio laboral, a pesar de la terminología de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Queda así expresado el criterio de la disidente.

La Presidenta de la Sala,

L.E.M.L.

Magistrada Disidente

El Vicepresidente,

J.E.C.R.

Los Magistrados,

P.R.R.H.

F.A.C.L.

Ponente

M.T.D.P.

C.Z.D.M.

A.D.J.D.R.

El Secretario,

J.L. REQUENA CABELLO

Exp. Nº 06-0512

LEML/

...gistrado Dr. P.R.R.H. aún cuando comparte la declaración sin lugar de la apelación y, por ende, la confirmación del pronunciamiento del a quo constitucional, mediante el cual declaró la inadmisión de la pretensión de amparo, por la falta de agotamiento de la invalidación como mecanismo procesal disponible para el logro del restablecimiento de la situación jurídica infringida; sin embargo, a favor de la coherencia que debe guardar esta Sala como consecuencia de su deber de mantenimiento de la uniformidad en las interpretaciones y aplicaciones constitucionales, considera que debió declararse la nulidad del fallo en resguardo del orden público y con fundamento en los artículos 11 y 17 del Código de Procedimiento Civil, del mismo modo como se hizo recientemente en sentencia nº 984/06 (caso: Hypercola C.A. y otros).

En efecto, tal y como sucedió en el caso que se citó (Hypercola C.A.), en la causa originaria la representación judicial de la peticionaria de amparo denunció que no se cumplieron con los requisitos necesarios para la validez de la notificación, pues dicho mecanismo de comunicación procesal no fue recibido por la secretaria de la demandada. Además, cuestionó que su práctica se ordenó mediante exhorto que fue dirigido a un Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y, sin embargo, ésta se fundamentó en el artículo 127 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (notificación por correo certificado con aviso de recibo).

En el caso que se citó esta Sala Constitucional señaló:

Es función del Juez Constitucional mantener la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; de allí que cuando los afectados por las decisiones han sido partes en el juicio donde se constatan los hechos contrarios al orden público, y ellos son generadores de esos hechos, al ser conocidos por el Juez, éste de oficio tendrá que dejar sin efectos tales determinaciones judiciales, ya que ellas contrarían el orden público constitucional y las violaciones del orden público se declaran de oficio.

Así el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil faculta al juez a proceder de oficio cuando la ley lo amerite, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal. Por otra parte, el artículo 17 eiusdem, ordena al Juez tomar de oficio las medidas necesarias para evitar el fraude procesal y los actos contrarios a la majestad de la justicia.

De allí y con base en los valores del Estado de ética y justicia, consagrados en el artículo 2 de la vigente Constitución, es posible declarar inadmisible una acción de amparo constitucional, pero seguidamente al constatar que el proceso tiene vicios contra el orden público constitucional, se puede optar por revocar actos de dicho proceso, a pesar que el amparo sea rechazado, por ser éstos vicios contrarios a la majestad de la justicia y a normas legales expresas y, mas en materia laboral que es por su esencia de orden público.

Así la Sala de Casación Civil en fallo del 24 de abril de 1998 (Caso: A.A.P. contra Constructora Concapsa C.A.) declaró sin lugar una acción de amparo constitucional, pero seguidamente al constatar que el proceso tenía vicios contra el orden público constitucional, optó por revocar unos actos, a pesar que el amparo fue rechazado. Asimismo, esta Sala Constitucional en sentencia del (Caso: Faiez A.H.B., y Otros) confirmó la sentencia objeto de consulta sometida a su conocimiento mediante la cual se declaró inadmisible el amparo interpuesto y, no obstante ello, examinó otros aspectos del caso bajo juzgamiento y, consideró que las partes actuaron contrario a la ética y probidad que debían guardar las partes en el proceso por lo que declaró inexistente el mismo.

Ahora bien, teniendo en consideración lo antes expuesto, y habiendo realizado un análisis exhaustivo del presente expediente, esta Sala Constitucional pudo constatar las siguientes actuaciones:

Corre inserto a los folios 17 al 31, la demanda interpuesta el 27 de agosto de 2003, por los ciudadanos L.G.L.L., J.G.V.B., R.A.O.M. y J.M.F.B., contra Difrescos Altagracia, C.A., Hypercola, C.A., y el ciudadano Dovilio De A.M., por cobro de prestaciones sociales y; subsidiariamente, por fraude a la ley, de la cual conoció el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo del Estado Guárico.

Corre inserta al folio 115, auto del 15 de diciembre de 2003, mediante el cual Juzgado de los Municipios J.T.M. y San J.d.G. de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, dio entrada a la comisión que le efectuara el referido Juzgado Segundo de Primera Instancia, a fin de que practicara la citación de los demandados en la causa que dio origen al presente amparo.

Consta a los folios 118, 120 y 122, sendos carteles de notificación a los demandados del 5 de diciembre de 2003, en los cuales se puede leer lo siguiente: recibidos por ‘María Secretaria’; lugar; ‘Depósito de Coca Cola’ y, fecha; ‘30-01-2004 – hora 8:30 A.M’.

Cursa a los folios 116, 119 y 121, diligencias del 2 de febrero de 2004, mediante las cuales el alguacil del tribunal comisionado informa que se traslado a la Zona Industrial de A.d.O. al depósito de Coca-Cola y fijó los carteles de notificación a los demandados, en la puerta externa, y le entregó copia y compulsa a la secretaria de nombre ‘María’, y asimismo, consignó copia en ese acto.

Al folio 125 corre inserto auto del 25 de febrero 2004, mediante el cual la Secretaria del juzgado de la causa, hoy accionado, dejó constancia del recibo de la comisión donde ‘…consta la notificación de la parte demandada, ´DIFRESCOS ALTAGRACIA, C.A.´, en la persona de su Director Genera J.A. REQUENA; DOVILIO DE A.M.; e HYPERCOLA, C.A., en la persona de su Director General ANGEL MARÍA POLACHINI MOLINA…las cuales fueron recibidas por la Secretaria María’.

De allí observa la Sala, que en el referido juicio laboral el alguacil del tribunal comisionado realizó las presuntas notificaciones de todos los codemandados, en la Zona Industrial de A.d.O. en el depósito de Coca-Cola, -que según alegó, la parte accionante no es el domicilio de la demandada- donde fijó los carteles de notificación en la parte externa y entregó las correspondientes boletas de notificación a la secretaria de nombre ‘María’, sin ninguna otra identificación de la persona a quien se le hizo entrega de dichas boletas, actuación con la cual la Secretaria del tribunal comisionante certificó el cumplimiento de las formalidades de ley, dando lugar al lapso para la verificación de la audiencia preliminar a la cual no asistieron los codemandados y, en consecuencia, se produjo la admisión de los hechos, ello en violación de lo establecido en el artículo 126 de la vigente Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece lo siguiente:

(…)

Siendo ello así, la notificación en el procedimiento laboral debe cumplir con ciertos requisitos para su validez, como garantía de que el demandado sea informado de la acción intentada en su contra a fin de oponer la defensa que a bien considere pertinente, los cuales no fueron cumplidos en el presente caso, pues, de las actas procesales no se evidencia la citación efectiva de los codemandados sino, que la notificación fue entregada a ‘María Secretaria’, lugar; ‘Depósito de Coca Cola’.

De allí, que la descripción de la persona que recibió las notificaciones, no llena los requisitos de identificación señalados en el artículo antes citado y, surge a demás la interrogante ¿secretaria de quien?, puesto que, se fijó el cartel de notificación en el depósito de Coca-cola, que no es una de la empresa demandada en el proceso que dio origen al amparo, como se evidencia del libelo de demanda antes señalado cursantes a los folios 17 al 31 del expediente, de lo cual puede inferirse que procesalmente, los codemandados nunca fueron citados, en consecuencia, no tuvieran conocimiento de la acción intentada en su contra, por lo que no pudieron asistir a la audiencia preliminar prevista en el artículo 129 eiusdem, lo que dio lugar, a la admisión de los hechos, con lo cual se violó el derecho a la defensa y el debido proceso de los hoy accionantes.

En consecuencia, esta Sala por las razones de resguardo del orden público constitucional señaladas en este fallo, con fundamento en los artículos 11 y 17 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar la nulidad del fallo dictado el 12 de marzo de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, las notificaciones efectuadas por el tribunal comisionado –Juzgado de los Municipios J.T.M. y San J.d.G. de la misma Circunscripción Judicial-, la certificación efectuada por la secretaria de la recurrida, así como todos los actos generados con dicha sentencia y en ejecución de la misma; en consecuencia, se ordena a dicho órgano judicial fijar nueva oportunidad para la audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, previa notificación de las partes, en el juicio laboral que por prestaciones sociales y subsidiariamente fraude a la ley incoaran los ciudadanos L.G.L.L., J.G.V.B., R.A.O.M. y J.M.F.B., contra Difrescos Altagracia, C.A., Hypercola C.A., y el ciudadano Dovilio De A.M.

s. S.C. nº 984/06, del 11.05).

En definitiva, aun cuando la notificación (antes citación) en materia laboral fue flexibilizada en gran medida para una mayor celeridad en los procedimientos laborales, sin embargo, para su validez deben cumplirse con una serie de requisitos mínimos, tales como, la identificación correcta de la persona que recibe la copia del cartel, si presta o no servicios para la demandada, la constancia en autos por parte del secretario del cumplimiento de la actuación que se le exige al alguacil; todo ello en garantía de cumplimiento del derecho a la defensa de la parte demandada, pues de esta forma ésta tendría pleno conocimiento de la pretensión en su contra y de la oportunidad cuando debería comparecer a la audiencia preliminar.

En conclusión, lo ajustado a derecho era, luego de la comprobación de los vicios que se denunciaron, la declaración de nulidad del fallo que expidió el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara el 18 de enero de 2006 y, por ende, la reposición de la causa al estado de que se fije una nueva oportunidad para la audiencia preliminar, previa notificación de las partes; todo ello en resguardo del orden público por el cual debe siempre velar esta Sala Constitucional y en congruencia con la sentencia que precedentemente se citó.

Queda así expresado el criterio del Magistrado que rinde este voto concurrente.

Fecha ut supra.

La Presidenta,

L.E.M.L.

El Vicepresidente,

J.E.C.R.L.M.,

P.R.R.H.

Concurrente

F.A.C.L.

…/

…

M.T.D.P.

C.Z.D.M.

A.D.J.D.R.

El Secretario,

J.L. REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar.

EXP. 06-0512.-

En virtud de la potestad que le confiere el artículo 53 del Reglamento de Reuniones de este Alto Tribunal, quien, suscribe, Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, consigna su opinión concurrente al contenido decisorio del presente fallo por discrepar del señalamiento que en este se hiciera acerca de la posibilidad de ejercer el recurso de invalidación en los procesos laborales.

En efecto, los juicios de naturaleza laboral como el del caso decidido por la concurrida se rigen por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en cuya normativa no sólo no figura la institución del recurso de invalidación sino que además, en su artículo 178, se crea una figura novedosa que abarca los mismos supuestos que aquél: el control de legalidad, respecto del cual esta Sala ha reconocido su carácter de vía o medio judicial preexistente conforme los términos señalados en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales admitiendo el amparo únicamente cuando el control de legalidad haya sido inadmitido (consúltese las sentencias de esta Sala núms. 104/2005, 331/2005, 662/2005, 882/2005, 1003/2005, 1570/2005, 3002/2005, 3099/2005 y con más rigor el fallo N° 3315/2005).

Lo cierto es que el principio de especialidad que priva en el proceso laboral exige mucha prudencia cuando se utilicen de forma supletoria normas del Código de Procedimiento Civil, de cuya hermenéutica la legislación del trabajo en Venezuela se ha deslastrado, tal como lo pretende el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que a la letra dice:

Artículo 11. Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la ley; en ausencia de disposición expresa, el Juez del Trabajo determinará los criterios a seguir para su realización, todo ello con el propósito de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. A tal efecto, el Juez del Trabajo podrá aplicar, analógicamente, disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar de derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo, cuidando que la norma aplicada por analogía no contraríe principios fundamentales establecidos en la presente Ley

.

De este modo, la propia Ley Orgánica Procesal del Trabajo indica expresamente en cuáles supuestos se aplica las normas procesales de derecho común, de manera que el silencio del legislador procesal laboral no remite supletoriamente ipso facto al Código de Procedimiento Civil, sino que faculta al juez laboral para la aplicación analógica in bonam partem, es decir, teniendo en cuenta el carácter tutelar del derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo.

Con base en lo expuesto, quien concurre en su voto, a pesar de estar consciente de que el supuesto de hecho de autos no encuadra dentro de los parámetros de procedencia del control de legalidad por no tratarse de una decisión emanada de un Juzgado Superior, discrepa de que por obra de una remisión supletoria al Código de Procedimiento Civil pretenda trasladarse al proceso laboral el recurso de invalidación, cuando en nuestra legislación procesal laboral el control de legalidad, regulado en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es al que se le atribuye los mismos supuestos que en el proceso civil se le asigna a la invalidación, con la ventaja de que resulta más expedita que la invalidación que además de ser un recurso extraordinario propio del proceso civil, desvirtúa la naturaleza de nuestro proceso laboral caracterizado por la rapidez en la resolución de los conflictos del trabajo.

En Caracas, fecha ut supra.

La Presidente,

L.E.M.L. El Vicepresidente,

J.E.C.R.

Los Magistrados,

P.R. RONDON HAAZ

F.C.L.

M.T.D.P.

C.Z.D.M. Concurrente

A.D.R.

El Secretario,

J.L. REQUENA CABELLO

Exp. N° 06-0512 CZM/