Decisión nº 1999 de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Barinas, de 30 de Septiembre de 2013

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS.

203° y 154°

IDENTIFICACION DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS.

PARTE DEMANDANTE:

Ciudadano NEUDES B.V.H., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-3.368.276.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE:

M.R.F., D.M.D.J. y M.R.Z., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 23.807, 10.366 y 20.780, respectivamente (F.58) y J.P.G., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 16.648 (F.72).

PARTE DEMANDADA:

Ciudadanos J.M., CHAPETA H.M., CHAPETA H.P., CONTRERAS ERNESTO, J.D.P., E.A.P., E.A.G. y E.V., venezolanos y el ultimo colombiano, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nros. V-9.182.463, V-14.551.283, V-14.551.282, V-11.370.956, V-11.105.718, V-5.656.688, V-1.444.804 y E-81.912.00.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA:

L.E.A., DALILA PUGLIA PICA, JOHBING ALVAREZ, R.K. GARRIDO, ELISBEL DAVILA, J.A.G., M.F., M.G.M., H.G., S.S.M. Y K.A.G., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 60.222, 62.839, 52.877, 32.917, 31.494, 68.951, 33.540, 67.854, 69.904, 65.383, y 79.065, respectivamente (F.265 y vto.) (F.268)

ACCIÓN: INTERDICTO RESTITUTORIO

HISTORIAL DE LA CAUSA

Previa revisión de las actas, se constató que en fecha Treinta (30) de Abril de 1998, fue presentado ante este Juzgado, libelo de demanda contentivo de acción de INTERDICTO RESTITUTORIO, por el ciudadano NEUDES B.V.H., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-3.368.276, asistido por el Abogado M.R.F., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 23.807, en contra de los Ciudadanos J.M., CHAPETA H.M., CHAPETA H.P., CONTRERAS ERNESTO, J.D.P., E.A.P., E.A.G. y E.V., venezolanos y el ultimo colombiano, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nros. V-9.182.463, V-14.551.283, V-14.551.282, V-11.370.956, V-11.105.718, V-5.656.688, V-1.444.804 y E-81.912.00.-

EPÍTOME

Expone el demandante en el escrito libelar, que es poseedor de una extensión de trescientas hectáreas ubicadas en la denominada LENGÜETA DE BARINAS, adquiridas según documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Publico, del hoy denominado Municipio Autónomo E.Z.d.E.B. en fecha 12 de junio de 1978, anotado bajo el numero 148, folios 110 y 111 con sus vueltos, Protocolo Primero, Tomo III, del cual acompañó fotocopia y ubicado dentro de los siguientes linderos: NORTE: C.B.; SUR: C.A.; ESTE: Mejoras que son o fueron de F.G. y OESTE: Con mejoras que son o fueron del Dr. P.M.G., Municipio Autónomo E.Z.d.E.B..

Alega que desde el 12 de junio de 1997, ha sido perturbado en su posesión por un grupo de personas, los cuales logro identificar mediante inspecciones judiciales y actuaciones de la Guardia Nacional acantonadas en la Pedrera población del Estado Táchira. Que dicha perturbación contaba con la participación de la extinta Delegación Agraria del Estado Barinas, la cual permitió que se le viole el derecho de poseedor mediante una sistemática invasión de tierras en proceso de desarrollo, lo que se evidencia de inspección judicial y declaraciones testifícales realizadas por el Tribunal del Municipio E.Z.. Fundamento la demanda en los artículos 2, 21, 26, 29, de la derogada Ley de reforma Agraria, artículos 771, 772, 773, 782, 783 del Código Civil, articulo 6, 7, 8 de la derogada Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, articulo 699 y 700 del Código de Procedimiento Civil (F. 01-09)

En fecha 02 de Diciembre de 1998, se admitió la demanda y se ordeno la apertura del cuaderno separado de medidas (F.57)

En fecha 03 de Abril de 2001, los ciudadanos J.M., CHAPETA H.M., CHAPETA H.P., CONTRERAS ERNESTO, J.D.P., E.A.P., E.A.G. y E.V., antes identificados, asistidos por el entonces Procurador Agrario del Estado Barinas, presentaron escrito de promoción de pruebas (F.178-180). En la misma fecha el Abogado J.P.G., coapoderado judicial de la parte demandante presento escrito de promoción de pruebas (f. 213-214)

En fecha 28 de Junio de 2001, mediante diligencia el Abogado J.P.G., solicito la reposición de la causa al estado que los testigos promovidos ratifiquen su justificativo de testigos como fundamento de la querella interdictal restitutoria. (F.255-256). En fecha 10 de Julio de 2001, mediante diligencia ratifico el pedimento realizado en diligencia de fecha 28/06/01. (F.258)

En fecha 25 de Noviembre de 2002, el Juez HENRY LAREZ RIVAS se aboco al conocimiento de la causa (F.262)

En fecha 30 de Junio de 2005, el Juez JOSE GREGORIO ANDADRE PERNIA, se aboca al conocimiento de la causa. (F.270)

En fecha 24 de Octubre de 2011, por cuanto asume el cargo de Juez el Abogado J.J.T.S., se aboca al conocimiento de la presente causa y se ordena la notificación de las partes (folio 276).

CUADERNO DE MEDIDAS:

En fecha 02 de Diciembre de 1998, se aperturo cuaderno separado de medidas (F.01)

En fecha 22 de Julio de 1999, se decreto el Secuestro sobre un lote de terreno de Trescientas hectáreas (300 Has), ubicadas en el Fundo “Las Estrellas”, ubicado en la Lengüeta de Barinas cuyos linderos son: NORTE: C.B.; SUR: C.A.; ESTE: Mejoras que son o fueron de F.G. y OESTE: Con mejoras que son o fueron del Dr. P.M.G.; ubicadas en el Municipio Autónomo E.Z.d.E.B. (F.08). En fecha 07/10/99, se comisiono al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios E.Z. y A.E.B.d. la Circunscripción Judicial del Estado Barinas para ejecutar la medida decretada por este tribunal (F.16)

En fecha 21 de Marzo de 2000 se traslado y constituyo el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios E.Z. y A.E.B.d. la Circunscripción Judicial del Estado Barinas en el fundo denominado “La Estrella” a los fines de ejecutar la medida decretada por este Tribunal. En dicho acto se declaro formalmente secuestrado el lote de terreno y el Tribunal lo coloco en manos de la Depositaria Judicial Los Llanos S.R.L, representada por el ciudadano J.S.S., titular de la cedula de identidad Nro. 3.621.994. (F.41-50)

En fecha 28 de Marzo de 2000, se recibió la comisión proveniente del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios E.Z. y A.E.B.d. la Circunscripción Judicial del Estado Barinas debidamente cumplida (vto. F.52)

DE LA COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO PARA CONOCER DE LA ACCIÓN INTENTADA

En virtud que la presente acción versa sobre tierras con vocación de uso agrario y subsumida ésta en el supuesto del artículo 2 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y así como lo señala H.C., citando al Maestro Chiovenda, trata el punto de la llamada competencia funcional, la cual define de la siguiente manera: “cuando la ley confía a un juez una función particular, exclusiva, se dice que hay una competencia funcional. La característica esencial es la de ser absoluta e improrrogable y aún cuando parece confundirse, a veces, con la competencia por la materia y por el territorio, es, sin embargo, independiente de ella”. (Derecho Procesal Civil. H.C.. Tomo Segundo. Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca. 1993). En sentencia de la Sala Constitucional del 24 de marzo de 2000 (caso: Universidad Pedagógica Experimental Libertador), se señaló los requisitos que conforme a los artículos 26 y 49 constitucionales, debe cumplir el juez natural. Entre ellos se indicó el de ser un juez idóneo, “…de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar, en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar…”, y se agregó que dicho requisito “no se disminuye por el hecho de que el conocimiento de varias materias puedan atribuirse a un solo juez, lo que atiende a razones de política judicial ligada a la importancia de las circunscripciones judiciales”. Idoneidad y especialización se consideraron exigencias básicas en el juez natural, lo que dicha Sala Constitucional reiteró en sentencia 19 de julio de dos mil dos, (caso: CODETICA), que ello da a los jueces que ejercen la jurisdicción especial una prioridad para conocer las causas que configuran la especialidad. Y ello hace al juez agrario en este caso, el juez natural de la causa identificada en la presente acción. Y en este orden de ideas, tal y como lo ha definido meridianamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el fallo N° 1715 del 08 de agosto de 2007 con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño (caso: “INMOBILIARIA EL SOCORRO, C.A.”), en los siguientes términos:

…Respecto de las pretensiones procesales de naturaleza agraria, esta Sala reconoció la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados regulados por la mencionada Ley Orgánica, derogada por la actual Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y, en ese sentido, ha afirmado que “(…) a los tribunales con competencia en materia agraria le corresponde conocer limitadamente de las demandas en las cuales se introduce la acción y se postula la pretensión agraria, así como de las medidas y controversias que se susciten con ocasión a dicha demanda, pues debe entenderse que el esquema competencial dispuesto en el artículo 1º de la ley referida, obedece a la existencia de un vínculo directo entre la naturaleza del bien y la materia agraria (Vid. Sentencia de esta Sala N° 449 del 4 de abril de 2001, caso: “Williams B.B. y Thamara Muraschkoff De Blanco”)…”

MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

Previo al pronunciamiento de fondo correspondiente, y vistas las actas cursantes a los autos, procede este Juzgador a realizar las siguientes consideraciones:

Se observa de las actas cursantes en el expediente, que la última actuación de la parte accionante en el curso del proceso, ocurrió en fecha 28 de Junio de 2001, fecha en la cual, mediante diligencia el Abogado J.P.G., solicito la reposición de la causa al estado que los testigos promovidos ratifiquen su justificativo de testigos como fundamento de la querella interdictal restitutoria. (F.255-256) ratificando dicha solicitud mediante diligencia de fecha 10 de Julio de 2001 (F.258), observándose que desde esa fecha y hasta la presente transcurrieron mas de trece (13) años y dos (02) meses, sin que conste en autos actuación alguna de la parte interesada que permita evidenciar su interés en dar continuidad al proceso y obtener un pronunciamiento definitivo que ponga fin al litigio; es decir, se verifica una inacción prolongada de las partes y en tal sentido cabe mencionar sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 956, de fecha 01 de junio de 2001, caso: F.V.G. y M.P.d.V..

… omissis ….

Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.

En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento.

Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.

(…)

La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.

Por lo regular, el argumento que se esgrime contra la declaratoria oficiosa, o a instancia de parte, de tal extinción de la acción, es que el Estado, por medio del juez, tenía el deber de sentenciar, que tal deber ha sido incumplido, por lo que la parte actora no puede verse perjudicada por la negligencia del Estado.

Todo ello sin contar que la expectativa legítima del accionante, es que la causa en estado de sentencia debe ser resuelta por el juez sin necesidad de instancia alguna, y sin que su falta de impulso lo perjudique.

Es cierto, que es un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional.

Es cierto que incumplir tal deber y obligación es una falta grave, que no debe perjudicar a las víctimas del incumplimiento; pero cuando tal deber se incumple existen como correctivos, que los interesados soliciten se condene a los jueces por el delito tipificado en el artículo 207 del Código Penal, o acusar la denegación de justicia que funda una sanción disciplinaria, o la indemnización por parte del juez o del Estado de daños y perjuicios (artículos 838 del Código de Procedimiento Civil y 49 Constitucional); y en lo que al juez respecta, además de hacerse acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza puede repetir contra él. La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por sí o por medio de otro en el archivo del Tribunal, está demostrando que su interés en ese juicio no ha decaído.

No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.

(…)

No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción

.

Criterio jurisprudencial aplicable al caso de autos, puesto que la inactividad prolongada de las partes se traduce como una pérdida de interés procesal, lo que produce la extinción del proceso, la cual puede declararse, aún de oficio por el Tribunal, debiéndose mencionar en sintonía con lo expuesto, sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 1607, de fecha 25 de octubre de 2011, caso: C.A.P.V..

… omissis ….

“El derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción que se concreta con la interposición de la demanda y los actos necesarios para el impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (vid. s.S.C. 416 del 28 de abril de 2009, caso: C.V. y otros).

El interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la administración de justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (vid. s.S.C. 686 del 2 de abril de 2002, caso: MT1 (Av) C.J.M.).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Por ello, ante la constatación de esa falta de interés, el cese de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (vid. s.S.C. 256 de 1 de junio de 2001, caso: F.V.G.).

En tal sentido, la Sala ha establecido la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia”.

En aplicación del criterio jurisprudencial supra mencionado, y habiéndose verificado en los autos la inactividad prolongada de las partes, constatándose que la última actuación de la parte accionante en el curso del proceso, ocurrió en fecha 28 de Junio de 2001, fecha en la cual, mediante diligencia el Abogado J.P.G., solicito la reposición de la causa al estado que los testigos promovidos ratifiquen su justificativo de testigos como fundamento de la querella interdictal restitutoria. (F.255-256) ratificando dicha solicitud mediante diligencia de fecha 10 de Julio de 2001 (F.258), observándose que desde esa fecha y hasta la presente transcurrieron mas de trece (13) años y dos (02) meses, sin que conste en autos actuación alguna de la parte interesada que permita evidenciar su interés en dar continuidad al proceso y obtener un pronunciamiento definitivo que ponga fin al litigio, lo que denota la pérdida del interés procesal, resulta en consecuencia forzoso para este Tribunal, declarar extinguido el proceso, y así se decide.

PARTE DISPOSITIVA

Por todo lo anteriormente expuesto este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara el decaimiento del interés procesal y en consecuencia:

PRIMERO

Se declara COMPETENTE para conocer del juicio de INTERDICTO RESTITUTORIO, intentado por el ciudadano NEUDES B.V.H., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-3.368.276, en contra de los ciudadanos: J.M., CHAPETA H.M., CHAPETA H.P., CONTRERAS ERNESTO, J.D.P., E.A.P., E.A.G. y E.V., venezolanos y el ultimo colombiano, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nros. V-9.182.463, V-14.551.283, V-14.551.282, V-11.370.956, V-11.105.718, V-5.656.688, V-1.444.804 y E-81.912.00.-

SEGUNDO

SE DECLARA EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN por pérdida de interés procesal y en consecuencia EXTINGUIDO EL PROCESO en el Juicio de de INTERDICTO RESTITUTORIO, intentado por el ciudadano NEUDES B.V.H., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-3.368.276, en contra de los ciudadanos: J.M., CHAPETA H.M., CHAPETA H.P., CONTRERAS ERNESTO, J.D.P., E.A.P., E.A.G. y E.V., venezolanos y el ultimo colombiano, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nros. V-9.182.463, V-14.551.283, V-14.551.282, V-11.370.956, V-11.105.718, V-5.656.688, V-1.444.804 y E-81.912.00.-

TERCERO

Se levanta la Medida de Secuestro decretada en fecha 22 de Julio de 1999, se decreto el Secuestro sobre un lote de terreno de Trescientas hectáreas (300 Has), ubicadas en el Fundo “Las Estrellas”, ubicado en la Lengüeta de Barinas cuyos linderos son: NORTE: C.B.; SUR: C.A.; ESTE: Mejoras que son o fueron de F.G. y OESTE: Con mejoras que son o fueron del Dr. P.M.G.; ubicadas en el Municipio Autónomo E.Z.d.E.B. y ejecutada en fecha 21 de Marzo de 2000 por el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios E.Z. y A.E.B.d. la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. Ofíciese a la Depositaria Judicial Los Llanos S.R.L. participando sobre el levantamiento de la Medida de Secuestro.-

CUARTO

Notifíquese a las partes de la presente decisión. Para la notificación de la parte demandante entréguese al Alguacil del Tribunal a los fines que practique la misma y para la notificación de la parte demandada, ofíciese a la Defensa Publica Agraria del Estado Barinas.

Publíquese y regístrese.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas, a los Treinta (30) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

EL JUEZ.-

Abg. J.J.T.S.

LA SECRETARIA,

Abg. J.W.S.P..-

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia siendo las 2:30 p.m., se libraron boletas de notificación y oficio Nº 335. Conste.

LA SECRETARIA,

Abg. J.W.S.P.

JJTS/JWSP/br

Exp. Nº 1.197.-