Decisión nº 1722 de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Barinas, de 3 de Abril de 2012

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS. BARINAS.

201° y 153°

IDENTIFICACION DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS.

PARTE DEMANDANTE:

Ciudadanos F.A.M. y P.A.R., venezolanos, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-8.136.820 Y V-5.358.471, respectivamente, domiciliados en el sector Las Guayabitas, Municipio Autónomo C.P.d.E.B..-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE:

L.E.A., DALILA PUGLIA PICA, JOHBING ALVAREZ, R.K. GARRIDO, ELISBEL DAVILA, J.A.G., M.F., M.G.M., H.G., S.S.M. Y K.A.G., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 60.222, 62.839, 52.877, 32.917, 31.494, 68.951, 33.540, 67.854, 69.904, 65.836 y 79.065, respectivamente. -

PARTE DEMANDADA:

Ciudadanos R.A.M.M. y M.S.M., venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad Nros V-3.917.110 y V-2.756.294, domiciliados en el sector Las Guayabitas, Municipio Autónomo C.P.d.E.B.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA:

Abogados M.A.G.M. y M.G.M., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 71.995 y 154.157, respectivamente.-

ACCIÓN: INTERDICTO RESTITUTORIO

HISTORIAL DE LA CAUSA

Previa revisión de las actas, se constató que en fecha Cinco (05) de Febrero de 2003, fue presentado ante este Juzgado, libelo de demanda contentivo de acción de INTERDICTO RESTITUTORIO, por los ciudadanos F.A.M. y P.A.R., venezolanos, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-8.136.820 Y V-5.358.471, respectivamente, asistidos por el Abogado S.S.M., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 65.386 en contra de los ciudadanos R.A.M.M. y M.S.M., venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad Nros V-3.917.110 y V-2.756.294.

EPÍTOME

Expone la parte demandante en el escrito libelar, que son poseedores desde el 15 de mayo del 2002, de un conjunto de mejoras y bienhechurias ubicadas en la Finca “El Rincón” de su propiedad construida sobre un lote de terreno propiedad de la Municipalidad de Barinas, con una extensión aproximada de DIEZ HECTAREAS (10 has) ubicada en el Sector Las Guayabitas, Jurisdicción del Municipio Autónomo C.P.d.E.B., dentro de los linderos particulares NORTE: J.R.; SUR: M.S.; ESTE: I.M. y M.F. y OESTE: Río La Yuca y R.M.. Que todo ese tiempo han venido poseyendo el lote de terreno mencionado en forma pacifica, publica, constante e ininterrumpida a la vista de todos y con el animo de dueño, que lo han cuidado y mantenido, que han fomentado una serie de bienhechurias tales como explotar cultivos de yuca, siembra de maíz, topocho, caña de azúcar y árboles frutales como aguacate, tamarindo, guamo y mamones, naranja, que han fomentado bienhechurias las cuales fueron mencionadas en el escrito presentado. Que estas actividades evidencian y constituyen prueba suficiente de la posesión que tienen en el lote de terreno.

Alegan que la posesión en la parcela de terreno la habían ejerciendo en forma pacifica y a la vista de todos sin haber sido perturbados hasta el día 10 de junio de 2002, cuando los ciudadanos SALVADOR MONTILLA Y R.M., penetraron en la parcela de su propiedad y posesión, destruyendo algunos de sus ranchos, desarmándolos y llevándose la estructura, despojándolo de esta forma de la Finca “El Rincón”. Que desde ese día (10 de junio de 2003) los ciudadanos SALVADOR MONTILLA Y R.M., en compañía de R.G., se han negado abandonar la parcela de terreno y las mejoras y bienhechurias, impidiéndoles seguir realizando las labores propias del campo y de la finca. Fundamento la acción en los artículos 699 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el 783 del Código Civil y 211 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. (Folios 01-02)

En fecha Doce (12) de Febrero de 2003, se dictó auto admitiendo la demanda, y se ordenó darle el curso de ley. Se aperturo Cuaderno separado de Medidas. (Folio 11).

En fecha Once (11) de Febrero de 2004, el Abogado S.S., presento escrito de Pruebas (Folio 41)

En fecha Dieciocho (18) de Febrero de 2004, mediante diligencia el ciudadano R.A.M. asistido por la Abogada B.E.M. inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 48.065, consigno escrito de pruebas. (Folio 45)

En fecha Nueve (09) de Marzo de 2004, el Abogado S.S. presento diligencia consignando escrito de pruebas (Folio 93 al 95 y vto)

En fecha Dieciocho (18) de Marzo de 2004, se llevo a cabo inspección judicial de pruebas (Folio 103-107)

En fecha Veinticinco (25) de Marzo de 2004, el ciudadano R.A.M. asistido por la Abogada B.E.M., presento escrito de informes (Folio 109-113). En la misma fecha el Tribunal dijo Vistos con informe de la parte querellada (Folio 115)

En fecha Diecisiete (17) de Marzo de 2005, el Abogado J.G.A., se aboco al conocimiento de la causa. (Folio 117)

En fecha Veintiocho (28) de Febrero de 2008, el abogado J.J.T., Defensor Agrario del Estado Barinas, mediante diligencia solicito se dictara sentencia (Folio 151). Mediante diligencia de fecha 06 de Marzo de 2008, ratifico el contenido de la diligencia de fecha 28/02/08. (Folio 153)

En fecha Veintisiete (27) de Junio de 2011, mediante Acta el Juez J.J.T.S., se inhibió de conocer la causa. (Folio 157)

En fecha Veintiuno (21) de Julio de 2011, el Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, mediante sentencia declaro Sin Lugar la inhibición formulada por el Juez J.J.T.S.. (Folio 166-169)

Por auto de fecha Veintisiete (27) de Julio de 2011, se abocó al conocimiento de la presente causa, el Juez Provisorio de este Juzgado, Abogado J.J.T.S., se ordenó la notificación de las partes. (Folio 173)

En fecha Trece (13) de Diciembre de 2011, los ciudadanos R.A.M. y M.S.M., mediante diligencia confirieron poder a los Abogados M.A.G.M. y M.G.M., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 71.995 y 154.157 (Folio 179). En la misma fecha los diligenciantes solicitaron la perención de la instancia (Folio 182)

CUADERNO DE MEDIDAS

En fecha Doce (12) de Febrero de 2003, se aperturo cuaderno separado de medidas, Se fijo el traslado y constitución del Tribunal a los fines de pronunciarse sobre la medida solicitada (folio 01).

En fecha Veinte (20) de Mayo de 2003, se llevo a cabo la inspección judicial fijada mediante auto de fecha 12-02-03. (Folio 05-06)

Mediante diligencia de fecha Tres (03) de Junio de 2003, el Abogado S.S. solicito al Tribunal se pronunciara sobre la medida de restitución solicitada. (Folio 07). Por auto de fecha 10/06/03, el tribunal exigió la constitución de la fianza a los fines de pronunciarse sobre la medida solicitada (Folio 08)

En fecha Dieciséis (16) de Junio de 2002, mediante diligencia el Abogado S.S. solicito se decretara Medida de Secuestro (Folio 09). Por auto de fecha 25/06/03, el tribunal negó lo solicitado. (Folio 10)

En fecha Siete (07) de Julio de 2003, el Abogado S.S. apelo del auto dictado en fecha 25/06/03). Por auto de fecha 30/07/03, se oyó la apelación y se ordeno remitir al Tribunal de alzada para que decidiera la misma (Folio 12)

En fecha Veinte (20) de Julio de 2005, el Juzgado Superior Cuarto Agrario del Estado Barinas dicto sentencia declarando sin lugar la apelación interpuesta por el Abogado S.S. en fecha 07/07/03. (Folios 69-74).

DE LA COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO PARA CONOCER DE LA ACCIÓN INTENTADA

En virtud que la presente acción versa sobre tierras con vocación de uso agrario y subsumida ésta en el supuesto del artículo 2 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y así como lo señala H.C., citando al Maestro Chiovenda, trata el punto de la llamada competencia funcional, la cual define de la siguiente manera: “cuando la ley confía a un juez una función particular, exclusiva, se dice que hay una competencia funcional. La característica esencial es la de ser absoluta e improrrogable y aún cuando parece confundirse, a veces, con la competencia por la materia y por el territorio, es, sin embargo, independiente de ella”. (Derecho Procesal Civil. H.C.. Tomo Segundo. Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca. 1993). En sentencia de la Sala Constitucional del 24 de marzo de 2000 (caso: Universidad Pedagógica Experimental Libertador), se señaló los requisitos que conforme a los artículos 26 y 49 constitucionales, debe cumplir el juez natural. Entre ellos se indicó el de ser un juez idóneo, “…de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar, en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar…”, y se agregó que dicho requisito “no se disminuye por el hecho de que el conocimiento de varias materias puedan atribuirse a un solo juez, lo que atiende a razones de política judicial ligada a la importancia de las circunscripciones judiciales”. Idoneidad y especialización se consideraron exigencias básicas en el juez natural, lo que dicha Sala Constitucional reiteró en sentencia 19 de julio de dos mil dos, (caso: CODETICA), que ello da a los jueces que ejercen la jurisdicción especial una prioridad para conocer las causas que configuran la especialidad. Y ello hace al juez agrario en este caso, el juez natural de la causa identificada en la presente acción. Y en este orden de ideas, tal y como lo ha definido meridianamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el fallo N° 1715 del 08 de agosto de 2007 con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño (caso: “INMOBILIARIA EL SOCORRO, C.A.”), en los siguientes términos:

…Respecto de las pretensiones procesales de naturaleza agraria, esta Sala reconoció la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados regulados por la mencionada Ley Orgánica, derogada por la actual Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y, en ese sentido, ha afirmado que “(…) a los tribunales con competencia en materia agraria le corresponde conocer limitadamente de las demandas en las cuales se introduce la acción y se postula la pretensión agraria, así como de las medidas y controversias que se susciten con ocasión a dicha demanda, pues debe entenderse que el esquema competencial dispuesto en el artículo 1º de la ley referida, obedece a la existencia de un vínculo directo entre la naturaleza del bien y la materia agraria (Vid. Sentencia de esta Sala N° 449 del 4 de abril de 2001, caso: “Williams B.B. y Thamara Muraschkoff De Blanco”)…”

MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

Previo al pronunciamiento de fondo correspondiente, y vistas las actas cursantes a los autos, procede este Juzgador a realizar las siguientes consideraciones:

Se observa de las actas cursantes en el expediente, que la última actuación de la parte accionante en el curso del proceso, ocurrió en fecha Veintiocho (28) de Febrero de 2008, fecha en la cual la Defensoria Agraria del Estado, mediante diligencia solicito se dictara sentencia (Folio 151) ratificando el contenido de dicha diligencia en fecha 06/05/08 (Folio 153), observándose que desde esa fecha y hasta la presente transcurrieron mas de tres (03) años y diez (10) meses, sin que conste en autos actuación alguna de la parte interesada que permita evidenciar su interés en dar continuidad al proceso y obtener un pronunciamiento definitivo que ponga fin al litigio; es decir, se verifica una inacción prolongada de las partes y en tal sentido cabe mencionar sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 956, de fecha 01 de junio de 2001, caso: F.V.G. y M.P.d.V..

… omissis ….

Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.

En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento.

Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.

(…)

La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.

Por lo regular, el argumento que se esgrime contra la declaratoria oficiosa, o a instancia de parte, de tal extinción de la acción, es que el Estado, por medio del juez, tenía el deber de sentenciar, que tal deber ha sido incumplido, por lo que la parte actora no puede verse perjudicada por la negligencia del Estado.

Todo ello sin contar que la expectativa legítima del accionante, es que la causa en estado de sentencia debe ser resuelta por el juez sin necesidad de instancia alguna, y sin que su falta de impulso lo perjudique.

Es cierto, que es un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional.

Es cierto que incumplir tal deber y obligación es una falta grave, que no debe perjudicar a las víctimas del incumplimiento; pero cuando tal deber se incumple existen como correctivos, que los interesados soliciten se condene a los jueces por el delito tipificado en el artículo 207 del Código Penal, o acusar la denegación de justicia que funda una sanción disciplinaria, o la indemnización por parte del juez o del Estado de daños y perjuicios (artículos 838 del Código de Procedimiento Civil y 49 Constitucional); y en lo que al juez respecta, además de hacerse acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza puede repetir contra él. La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por sí o por medio de otro en el archivo del Tribunal, está demostrando que su interés en ese juicio no ha decaído.

No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.

(…)

No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción

.

Criterio jurisprudencial aplicable al caso de autos, puesto que la inactividad prolongada de las partes se traduce como una pérdida de interés procesal, lo que produce la extinción del proceso, la cual puede declararse, aún de oficio por el Tribunal, debiéndose mencionar en sintonía con lo expuesto, sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 1607, de fecha 25 de octubre de 2011, caso: C.A.P.V..

… omissis ….

“El derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción que se concreta con la interposición de la demanda y los actos necesarios para el impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (vid. s.S.C. 416 del 28 de abril de 2009, caso: C.V. y otros).

El interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la administración de justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (vid. s.S.C. 686 del 2 de abril de 2002, caso: MT1 (Av) C.J.M.).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Por ello, ante la constatación de esa falta de interés, el cese de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (vid. s.S.C. 256 de 1 de junio de 2001, caso: F.V.G.).

En tal sentido, la Sala ha establecido la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia”.

En aplicación del criterio jurisprudencial supra mencionado, y habiéndose verificado en los autos la inactividad prolongada de las partes, constatándose que la última actuación de la parte accionante en el curso del proceso, ocurrió en fecha Veintiocho (28) de Febrero de 2008, fecha en la cual la Defensoria Agraria del Estado, mediante diligencia solicito se dictara sentencia (Folio 151) ratificando el contenido de dicha diligencia en fecha 06/05/08 (Folio 153), observándose que desde esa fecha y hasta la presente transcurrieron mas de tres (03) años y diez (10) meses, sin que conste en autos actuación alguna de la parte interesada que permita evidenciar su interés en dar continuidad al proceso y obtener un pronunciamiento definitivo que ponga fin al litigio, lo que denota la pérdida del interés procesal, resulta en consecuencia forzoso para este Tribunal, declarar extinguido el proceso, y así se decide.

PARTE DISPOSITIVA

Por todo lo anteriormente expuesto este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara el decaimiento del interés procesal y en consecuencia:

PRIMERO

Se declara COMPETENTE para conocer del juicio de INTERDICTO RESTITUTORIO, intentado por los ciudadanos F.A.M. y P.A.R., venezolanos, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-8.136.820 Y V-5.358.471, respectivamente en contra de los ciudadanos R.A.M.M. y M.S.M., venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad Nros V-3.917.110 y V-2.756.294, respectivamente.-

SEGUNDO

SE DECLARA EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN por pérdida de interés procesal y en consecuencia EXTINGUIDO EL PROCESO en el Juicio de de INTERDICTO RESTITUTORIO, intentado por los ciudadanos F.A.M. y P.A.R., venezolanos, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-8.136.820 Y V-5.358.471, respectivamente en contra de los ciudadanos R.A.M.M. y M.S.M., venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad Nros V-3.917.110 y V-2.756.294, respectivamente.-

TERCERO

Notifíquese a las partes de la presente decisión. Para la notificación de la parte demandante, ofíciese a la Defensoría Publica Agraria del Estado Barinas y para la parte demandada entréguese al Alguacil del Tribunal a los fines que practique la misma.

Publíquese y regístrese.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas, a los Tres (03) días del mes de Abril del año Dos Mil Doce (2012). Años 201° de la Independencia y 153° de la Federación.

EL JUEZ.-

Abg. J.J.T.S.

LA SECRETARIA,

Abg. J.W.S.P..-

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia siendo las 2:30 p.m., se libro boleta de notificación y oficio Nº 132. Conste.

LA SECRETARIA,

Abg. J.W.S.P.

JJTS/JWSP/br

Exp. Nº 4.061.-