Sentencia nº 0816 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 26 de Julio de 2005

Fecha de Resolución:26 de Julio de 2005
Emisor:Sala de Casación Social
Número de Expediente:05-545
Ponente:Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Procedimiento:Demanda
 
CONTENIDO

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado L.E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

Mediante decisión Nº 732, de fecha 16 de octubre del año 2003, esta Sala de Casación Social, admitió la solicitud de avocamiento formulada por la abogada M.N.Z., actuando en su condición de apoderada judicial de los ciudadanos L.R.D., N.C. DE MENDOZA, A.M., C.D.P., G.F., M.M., M.G., R.L., J.M.E., J.J.B., G.R.C. y J.C., titulares de las cédulas de identidad números 2.107.302, 2.082.782, 2.117.564, 1.859.550, 144.439, 3.728.047, 1.660.802, 1.888.140, 1.495.840, 1.812.677, 1.415.194, 4.630.885, 3.232.501, 1.906.617 y 2.962.354, respectivamente, en el juicio que cursa ante esta Sala de Casación Social, en el expediente signado bajo el Nº 05-545, constante de las actuaciones realizadas ante Tribunales que tienen atribuida competencia en materia laboral, con ocasión a la acción que interpusiera el ciudadano J.A.O., en su carácter de Presidente de la FEDERACIÓN NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE TELÉFONOS DE VENEZUELA (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.), representada judicialmente por los abogados W.B.R., V.L.M., J.A.R.M., Á.A.O., M.G.A., Á.D.G. y L.E.L., contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V.), representada judicialmente por los abogados E.P.S., L.A.A., M.R.P., A.D.J.S., P.S.M., M. delP.A. deV., E.P.O., M.S.P., I.G.P., G.M., C.A.C., G.N.M., Á.L.T., C.E.B.B., C.F.G., V.A.R., J.P.L., B.R.B., J.K.L., Roshermari Vargas Trejo, M.R.O., M.M.A.-Igor, A.C.J.C., J.A.R. y M.A.M.S.

Posteriormente, en fecha 7 de septiembre de 2004, esta misma Sala de Casación Social, en sentencia Nº 1.035, y en la oportunidad para decidir sobre el mérito del avocamiento acordado, declaró sin lugar la demanda propuesta por la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Teléfonos de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.), y sin lugar igualmente, las demandas que por vía de terceros interesados, intentaron los referidos ciudadanos L.R.D., N.C. DE MENDOZA, A.M., C.D.P., G.F., M.M., M.G., R.L., J.M.E., J.J.B., G.R.C. y J.C..

Luego, en sujeción a la petición que en fecha 21 de octubre de 2004, explanara el profesional del derecho L.B.L., en representación de los ciudadanos supra identificados, ante la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, a los fines que se revisara el fallo sub iudice citado, dicha Sala, en decisión de fecha 25 de enero de 2005, dictaminó ha lugar la solicitud de revisión, declarando la nulidad de la sentencia proferida por esta Sala de Casación Social y remitiendo el expediente a la misma, a efecto que dicte un nuevo pronunciamiento acatando la doctrina por ella desarrollada.

Con ocasión a la inhibición de los Magistrados Omar Alfredo Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena Cordero, y dado que en el expediente AA60-S-2005-000544, se ordenó convocar al Tercer Magistrado Suplente de esta Sala de Casación Social, Dr. J.A.L. y a la Primera Conjuez, Marjorie Acevedo Galindo, en fecha 17 de junio de 2005, se convocó a la Primera Magistrada Suplente, Dra. B.J.T.D., al Quinto Magistrado Suplente, Dr. M.A.P. y a la Segunda Conjuez, Dra. I.G.D..

No se ordenó la convocatoria de la Segunda Magistrada Suplente, Dra. N.V. deE., por haberse convocado en el expediente AA60-S-2005-000480.

La convocatoria del Quinto Magistrado Suplente, Dr. M.A.P., responde a la imposibilidad en convocar a quien fuera designado como Cuarto Magistrado Suplente de esta Sala de Casación Social, Dr. A.E.P., al no haber prestado la juramentación de rigor.

Vista la excusa presentada por el Quinto Magistrado Suplente, Dr. M.A.P., y en razón de la convocatoria para conocer de la presente causa formulada a la Primera Magistrada Suplente, Dra. B.J.T.D. y de la Segunda Conjuez, Dra. I.G.D., se ordenó convocar a la Tercera Conjuez, Dra. H.D.R. deL., en fecha 20 de junio de 2005.

Habiendo manifestado su aceptación los convocados, en fecha 29 de junio de 2005, se constituyó la Sala Accidental de esta Sala de Casación Social, quedando conformada de la manera que sigue: Presidente de la Sala y Ponente, Magistrado L.E. Franceschi Gutiérrez; Vicepresidenta, Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa; Magistrada Suplente, B.J.T.D.; Conjuez, I.G.D. y Conjuez, H.D.R. deL..

Por ende, encontrándose esta Sala en la oportunidad de emitir el pronunciamiento de fondo, con relación al avocamiento acordado y en el ámbito de la doctrina especificada por la Sala Constitucional, en su fallo Nº 03, de fecha 25 de enero de 2005, pasa a hacerlo bajo la ponencia del Magistrado, que con tal carácter la suscribe y en los términos siguientes:

I

ANTECEDENTES DEL CASO

La exégesis del presente caso, que para una mejor ilustración resume esta Sala de Casación Social, tiene su origen en la demanda de fecha 20 de marzo de 1997 (folio 1 al 147 pieza 1), interpuesta por el ciudadano J.A.O., en su carácter de Presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Teléfonos de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.), y en representación de un gran número de personas, tres mil cuatrocientas ocho (3.408), que son consideradas jubilados y pensionados de la sociedad mercantil Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.), pretendiendo el pago de seiscientos nueve mil seiscientos bolívares (Bs. 609.600,00), para cada uno de ellos por concepto de ajustes de sus pensiones de jubilación, de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas 28 de los Contratos Colectivos, correspondientes a los períodos del 01/01/93 al 31/12/94 y del período 01/01/95 al 31/12/96, lo que deviene en una cantidad total a cancelar de dos mil setenta y siete millones quinientos diez y seis mil ochocientos bolívares (Bs. 2.077.516.800,00). Asimismo, pretenden la cancelación de los aumentos salariales que pudieran surgir de futuras contrataciones colectivas en las mismas condiciones pactadas, para los trabajadores activos. Por último, solicitan para una mayor exactitud de las cantidades demandadas, que una vez dictada la sentencia, se ordene la experticia complementaria del fallo, para determinar la cantidad adeudada a cada uno de los jubilados, incluyendo la corrección monetaria.

Señala el demandante como fundamento al derecho que reclama, que en sentencia de fecha 27 de junio de 1991, la Corte Suprema de Justicia, reconoció la aplicabilidad de los artículos 25 y 27 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, al régimen de jubilaciones y pensiones establecidos en las contrataciones colectivas pactadas por la empresa C.A.N.T.V., y sus trabajadores. Continúa señalando la parte demandante que sobre esta materia, la Corte Suprema de Justicia, estableció que los jubilados y pensionados de la C.A.N.T.V., gozan de los mismos beneficios salariales que tienen los trabajadores activos a través de los convenios colectivos. Por otro lado, señala que la C.A.N.T.V., ya privatizada en reconocimiento de la aplicabilidad del artículo 27 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, otorgó a los jubilados y pensionados el aumento general previsto en la Contratación Colectiva de año 1991-1992, tal y como se evidencia del oficio N° 910940, de fecha 28 de octubre de 1991, emanado del Vicepresidente de Organización y Recursos Humanos de la empresa. Por último, se sustenta la actual acción en el artículo 23 de la Ley de Privatización, la cual establece que dicho proceso no puede afectar los derechos de los trabajadores y que tanto las convenciones colectivas, usos y costumbres laborales, así como los derechos adquiridos de los trabajadores, no pueden ser desmejorados salvo que sean sustituidos por otros que superen o mantengan la misma amplitud. De este modo, indica el demandante, que en todo caso no se pretende que se aplique la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, a la empresa C.A.N.T.V., hoy privatizada, lo que se está exigiendo es que los beneficios económicos logrados por los jubilados y pensionados de la empresa, en virtud de la aplicación de dicha ley se mantengan, pues esa ha sido la intención de las disposiciones normativas y de la jurisprudencia analizada.

Admitida la demanda por auto de fecha 10 de abril de 1997, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (folio 456 pieza 1), se ordenó la citación de la accionada para dar contestación a la misma en el término de ley.

Del folio 19 al 30 de la 2ª pieza, cursa escrito suscrito por los abogados L.A.B. y G.M., en su carácter de apoderados de la empresa C.A.N.T.V., de fecha 16 de junio de 1997, en el cual oponen cuestiones previas por falta de competencia del tribunal, así como la ilegitimidad de la persona que se presenta como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio. Oponen igualmente la ilegitimidad de la persona que se presenta como apoderado o representante de los actores, dado que el poder no está otorgado en forma legal y por último, opusieron la cuestión previa por defecto de forma de la demanda y por inepta acumulación de pretensiones.

Mediante escrito de fecha 27 de junio de 1997 (folio 31 al 43 pieza 2), el ciudadano J.A.O., Presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Teléfonos de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.), asistido por el abogado W.B.R., rechaza y contradice las cuestiones previas opuestas por la demandada, promoviendo las pruebas conducentes en fecha 04 de julio de 1997 (folio 55 y 56 pieza 2), siendo estas admitidas en la misma fecha (folio 74 pieza 2).

En fecha 04 de noviembre de 1998 (folio 88 al 128 pieza 2), el Tribunal Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dicta sentencia interlocutoria y declara sin lugar la cuestión previa opuesta por la demandada, relativa a la incompetencia del tribunal por razón de la materia, contenida ésta en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y como consecuencia de ello, asume la competencia para conocer del presente asunto, sin perjuicio al derecho que tienen las partes de solicitar la regulación de competencia, según lo dispuesto en el artículo 67 eiusdem.

En fecha 23 de febrero de 1999 (folio 139 y 140 pieza 2), la parte demandada solicita la regulación de competencia, remitiéndose el expediente al Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de distribuidor.

Mediante auto de fecha 08 de marzo de 1999 (folio 379 pieza 2), fue recibido el expediente en el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

El Juzgado Superior Segundo del Trabajo, antes identificado, en fecha 24 de marzo de 1999 (folio 380 al 386 pieza 2), resuelve la solicitud de regulación de competencia y la declara sin lugar, conservando en consecuencia la competencia los tribunales laborales.

Recibido el expediente por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de agosto de 1999 (folio 4 al 56 pieza 3), resuelve las restantes cuestiones previas pendientes por efecto de la solicitud de regulación de competencia, y declara con lugar la cuestión previa de ilegitimidad de la persona que se presenta como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio y la ilegitimidad de la persona que se presenta como apoderado o representante de los actores, porque el poder no está otorgado en forma legal, todo ello contenido en el ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, declaró sin lugar las cuestiones previas por defecto de forma de la demanda contenidas en el ordinal 6° del artículo 346 eiusdem.

En fecha 15 de octubre de 1999 (folio 65 al 72 pieza 3), comparece ante el Tribunal de la causa la parte demandante, a los efectos de subsanar las cuestiones previas, declaradas con lugar.

Al folio 73 de la 3ª pieza, consta escrito de fecha 21 de octubre de 1999, suscrito por la abogada Roshermari Vargas Trejo, en donde solicita al Tribunal a-quo declare extinguido el proceso, por cuanto el demandante no subsanó correctamente las cuestiones previas declaradas con lugar, al no consignar los instrumentos poderes de los tres mil trescientos diez (3.310) (sic) jubilados y pensionados demandantes.

El Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 25 de octubre de 1999 (folio 74 al 94, 3° pieza), dictó sentencia declarando extinguido el proceso por la falta de subsanación de la cuestión previa opuesta por la demandada, con fundamento en el ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 27 de octubre de 1999 (folio 95, 3ª pieza), la parte demandante apela de la decisión de fecha 25 de octubre de 1999.

En fecha 28 de febrero del año 2000 (folio 177 al 188 pieza 3), comparecen por ante el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, a los efectos de ratificar el mandato conferido al ciudadano J.A.O., Presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.), los ciudadanos L.R.D., N.C. de Mendoza, A.M., C.G., C. deP., O. deF., J.J.B., R.L. y J.M.E., actuando todos en su carácter de litisconsortes a la demanda principal, asistidos por el abogado L.B.L..

En fecha 13 de junio del año 2000 (folio 79 al 138, 4ª pieza), el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia sobre la apelación ejercida por la parte demandante en fecha 27 de octubre de 1999, contra el fallo de fecha 25 del mismo mes y año, que declaró extinguido el proceso. En este sentido decidió: 1) Con lugar la apelación interpuesta; 2) sin lugar la suspensión del proceso solicitada por la parte demandada; 3) subsanadas las cuestiones previas previstas en el ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, mediante el escrito presentado por la parte demandante en fecha 15 de octubre de 1999; 4) revoca la decisión de fecha 25 de octubre de 1999, emanada del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y; 5.) ordena al Tribunal a quo fijar por auto expreso la oportunidad para la contestación de la demanda para dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes al recibo del expediente.

Mediante escrito de fecha 27 de junio del año 2000 (folio 147 pieza 4), la apoderada judicial de la parte demandada anuncia recurso de casación contra la sentencia de fecha 13 de junio del año 2000, dictada por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Por auto de fecha 14 de julio del mismo año (folio 153 y 154 pieza 4), el referido Tribunal, niega la admisión del recurso de casación.

En fecha 20 de julio del año 2000, la apoderada de la parte demandada ocurre de hecho para ante el Tribunal Supremo de Justicia (folio 155, pieza 4), contra el auto de fecha 14 de julio del mismo año.

Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se dicta sentencia en fecha 23 de noviembre del año 2000 (folio 218 al 229 pieza 4), declarando sin lugar el recurso de hecho incoado contra la decisión de fecha 14 de julio del año 2000.

Llegada la oportunidad fijada para la contestación a la demanda, comparecieron los abogados L.A.A., V.A. y Rhosermari Vargas Trejo, en su carácter de apoderados de la empresa Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.), y consignaron escrito en 20 folios útiles, insertos entre los folios 287 al 306 de la 4ª pieza.

Del folio 338 al 402 de la 4ª pieza, consta escrito de promoción de pruebas y sus anexos, de fecha 13 de febrero del año 2001, suscrito por los abogados V.A. y Roshermari Vargas Trejo, en su carácter de apoderados de la parte demandada. Por su parte, los abogados V.L.M., L.E.L., M.G.A. y Á.D.G., en su condición de apoderados de la parte actora, presentaron escrito de promoción de pruebas cursantes a los folios 403 al 449 de la pieza 4, siendo sus anexos agregados por separado en cuadernos de recaudos, según consta en auto de fecha 19 de febrero del año 2001 (folio 450 pieza 4).

En fecha 12 de marzo del año 2001 (folio 9 pieza 5), la parte demandante se opone a la admisión de las pruebas de la parte demandada.

Mediante auto de fecha 19 de marzo del año 2001 (folio 14 pieza 5), se admiten las pruebas promovidas por las partes.

Mediante auto de fecha 19 de marzo del año 2001 (folio 16 pieza 5), el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, niega la oposición hecha por la parte actora, contra las pruebas promovidas por la demandada en fecha 12 de marzo del año 2001.

En fecha 25 de abril del año 2001 ( folio 101 al 114 pieza 5), comparecen por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, en condición de partes litisconsorciales con la demanda principal los ciudadanos L.R.D., N.C. de Mendoza, A.M., C. deP., G.F., M.M., M.G., R.L. y J.M.E., J.J.B. y G.R.C., todos asistidos por la abogada M.N.Z., a objeto de introducir demanda litisconsorcial.

Consta en los folios 3 al 9 pieza 6, escrito de conclusiones de fecha 30 de abril del año 2001, suscrito por los abogados L.A.A.B., B.R., M.M.A.-Igor y M.R.Q., en el carácter de apoderados de la parte demandada.

Asimismo consta desde los folios 25 al 63, escrito de conclusiones de fecha 30 de abril del año 2001, suscrito por los abogados V.L.M., M.G.A., Á.D.G. y L.E.L., con el carácter de apoderados de la parte actora.

En fecha 09 de mayo del año 2001 (folios 69 y 70 pieza 6), las partes litisconsortes en este procedimiento, solicitan la admisión de la demanda litisconsorcial.

Por auto de fecha 30 de octubre del año 2001 (folio 34 pieza 7), el Juzgado Noveno de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admite la solicitud planteada en fecha 25 de abril del mismo año, aceptando de acuerdo a lo establecido en el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, la intervención como terceros adhesivos en el juicio de los ciudadanos, L.R.D., N.C. de Mendoza, A.M., C. deP., G.F., M.M., M.G., R.L., J.M.E., J.J.B., G.R.C. y J.C..

En fecha 22 de abril del año 2003, la abogada M.N.Z., solicita por ante la Secretaría de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, el avocamiento de la causa, siendo declarada con lugar su petición en fecha 16 de octubre del año 2003.

En sentencia de fecha 7 de septiembre de 2004, esta misma Sala de Casación Social, decide el mérito del avocamiento, declarando sin lugar la demanda propuesta por la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Teléfonos de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.), y sin lugar igualmente, las demandas que por vía de terceros interesados intentaron los ciudadanos L.R.D., N.C. DE MENDOZA, A.M., C.D.P., G.F., M.M., M.G., R.L., J.M.E., J.J.B., G.R.C. y J.C., titulares de las cédulas de identidad números 2.107.302, 2.082.782, 2.117.564, 1.859.550, 144.439, 3.728.047, 1.660.802, 1.888.140, 1.495.840, 1.812.677, 1.415.194, 4.630.885, 3.232.501, 1.906.617 y 2.962.354, respectivamente.

Contra la identificada decisión, en fecha 21 de octubre de 2004, el abogado L.B.L., en representación de los ciudadanos supra identificados, interpuso solicitud de revisión ante la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.

En fecha 25 de enero de 2005, la Sala Constitucional decide la solicitud, ponderando ha lugar la misma y declarando la nulidad de la sentencia sujeta a revisión, remitiendo el expediente a esta Sala de Casación Social, a efecto que dicte un nuevo fallo.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Debe preliminarmente advertir esta Sala, que la presente decisión se soporta estrictamente en su construcción argumental, conteste con los lineamientos esbozados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia de fecha 25 de enero de 2005, signada con el Nº 03, ello, en acatamiento al carácter vinculante de la potestad de revisión atribuida a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia (artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

PUNTO PREVIO

La empresa demandada expuso en su escrito de la litiscontestación, lo siguiente:

En el supuesto negado que este tribunal considere que la pretensión de FETRAJUPTEL de extender los aumentos dados a los trabajadores activos en las convenciones colectivas de los años 1993, 1995, 1999 y el laudo arbitral de 1997, a los terceros relacionados en el libelo de la demanda como supuestos pensionados y jubilados de la demandada, oponemos la prescripción de la acción intentada en atención a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, la de un año.

Para el supuesto negado que este Tribunal considere que la anterior prescripción prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, no sea la aplicable oponemos la prescripción prevista en el artículo 1980 del Código Civil, que señala que prescribe a los tres (3) años todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos (Ver sentencia de la Sala de Casación Social del 29 de mayo del año en curso identificada anteriormente). En tales casos, cada pago periódico tiene su propio lapso de prescripción. Así en el supuesto negado de que mi representada tuviese que cancelar cantidades correspondientes a ajustes por pagos periódicos hechos anteriormente, tal obligación solo podría ser exigida por lo que respecta a los pagos periódicos cuyo pago no se encuentra prescrito

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De la transcripción precedentemente expuesta, se observa que la parte demandada opone la prescripción de la presente acción con fundamento en lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual establece que “Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios”. Continúa señalando la parte demandada, que para el supuesto negado que se considere que la anterior prescripción no sea la aplicable al caso, se opone la prescripción de la acción establecida en el artículo 1.980 del Código Civil, la cual señala que el lapso de prescripción es de tres (3) años, para todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos.

Pues bien, constata la Sala al Capítulo VI del escrito de contestación, calificado “De la prescripción de la acción propuesta”, una diáfana carencia en la motivación o sustento de dicha defensa de fondo, limitándose a señalar la demandada que “tal obligación sólo podrá ser exigida por lo que respecta a los pagos periódicos cuyo pago no se encuentra prescrito”, omitiendo indicar cuáles son esos pagos que se consideran ya prescritos, por lo que, al no poder esta Sala de Casación Social, suplir argumentos no alegados por la misma, debe declarar improcedente la invocada defensa de fondo relativa a la prescripción de la acción. Así se decide.

DE LA DECISIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL

Ahora bien, la sentencia Sala Constitucional sostuvo como base conceptual lo siguiente:

“En primer lugar, la Sala constata que la Sala de Casación Social con fundamento en sentencias número 483 del 29 de mayo de 2000 (Caso: Queremos Elegir y Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero-marzo de 1.989 (C.O.F.A.V.I.C.) y número 656 del 30 de junio de 2000 (Caso: Defensoría del Pueblo) acertadamente estimó que: "...el carácter colectivo o difuso de los intereses en juego, cuya representación fuera asumida por la demandante, concierne a personas indeterminadas y no, como en este caso, a individuos perfectamente particularizados e identificados". En efecto, en las decisiones anteriormente citadas y en sentencia número 3.648 del 19 de diciembre de 2003, la Sala realizó una síntesis con fundamento en los precedentes sentados en distintas oportunidades, referida a los derechos e intereses colectivos o difusos y en ella se indicó que: “en materia de indemnizaciones por intereses colectivos, ellas sólo pueden ser pedidas por las personas jurídicas para sus miembros constituidos conforme a derecho, y los particulares para ellos mismos, al patentizar su derecho subjetivo, sin que otras personas puedan beneficiarse de ellas; pero en lo referente a la condena sin indemnización, al restablecimiento de una situación común lesionada, los otros miembros del colectivo pueden aprovecharse de lo judicialmente declarado, si así lo manifestaren”.

Ahora bien, dado que el presupuesto de los intereses colectivos y difusos es la uniformidad de intereses, bien de sujetos indeterminados, como de grupos sociales determinados, en una sola dirección y con un mismo propósito, lo cual pareciera no ocurrir en el presente caso ya que aquí podría producirse un fallo que lesione el interés jurídico de otro sector de la sociedad no representado por los hoy peticionantes. Lo anterior, en modo alguno significa que su pretensión no pueda ser satisfecha judicialmente. Por el contrario, la misma ha de serlo mediante la utilización de medios que permitan la contención del interesado en los resultados del juicio y no mediante la acción de intereses colectivos tal y como apreció la sentencia sometida a revisión de la Sala, en la cual se aceptó la legitimidad de los solicitantes como particulares, esto es el que posee cualquier ciudadano de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en garantía de su derecho de petición y de acceso a una tutela judicial efectiva consagradas en el texto constitucional.

Precisado lo anterior, observa la Sala, que lo que peticionado por la parte actora ante la Sala de Casación Social fue que la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.) ajustase las pensiones que venían recibiendo los jubilados y pensionados de dicha compañía, según los aumentos contractuales obtenidos por los trabajadores activos.

Ahora bien, aprecia la Sala que la decisión objeto de revisión tuvo como fundamento “el que la privatización de C.A.N.T.V., colocó a esta empresa fuera del ámbito de aplicación de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, de manera que dicha Ley no es aplicable a la C.A.N.T.V., a raíz y a partir de su privatización ocurrida el 3 de diciembre de 1991, fecha correspondiente al documento de compraventa de acciones cursantes en autos” y por ello estimó que lo solicitado por los hoy demandantes en aplicación de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, carecía de fundamento.

Observa la Sala, que por remisión expresa del artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el sistema de seguridad social se encuentra regulado por una Ley Orgánica especial que en la actualidad es la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.600 del 30 de diciembre de 2002, la cual derogó el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Nº 425, que regula el Subsistema de Salud, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.398, Extraordinario, del 26 de octubre de 1999; el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Nº 366, que regula el Subsistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.392, Extraordinario, del 22 octubre de 1999, y el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Nº 426 que regula el Subsistema de Pensiones, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.398, Extraordinario, del 26 de octubre de 1999. De la misma manera se observa que la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, dispone en su artículo 134 lo siguiente:

Artículo 134. Hasta tanto se promulgue la Ley que regule el Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, se mantiene vigente la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.850 Extraordinario, de fecha 18 de julio de 1986 y su reglamento, en cuanto sus disposiciones no contraríen las normas establecidas en la presente Ley

.

Observa la Sala que las disposiciones anteriormente referidas no fueron tomadas en consideración por la Sala de Casación Social, en la sentencia que dictó el 7 de septiembre de 2004.

De la misma manera, indicó la sentencia sometida a revisión que al caso de autos no resultaba aplicable la disposición del artículo 23 de la Ley de Privatizaciones, promulgada el 10 de marzo de 1992, que indica lo siguiente:

La privatización de cualquier ente, compañía o instituto del Estado, no puede afectar los derechos de los trabajadores en su relación laboral.

Parágrafo Único: Las convenciones colectivas, usos y costumbres laborales así como los derechos adquiridos de los trabajadores no podrán ser desmejorados, salvo que sean sustituidos por otros beneficios que en su totalidad superen o por lo menos mantengan la misma amplitud de los derechos vigentes para la fecha anterior a la privatización

.

La Sala de Casación Social indicó que la norma anterior no abarca “derechos de ex trabajadores provenientes de una jubilación convencional.” y concluyó que el “estado jurídico de ser jubilado, es esencialmente distinto al del trabajador, y por ello no cabe a favor del jubilado o pensionado, así como ni de sus familiares beneficiarios de la jubilación que nunca fueron trabajadores, indicados en el artículo 13 del Anexo “C” de la Contratación Colectiva, una interpretación extensiva del artículo 23 de la Ley de Privatizaciones cuyo texto se circunscribe a fin de preservar los derechos de los trabajadores solamente”.

La anterior afirmación sirvió como fundamento para desechar la demanda de los ciudadanos L.R.D., N.C. de Mendoza, A.M., C. deP., G.F., M.M., M.G., R.L., J.M.E., J.J.B., G.R.C. y J.C., en su condición de jubilados de la referida empresa, sin entrar a analizar los montos de las jubilaciones que éstos reciben de la misma y el fundamento de su pretensión.

En efecto, observa esta Sala que la sentencia que dictó el 7 de septiembre de 2004 la Sala Casación Social, tal y como se señaló anteriormente, con fundamento en disposiciones legales dictadas bajo la vigencia de la Constitución de 1961, infringió lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual consagra lo siguiente:

Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.

Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.

Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.

Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.

Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.

Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los o las protegerá contra cualquier explotación económica y social

.

Debe precisar esta Sala que al establecerse una distinción entre un funcionario público y un trabajador de la empresa privada, en virtud de la privatización de la referida empresa y posteriormente entre la condición de trabajador y la de jubilado, la decisión objeto de examen resulta discriminatoria e infringe el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desconociendo precisamente la naturaleza progresiva e intangible de los derechos laborales. De la misma manera, se desconoció la intención del constituyente consagrada en la referida norma, que hace prevalecer la realidad sobre las formas o apariencias en materia laboral.

Al respecto, esta Sala Constitucional, en sentencia número 708 del 10 de mayo de 2001 (Caso: J.A.G. y otros), declaró:

…Observa esta Sala, que el artículo 26 de la Constitución vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los mínimos imperativos de la justicia sean garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados.

El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

La conjugación de artículos como el 2, 26 ó 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles.

[omissis]

Ha dicho esta Sala, reiteradamente, que los errores de juzgamiento en que pueda incurrir el juez en el cumplimiento de su función, en la escogencia de la ley aplicable o en su interpretación, o en la apreciación de los hechos que se les someten y las infracciones legales, sólo será materia a conocer por el juez constitucional cuando constituyan, a su vez, infracción directa de un derecho constitucionalmente garantizado

. (subrayado añadido).

De la misma manera, esta Sala Constitucional constata que la Sala de Casación Social no tomó en cuenta ni analizó las disposiciones contenidas en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los que se consagra lo siguiente:

Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello

.

Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial

.

El concepto de seguridad social consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe ser entendido como un sistema que abarca toda una estructura que integra entes de derecho público-sistema de asistencia y seguridad social, configurado bajo el régimen único de seguro social entendido, en su acepción tradicional- al igual que el régimen privado, cuyo objeto común es garantizar la obtención de los medios económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos titulares del derecho a pensiones y jubilaciones. En consecuencia, resulta obligatoria la aplicación del artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los diferentes entes de derecho público o privado, distintos de la República, que hayan implementado mecanismos alternativos de pensiones y jubilaciones, por ser considerados como parte integrante del actual sistema de seguridad social, inclusive aquellos derivados de las contrataciones colectivas o laudos arbitrales, como es el caso, determinando que, según lo dispuesto en dicha norma, el monto que pagan los sistemas alternativos de jubilaciones y pensiones a sus beneficiarios no puede ser inferior al salario mínimo urbano. En este contexto cabe destacar que, el principio de la Seguridad Social es de orden público y no se puede modificar ni por convención colectiva ni por convenio entre particulares. En tal sentido, esta Sala ha indicado en decisión número 85 del 24 de enero de 2002 (Caso: Asodeviprilara) que:

...el Estado Social de Derecho no sólo crea deberes y obligaciones para el Estado, sino también en los particulares, los cuales -conforme a las normas transcritas- serán de mayor exigencia cuando el sector privado incide en áreas socio-económicas. La protección que brinda el Estado Social de Derecho, varía desde la defensa de intereses económicos de las clases o grupos que la ley considera se encuentran en una situación de desequilibrio que los perjudica, hasta la defensa de valores espirituales de esas personas o grupos, tales como la educación (que es deber social fundamental conforme al artículo 102 constitucional), o la salud (derecho social fundamental según el artículo 83 constitucional), o la protección del trabajo, la seguridad social y el derecho a la vivienda (artículos 82, 86 y 87 constitucionales), por lo que el interés social gravita sobre actividades tanto del Estado como de los particulares, porque con él se trata de evitar un desequilibrio que atente contra el orden público, la dignidad humana y la justicia social. (Ver sentencia 2403 de esta Sala de 27-11-01).

Se trata de evitar los perjuicios derivados de una desigualdad en las relaciones, proveniente de que una de las partes se encuentra en una posición dominante ante otras que forman un grupo o una clase social, por lo que dichas relaciones, de carecer de tutela efectiva, generarían una situación desproporcionadamente ventajosa para quien se encuentra naturalmente en la posición dominante sobre los miembros de las clases o grupos que en tal relación, les correspondería estar en situación de inferioridad. No se trata sólo de la desproporción que puede existir entre el poderoso económico que explota a los menesterosos, sino que puede ocurrir en otras relaciones donde por motivos tecnológicos o de otra índole, una de las partes del contrato, debido a su posición, lesiona en su calidad de vida, al otro contratante, quien incluso podría formar parte del grupo privilegiado, pero que en este tipo de relación queda igualado a la masa explotable. Ello puede ocurrir -por ejemplo- con consumidores de bienes, cuya publicidad masiva y subliminal los presiona inconscientemente a su adquisición; o con usuarios de servicios públicos necesarios o de bienes esenciales de amplia distribución, que no reciben dichos servicios o bienes en la calidad y condiciones requeridas, ni dentro de una relación de armonía entre lo recibido y lo pagado por ello; o con aquellos a quienes colectivamente se les sorprende en la buena fe, al no prestarles la información comprensible y necesaria, abusando de la ignorancia y obteniendo sobre ellas leoninas ventajas

.

En consecuencia, la protección que el Estado brinda al hecho social trabajo, incide directamente en el contexto de toda la sociedad, ya que ello puede conllevar a un alto índice de desempleo y una serie de inconvenientes colaterales socioeconómicos que de mantenerse causarían daños, tanto a los trabajadores, como a los entes públicos vinculados al caso. Tal protección no debe excluir a quienes ostenten la cualidad de pensionados o jubilados, ya que el cobro de las pensiones de jubilación forma parte del carácter irrenunciable del que gozan los derechos laborales previstos en el Texto Fundamental.

A juicio de la Sala, se encuentra que la jubilación se incluye en el derecho constitucional a la seguridad social que reconoce el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -artículo 94 y 2 de la Enmienda de la Constitución de 1961- como pensión de vejez para la persona que cumplió con los requisitos de edad y años de servicio para que sea recipendiaria de tal beneficio de orden social, pues su espíritu es, precisamente, garantizar la calidad de vida del funcionario público o trabajador privado, una vez que es jubilado.

En ese sentido, la Sala considera que la pensión de jubilación, por definición, si bien debe ser calculada sobre la base de los últimos sueldos que percibió el beneficiario de la misma, no puede ser inferior al salario mínimo urbano, tal y como lo ordena el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí que, en el caso de autos, al no tomarse en cuenta ni considerar el cumplimiento de la disposición constitucional para el cálculo de las pensiones de jubilación, se vulneró ese derecho constitucional.

De la misma manera, cónsono con lo expuesto precedentemente, se aprecia que la decisión sometida a revisión de la Sala vulneró el carácter irrenunciable del que gozan los derechos laborales, al excluir a quienes ostenten la cualidad de pensionados o jubilados del beneficio de los aumentos en las pensiones de jubilación proporcionales a los incrementos salariales que reciban los trabajadores activos de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela producto de las contrataciones colectivas.

Ciertamente, como se ha indicado en diversas oportunidades, la Sala no puede desconocer el valor social y económico que tiene la jubilación, pues ésta sólo se obtiene luego que una persona dedica su vida útil al servicio de un empleador, y conjugado con la edad –la cual coincide con el declive de esa vida útil- el beneficio de la jubilación se configura como un logro a la dedicación de un esfuerzo que se prestó durante años. Así, se ha entendido que el objetivo de la jubilación es que su titular –que cesó en sus labores diarias de trabajo- mantenga la misma o una mayor calidad de vida de la que tenía, producto de los ingresos que ahora provienen de la pensión de jubilación, con la finalidad de asegurar una vejez cónsona con los principios de dignidad que recoge el Texto Fundamental en su artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza:

Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello

. (Resaltado de la Sala).

Esta noción de jubilación fue infringida en el caso de autos, por cuanto, como se observó anteriormente, la pensión de jubilación de los demandantes, en aquellos casos que resulte inferior al salario mínimo urbano, debe igualarse al mismo para así dar efectividad y contenido al postulado plasmado en el artículo 80 de la Carta Fundamental. De la misma manera, las pensiones que reciban los jubilados y pensionados deberán incrementarse en la medida en que se produzcan aumentos para los trabajadores activos. Así se decide.

Por otra parte, si bien la referida empresa está obligada a negociar y celebrar nuevas convenciones colectivas con las organizaciones sindicales más representativas de los trabajadores de la misma, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 514 de la Ley Orgánica del Trabajo, una vez que culmine la vigencia de las convenciones colectivas que en la actualidad rigen la relación laboral entre los trabajadores y la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela; y visto que según lo previsto en el artículo 96 constitucional y en la vigente legislación laboral, ni el constituyente de 1999 ni el legislador de 1997 reconocieron a las asociaciones de jubilados y pensionados legitimación para negociar y celebrar convenciones colectivas con sus antiguos patronos, lo cual está reservado hasta hoy día a las organizaciones sindicales que representen a la mayoría absoluta de los trabajadores (materia de estricta reserva legal-artículos 96 y 156.32 del Texto Constitucional-, que mal podría ser innovada por esta Sala), este Tribunal sin embargo declara que lo anterior no impide que las asociaciones de jubilados y pensionados tengan la posibilidad, en virtud del carácter irrenunciable del que gozan los derechos laborales, de participar en las discusiones sindicales y exigir de los sindicatos la inclusión de sus propuestas en la negociación de la contratación colectiva. Así finalmente se declara”.

Así, en el marco de la sentencia de la Sala Constitucional transcrita, desglosa esta Sala, las bases jurídicas constitutivas de la resolución de la presente controversia, observando:

En primer término, extrae esta Sala, que el conglomerado de personas que pudieran favorecerse de los efectos de la presente decisión y naturalmente, de la proferida por la Sala Constitucional, se encuentran delimitadas ab initio, por los ciudadanos L.R.D., N.C. de Mendoza, A.M., C. deP., G.F., M.M., M.G., R.L., J.M.E., J.J.B., G.R.C., J.C., G.V., R. deE. y F.M., titulares de las cédulas de identidad números 2.107.302, 2.082.782, 2.117.564, 1.859.550, 144.439, 3.728.047, 1.660.802, 1.888.140, 1.495.840, 1.812.677, 1.415.194, 4.630.885, 3.232.501, 1.906.617 y 2.962.354, respectivamente; y correspondería en todo caso, al universo restante de ciudadanos que se atribuyan la condición de jubilados de la sociedad mercantil Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, y ponderen como lesionados sus derechos e intereses en el marco de la actual decisión, acceder a los órganos jurisdiccionales de manera autónoma a los fines de garantizar su derecho de petición y en general, a la tutela judicial efectiva.

Y en efecto, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal de Justicia, enervó la posibilidad que la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Teléfonos de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.), como los jubilados interesados, hubieren intentado la presente acción en el ámbito de los llamados intereses colectivos o difusos, ello, en el entendido, que “(...) la Sala de Casación Social con fundamento en sentencias número 483 del 29 de mayo de 2000 (Caso: Queremos Elegir y Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero-marzo de 1.989 (C.O.F.A.V.I.C.) y número 656 del 30 de junio de 2000 (Caso: Defensoría del Pueblo) acertadamente estimó que: "...el carácter colectivo o difuso de los intereses en juego, cuya representación fuera asumida por la demandante, concierne a personas indeterminadas y no, como en este caso, a individuos perfectamente particularizados e identificados". Indicando además la sentencia de marras, que“(…) el presupuesto de los intereses colectivos y difusos es la uniformidad de intereses, bien de sujetos indeterminados, como de grupos sociales determinados, en una sola dirección y con un mismo propósito, lo cual pareciera no ocurrir en el presente caso ya que aquí podría producirse un fallo que lesione el interés jurídico de otro sector de la sociedad no representado por los hoy peticionantes. Lo anterior, en modo alguno significa que su pretensión no pueda ser satisfecha judicialmente. Por el contrario, la misma ha de serlo mediante la utilización de los medios que permitan la contención del interesado en los resultados del juicio y no mediante la acción de intereses colectivos tal como apreció la sentencia sometida a revisión de la Sala, en la cual aceptó la legitimidad de los solicitantes como particulares, esto es el que posee cualquier ciudadano de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en garantía de su derecho de petición y de acceso a una tutela judicial efectiva consagradas en el texto constitucional”.

Así las cosas, la sentencia de la Sala Constitucional que como se explicó, comporta la aplicación de manera vinculante para esta Sala de la doctrina jurídica en ella explanada, concluyó, que los ciudadanos precedentemente referidos en su carácter de interesados en la presente acción, les asistía el derecho a percibir aumentos en sus pensiones de jubilación en forma proporcional a los incrementos salariales que reciben los trabajadores activos de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, en sujeción a las estipulaciones contenidas en las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Adicionalmente previó para aquellos casos en los que la pensión de jubilación de los demandantes, resultare inferior al salario mínimo urbano, la nivelación de ésta a dicho parámetro, dándosele así plena eficacia al postulado inserto en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De forma que, conteste con las premisas enunciadas sub iudice, forzoso es para esta Sala de Casación Social, declarar con lugar la pretensión de los ciudadanos L.R.D., N.C. de Mendoza, A.M., C. deP., G.F., M.M., M.G., R.L., J.M.E., J.J.B., G.R.C., J.C., G.V., R. deE. y F.M., titulares de las cédulas de identidad números 2.107.302, 2.082.782, 2.117.564, 1.859.550, 144.439, 3.728.047, 1.660.802, 1.888.140, 1.495.840, 1.812.677, 1.415.194, 4.630.885, 3.232.501, 1.906.617 y 2.962.354, respectivamente, con relación al ajuste de sus pensiones de jubilación.

III

DE LA EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA

Observa la Sala, que aun cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como se advirtió, restringe consecuencialmente los efectos del presente fallo a los ciudadanos antes nombrados, deviene sin embargo esencial en aras de garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva y fomentar una justicia accesible, idónea, responsable, sin dilaciones indebidas, equitativa y expedita, escudriñar con relación a la condición deducida en juicio de la citada Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Teléfonos de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.).

Así se tiene, que la mencionada Federación, reclama una sentencia de condena a favor de terceras personas, a saber, los supuestos jubilados que se enumeran en el libelo de demanda, lo cual hace presumir que asume en nombre propio un derecho ajeno, pues los titulares de la relación o estado jurídico invocado se configurarían en el universo de jubilados, para lo cual, es decir, asumir legítimamente la representación de sus agremiados, han debido agotarse las reglas de la representación en juicio.

Lógicamente, constituyendo la jubilación un derecho personalísimo, la exigencia de su concreción pecuniaria (la pensión), recae exclusivamente en quien se arroga titular de dicha condición jurídica y no puede un tercero hacer valer como propio, tal derecho.

La postura esgrimida fue asumida por la Sala, en sentencia de fecha 25 de marzo de 2004, previendo:

“Así las cosas, debe la Sala resaltar, que si bien es cierto que en la esfera jurídica de las atribuciones de los sindicatos, están implícitas aquellas orientadas a la defensa de los trabajadores, tal ejercicio de defensa se sustrae fundamentalmente, al desarrollo de la libertad sindical, y específicamente, al acometimiento de los contenidos esenciales de la misma, a saber, el derecho a la sindicación y la actividad sindical.

Pero, más allá del campo de acción colectivo antes referido, los sindicatos tienen legalmente atribuida la potestad de representar y defender a sus afiliados y aun aquellos trabajadores que no lo sean, en el ejercicio de sus derechos e intereses individuales, sólo que cuando tal representación y defensa se ejerce por ante los órganos jurisdiccionales competentes, deben garantizarse los requisitos de representación judicial.

Ello se infiere, del alcance y contenido del literal d) del artículo 408 de la Ley Orgánica del Trabajo, refiriendo:

(...) Representar y defender a sus miembros y a los trabajadores que lo soliciten, aunque no sean miembros del sindicato, en el ejercicio de sus intereses y derechos individuales en los procedimientos administrativos que se relacionen con el trabajador, y, en los judiciales sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la representación; y, en sus relaciones con los patronos (...)

(Subrayado de la Sala).

Así, para asumir la defensa legítima de los trabajadores (afiliados o no al respectivo sindicato) en sus derechos subjetivos y personales y, en el ámbito jurisdiccional, deben satisfacerse los extremos de ley para la representación, predominantemente, el conferir mandato expreso cada uno de los trabajadores afectados al Sindicato correspondiente.

El artículo 47 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, indica:

Las partes podrán actuar en el proceso mediante apoderado, debiendo estar éstos facultados por mandato o poder, el cual deberá constar en forma auténtica. (...).

En el presente juicio, la accionante (el Sindicato), se arroga la representación de un supuesto universo de trabajadores que peticionan su derecho a la jubilación, sin embargo, no evidencia esta Sala de los autos que rielan (sic) al expediente, el otorgamiento del respectivo poder por parte de los trabajadores al Sindicato para que asumiera la defensa de éstos (de sus derechos subjetivos).

Bajo esta misma línea argumental, debe señalarse, que al pretender constituir la parte actora un litisconsorcio activo genérico, es decir, sin especificar las condiciones de tiempo, modo y lugar propias de la pretensión individualizada de los trabajadores en litigio, se atenta palmariamente contra el derecho a la defensa de la parte demandada.

En conclusión, la recurrida violenta el mandato contenido en el artículo 47 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por falta de aplicación, y genera en la Sala, la obligación de declarar inadmisible la presente demanda, ello, por la falta manifiesta de representación exteriorizada en el actual proceso. Así se decide.

(Sentencia de la Sala de Casación Social, de fecha 25 de marzo de 2004, Sindicato Nacional de Trabajadores, Caballericeros, Aprendices, Capataces, Serenos de Cuadra Similares y Conexos de Venezuela contra Instituto Nacional de Hipódromos.).

De manera que, al no constar en autos los instrumentos poder de cada uno de los presuntos jubilados, de los cuales se desprenda mandato suficiente para que la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Teléfonos de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.), los represente en juicio, y en tal sentido, hiciera valer sus derechos e intereses supuestamente conculcados, la falta de cualidad de dicha Federación, resulta elocuente, tal como lo precisara al menos indirecta o implícitamente, la Sala Constitucional de este M.T..

Dilucidado para la Sala, lo referente a la falta de cualidad de la Federación, estima entonces como fundamental precisar, la situación jurídica de otras personas o ciudadanos, que no aprovechándose directamente de los efectos del actual fallo, estarían compelidos a incoar una acción de manera autónoma ante los órganos jurisdiccionales.

En efecto, el universo de los tentativos jubilados tendrían la carga de intentar por ante los tribunales de la República, una nueva acción para satisfacer sus derechos e intereses y, lógicamente, la pretensión que por intermedio de la presente decisión han materializado, los ciudadanos L.R.D., N.C. de Mendoza, A.M., C. deP., G.F., M.M., M.G., R.L., J.M.E., J.J.B., G.R.C., J.C., G.V., R. deE. y F.M., titulares de las cédulas de identidad números 2.107.302, 2.082.782, 2.117.564, 1.859.550, 144.439, 3.728.047, 1.660.802, 1.888.140, 1.495.840, 1.812.677, 1.415.194, 4.630.885, 3.232.501, 1.906.617 y 2.962.354, respectivamente; en su condición de jubilados de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela.

Tal circunstancia, estima la Sala, resulta contraria a la eficacia del proceso, a su idoneidad y a lo expedito del mismo, amén de la eventualidad de configurarse decisiones contradictorias. Ahora, consustanciado con las premisas plasmadas, la Sala Constitucional, en sentencia de fecha 17 de diciembre de 2001, caso H.M.A. contra Ministerio de Interior y Justicia, promovió la figura de la extensión de los efectos del fallo, arguyendo:

(…) Consecuencia natural del Derecho de Defensa (artículo 49 Constitucional), es que los efectos directos de la sentencia solo tengan lugar entre las partes efectivas del proceso. De allí que el demandado deba ser citado o emplazado personalmente o por medio de un defensor, y si se trata de fallos que surten efectos erga omnes, mediante edictos se cita a toda la sociedad, o a su representante, el Ministerio Público (o a ambos), a fin que ella o los interesados dentro de la colectividad puedan defenderse.

Sin embargo, y debido a la naturaleza de algunas relaciones o situaciones jurídicas, personas que no han sido partes en un proceso, pero que eran potenciales litis consortes facultativos, pueden gozar de los efectos directos del fallo dictado en un juicio donde no fueron partes, siempre que dicha decisión los beneficie. Tal ocurre en materia de solidaridad donde el artículo 1.236 del Código Civil expresa: “La sentencia dictada contra uno de los deudores solidarios no produce los efectos de la cosa juzgada contra los otros codeudores. La sentencia dictada a favor de uno de los deudores aprovecha a los otros, a menos que se le haya fundado en una causa personal al deudor favorecido”.

Mientras el artículo 1.242 del Código Civil, reza: “La sentencia condenatoria obtenida por uno de los acreedores contra el deudor común, aprovecha a los otros. La sentencia dictada a favor del deudor aprovecha a éste contra todos los acreedores, a menos que se le haya fundado en una causa personal al acreedor demandante.

Ambas normas previenen que personas que no han sido partes en un proceso, gocen de sus efectos.

También, los efectos expansivos o extensivos de la sentencia penal (artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal), ha sido interpretada por esta Sala, que en lo que los beneficie, puede el fallo extenderse a personas que se encuentren en la misma situación y les sean aplicables idénticos motivos, aunque no sean litis consortes en un mismo proceso, tal como lo sostuvo la Sala en decisión del 27 de marzo de 2001 (Caso: M. delC.T.H.).

Luego, la ley reconoce que personas que no sean partes de un juicio puedan gozar de los efectos directos del fallo que allí se dicte, siempre que éstos le sean favorables. No se trata de una representación sin poder, que las partes hayan efectuado por estos beneficiarios, sino de efectos extensivos de los fallos para evitar sentencias contrarias o contradictorias, y que además, por razón de celeridad y economía procesal, tratan de impedir una proliferación de juicios que atentaría contra la justicia efectiva. (…).

(…) De nuevo la Sala debe resolver una acción de amparo, que si bien es cierto no parece atender a derechos o intereses difusos o colectivos, conforme a los lineamientos de la sentencia de esta Sala, de 30 de junio de 2000 (Caso: D.P.G.), si se refiere a unos accionantes que están en idéntica situación jurídica que otros que no son partes en esta causa, y que sufren o pueden sufrir infracción a los derechos constitucionales de que trata este amparo, por lo que es necesario decidir si esos potenciales litis consortes facultativos, sin ser partes en esta causa, pueden gozar de los efectos del fallo que se dicte en este proceso, si es que ellos los benefician.

La resolución de tal cuestión está íntimamente unida a la naturaleza de la pretensión incoada. Se trata de un amparo constitucional, y el juez que ejerce la jurisdicción en materia constitucional, se rige, en muchos aspectos, por principios diferentes a los del juez que ejerce la jurisdicción en materia de naturaleza civil.

Como antes se apuntó, existen personas que tienen un mismo vínculo jurídico con otras pero en sus relaciones con esa otra, derivadas del vínculo, pueden asumir posiciones disímiles, lo que puede originar litigios diferentes; de allí la existencia de los litis consorcios facultativos. (…).

(…) Una de las características de algunas sentencias del ámbito constitucional es que sus efectos se apliquen a favor de personas que no son partes en un proceso, pero que se encuentren en idéntica situación a las partes, por lo que requieren de la protección constitucional, así no la hayan solicitado con motivo de un juicio determinado.

Resulta contrario a la eficacia del proceso, a su idoneidad y a lo célere (expedito) del mismo, que sí las partes de un juicio obtienen una declaratoria de infracción constitucional de derechos que vulneran su situación jurídica, otras personas que se encuentran en idéntica situación y que han sufrido la misma infracción, no puedan gozar del fallo que restablezca tal situación jurídica de los accionantes, y tengan que incoar una acción cuya finalidad es que se reconozca la misma infracción, así como la existencia de la misma situación vulnerada y su idéntico restablecimiento, con el riesgo de que surjan sentencias contrarias o contradictorias

.

De la citada decisión se puede inferir, que el postulado doctrinal que legitima la procedencia de la extensión de efectos “ultra parte”, lo constituye la identidad de situaciones jurídicas en que se encuentren quienes no han sido parte en un proceso judicial respecto de aquellos que sí lo fueron.

Ahora, si bien en el presente caso la relación jurídica de los jubilados con la C.A.N.T.V., no deviene forzosamente del mismo título (causa), y por tanto, técnicamente no existe una situación jurídica idéntica, lo cierto es que, todos ellos detentan un mismo status jurídico, a saber, la condición de jubilados.

Así, el menoscabo a los principios o garantías de orden constitucional detectados por la Sala Constitucional, en su sentencia de revisión (irrenunciabilidad, progresividad e intangibilidad de los derechos laborales como la vulneración del artículo 80 Constitucional), afectaron los derechos e intereses de los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela de manera uniforme.

De otra parte, es de destacar, que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que propende al acceso de toda persona a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses y a la tutela judicial efectiva de los mismos, garantizando una justicia idónea, responsable, equitativa, expedita y sin dilaciones indebidas (artículo 26 Constitucional).

Así, la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar integralmente al ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social.

De allí que, la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia (el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, artículo 257 Constitucional), tratando que si bien las mismas comporten una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se conviertan en un obstáculo que impidan lograr los fines desarrollados en el artículo 26 Constitucional, primordialmente, la tutela judicial efectiva.

En ese contexto, entiende esta Sala, que la no extensión de los efectos de la presente decisión al conglomerado de jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, compartiendo todos un mismo status jurídico, constituiría un menoscabo dantesco al derecho a la tutela judicial efectiva y a la celeridad procesal, todo, en el entendido que tal universo de pensionados si bien no están plenamente individualizados, resultan perfectamente determinables. Así se establece.

En tal razón, se extienden los efectos de la presente sentencia a los restantes ciudadanos que ostenten la condición de jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela.

Por último, se aprecia que conforme al ámbito de aplicación subjetiva de las convenciones de trabajo suscritas por la demandada, los sobrevivientes de los jubilados fallecidos tienen derecho a una pensión, en correlación con las especificaciones y la proporción estipulada en las cláusulas respectivas de dichas convenciones.

En tal sentido, se contempla:

La pensión de sobrevivientes se causará por el fallecimiento del beneficiario de una pensión de jubilación o de un trabajador que a la fecha de su muerte llenare los requisitos para tener derecho a la jubilación normal.

Tendrán deerecho por partes iguales a la pensión de sobrevivientes, los hijos y el cónyuge del causante (…).

(…) El monto de la pensión de sobrevivientes será igual al setenta y cinco por ciento (75%) de la jubilación correspondiente y se distribuirá por partes iguales entre los beneficiarios (…)

.

En sujeción a ello, estima esta Sala, deben ser extensibles por igual los efectos del actual fallo, a los sobrevivientes de los jubildos. Así se establece.

IV

ESPECIFICACIONES AL MÉRITO

Previene la Sala, que la decisión de la Sala Constitucional en sujeción al artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordenó el ajuste de las pensiones de los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, conteste con el salario mínimo urbano.

Empero, advierte la sentencia, el mismo operará para aquellos casos en los que la pensión de jubilación resultare inferior a dicho salario mínimo, debiendo por ende esta Sala, hacer las siguientes salvedades:

De acuerdo al principio de irretroactividad de la Ley, que consagra el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la efectividad del mandamiento dado por la Sala Constitucional, con relación al ajuste de las pensiones de jubilación al salario mínimo urbano, procedería desde la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es, del 30 de diciembre de 1999 (fecha de publicación en la Gaceta Oficial Nº 36.860), hasta la efectiva ejecución del presente fallo.

En todo caso, el lineamiento anterior devendrá aplicable en la medida en que el ajuste de la pensión de jubilación al salario mínimo urbano, resulte más favorable que la homologación de dichas pensiones (de manera proporcional) a los incrementos salariales causados por el personal activo de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, por vía de las convenciones colectivas -vigentes al 30 de diciembre de 1999, hasta la efectiva ejecución de la actual decisión-.

Indudablemente, para ponderar a uno u otro sistema de ajuste de las pensiones como el más favorable, se responderá al criterio o parámetro estrictamente cuantitativo.

Por tanto, de manera residual se puede afirmar, que el ajuste en las pensiones en forma proporcional a los incrementos salariales que percibieron los trabajadores activos de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, en sujeción a las estipulaciones contenidas en las respectivas convenciones colectivas de trabajo suscritas por la empresa, impera desde la fecha en que virtualmente se hacía exigible el crédito, en razón de la vulneración a la irrenunciabilidad, progresividad e intangibilidad de los derechos de los jubilados, es decir, el 1º enero de 1993 (entrada en vigencia de la convención colectiva de trabajo firmada por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, C.A.N.T.V y la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones de Venezuela, F.E.T.R.A.T.E.L, en conjunción con sus sindicatos afiliados), hasta la efectiva ejecución del presente fallo, tomando en consideración naturalmente, las convenciones colectivas de trabajo vigentes desde dicho momento y excepción hecha como se especificó, de la eventual homologación de las pensiones a partir del 30 de diciembre de 1999, en correspondencia con el salario mínimo urbano, ello, por resultar más favorable a los jubilados.

A todo evento se señala, que las pensiones deberán incrementarse hacia futuro, en la medida en que se produzcan aumentos salariales para los trabajadores activos de la demandada, atendiendo para ello (si fuere necesario), a la clasificación del cargo que ostentaba el jubilado para el momento de adquirir tal condición.

Ahora bien, en apego al objeto de la condena ut supra fijada, esta Sala ordena se practique experticia complementaria del fallo, a los fines de determinar el ajuste de las pensiones correspondiente a cada uno de los jubilados sobre los que recae la presente decisión, todo, conteste con las especificaciones sub iudice ofrecidas.

La referida experticia se efectuará según lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por un único perito designado por el Tribunal que resultare competente y se ejecutará sobre los libros contables, la nómina de la empresa, recibos de pago y cualquier otro documento del cual se derive el monto de las pensiones de cada uno de los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, los cuales están en poder de la demandada.

Adicionalmente, el experto deberá servirse de las convenciones colectivas de trabajo suscritas por la demandada, desde el 1º de enero de 1993, hasta la efectiva ejecución del presente fallo, así como de los Decretos de fijación del salario mínimo urbano que hubiere dictado el Poder Ejecutivo, desde el 30 de diciembre de 1999, hasta igualmente, la efectiva ejecución de la actual decisión.

Asimismo, el experto podrá favorecerse a los fines de adelantar su dictamen técnico, de cualesquiera de las instrumentales incorporadas al presente juicio en caso que la demandada, no facilite los datos o documentos requeridos para garantizar las resultas de la experticia.

V

DE LA ADHESIÓN AL FALLO

Habiendo esta Sala extendido los efectos jurídicos de la presente decisión a los ciudadanos, que denoten la condición de jubilados de la demandada como a los sobrevivientes de los mismos, y al no encontrarse todos ellos individualizados a los fines de favorecerse de la declaratoria de condena proferida, pero resultando plenamente determinables, se advierte, que tienen éstos el derecho de adherirse al actual fallo y solicitar su ejecución, debiendo acreditar previamente a los autos dicha condición, a saber, la de jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, o de sobrevivientes de tales jubilados.

De formularse la adhesión (en el lapso previo a la designación por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del perito que ha de practicar la experticia complementaria del fallo acordada), se notificará a la demandada a fin que exponga lo que pondere conveniente para la defensa de sus derechos e intereses, debiéndose abrir una articulación probatoria con base al artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, aplicable analógicamente por mandato expresó del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ello, si en definitiva la demandada disiente del derecho del adherente.

Agotado el desenlace probatorio, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución que resultare competente, decidirá lo conducente en el término de ley, pudiendo en todo caso quien no se adhiera al presente fallo, dilucidar su derecho en juicio aparte.

No estarán sujetos al procedimiento supra, los ciudadanos L.R.D., N.C. de Mendoza, A.M., C. deP., G.F., M.M., M.G., R.L., J.M.E., J.J.B., G.R.C., J.C., G.V., R. deE. y F.M., titulares de las cédulas de identidad números 2.107.302, 2.082.782, 2.117.564, 1.859.550, 144.439, 3.728.047, 1.660.802, 1.888.140, 1.495.840, 1.812.677, 1.415.194, 4.630.885, 3.232.501, 1.906.617 y 2.962.354, respectivamente; así como aquellos que se describen en las instrumentales anexas a los folios 91 al 240 de la pieza Nº 6 del expediente, integrantes de las resultas de la prueba de informes rendida por el Fondo de Inversiones de Venezuela (folio 72 de la pieza Nº 6 del expediente), de conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil; a saber: CASTOR COTI CAMACHO, C.I.Nº 541; S.H.G., C.I.Nº 1.650; J.G.G. C.I.Nº 1.753; HELY PERDOMO, C.I.Nº 3.027; G.R.M., C.I.Nº 4.589; PEDRO PONTE, C.I.Nº 5.743; JOHN DONCELLA AGUIAR, C.I.Nº 5.846; G.H.M., C.I.Nº 6.694, L.B. VALLENILLA M., C.I.Nº 7.981; SALVADOR ITRIAGO, C.I.Nº 8.560; B.H. SAYAZO, C.I.Nº 9.176; C.A. ARRAIZ, C.I.Nº 10.392; J.F. BERROTERÁN, C.I.Nº 10.913; J.R.U.M., C.I.Nº 11.244; TARCISIO CAPOTE NAVAS, C.I.Nº 12.051; R.C. REVERÓN, C.I.Nº 12.369; B.J.L.L., C.I.Nº 13.288; HUMBERTO URDANETA A., C.I.Nº 13.367; A.M., C.I.Nº 13.701; F.P., C.I.Nº 13.712; J.A. PÁEZ, C.I.Nº 14.073; EZEQUIEL ARANGUREN, C.I.Nº 14.093; JOSÉ VEGA MENDOZA, C.I.Nº 15.926; P.J.H., C.I.Nº 16.297; J.J.C.A. 16.369; J.A.R., C.I.Nº 16.518; L.A. BLABUZANO C., C.I.Nº 17.326; FRANCISCO RUDA, C.I.Nº 17.558; DIONISIO CAFURE, C.I.Nº 18.240; G.V.A., C.I.Nº 18.382; B.G. SOTOMAYOR, C.I.Nº 18.544; G.A. RIVAS, C.I.Nº 18.698; P.A. YUSTE CONEJO, C.I.Nº 19.064; ASUNCIO QUIJADA DE VANDERVERDE, C.I.Nº 19.156; FABIÁN PALMERA S., C.I.Nº 19.171; BELIZA PÉREZ DE PIÑANGO, C.I.Nº 19.845; P.C.S., C.I.Nº 20.742; A.J. VARELA P., C.I.Nº 21.129; RAFAEL DÍAZ, C.I.Nº 22.188; M.I. ALCALÁ J., C.I.Nº 22.384; M.G.B.; C.I.Nº 23.361; ROSALBA PINZÓN, C.I.Nº 24.601; T.P.H., C.I.Nº 26.602; MARIO LIMARDO AMARO, C.I.Nº 26.779; A.M. MARRERO, C.I.Nº 26.811; L.A. OSUNA, C.I.Nº 29.659; RAÚL SUÁREZ, C.I.Nº 30.526; R.V. PIMENTEL RIVAS, C.I.Nº 31.526; P.R.S., C.I.Nº 31.920; M.R., C.I.Nº 35.024; V.M.F., C.I.Nº 35.048; JOSEFINA ALCALÁ LUGO, C.I.Nº 35.300; J.P. EGUI M., C.I.Nº 36.439; JOSÉ URDANETA L., C.I.Nº 36.750; RAFAEL OCANTO, C.I.Nº 36.948; CECILIO CEDRES CAPOTE, C.I.Nº 37.507; L.R.C., C.I.Nº 37.698; J.R.R., C.I.Nº 37.707; R.R.P., C.I.Nº 37.773; MANUEL MAYORAL GONZÁLEZ, C.I.Nº 37.825; R.M. SANGUINO, C.I.Nº 38.175; CRUZ VILLORIA, C.I.Nº 38.598; M.I. BARRIOS DE ESPINOZA, C.I.Nº 39.934; PASCUAZA B. BORRERO DE RODIL, C.I.Nº 40.942; JOSÉ MOTAMAYOR, C.I.Nº 41.319; L.H. ROVATI, C.I.Nº 42.142; J.A. PORRAS, C.I.Nº 42.621; A.J.R., C.I.Nº 45.138; J.B.D.A., C.I.Nº 48.775; JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ, C.I.Nº 49.173; ORESTES BORJAS, C.I.Nº 49.372; R.G. CISNEROS, C.I.Nº 50.010; GUILLERMO RINCÓN, C.I.Nº 50.371; PIO ROJAS GUINAND; C.I.Nº 50.824; HILARIO MAMANI P., C.I.Nº 50.866; M.Á.O., C.I.Nº 51.616; MANUEL TORRES ELIZONDO, C.I.Nº 52.255; D.A. CAMACARO F., C.I.Nº 55.328; ELVIRA RIVERO RUÍZ, C.I.Nº 55.436; C.E. BUSSA DE FREITE, C.I.Nº 56.048; J.E.R., C.I.Nº 56.109; Á.E.C. PALACIOS, C.I.Nº 56.536; D.G., C.I.Nº 57.563; Á.A.G.O., C.I.Nº 58.125; CONZUELO PEDROZA CORDERO; C.I.Nº 58.447; E.P., C.I.Nº 59.154; P.P. BAYONA, C.I.Nº 59.869; J.L. VIVIANI VELÁZCO, C.I.Nº 60.208; N.E.J.G., C.I.Nº 60.227; ALEJO VALLES P., C.I.Nº 60.297; TRINA TORO GONZÁLEZ, C.I.Nº 60.327; P.R.M., C.I.Nº 60.910; HERMELINDA MEJÍAS DE PERAS, C.I.Nº 61.118; C.H. RÍOS T., C.I.Nº 61.880; J.A. ROJAS, C.I.Nº 62.951; J.R., C.I.Nº 66.153; PEDRO PEÑA SANTAELLA, C.I.Nº 66.839; RAIMUNDO NAVAS, C.I.Nº 68.510; CLEMENTE YÁNEZ P., C.I.Nº 68.661; H.A.R.M., C.I.Nº 68.886; C.A.R. DÍAZ, C.I.Nº 69.379; H.M.G.S., C.I.Nº 69.637; J.M. DÍAZ, C.I.Nº 69.646; G.R., C.I.Nº 69.903; O.L.H., C.I.Nº 71.185; O.A. LEDEZMA DE LAMB, C.I.Nº 71.680; REYES ARANGUREN B., C.I.Nº 71.705; J.M.M.P., C.I.Nº 73.538; MANUEL PINTO S., C.I.Nº 73.547; Z.U., C.I.Nº 73.558; R.A.L. MATOS, C.I.Nº 73.682; POPULO L.M., C.I.Nº 74.359; TITO MELEAN GONZÁLEZ, C.I.Nº 74.389; J.D.J.R., C.I.Nº 74.777; J.M. FRÍAS, C.I.Nº 75.975; J.H.R., C.I.Nº 76.458; L.J. ANZOLA A., C.I.Nº 76.508; CÉSAR BELLO E., C.I.Nº 76.655; C.A. ITRIAGO, C.I.Nº 77.193; SAMUEL MEZA CALLES, C.I.Nº 77.264; J.J.H.M., C.I.Nº 77.376; HILARIO ZARATE, C.I.Nº 77.629; J.J. NÚÑEZ, C.I.Nº 78.469; G.R.M.S., C.I.Nº 79.172; M.M., C.I.Nº 79.227; L.T.F., C.I.Nº 79.426; FRANCISCO LOVERA, C.I.Nº 79.616; N.L. LEÓN GÓNZÁLEZ, C.I.Nº 79.669; MELCHOR RIVAS VELÁSQUEZ, C.I.Nº 79.773; L.S. CEDILLO, C.I.Nº 79.926; M.A. GUERRA R., C.I.Nº 80.598; J.V. MOLINA, C.I.Nº 81.499; B.C. ROJAS G., C.I.Nº 82.323; MORELIA RON TROCONIS, C.I.Nº 82.436; JOSÉ CABRERA GUERRA, C.I.Nº 83.031; P.J.R.M., C.I.Nº 83.359; J.J.R. RINCÓN, C.I.Nº 84.797; CARMEN ROJAS, C.I.Nº 86.932; A.J. MAESTRE GONZÁLEZ, C.I.Nº 87.552; EDMUNDO GUERRA, C.I.Nº 88.307; F.R.M., C.I.Nº 88.332; J.A.D.C., C.I.Nº 88.838; R.E. CONTRERAS, C.I.Nº 89.115; L.B., C.I.Nº 89.356, ASCENSIÓN BRUZUAL R., C.I.Nº 90.478; JUAN SOJO MEJICANO, C.I.Nº 90.982; P.J. MERLO S., C.I.Nº 91.322; GUILLERMO ILARRAZA, C.I.Nº 91.497; JUVENAL MORGADO, C.I.Nº 267.205; C.C.A., C.I.Nº 267.286; SALVADOR CAMPIS S., C.I.Nº 267.604; C.B.C.R., C.I.Nº 267.969; G.A.M., C.I.Nº 268.200; TOMÁS MOREJÓN R., C.I.Nº 268.478; GLORIA FROGUET GANDICA, C.I.Nº 268.748; O.G. DE RIVAS, C.I.Nº 269.037; G.G. DE SALAS, C.I.Nº 269.458; EUFRASIO DARMASE RAMÍREZ, C.I.Nº 269.539; ALIRIO BELANDRIA NIETO, C.I.Nº 269.627; E.L., C.I.Nº 269.741; L.E. VALDEZ, C.I.Nº 269.779; F.R.R., C.I.Nº 269.870; M.L. ACOSTA, C.I.Nº 270.115; J.G.A., C.I.Nº 270.137; M.Á.S.M., C.I.Nº 270.206; EUSTORGIO MORA, C.I.Nº 271.490; P.R.A.C., C.I.Nº 271.589; OTILIO DÍAZ, C.I.Nº 271.595; F.M., C.I.Nº 272.118; A.H., C.I.Nº 272.119; G.T. LEÓN GUTIÉRREZ, C.I.Nº 272.531; F.G.D., C.I.Nº 272.610; R.G.M., C.I.Nº 272.824; L.M. ATOCHE, C.I.Nº 272.955; D.C., C.I.Nº 273.586; ULA MORILLO CHIRINO, C.I.Nº 274.062; ALFREDO D´JESÚS T., C.I.Nº 274.229; A.R. LOYO, C.I.Nº 275.113; L.A.Z. DÍAZ, C.I.Nº 275.244; S.G. OLETTA P., C.I.Nº 275.535; J.L., C.I.Nº 276.076; CARLOS BERGOYA, C.I.Nº 276.187; J.D.C.A.O., C.I.Nº 276.338; J.R. CORREA, C.I.Nº 276.726; M.C.P., C.I.Nº 276.991; V.J. MAGGI RODRÍGUEZ, C.I.Nº 92.170; J.L. GALEA, C.I.Nº 92.932; J.L. CARTAYA G., C.I.Nº 93.482; L.G. QUESADA, C.I.Nº 94.484; ERNESTINA TORO, C.I.Nº 94.744; A.H.R., C.I.Nº 94.822; ULISES ALBARRÁN, C.I.Nº 95.294; M.C. MOLINA DE TEJID, C.I.Nº 96.633; B.J. NARVÁEZ, C.I.Nº 96.638; M.H., C.I.Nº 96.855; T.R.L., C.I.Nº 97.247; P.J.S.M., C.I.Nº 97.895; E.C., C.I.Nº 98.494; Á.M.Q.S., C.I.Nº 99.441; ITALO TANCREDI G., C.I.Nº 99.751; F.A.R.H., C.I.Nº 100.290; J.E. VIRLA GIL, C.I.Nº 101.235; J.S., C.I.Nº 101.241; J.I. RÍOS, C.I.Nº 103.423; E.F.O.O., C.I.Nº 103.485; EMILIO ROJAS V., C.I.Nº 103.569; R.R.P., C.I.Nº 105.655; Á.A. VILLALOBOS, C.I.Nº 109.515; C.J. BERNARDEZ, C.I.Nº 109.534; A.A.O.O., C.I.Nº 111.266; VICTORIANO ZERPA, C.I.Nº 114.641; ANTONIO TORRES, C.I.Nº 114.793; JUSTO VIRLA G., C.I.Nº 114.859; Á.G.D., C.I.Nº 115.887; J.A. PONNE, C.I.Nº 118.144; HEBERTO URDANETA P., C.I.Nº 118.244; L.F. ESCALONA, C.I.Nº 118.977; R.L.S., C.I.Nº 120.068; SANTIAGO URRIBARRI, C.I.Nº 122.665; HUMBERTO CANADELL M., C.I.Nº 123.554; L.Á. SUÁREZ, C.I.Nº 124.379; G.Á. AMENGUAL, C.I.Nº 125.279; VICENTE ARROYO, C.I.Nº 126.601; J.I.H. RIERA, C.I.Nº 127.962; SILVIA BLACKMAN DE BRIDGES, C.I.Nº 128.859; CARLOS GUDIÑO LOZADA, C.I.Nº 128.889; ENRIQUE CARRUYO CH., C.I.Nº 129.190; F.C., C.I.Nº 130.561; E.L. ARENAS R., C.I.Nº 130.782; DARÍO MORILLO, C.I.Nº 131.948; JESÚS URRIBARRI, C.I.Nº 132.541; JESÚS VALBUENA, C.I.Nº 133.128; RUFINO BRICEÑO, C.I.Nº 133.371; J.D.J.G., C.I.Nº 134.699; IDIA T. DE URRIBARRI, C.I.Nº 125.439; J.T.G.B., C.I.Nº 135.891; P.D.C.G.B., C.I.Nº 137.930; H.R., C.I.Nº 138.102; A.A. VILLALOBOS, C.I.Nº 139.156; T.A. FUENMAYOR, C.I.Nº 139.219; B.C.D.H., C.I.Nº 140.513; M.T. MONTERO, C.I.Nº 140.909; LEOVIGILDO TORRES, C.I.Nº 141.651; CÉFORA MATOS DE ALBAR, C.I.Nº 141.772; RIQUILDA R. BORJAS GUILLÉN, C.I.Nº 141.783; E.J. INFANTE PEROZO, C.I.Nº 143.302; ODORICO CAMARILLO C., C.I.Nº 145.006; D.A. COLINA, C.I.Nº 145.739; EVELYN PRINCE DE NOEL, C.I.Nº 146.037; A.A.O.A., C.I.Nº 146.241; CARLOS PARRA, C.I.Nº 146.310; HIGINIO ISEA, C.I.Nº 147.841; A.P.A., C.I.Nº 148.896; JOSÉ DE LA CRUZ MATHEUS VALERO, C.I.Nº 149.238; D.E.V. DE VILLEGAS, C.I.Nº 149.322; V.R., C.I.Nº 150.891; J.G. LEAL, C.I.Nº 151.409; J.D.C. CHACÓN, C.I.Nº 151.577; GABRIEL ARAQUE P., C.I.Nº 152.245; A.F. ORDOÑEZ R., C.I.Nº 153.231; C.A. VELANDIA M., C.I.Nº 153.313; R.I. VARELA B., C.I.Nº 154.655; R.A. BRANGER C., C.I.Nº 154.876; MANUEL LABRADOR PARTIARROYO, C.I.Nº 155.151; NEPTALÍ VILLAMIZAR, C.I.Nº 155.187; E.S. SUÁREZ, C.I.Nº 156.464; BERNARDO SALINAS S., C.I.Nº 157.543; M.V.O. COLMENARES, C.I.Nº 158.052; J.A.M.R., C.I.Nº 158.158; SECUNDINO CHACÓN, C.I.Nº 158.166; ERNESTO BERMÚDEZ, C.I.Nº 159.958; M.R. ZAMBRANO S., C.I.Nº 160.875; C.J.P., C.I.Nº 161.928; HORACIO NIETO SÁNCHEZ, C.I.Nº 162.475; Á.G. BIAGGINI L., C.I.Nº 163.231; ANDELFONSO JOSÉ CONTRERAS, C.I.Nº 163.711; A.G., C.I.Nº 164.112; J.M. LOZANO ROMERO, C.I.Nº 167.259; OLINTO ZAMBRANO CHACÓN, C.I.Nº 168.703; HUMBERTO BARRIENTOS, C.I.Nº 169.130; L.E. VARELA B., C.I.Nº 170.280; J.L.T.S., C.I.Nº 170.957; EMILIANA CALLES DE TORRE, C.I.Nº 172.899; M.Y. PARRA CH., C.I.Nº 173.119; ANGÉLICA NOGUERA DE CORREA, C.I.Nº 173.180; A.S. ZAMBRANO G., C.I.Nº 173.625; G.M., C.I.Nº 174.100; R.D.H., C.I.Nº 174.484; R.D. JUGADOR, C.I.Nº 175.814; BENILDA FUENTES, C.I.Nº 175.964; EDUARDO MERCHÁN, C.I.Nº 176.920; R.G.S., C.I.Nº 177.606; R.R. VILLAM.J., C.I.Nº 179.356; A.M. CARRERO, C.I.Nº 180.838; C.M.C., C.I.Nº 181.595; E.F.; C.I.Nº 183.312; SIMÓN TORRES RAMÍREZ, C.I.Nº 184.446; A.H. ROJAS, C.I.Nº 184.878; M.V. VIVAS, C.I.Nº 184.908; P.M. CHACÓN M., C.I.Nº 185.670; JOVITO FUENTES Z., C.I.Nº 186.112; C.J.G., C.I.Nº 186.179; I.C., C.I.Nº 186.797; ELVIGIA HURTADO, C.I.Nº 187.307; P.A. SUÁREZ, C.I.Nº 188.354; ROSALINO CARVAJAL, C.I.Nº 188.417; SIXTO BORRERO PINEDA, C.I.Nº 188.563; F.D.J. CÁRDENAS OSTOS, C.I.Nº 188.628; J.R. CASTELLANOS G., C.I.Nº 188.798; GABINO LONGA, C.I.Nº 189.406; RAMÓN LOYO, C.I.Nº 189.889; NORBERTO CÁRDENAS CHACÓN, C.I.Nº 191.259; L.A. CHAPARRO, C.I.Nº 191.695; J.N.L., C.I.Nº 192.728; A.M. CASANOVA DE VERA, C.I.Nº 193.550; J.A.M.M., C.I.Nº 194.612; LUIS ARRECIO OSORIO, C.I.Nº 194.831; V.M., C.I.Nº 195.091; A.E. ZAMBRANO JARA, C.I.Nº 195.465; T.G. DE DUEÑEZ, C.I.Nº 195.521; FLORENCIA ZERPA DE SÁNCHEZ, C.I.Nº 195.573; R.H. DURÁN, C.I.Nº 195.879; L.A. CORREA, C.I.Nº 196.745; TOMÁS CONTRERAS C., C.I.Nº 196.772; M.L.G. DE CHACÓN, C.I.Nº 197.165; O.A. ZAMBRANO J., C.I.Nº 197.244; GRACIELA RUEDA A., C.I.Nº 197.802; P.F. CH., C.I.Nº 197.899; B.H. DE VELÁSQUEZ, C.I.Nº 198.477; M.S. BARRIOS DE PÉREZ, C.I.Nº 198.735; J.D.J. VILLAMIZAR, C.I.Nº 198.837; I.R., C.I.Nº 199.301; F.A.M.S., C.I.Nº 200.217; MARÍA MANZANO LORCA, C.I.Nº 200.347; M.A. ARAUJO ESTRADA, C.I.Nº 200.348; DOMINGO MUÑOZ P., C.I.Nº 200.630; C.H.B., C.I.Nº 200.666; L.G. MORA DE MALDONADO, C.I.Nº 200.774; A.P. MORILLO, C.I.Nº 201.318; A.E. VILLAMIZAR SÁNCHEZ, C.I.Nº 201.457; MARINA OJEDA, C.I.Nº 201.511; E.V.G., C.I.Nº 201.533; ANTONIO BRICEÑO, C.I.Nº 202.077; RAMÓN GALLEGOS, C.I.Nº 203.124; M.P., C.I.Nº 203.424; C.M. BAEZ ABREU, C.I.Nº 203.778; P.P. AROCHA, C.I.Nº 203.872; NICOLÁS MUJICA, C.I.Nº 204.163; GUILLERMO ESCOBAR, C.I.Nº 204.431; ANGELIN FALKENHAGEN DE DELGADO, C.I.Nº 204.629; J.R.R.M., C.I.Nº 205.910; J.A. MALAVÉ PÉREZ, C.I.Nº 206.484; BAUDILI DEL C. VALECILLOS V., C.I.Nº 206.500; F.H.R.D.C., C.I.Nº 206.516; Á.F.B., C.I.Nº 207.430; DOMICIANO VÁSQUEZ, C.I.Nº 207.739; P.S. EMPERADOR, C.I.Nº 207.749; MIGUEL VILLARROEL, C.I.Nº 207.770; C.E.M.G., C.I.Nº 207.894; J.J. RIVAS DEL PINO, C.I.Nº 208.005; YOVANINO GAROFALO PACHECO, C.I.Nº 208.093; C.L. ESCALANTE, C.I.Nº 208.153; DAVID AULAR RODRÍGUEZ; C.I.Nº 209.058; GABRIEL PEÑA, C.I.Nº 210.381; M.L.A.M., C.I.Nº 210.938; M.M., C.I.Nº 211.312; FÉLIX BORGES, C.I.Nº 215.108; J.J.J.P., C.I.Nº 216.098; A.R., C.I.Nº 216.524; RAMÓN DÍAZ BRICEÑO, C.I.Nº 217.058; I.J. MONASTERIO R., C.I.Nº 217.452; R.H., C.I.Nº 217.537; ROBERT FERRERO NORIA, C.I.Nº 217.626; V.R. DÍAZ, C.I.Nº 217.784; R.E. MAESTRE, C.I.Nº 217.996; J.D.J. CORTÉZ T., C.I.Nº 218.403; A.M., C.I.Nº 218.755; J.U.P., C.I.Nº 219.340; B.R. MORA DE MORA, C.I.Nº 219.471; P.J. PRIETO, C.I.Nº 219.659; S.G., C.I.Nº 219.761; A.F.H., C.I.Nº 220.225; C.H. HURTADO DE SANT, C.I.Nº 220.327; J.A. LEÓN, C.I.Nº 221.535; PONCIO DÍAZ QUINTERO, C.I.Nº 221.854; G.H. DE ALTUNA, C.I.Nº 222.355; BERNARDO BERROTERÁN CEDILLO, C.I.Nº 222.497; P.R.L.M., C.I.Nº 222.950; CECILIA ESTÉVES DE MONTAIONE, C.I.Nº 222.992; J.E. SUÁREZ S., C.I.Nº 223.175; Á.J.C., C.I.Nº 223.989; H.C., C.I.Nº 224.109; J.A. YÉPEZ, C.I.Nº 224.651; VICENTE DELGADO, C.I.Nº 224.901; J.V.A.O., C.I.Nº 225.396; R.T., C.I.Nº 226.025; P.G. BARRIOS, C.I.Nº 226.385; ANTONIO CONDE U., C.I.Nº 226.493; H.J. PIÑA, C.I.Nº 226.569; RAIMUNDO ARANGUREN, C.I.Nº 226.612; FELIPE BELLO CH., C.I.Nº 227.083; JUAN RIVERO ORTA, C.I.Nº 227.599; BONIFACIO GRANADILLO, C.I.Nº 228.226; L.M.O. DE CASIQUE, C.I.Nº 229.471; ANIZZA YAMÍN DOUAIHY, C.I.Nº 229.916; CRUZ CORREA, C.I.Nº 230.261; P.J.S. BENITEZ, C.I.Nº 230.532; P.J.N. CAMPOS, C.I.Nº 230.587; V.E. SOSA, C.I.Nº 230.955; J.M. PERNÍA; 231.124; A.E.S., C.I.Nº 231.472; L.F.R. DÍAZ, C.I.Nº 231.936; J.L. DUCALLIN, C.I.Nº 231.947; M.G., C.I.Nº 232.973; A.G.N., C.I.Nº 233.012; R.E.S.P., C.I.Nº 233.192; EROL Y. SHEARMAN, C.I.Nº 233.300; V.E. CROQUER NARVARTE, C.I.Nº 234.340; J.V. ÁLVARES P., C.I.Nº 234.886; I.M., C.I.Nº 234.952; JESÚS OCHOA, C.I.Nº 235.019; P.J.L.L., C.I.Nº 235.199; E.J. VALLEJOS, C.I.Nº 235.749; GUALDO ARRIAGA MEDINA, C.I.Nº 236.081; ALFONSO ARTEAGA H., C.I.Nº 236.385; J.Q.E., C.I.Nº 236.545; S.M.S. DELGADO, C.I.Nº 236.822; R.S., C.I.Nº 237.695; T.A. BARRIOS, C.I.Nº 238.671; F.R. ESAA VEGA, C.I.Nº 239.039; JUAN DE DIOS GUDIÑO B., C.I.Nº 239.712; A.L., C.I.Nº 239.990; L.F. CAÑA, C.I.Nº 240.474; J.A.R. TARAZONA, C.I.Nº 241.163; P.R.H., C.I.Nº 241.250; ANA FRAINO GUÉDEZ, C.I.Nº 241.908; J.C.F. ANGULO, C.I.Nº 242.363; EVELIO ARRIAGA M., C.I.Nº 242.396; Á.C. PINEDA MEZA, C.I.Nº 242.404; C.A.G. VILLARREAL, C.I.Nº 243.324; E.P.M., C.I.Nº 243.392; V.J. FONSECA M., C.I.Nº 243.821; J.H.P.G., C.I.Nº 244.162; OSWALDO BERRIZBEITIA, C.I.Nº 244.405; EPIFANIO SOJO, C.I.Nº 244.472; J.J.R. LISCANO, C.I.Nº 244.540; M.H., C.I.Nº 244.711; J.R. DÍAZ, C.I.Nº 244.822; J.F. DUGARTE, C.I.Nº 245.264; P.E. ILARRAZA POLEO, C.I.Nº 245.358; NICOLÁS COLMENARES, C.I.Nº 246.198; J.L. OJEDA MICHILLANDA, C.I.Nº 246.881; RUPERTO VILLARROEL V., C.I.Nº 247.243; C.A. ESCUSA L., C.I.Nº 247.325; GILDA NEIPP DE GÓMEZ, C.I.Nº 247.339; J.E. MILLA F., C.I.Nº 247.411; REDESCAL BENNETT, C.I.Nº 247.515; L.A.H., C.I.Nº 247.778; D.A. VILLEGAS, C.I.Nº 247.901; RAMÓN FIGUERAS LORETO, C.I.Nº 247.909; C.J.L. DE LIMARDO, C.I.Nº 248.263; J.A. SEQUERA, C.I.Nº 248.707; R.L.G., C.I.Nº 249.116; ALFONSO TORRES, C.I.Nº 249.151; C.F. COLLS, C.I.Nº 249.439; M.S. HIGUERA A., C.I.Nº 249.549; M.H., C.I.Nº 249.760; M.C. RINCÓN DE SMOLCICH, C.I.Nº 249.863; S.A.O., C.I.Nº 250.131; F.R., C.I.Nº 250.170; E.E. CARDEL, C.I.Nº 251.042; E.M. VÁSQUEZ DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 251.117; MARÍA DE LOS D. NÚÑEZ RAMÍREZ, C.I.Nº 252.110; E.S.G.F., C.I.Nº 252.919; A.B., C.I.Nº 253.473; ADELINA SOTO TAMAYO, C.I.Nº 254.390; H.M. MARRERO, C.I.Nº 254.621; ALBERTO PÁEZ HERNÁNDEZ, C.I.Nº 255.088; S.R. PRADO, C.I.Nº 255.351; L.F.P. CEDEÑO, C.I.Nº 255.637; D.B.M., C.I.Nº 255.884; DANIEL PADRÓN RAVELO, C.I.Nº 255.993; FRANCISCO MARTÌNEZ, C.I.Nº 256.221; MARÍA URIOLA, C.I.Nº 256.390; J.E.J. ORTA, C.I.Nº 256.900; F.J. VERIS, C.I.Nº 257.027; CRÍSPULO U. AYALA L., C.I.Nº 257.283; H.N. HERRERA L., C.I.Nº 257.558; R.A.M. PARRA, C.I.Nº 257.944; ITALA BARRIOS DE ORTIZ, C.I.Nº 258.179; C.U., C.I.Nº 258.326; R.F., C.I.Nº 258.578; E.R., C.I.Nº 258.760; ALEJANDRO ZAMBRANO, C.I.Nº 258.870; J.G.R., C.I.Nº 259.089; C.J. BETANCOURT, C.I.Nº 259.100; E.R., C.I.Nº 259.674; T.A. VELÁSQUEZ P., C.I.Nº 259.998; C.V. ACOSTA, C.I.Nº 260.387; F.E. DEL VALLE REBOLLEDO, C.I.Nº 260.738; I.B.S., C.I.Nº 260.772; A.J. LA CRUZ UZCÁTEGUI, C.I.Nº 262.172; F.A.M., C.I.Nº 262.367; JOSÉ SUÁREZ M., C.I.Nº 262.799; MARTÍN YÁNEZ R., C.I.Nº 263.461; L.R. GINZA VARELA, C.I.Nº 264.139; P.J. MUÑOZ URBINA, C.I.Nº 264.309; J.R.B.V., C.I.Nº 264.915; I.M.L., C.I.Nº 265.351; JOSÉ NÚÑEZ FIGUERA, C.I.Nº 265.564; P.A. PARRA D., C.I.Nº 266.114; M.A. PORRAS, C.I.Nº 266.273; J.A. ESPARRAGOZA GUERRA, C.I.Nº 266.374; A.J.A., C.I.Nº 266.551; GALO ARREAZA, C.I.Nº 266.920; JOSÉ FRAGA LÓPEZ, C.I.Nº 267.116; A.J. ARAUJO, C.I.Nº 267.203; A.P.D.M.; C.I.Nº 277.042; EDMUNDO MUÑOZ C., C.I.Nº 277.184; M.Y. BOTTARO SUÁREZ, C.I.Nº 277.324; L.F. QUERALES, C.I.Nº 277.627; H.N., C.I.Nº 277.750; MARCELINO MORILLO M., C.I.Nº 278.506; M.A. MOLINA L., C.I.Nº 278.563; BLANCA ORAMAS SAAVEDRA, C.I.Nº 278.642; I.A. MUÑOZ, C.I.Nº 279.015; H.F. KONIG G., C.I.Nº 279.196; F.J. CAMPOS G., C.I.Nº 279.349; A.A. LEÓN R., C.I.Nº 279.555; ANTONIO SEQUERA ZERPA, C.I.Nº 279.767; R.R., C.I.Nº 279.921; A.R. CONTRERAS PÉREZ, C.I.Nº 279.950; ESTEBAN QUINTANA S., C.I.Nº 280.061; S.A., C.I.Nº 280.495; V.M. BRACHO, C.I.Nº 280.981; I.B.A., C.I.Nº 281.208; J.A.H. GRATEROL, C.I.Nº 281.400; ISRAEL REBOLLEDO, C.I.Nº 281.496; M.G. DE PEÑA, C.I.Nº 281.651; P.P.G. TREJA, C.I.Nº 281.691; C.A.N. LEÓN, C.I.Nº 281.794; J.D.C. HERRERA MÉNDEZ, C.I.Nº 281.960; F.R.A., C.I.Nº 282.108; SANTIAGO PARRA M., C.I.Nº 282.497; F.E.M., C.I.Nº 282.821; MARCELO PEÑA, C.I.Nº 282.942; MANUEL HERRERA, C.I.Nº 282.982; J.R. PERAZA, C.I.Nº 283.014; A.O. SEQUERA IZNAGA, C.I.Nº 283.221; DOMINGA BRIGNONE, C.I.Nº 283.370; P.J. BASTIDAS, C.I.Nº 283.615; J.A.L., C.I.Nº 283.792; ATENOR PIRELA, C.I.Nº 283.801; R.D.P. VIVAS, C.I.Nº 284.007; JULIO TREJO, C.I.Nº 284.101; C.R. RAUSSEO S., C.I.Nº 284.165; P.E. SALGADO, C.I.Nº 284.284; JULIÁN AZUAJE, C.I.Nº 284.441; R.E. VERGEL DE COLLINS, C.I.Nº 284.635; E.R., C.I.Nº 284.769; J.A.S.D., C.I.Nº 285.551; L.E. PINEDA PABÓN, C.I.Nº 285.648; ROSENDO PEÑA, C.I.Nº 285.804; NIEVES MARCANO, C.I.Nº 285.954; L.M., C.I.Nº 286.196; TOMÁS LIEBANO ACACIO, C.I.Nº 286.197; R.G. ESCALONA, C.I.Nº 286.495; L.R. ACOSTA T., C.I.Nº 286.977; EDUARDO BELLO B., C.I.Nº 287.502; TERESA MARCANO ROJAS, C.I.Nº 287.795; A.J.B.Y., C.I.Nº 288.199; P.E. ZAMBRANO CASANOVA, C.I.Nº 288.586; A.M. PALIS, C.I.Nº 288.625; M.M. DE MONZI, C.I.Nº 289.102; RAQUEL DÍAZ DE VÁSQUEZ, C.I.Nº 289.283; SILVESTRE TORRES DELGADO, C.I.Nº 289.337; A.A. MATHEUS, C.I.Nº 289.561; M.F. SCHWARTS MATOS, C.I.Nº 289.872; P.J.G., C.I.Nº 289.977; NEVA SUBERO DE MARÍN, C.I.Nº 290.116; E.A. DE TORRES, C.I.Nº 290.168; O.F. PIÑANGO, C.I.Nº 290.194; VESTHALIA FERNÁNDEZ PIÑANGO, C.I.Nº 290.195; JOSÉ NÚÑEZ DÍAZ, C.I.Nº 290.334; E.H.R.D., C.I.Nº 291.129; J.E.G.C., C.I.Nº 291.546; JUAN BARRIOS, C.I.Nº 292.752; M.A.S., C.I.Nº 294.226; J.F., C.I.Nº 294.613; CIRILO PEÑA B., C.I.Nº 295.487; LILIA GUADERRAMA DE GALÁRRAGA, C.I.Nº 295.492; A.J. YUNEZ MORENO, C.I.Nº 295.802; A.A.R.V., C.I.Nº 296.138; H.J. RAVELO SIMOZA, C.I.Nº 296.305; PEDRO ISTURIZ, C.I.Nº 296.409; A.A.A.D.R., C.I.Nº 296.425; J.A. FONSECA P., C.I.Nº 296.429; FRANCISCO GUEVARA, C.I.Nº 297.278; J.A.P., C.I.Nº 297.379; C.M., C.I.Nº 297.566; FIDEL ESCALONA RAMOS, C.I.Nº 297.848; P.A. COLS, C.I.Nº 298.145; J.B. BASTIDAS, C.I.Nº 298.316; P.N. DELGADO, C.I.Nº 298.548; CONCHITA ESCOBAR WIETST, C.I.Nº 298.665; LESBIA PETIT ARNAEZ, C.I.Nº 299.237; FELIPE UMBRÍA CÁÑISALES, C.I.Nº 299.649; ELOY MONSALVE, C.I.Nº 299.753; J.M.H., C.I.Nº 299.827; J.E.L., C.I.Nº 299.919; J.B. RADA, C.I.Nº 300.121; J.C.L.C., C.I.Nº 300.129; FRANCISCO ESCOBAR, C.I.Nº 300.584; JESÚS RIVERA, C.I.Nº 300.623; LUCIANO TORO, C.I.Nº 300.801; OSCAR PIÑA, C.I.Nº 300.819; P.J. LOVERA, C.I.Nº 300.962; LUIS PEREIRA, C.I.Nº 302.207; JOSÉ RAUSEO V., C.I.Nº 302.981; L.R.G., C.I.Nº 303.106; T.A. YÁNEZ, C.I.Nº 304.418; J.R. BELLO A., C.I.Nº 304.443; RAFAEL DELGADO DEUS, C.I.Nº 305.007; J.M.M.R., C.I.Nº 305.528; M.L.M.D.C., C.I.Nº 307.655; RAMÓN CASTELLANOS, C.I.Nº 309.228; MANUEL NIETO, C.I.Nº 310.951; J.R.E., C.I.Nº 311.737; ALDANA BERNARDO, C.I.Nº 312.940; PEDRO ESPIDEA, C.I.Nº 313.050; L.H.D.S., C.I.Nº 313.457; D.L., C.I.Nº 313.523; G.D.D., C.I.Nº 313.970; D.S. CAZAR, C.I.Nº 314.600; A.H. LOZADA, C.I.Nº 314.689; J.A.T., C.I.Nº 315.021; J.A. CARRIZALES MONTERO, C.I.Nº 316.124; JESÚS TORTOLERO, C.I.Nº 316.575; M.A. MONTOYA, C.I.Nº 316.874; A.M. LOZADA PERAZA, C.I.Nº 316.928; Á.C. ARANDA, C.I.Nº 317.344; O.J.M.L., C.I.Nº 318.916; SILVERIO LOVERA, C.I.Nº 319.392; L.E.M. JARAMILLO, C.I.Nº 319.966; ALEJANDRO DICTAMEN, C.I.Nº 320.007; GHERSON E. PEÑUELA, C.I.Nº 320.958; M.A. AROCHA MORENO, C.I.Nº 321.262; P.R. DÍAZ SALAZAR, C.I.Nº 321.498; GILBERTO MOREAN, C.I.Nº 321.671; R.G.G., C.I.Nº 322.306; R.A.H., C.I.Nº 323.019; C.E. GARCES, C.I.Nº 323.297; S.M.B.A., C.I.Nº 325.138; TIBURCIO ARANA, C.I.Nº 325.188; AURISTELA MOLINA DE VALE, C.I.Nº 325.293; L.O.H. STAINCO, C.I.Nº 325.562; J.R.Q.L., C.I.Nº 325.894; R.J. EULACIO PARRA, C.I.Nº 326.056; F.H., C.I.Nº 328.797; A.D.J. ROJAS A., C.I.Nº 330.190; N.G.D.A., C.I.Nº 330.254; JUAN QUINTANA DÍAZ, C.I.Nº 330.257; M.H. ANZOLA, C.I.Nº 330.350; DOMINGO MONTANEZ SCOUT, C.I.Nº 330.646; FRANCISCO MARACARA, C.I.Nº 331.063; F.M., C.I.Nº 331.771; P.M., C.I.Nº 332.038; P.B. NÚÑEZ G., C.I.Nº 332.548; J.R. TORRES, C.I.Nº 332.649; MOISÉS BARREAT DÍAZ, C.I.Nº 332.995; R.G. VILLALBA GONZÁLEZ, C.I.Nº 333.927; DORA DE VELÁSQUEZ, C.I.Nº 333.999; J.V.R.R., C.I.Nº 334.148; E.R. VELAZCO GARCÍA, C.I.Nº 335.382; Y.A. DE SEGNINI, C.I.Nº 335.639; J.U.M., C.I.Nº 335.883; R.M. QUINTANA, C.I.Nº 335.911; CIPRIANO BARRETO MONGE, C.I.Nº 336.076; R.Q.R., C.I.Nº 336.792; A.A., C.I.Nº 337.525; J.I. NAVAS MÉNDEZ, C.I.Nº 337.526; EAKIN CARMELO GORDON CORREA, C.I.Nº 338.050; AMÉRICA SEIJAS A., C.I.Nº 338.367; E.R. BOURGEOT C., C.I.Nº 338.930; C.R.P., C.I.Nº 339.277; J.N.A., C.I.Nº 339.294; ÁNGEL ARANGUREN, C.I.Nº 339.318; Á.M.L.D.S., C.I.Nº 339.437; J.A.C.I., C.I.Nº 339.445; J.M. DE PONZO, C.I.Nº 339.525; B.M. GUEVARA DE ROA, C.I.Nº 339.566; L.F. VALERA G., C.I.Nº 339.703; V.M. ROA DUQUE, C.I.Nº 340.093; F.J.H.A., C.I.Nº 340.537; NELSON VELIZ, C.I.Nº 340.718; A.R. RIVAS, C.I.Nº 341.735; E.R. MIER Y TERÁN, C.I.Nº 342.509; C.F.P. DE UTRERA, C.I.Nº 343.933; RAÚL BAPTISTA MACHADO, C.I.Nº 344.160; V.E.M.N., C.I.Nº 344.201; C.M.P. DELGADO, C.I.Nº 344.890; NORBERTA GARMENDIA ESCOBAR, C.I.Nº 345.341; M.A. RONDÓN, C.I.Nº 345.431; M.E.P. DE PARRA, C.I.Nº 345.514; YSMAEL ORRAIZ BRAGANZA, C.I.Nº 345.550; R.S. BECERRA DÍAZ, C.I.Nº 345.993; R.V. SPOSITO, C.I.Nº 346.168; C.E.S. DE CEBALLOS, C.I.Nº 346.335; J.R.S. LEÓN, C.I.Nº 346.744; LEONARDO DUBUC, C.I.Nº 346.758; O.E.M., C.I.Nº 346.852; FÉLIX BORGES, C.I.Nº 346.897; VENIDLE R. D.N., C.I.Nº 346.963; DILVO SALVADORI BALDI, C.I.Nº 347.333; G.J.R.R., C.I.Nº 347.822; D.A. SANDIA, C.I.Nº 347.892; Á.R. QUIJADA, C.I.Nº 348.102; M.A. ARGUINZONES, C.I.Nº 348.468; H.M.R.S., C.I.Nº 348.571; F.M.R. DE ANUNCIATO, C.I.Nº 348.831; A.L. DE CARDOZO, C.I.Nº 349.305; A.J.T., C.I.Nº 349.620; ARMANDO EPICENO LAYA, C.I.Nº 349.952; FERNANDO FIGUEREDO, C.I.Nº 350.206; F.R.S.V., C.I.Nº 350.844; P.V. ZAVALETA B., C.I.Nº 351.063; L.A. OJEDA ALCÁNTARA, C.I.Nº 352.391; DIEGO PARRA DUARTE, C.I.Nº 352.878; A.B.A., C.I.Nº 353.425; HILDA ALCÁNTARA DE GUZMÁN, C.I.Nº 353.877; L.A. GARAY O., C.I.Nº 353.919; J.V.G., C.I.Nº 353.926; PERFECTA SARMIENTO DE LINO, C.I.Nº 354.851; RAFAEL CORREA, C.I.Nº 356.079; L.J.R., C.I.Nº 356.132; GEORGINA BAYOTE L., C.I.Nº 356.146; M.A. VILLASANA, C.I.Nº 356.233, L.C. DE PASTRAN, C.I.Nº 356.398; D.A. PEREIRA, C.I.Nº 359.999; M.G.P., C.I.Nº 360.081; F.A.H., C.I.Nº 360.516; M.A.G., C.I.Nº 361.362; AVELINO PARRA, C.I.Nº 361.941; J.P. PARRA, C.I.Nº 361.992; R.A.R., C.I.Nº 362.283; G.F. CAMARGO, C.I.Nº 362.975; DIONISIO YOVERA, C.I.Nº 364.449; P.L. LEAL IZEA, C.I.Nº 364.772; A.D.S., C.I.Nº 365.785; D.R. ALAMILLA S., C.I.Nº 366.521; O.R. ACOSTA, C.I.Nº 366.537; P.E.M. ROJAS, C.I.Nº 366.766; AMELIA DÍAZ, C.I.Nº 366.952; H.J.M. PEÑA, C.I.Nº 367.758; P.P. ACOSTA, C.I.Nº 368.316; F.J.G., C.I.Nº 369.064; SIXTO QUIROZ SUÁREZ, C.I.Nº 369.083; Á.M. NAVARRETE, C.I.Nº 369.370; GILDA MAGATON CARDOZO, C.I.Nº 370.900; P.J. TORREALBA ANTICH, C.I.Nº 371.396; J.F.H.M., C.I.Nº 371.554; J.G. CAMACHO, C.I.Nº 371.767; F.C.H.A., C.I.Nº 371.953; C.A. CARRASQUEL F., C.I.Nº 373.229; D.T.S. ACUÑA, C.I.Nº 373.263; G.A.R., C.I.Nº 373.868; S.H.S., C.I.Nº 374.325; R.R. AROCHA, C.I.Nº 374.650; J.D. MUJICA, C.I.Nº 376.430; F.J.M.S., C.I.Nº 377.030; J.A.C., C.I.Nº 379.690; C.M. OJEDA ALVARADO, C.I.Nº 380.324; ANTONIO GARATE ULLOA, C.I.Nº 381.290; F.M.B. DE AZUAJE, C.I.Nº 382.801; V.J.L., C.I.Nº 383.663; L.T.G. DE CHACÓN, C.I.Nº 384.252; P.A. VILLAMEDIA.L., C.I.Nº 384.358; CARMEN ANDRADES DE ZAMORA, C.I.Nº 384.541; V.A.B.C., C.I.Nº 384.904; CARMEN GOICOECHEA DE R., C.I.Nº 385.000; O.R.M., C.I.Nº 385.628; NELLY ROTUNDO DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 387.699; WENCE MONTOYA, C.I.Nº 388.535; A.M.D., C.I.Nº 388.843; R.R.R., C.I.Nº 392.725; B.P., C.I.Nº 393.960; R.A. TREJO, C.I.Nº 394.646; A.M. OCHOA M., C.I.Nº 394.942; ANTONIO TORREALBA TORRES, C.I.Nº 395.313; A.S. ILARRAZA, C.I.Nº 396.230; C.A.H.A., C.I.Nº 397.779; P.R. RIVAS SILVA, C.I.Nº 398.171; R.D.R. PETIT, C.I.Nº 398.624; C.T., C.I.Nº 399.200; E.R., C.I.Nº 399.435; R.N. DÍAZ, C.I.Nº 401.509; C.C.M.D.H., C.I.Nº 402.115; A.R. PARRA, C.I.Nº 404.663; JUAN DE DIOS VILORIA, C.I.Nº 404.968; F.R. LIMARDO, C.I.Nº 405.524; C.A.G.L., C.I.Nº 405.872; J.A. COLMENAREZ COLMENAREZ, C.I.Nº 406.497; HERMES PARRA, C.I.Nº 408.217; T.S.D.R., C.I.Nº 408.231; R.P.M.A., C.I.Nº 408.332; M.V. OCHOA, C.I.Nº 408.574; R.D.J. CLISANCHEZ, C.I.Nº 408.621; M.A. CEDEÑO VILLEGAS, C.I.Nº 408.629; MARÍA GIMÉNEZ DE PERAZA, C.I.Nº 410.475; A.L. NOGUERA, C.I.Nº 410.570; G.R. COLMENAREZ , C.I.Nº 411.114; TERESA VERDE DE MORALES, C.I.Nº 411.159; S.C. ALEZONES DE GUTIÉRREZ, C.I.Nº 411.172; C.A.H.M., C.I.Nº 411.516; R.D.J.M. MELÉNDEZ, C.I.Nº 412.963; A.L., C.I.Nº 413.262; A.J.L. DE GIMÉNEZ, C.I.Nº 414.054; PRECLIANO GUEDEZ M., C.I.Nº 414.596; A.G. CONDE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 415.155; S.J.G., C.I.Nº 417.468; RAFAEL YANES ALDANA, C.I.Nº 417.490; GUILLERMO MUJICA, C.I.Nº 419.014; S.P., C.I.Nº 419.763; J.R. CONDE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 419.912; Á.R. PERNALETE RAMOS, C.I.Nº 419.932; J.B.G., C.I.Nº 419.976; S.M. DÍAZ, C.I.Nº 422.155; R.Á.R., C.I.Nº 423.471; A.J.L.P., C.I.Nº 424.309; R.L.A., C.I.Nº 424.569; OTILIO VARGAS, C.I.Nº 424.727; A.T.G. DE COLMENAREZ, C.I.Nº 424.756; C.E. PÁEZ MONTES DE OCA, C.I.Nº 425.665; M.R. SEEKATZ DE LANDAETA, C.I.Nº 426.628; E.B.D.R., C.I.Nº 427.435; U.J.G., C.I.Nº 427.781; O.J. CAÑIZALEZ, C.I.Nº 429.717; M.V.D., C.I.Nº 430.071; A.R. URDANTEA FREITEZ, C.I.Nº 431.515; F.A.A., C.I.Nº 432.657; CARMEN PEÑA DE MONTERO, C.I.Nº 433.207; A.J. TORRES, C.I.Nº 433.367; J.F. POLETTO TESCARI, C.I.Nº 436.024; O.E. ESCALONA CARUCI, C.I.Nº 436.415; PEDRO BRICEÑO, C.I.Nº 440.035; CAVIRIA RÍOS DE VEGAS, C.I.Nº 440.070; J.B. BRICEÑO, C.I.Nº 450.148; NAPOLEÓN YAGUARATTI T., C.I.Nº 452.053; EULALIO SIRAN RAMOS, C.I.Nº 453.199; CORINA SUÁREZ, C.I.Nº 454.005; CANACHE J.A., C.I.Nº 454.135, SERRANO G.J.D., C.I.Nº 455.632, AZOCAR CARLOS, C.I.Nº 455.943, MARCANO P.G.A., C.I.Nº 456.203, HADDAD DE R.H., C.I.Nº 456.675, M.Q.Á., C.I.Nº 458.363, CABELLO C. P.P., C.I.Nº 459.769, RAMOS CABEZAS A.A., C.I.Nº 460.015, GUEVARA DE H.J., C.I.Nº 460.223; FISTEL GUILLERMO, C.I.Nº 460.292; L.L.D.G., C.I.Nº 461.788; HERRERA CANARIO ANA, C.I.Nº 461.929; G.P., C.I.Nº 462.292; ACOSTA MANUEL, C.I.Nº 468.387; G.E., C.I.Nº 468.558; ALEJOS DE WINZEY ANGELINA, C.I.Nº 468.858; CARRASQUEL DE CLAVIER M.J., C.I.Nº 469.418; M.M.S., C.I.Nº 470.098; M.P.L., C.I.Nº 470.221; P.D.B.J., C.I.Nº 471.379; J.J.G., C.I.Nº 472.524; RON J.S., C.I.Nº 472.630; M.M.R.A., C.I.Nº 473.283; BIAGGI G.M., C.I.Nº 473.784; GUEVARA HENRÍQUEZ BLANCA; C.I.Nº 474.468; B.A.M., C.I.Nº 475.214; SCALISE CIANFLONE EMILIO, C.I.Nº 477.151; BRITO CARABALLO L.B., C.I.Nº 477.193; YEGUEZ A.J., C.I.Nº 477.265; AGUILERA JUAN, C.I.Nº 477.990; OJEDA L.M., C.I.Nº 478.136; RENGIFO J.A., C.I.Nº 478.568; RÍOS M. M.A., C.I.Nº 478.797; URDANETA DE VIL A.G., C.I.Nº 479.884; GALINDO DE VILLEGAS GRACIELA, C.I.Nº 480.134; SOTO GROVA D.R., C.I.Nº 480.204; Á.J.R., C.I.Nº 480.891; C.S.R.T.; C.I.Nº 483.558; M.G.J.R., C.I.Nº 484.176; TILLERO N. P.R., C.I.Nº 484.237; LAREZ P. L.A., C.I.Nº 485.449; P.R.R.A., C.I.Nº 485.656; VIEHBECK BECK WALTER, C.I.Nº 487.963; L.D.E., C.I.Nº 488.341; RONDÓN CABEZA APOLINAR, C.I.Nº 490.348; ARAGUAINAMO C. MANUEL, C.I.Nº 490.902; TILLERO RAIMUND JOSE, C.I.Nº 490.946; CERMEÑO G.A., C.I.Nº 490.977; LUNA MAESTRE PEDRO, C.I.Nº 491.486; T.M.A., C.I.Nº 493.339; A.D.G.A., C.I.Nº 493.501; GUARIQUE J.R., C.I.Nº 493.941; V.G.A., C.I.Nº 494.441; HERRERA HERRERA R.J., C.I.Nº 494.519; MÉNDEZ LEÓN L.R., C.I.Nº 494.567; QUIÑONEZ A.R., C.I.Nº 494.642; RODRIGUEZ GAMBOA J.S., C.I.Nº 495.965; NOYA OTERO EMILIO, C.I.Nº 496.069; G.R., C.I.Nº 496.076; ZABALA U.M., C.I.Nº 496.371; VILLARROEL BELLORÍN GERARDO, C.I.Nº 496.537; HERNÁNDEZ DE MARCANO L.E., C.I.Nº 496.875; S.S.J., C.I.Nº 497.385; LORES GUEVARA G.J., C.I.Nº 497.414; SUNIAGA DE R.M., C.I.Nº 497.628; AZÓCAR T.D.J. C.I.Nº 497.852; G.I.M., C.I.Nº 497.952; GUEVARA HUMBERTO, C.I.Nº 499.318; REYES CAMPOS C.J., C.I.Nº 499.487; PÉREZ DE MALAVÉ CLEMENCIA, C.I.Nº 500.362; MORENO MESA E.A., C.I.Nº 500.524; CANAVIRE HÉCTOR, C.I.Nº 500.979; MOGNA DE ZAJIAS DELIA, C.I.Nº 501.156; MAZA J.L., C.I.Nº 502.476; DI GIUSTO LUIGI, C.I.Nº 502.505; L.R.L.A., C.I.Nº 503.998; G.A.J.R., C.I.Nº 504.419; S.B.J.I., C.I.Nº 504.612; CATENARO DI U NICOLA, C.I.Nº 505.481; MARTÍNEZ REGUEIRO JOSÉ, C.I Nº 506.689; DÍAZ H. RAMÓN, C.I.Nº 508.167; L.F.A., C.I.Nº 509.780; ALCÁNTARA M.A.R., C.I.Nº 510.403; S.O.A., C.I.Nº 510.714; BERMÚDEZ V.D., C.I.Nº 510.825; SUEIRAS L.A.A., C.I.Nº 511.904; BLONDELL J.V., C.I.Nº 511.941; DÍAZ C.E., C.I.Nº 512.805; MATTEY CARRIÓN F.P., C.I.Nº 513.611; PAZO C.A., C.I.Nº 514.224; P.C.B., C.I.Nº 514.662; SEGURA J.G., C.I.Nº 514.745; RONDÓN O.S.R., C.I.Nº 514.823; BETANCOURT LUIS, C.I.Nº 515.533; G.P.A., C.I.Nº 515.652; S.E., C.I.Nº 515.778; L.J., C.I.Nº 515.904; L.R.A.R., C.I.Nº 515.989; S.G.J.L., C.I.Nº 516.488; PATINO R. A.R., C.I.Nº 516.507; BOADA B. RAMÓN, C.I.Nº 516.579; VALERA G. A.J., C.I.Nº 516.957; DE BERBESIA CARMEN, C.I.Nº 517.067; PAUBLINI DÍAZ RÓMULO, C.I.Nº 517.116; M.D.E., C.I.Nº 517.186; JIMÉNEZ NUÑEZ A.R., C.I.Nº 519.811; H.M.L.B., C.I.Nº 520.102; BRAVO M.F., C.I.Nº 520.168; VÁSQUEZ FÉLIZ, C.I.Nº 520.564; PATIÑO N.M., C.I.Nº 520.982; L.R.S., C.I.Nº 521.240; H.M.P., C.I.Nº 521.779; G.M.G., C.I.Nº 523.302; DI PIZZO CARRAT PIETRO, C.I.Nº 523.367; MANRIQUE FUENTES GREGORIO, C.I.Nº 523.571; LÓPEZ ZERPA L.M., C.I.Nº 524.087; RODRÍGUEZ BLANC RAFAEL, C.I.Nº 525.309; R.A.J. C.I.Nº 525.357; BRUZUAL L.B., C.I.Nº 525.674; MARTÍNEZ CÓRDOVA JOSÉ, C.I.Nº 527.119; L.R.J.R., C.I.Nº 528.508; DÍAZ J.R., C.I.Nº 528.604; CÓRDOVA R.E., C.I.Nº 528.974; ALMARAL MARCANO R.A., C.I.Nº 528.980; DÍAZ H. ELIADES J., C.I.Nº 529.314; NAVARRO DE MENE DALIA, C.I.Nº 529.786, TIRADO ALCALÁ E.J., C.I.Nº 530.024; AVIS DE G.G., C.I.Nº 530.577; FIGUEROA CASTAÑEDA NICOLÁS, C.I.Nº 531.733; BAPTISTA ESTEVES FELIPE, C.I.Nº 532.133; M.A.A.J., C.I.Nº 532.187; C.D.R.I.C., C.I.Nº 534.368; C.P.J., C.I.Nº 534.806; YENDIS R. CRUZ, C.I.Nº 535.083; SURGA A.S., C.I.Nº 535.172; G.A.H.A., C.I.Nº 535.363; BRUZUAL MARCANO E.J., C.I.Nº 536.741; ÁLVAREZ DE GOME SONIA, C.I.Nº 537.241; SERRANO A.J., C.I.Nº 537.779; C.J.R., C.I.Nº 538.337; C.M.A.L., C.I.Nº 538.563; S.C.J., C.I.Nº 541.307; C.R.J., C.I.Nº 541.703; MAGO DE RIZZO OFELIA, C.I.Nº 541.841; ABATE F. VINCENZO, C.I.Nº 542.402; OLAECHEA HAYDEE, C.I.Nº 542.652; TINEO ARMANDO C.I.Nº 547.747; MENDOZA MONASTERIO L.F., C.I.Nº 548.325; YENDEZ R.A., C.I.Nº 549.759; SILVA LEÓN RAFAEL ALCIABIA, C.I.Nº 550.433, G.L.E., C.I.Nº 550.584; MUNDARAÍN A.J. C.I.Nº 550.612, MEDINA LONGART MANUEL C.I.Nº 551.997; B.R.J. C.I.Nº 552.076; RAMOS LAO C.I.Nº 552.329; VALDIVIEZO ANTONIO C.I.Nº 552.936; AZÓCAR CEDEÑO J.E., C.I.Nº 553.619; CARMONA JULIÁN, C.I.Nº 553.879; G.H.M., C.I.Nº 553.979; MATA L.E., C.I.Nº 556.258; L.D.S.M., C.I.Nº 557.384; M.L.Y., C.I.Nº 558.233, BASTARDO JESÚS, C.I.Nº 559.601; SUCRE J.M. C.I.Nº 560.633, MALAVÉ E.G. C.I.Nº 561705, PÉREZ RENDÓN J.R., C.I.Nº 562.405; DUARTE F.J., C.I.Nº 563.393, MONTES RAMÓN, C.I.Nº 563.542; LANZ SALAS ESPERANZA, C.I.Nº 565.994; U.G.J., C.I.Nº 566.370; G.C.A., C.I.Nº 566.465; B.R.L.E., C.I.Nº 566.910; BETANCOURT E.M., C.I.Nº 568.046; R.S.A.R., C.I.Nº 568.098; J.Q.P.M., C.I.Nº 568.664; RAMOS FIGUERA TOMÁS, C.I.Nº 568.813; G.M.J. C.I.Nº 569.232; OSUNA DE CARRIÓN INÉS, C.I.Nº 570.242; UTRERA V.M., C.I.Nº 570.775; S.B.A.A., C.I.Nº 570.789; MILLÁN PEÑA E.D.V., C.I.Nº 571.240; CORDERO VELÁSQUEZ R.E., C.I.Nº 572.756; H.R.Y., C.I.Nº 573.057; RAMOS BARRETO L.G., C.I.Nº 573.585; R.I.M., C.I.Nº 574.094; DYAN LATHULERIE J.M., C.I.Nº 574.620; VILLALBA GONZÁLES J.C., C.I.Nº 575.414; CALL J.A., C.I.Nº 576.242; R.L.C., C.I.Nº 576.545; S.B.C.V., C.I.Nº 576.592; CAMPOS A.E., C.I.Nº 578.122; SANTANDER SANTIAGO, C.I.Nº 578.473; J.J.A., C.I.Nº 578.734; MATA S. MIGUELINA, C.I.Nº 578.776; FAJARDO L.A., C.I.Nº 578.993; MATA J.R., C.I.Nº 580.458; NAAR G.F.M., C.I.Nº 580.513; LYON R. H.R. C.I.Nº 580.722; GÓMEZ LEÓN VICENTE, C.I.Nº 581.827; F.A. C.I.Nº 583.099; G.E., C.I.Nº 583.888; GARANTÓN DE SALCEDO MAGGUIT, C.I.Nº 584.063; DÍAZ DE P.E.M., C.I.Nº 584.850; URBAEZ J.B., C.I.Nº 585.022; DE JIMÉNEZ MART EULALIA MARGAR, C.I.Nº 585.042; RONDÓN MENESES I.A., C.I.Nº 585.225; CORTÉZ ROJAS JOSÉ, C.I.Nº 585.544; RAUSEO SUÁREZ H.L., C.I.Nº 586.087; BETANCOURT JOSÉ, C.I.Nº 586.472; VEGAS ALBUES DEL V., C.I.Nº 587.242; AGUIRRE DE A.M., C.I.Nº 587.287; M.R. C.I.Nº 588.056; BETANCOURT FÉLIX, C.I.Nº 588.155; BETANCOURT DIEGO, C.I.Nº 588.265; VELÁSQUEZ DE INDRIAGO C.A., C.I.Nº 588.464; DÍAZ RIVAS J.R., C.I.Nº 588.490; GONZÁLEZ DE GAS TRINIDAD, C.I.Nº 589.932; A.J., C.I.Nº 591.470; RENGEL L. OMAIRA, C.I.Nº 591.910; T.D.A., C.I.Nº 592.288; CEDEÑO DE Z.E., C.I.Nº 592.353; NATERA VELIZ H.M., C.I.Nº 593.188; PALACIOS BENILDE, C.I.Nº 593.422; LOZADA G. EDILIA, C.I.Nº 594.615; VILLEGAS CARLOS, C.I.Nº 600.109; CARVAJAL I.R., C.I.Nº 602.490; V.P.J. C.I.Nº 604.019; P.D.L.E., C.I.Nº 604.249; SALAS J.E., C.I.Nº 604.561; M.A.G., C.I.Nº 604.989; B.M.C.A. C.I.Nº 605.304; BURGOS PENA EUGENIO, C.I.Nº 605.511; GONZÁLEZ SINGLER R.D.C., C.I.Nº 605.572; RIVAS P. EUSEBIO, C.I.Nº 605.749; CORNELIO REVETE, C.I.Nº 605.903; SERRANO DE SARMIENTO H.J., C.I.Nº 606.258; MORONTA M.A., C.I.Nº 607.243; MEDINA LASTEMIO, C.I.Nº 607.360; LICONES O. RICARDO, C.I.Nº 607.934; HERNÁNDEZ DE AL. BONIFACIA, C.I.Nº 608.024; BERROTERÁN ISAAC, C.I.Nº 608.032; VAAMONDE PABLO, C.I.Nº 608.058; BONILLA M. SIMÓN, C.I.Nº 608.261; M.O.J.D.J. C.I.Nº 608.492; NIEVES MACHADO VICTOR, C.I.Nº 608.617; AVILÁN A.T. C.I.Nº 608.727; SERRANO DE ARTE. ERMELINDA, C.I.Nº 609.255; H.C.A., C.I.Nº 609.318; T.C.J.A., C.I.Nº 609.464; ORTA DE H.M., C.I.Nº 609.882; ISTÚRIZ C. GRACIELA C.I.Nº 609.909; A.P.N., C.I.Nº 610.784; MILIANI DE BARBOZA A.J., C.I.Nº 611.685; MEJÍAS DE C.M.C., C.I.Nº 611.767; NIETO G.C., C.I.Nº 612.405; SANABRIA G. FRANCISCO, C.I.Nº 613.071; NEXANS EVARISTO, C.I.Nº 613.078; CAMEJO H. PABLO, C.I.Nº 613.578; RUDAS ALBERTO, C.I.Nº 613.803; M.L.A., C.I.Nº 613.986; BERROTERÁN R. MARCOS, C.I.Nº 614.200; LUNA MOSQUEDA J.H., C.I.Nº 614.524; MEJÍAS DE LUCER CARMEN, C.I.Nº 616.773; RODRÍGUEZ CORRO VICTOR, C.I.Nº 616.887; BORGES M.D.J., C.I.Nº 617.469; NARANJO DE BRICEÑO ROSA, C.I.Nº 618.059; MORGADO J.R., C.I.Nº 619.130; R.J.F., C.I.Nº 619.272; ARMAS OROPEZA A.R., C.I.Nº 620.286; VELAZCO DE D’GIACIOMO LIGIA, C.I.Nº 621.372; S.P.S.R., C.I.Nº 622.313; MINGHETTI DE F.B., C.I.Nº 623.350; AZUAJE A.F., C.I.Nº 623.375; CAÑIZALEZ E.S. DE, C.I.Nº 623.693; SALCEDO CEDEÑO M.D.J., C.I.Nº 624.334; M.R.J., C.I.Nº 625.838; CORREA EDMIGIO, C.I.Nº 626.326; H.E., C.I.Nº 626.420; FORTE DE VALERA M.E., C.I.Nº 627.223; CARRASQUEL DE L. O.M., C.I.Nº 627.475; DUEÑEZ L.A., C.I.Nº 627.598; CORTESIA BERNAR DE, C.I.Nº 628.828; FERRER CASTELLANO HUGO, C.I Nº 629.721; M.H.M.E. C.I.Nº 629.849; AVILÁN A.A., C.I.Nº 629.926; TAPIA AGUILERA J.M., C.I.Nº 630.125; VALDEZ N.R.C., C.I.Nº 630.229; RAUSEO C.H.E., C.I.Nº 630.506; G.G.J., C.I.Nº 630.774; G.J.A., C.I.Nº 631.563; PALACIOS D.G.M., C.I.Nº 632.075; NUÑEZ DE BELLO N.J., C.I.Nº 632.774; ANCHETA JAVIER, C.I.Nº 632.899; PERRONE DE MARRERO I.M., C.I.Nº 633.066; SANTOD.A.M., C.I.Nº 633.155; R.V.I.V., C.I.Nº 633.329; TOVAR DE VIZCAINO A.L., C.I.Nº 633.519; C.G.E. J,. C.I.Nº 634.816; VALLADARES H. M.E., C.I.Nº 635.410; GRATEROL M. E.M., C.I.Nº 637.002; POVEA DE M.C., C.I.Nº 637.078; MOLINA CANCINI S.T., C.I.Nº 638.854; POLEO C. L.M., C.I.Nº 638.880; G.N., C.I.Nº 639.697; QUIJADA N.J., C.I.Nº 640.234; URDANETA DE M.M.A., C.I.Nº 640.241; CAMACHO R. C.L., C.I.Nº 640.336; GONZÁLEZ DE PAD NILDA, C.I.Nº 640.512; LONGA FARÍAS L.J., C.I.Nº 640.775; LANDAETA GILBERTO, C.I.Nº 640.949; MOTABAN CALMA B.E., C.I.Nº 641.215; HERNÁNDEZ VIERA Y.A., C.I.Nº 641.268; NUÑEZ RIVAS G.M., C.I.Nº 642.200; L.G.M.A., C.I.Nº 643.626; NUÑEZ DE SALAS C.R., C.I.Nº 644.291; FRÍAS OVIVO P.O., C.I.Nº 644.332; DELGADO DE P.N., C.I.Nº 645.127; VELANDRIA ANGULO MARIO, C.I.Nº 645.233; HERNÁNDEZ PINTO L.A., C.I.Nº 647.854; G.D., C.I.Nº 650.964; NACARATO C. ALFONZO, C.I.Nº 650.988; CADENAS DE PEÑA CARMEN, C.I.Nº 653.296; OVALLES DE D.O., C.I.Nº 654.134; G.M.J., C.I.Nº 655.664; VERDU YOLANDA, C.I.Nº 657.404; MOLINA P.A., C.I.Nº 657.568; ARAQUE ATILANO, C.I.Nº 658.121; Q.P.J.G. C.I.Nº 659.886; PAREDES R.V., C.I.Nº 660.077; UZCATEGUI ROBERTO, C.I.Nº 661.583; BALZA S. VICTOR, C.I.Nº 661.949; BRICEÑO G.A.R., C.I.Nº 661.968; MERCADO H.J. C.I.Nº 662.105; ALBARRÁN HORACIO, C.I.Nº 663.076; S.A.J.R., C.I.Nº 663.262; MALDONADO MOLINA J.L.,. C.I.Nº 663.722; ALBARRÁN E.J., C.I.Nº 664.390; M.P.J. M, C.I.Nº 665.385; V.M.E., C.I.Nº 666.152; PAOLI G. A.J., C.I.Nº 666.240; G.E., C.I.Nº 666.612; M.E., C.I.Nº 666.692; M.L., C.I.Nº 667.754; ANDARA GABRIEL, C.I.Nº 667.861; ALBARRÁN J.A., C.I.Nº 667.933; PORRAS Z. CÉSAR, C.I.Nº 668.423; D.H.G., C.I.Nº 669.933; UZCÁTEGUI DE R.M., C.I.Nº 669.939; PEÑA S.P.S., C.I.Nº 670.812; D.D.R.L., C.I.Nº 671.017; JARA VILLAFRAS E.A. C.I.Nº 671.610; QUINTERO SULBARÁN CANDELARIO, C.I.Nº 671.976; R.L. DE, C.I.Nº 673.070; Q.A.E., C.I.Nº 673.072; HIGUERA A.E.J., C.I.Nº 673.685; LEÓN SILVESTRE, C.I.Nº 673.688; R.D., C.I.Nº 673.741; PARRA LEÓN A.J., C.I.Nº 673.797; M.D.B.F., C.I.Nº 674.030; COLMENARES B. GERARDO C.I.Nº 674.266; BRICEÑO BRICEÑO HORTENCIA, C.I.Nº 674.433; ALARCÓN HERMENEGILDO, C.I.Nº 674.460; BRICEÑO GONZÁLES J.I., C.I.Nº 674.516, VILLASMIL A. M.A., C.I.Nº 674.615; R.R., C.I.Nº 674.873; PAREDES HILDA C.I.Nº 675.039; SÁNCHEZ PEÑA ELISEO, C.I.Nº 675.154; Q.V.J.D.J., C.I.Nº 675.551; M.D.L.A., C.I.Nº 675.873; ALARCÓN DE NUÑEZ M.L., C.I.Nº 675.910; NUCETE F.J., C.I.Nº 677.215; R.F.A.S., C.I.Nº 677.701; ALARCÓN DE G.M. C.I.Nº 678.713; Q.D.L., C.I.Nº 680.614, A.H.B.D.J., C.I.Nº 681.010; P.R.M., C.I.Nº 681.106; MARQUINA MONTES DELIS, C.I.Nº 681.189; SÁNCHEZ DE TORO C.E., C.I.Nº 681.436; PÉREZ DE BASTIDAS BÁRBARA, C.I.Nº 681.575; PEÑA DIEGO, C.I.Nº 682.180; DUGARTE J.V., C.I.Nº 682.366; PARRA A J.F., C.I.Nº 682.541; SULBARÁN DE TREMONT M.E., C.I.Nº 682.993; SIFONTES S.P., C.I.Nº 684.210; SOLE DE CASTELLA MARGARITA, C.I.Nº 684.799; VERGARA ADA, C.I.Nº 685.635; SÁNCHEZ TERESIO DE J., C.I.Nº 687.761, R.E., C.I.Nº 690.009; G.J.C., C.I.Nº 690.066; CONTERAS C. L.M., C.I.Nº 690.490; GONZÁLEZ MORA J.R., C.I.Nº 691.124; GUTIÉREZ J.Á., C.I.Nº 692.572; DEVIA OCHOA J.A., C.I.Nº 694.395; S.G.J., C.I.Nº 694.547; M.A.J., C.I.Nº 696.397; CARRASQUERO JUVENCIO, C.I.Nº 697.435; RIVAS B. J.A., C.I.Nº 697.579, CUBILLÁN RAMÓN, C.I.Nº 697.817; L.G.M.G., C.I.Nº 700.212; C.C.R., C.I.Nº 700.285; L.D.M.C., C.I.Nº 701.999; S.R.J., C.I.Nº 703.289; BRACHO R. CARMELINA, C.I.Nº 705.254; PINEDA PINEDA P.C., C.I.Nº 707.025; S.M.J., C.I.Nº 707.448, P.D.G.T., C.I.Nº 707.624; FURZAN DE FERGUNSSON VICTORIA, C.I.Nº 708.105; COLINA F. E.J., C.I.Nº 708.154; UGAS P.F., C.I.Nº 708.501; A.B.J., C.I.Nº 711.995; G.T.A.A., C.I.Nº 713.883; ACOSTA L.M., C.I.Nº 713.945; G.S.R., C.I.Nº 715.023; CAMPOY A.R., C.I.Nº 715.531; G.C.V.P., C.I.Nº 716.260; JORDAN PRIMERA, AMADOR, C.I.Nº 718.888; PRINCE CUMARE FRANCISCO, C.I.Nº 719.013; BRICEÑO APONTE H.D., C.I.Nº 721.002; G.D.N.S.C., C.I.Nº 725.274; LATUFF GRATEROL REINERIO, C.I.Nº 726.565; CRISTIANS J.A., C.I.Nº 727.243; G.J., C.I.Nº 728.743; N.R.M.A., C.I.Nº 729.215; POLANCO J.M., C.I.Nº 730.154; LASTRA S.J.R., C.I.Nº 736.803; PEÑA DE ZERPA B.M., C.I.Nº 738.194, PÉREZ DE DOVALE A.M., C.INº 738.971; R.J.J., C.I.Nº 739.819; YANEZ P.M., C.I.Nº 740.319; CORDOVA R. SEGUNDO DE J., C.I.Nº 740.902; PÉREZ DE CEDEÑO ROSA, C.I.Nº 742.376; GUEVARA R. DIANORA M., C.I.Nº 742.432; MORÓN DE CHIRINOS B.M., C.I.Nº 742.771; S.G.R., C.I.Nº 742.904; R.S.J.A., C.I.Nº 743.098; ODUBER DELGADO J.E., C.I.Nº 744.293; SIVIRA M.V.R., C.I.Nº 744.566; O.R.M.D.J., C.I.Nº 745.188; LUGO ROJAS HÉCTOR, C.I.Nº 746.090; PIÑA R.R.A., C.I.Nº 746.551; M.A.N., C.I.Nº 746.612; G.L.S., C.I.Nº 750.431; BETANCOURT G.A.F., C.I.Nº 751.360; G.D.M.T., C.I.Nº 751.432; BASANTA R.J., C.I.Nº 751.908; HERRERA DE ACOSTA JUANA, C.I.Nº 751.959; MONASTERIO V.V., C.I.Nº 752.162; SOTILLO GUILLERMINA, C.I.Nº 752.482; BRITO DE LEAL RAFAELITA, C.I.Nº 753.701; MONASTERIO J.C., C.I.Nº 753.967; SOMOZA MARÍA, C.I.Nº 754.196; LEZAMA MIGUEL, C.I.Nº 754.293; DECAN R.A., C.I.Nº 754.397; GARBAN G.N., C.I.Nº 757.657; VILLALBA J.E.R., C.I.Nº 758.681; G.M.M., C.I.Nº 758.802; TOLEDO RONDÓN J.R., C.I.Nº 758.819; HERRERA MOLLANO M.V., C.I.Nº 760.445; TOVAR COVA RAFAEL, C.I.Nº 760.515; G.M.J.H., C.I.Nº 760.574; G.D.A.N., C.I.Nº 763.742; DEL VALLE HENING, J.M. C.I.Nº 765.980; ASTUDILLO GRILLET EVELIO, C.I.Nº 768.712; G.E.E. C.I.Nº 770.232; FIGUERA J.R., C.I.Nº 770.451; GUZMÁN BRIGGS MIGUEL, C.I.Nº 770.694; TANG C. LEÓN DOMINGO, C.I.Nº 771.302; ORTEGA DE BARREAT LUISA, C.I.Nº 771.483; AULAR DE A.N.D.C., C.I.Nº 772.107; G.D.R.L.D.V., C.I.Nº 776.252; GALLARDO VELÁSQUEZ ANASTACIO, C.I.Nº 776.855; MADRIZ J.M., C.I.Nº 777.965; VILLALBA DE G.G.A., C.I.Nº 778.648; TOMEDES DE ALCALÁ I.J., C.I.Nº 780.668, RODRÍGUEZ DE FACCHINERI VALERI, C.I.Nº 781.153; A.R.A., C.I.Nº 781.456; BELMONTE VALERIO, C.I.Nº 784.209; LINERO C.L., C.I.Nº 787.313; TOMEDES GRAU L.N., C.I.Nº 797.169; GÓMEZ GOITÍA V.M., C.I.Nº 797.751, LEZAMA P.M., C.I.Nº 798.078; BERMUDEZ MARER CARLOTA, C.I.Nº 798.322; MUÑOZ C.H., C.I.Nº 799.093; FIGUEROA DE AHING N.S., C.I.Nº 799.296; S.C.R., C.I.Nº 800.048; CÁCERES LEÓN C.A., C.I.Nº 800.113; G.E., C.I.Nº 801.107; CARVAJAL A.R., C.I.Nº 801.322; A.S.L.B., C.I.Nº 801.425; MEZA CEREZO J.A., C.I.Nº 801.599; V.D., C.I.Nº 801.617; C.J.M., C.I.Nº 802.279; V.G.F., C.I.Nº 802.597; MARCANA R. JESÚS, C.I.Nº 802.700; RADA EZEQUIEL, C.I.Nº 803.587; G.M.P.E., C.I.Nº 803.645; GIRAUD M.A.A., C.I.Nº 804.358; PEREIRA S.A., C.I.Nº 804.688; QUIJADA OTILIO, C.I.Nº 804.947; G.G.J., C.I.Nº 805.015; R.M.A., C.I.Nº 805.759; B.H., C.I.Nº 805.881; M.I.A., C.I.Nº 806.183; RÍOS BERNARDO, C.I.Nº 806.552; GUEDEZ FEDERICO, C.I.Nº 807.402, R.C.H.A., C.I.Nº 807.667; DE ARMAS ORTIA C.A., C.I.Nº 808.302; LADERA DE MONTE C.A., C.I.Nº 808.743; SANTOS DE PONTE CARMEN, C.I.Nº 809.177; ESPINOZA DE TIRADO E.M., C.I.Nº 810.366; R.L., C.I.Nº 810.675; L.E., C.I.Nº 811.426; CEDEÑO S. PRIMITIVO, C.I.Nº 811.432; A.R.B., C.I.Nº 813.275; L.D.R.C.F., C.I.Nº 816.958; PIÑA FRANCISCO, C.I.Nº 818.427; PEROZO H.A., C.I.Nº 819.928; CAMACHO RICARDO, C.I.Nº 820.146; RIVERO DE A.R., C.I.Nº 821.111; PINEDA SANGUINO L.J., C.I.Nº 821.418; FERNÁNDEZ MOTA EUCLIDES, C.I.Nº 821.443; MARANTE DE MALPICA G.J., C.I.Nº 822.193; OROPEZA DE D.M., C.I.Nº 822.415; DÍAZ A.C., C.I.Nº 822.912; PINTO DE E.R.J. C.I.Nº 823.558; M.F.E.G., C.I.Nº 823.782; P.R.J.M., C.I.Nº 826.019; MUJICA DARÍO C.I.Nº 826.453, QUIROZ B.J., C.I.Nº 826.680; A.M.E.J., C.I.Nº 827.331; DÍAZ DE REBOLLEDO MARSHA, C.I.Nº 827.425; FIGUEREDO I.R., C.I.Nº 828.283; M.D.L.A.C., C.I.Nº 829.229; CASTILLO PORTILLO F.M., C.I.Nº 829.488; IBARRA M.C.R., C.I.Nº 830.220; MACERO G. P.V., C.I.Nº 830.771; M.A., C.I.Nº 831.235; COLINA C. J.L., C.I.Nº 832.322; CARRASQUEL P.M.A., C.I.Nº 834.624; SANTAELLA G.P.A., C.I.Nº 836.062; AZUAJE B.O.A., C.I.Nº 838.264; R.G.R.N., C.I.Nº 838.316; M.O., C.INº 840.697; MARKVA DE CARRILLO SHILEY, C.I.Nº 841.667; A.D.R.M.J., C.I.Nº 844.238; H.B.A.S., C.I.Nº 845.308; CORREA DE TORTOZA CARMEN, C.I.Nº 845.884; A.M.S.E., C.I.Nº 845.956; H.O., C.I.Nº 846.300; HERRERA A. MIGUEL, C.I.Nº 846.523; M.E.H., C.I.Nº 847.291; L.H.B.J., C.I.Nº 849.518; C.F., C.I.Nº 852.952; OSAL P.P.I., C.I.Nº 859.674; HERRERA A. J.A., C.I.Nº 861.481; JOSE DE LA C. LUQUE, C.I.Nº 863.109; RAFAELA MILIANI DE VILLORIA, C.I.Nº 863.544; J.R.Q., C.I.Nº 866.596; E.J. CARRASCO HURTADO, C.I.Nº 867.114; A.C. BARRETO, C.I.Nº 867.376; PEDRO MORILLO, C.I.Nº 868.795; F.G., C.I.Nº 870.272; JESÚS FIGUERAS, C.I.Nº 871.935; C.R., C.I.N° 872.475; LUIS SUNIAGA, C.I.Nº 874.663; LUIS VILLARRUEL, C.I.Nº 874.847; D.S., C.I.N° 877.274; EDITA CABRERA, C.I.Nº 878.401; LUIS WIN DEVOXCHEL, C.I.N° 881.044; MARÍA TIRADO LISS, C.I.Nº 885.368; I.R.D.G., C.I.N° 887.953; VICENTE CAMACHO, C.I.Nº 890.202; JUAN CONTRERAS, C.I.N° 890.310, ADOLFO SOLER MONTILLA, C.I.N° 891.358; CRUZ BALZA, C.I.N° 894.687; ALMANDO O.R., C.I.N° 900.405; L.R.G. SEIJAS, C.I.N° 900.602; ARMENIO VILLEGAS SAAVEDRA, C.I.N° 900.818; MARÍA ESCALANTE MONTILVA, C.I.N° 900.866; PEDRO ZAMBRANO, C.I.N° 901.537; P.M. PRIETO, C.I.Nº 901.909; JUAN ECHEZURIA, C.I.N° 901.919; VICTOR VALERA, C.I.Nº 902.008; F.M. ROJAS BARRIOS, C.I.Nº 902.664; HECTOR QUINTANA, C.I.Nº 902.908; J.G., C.I.Nº 903.019; R.D.R.A., C.I.Nº 903.041, A.S. ESCALONA, C.I.Nº 903.513, L.R. C.I.Nº 904.113, SALO LUTTINGER, C.I.Nº 904.186; J.S., C.I.Nº 904.716; M.R., C.I.Nº 904.809; ISABEL RACAMONDE DE A,. C.I.Nº 905.095; L.F., C.I.Nº 905.163; R.L.V., C.I.Nº 905.630; HIPOLITO SEQUERA, C.I.Nº 906.123; JUANA ALCALA, C.I.Nº 906.153; M.T.P., C.I.Nº 906.432; E.R., C.I.Nº 906.566; ROBERTO FIGUERA, C.I.Nº 906.704; R.G., C.I.Nº 906.852; C.M., C.I.Nº 906.868; J.H., C.I.Nº 906.943; D.G., C.I.Nº 907.155; A.M., C.I.Nº 907.221; G.A., C.I.Nº 907.525; J.A., C.I.Nº 907.686; J.G., C.I.Nº 907.743; ALEJANDRO RIVERO, C.I.Nº 907.981; RAFAEL PALACIOS, C.I.Nº 908.016; A.R., C.I.Nº 908.284; V.J.R., C.I.Nº 908.420; ISABEL MACHADO, C.I.Nº 908.623; PEDRO LANDAETA, C.I.Nº 908.641; J.G., C.I.Nº 909.046; R.F., C.I.Nº 909.111; S.G., C.I.Nº 909.144; LEONOR NUÑEZ HENRIQUEZ, C.I.Nº 909.213; J.A. MATUTE, C.I.Nº 909.453; EMILIO MALAVE, C.I.Nº 909.471; VÍCTOR FIGUEROA L., C.I.Nº 909.499; GILBERTO LARROVERE, C.I.Nº 910.022; J.A., C.I.Nº 910.121; JOSÉ GUERRA G., C.I.N° 910.207; G.R., C.I.Nº 910.245; C.G., C.I.Nº 910.490; MIGUEL PEREIRA, C.I.Nº 910.522; L.P., C.I.Nº 910.888; E.H., C.I.Nº 911.152; GENARINO PUENTE, C.I.Nº 911.288; F.A. MUÑOZ, C.I.Nº 911.666; I.J., C.I.Nº 911.914; CLARO LA ROSA, C.I.Nº 911.986; A.A., C.I.Nº 912.030; SILVESTRE MORILLO, C.I.Nº 912.970; R.S., C.I.Nº 913.407; G.S., C.I.Nº 913.849; EULALIO GUEVARA, C.I.Nº 913.874; ASCENSIOR UZCATEGUI, C.I.Nº 914.898; D.T. CORDERO, C.I.Nº 915.278; R.L., C.I.Nº 915.459; S.L., C.I.Nº 915.569; L.L., C.I.Nº 915.994; LUCIANO TORRES, C.I.Nº 916.301; J.R.B., C.I.Nº 916.374; MARÍA SALAS DE M., C.I.Nº 916.412; A.M.M., C.I.Nº 916.897; LUISA AVELLAN, C.I.Nº 916.954; ABELARDO OLARTE G., C.I.Nº 917.184; JORGE DURÁN, C.I.Nº 917.577; JUAN MOLINA M., C.I.Nº 917.649; RAFAEL ARAUJO, C.I.Nº 917.662; M.G., C.I.Nº 917.783; F.H., C.I.Nº 917.980; PEDRO VIVAS, C.I.Nº 918.301; JUAN CUEVAS, C.I.Nº 918.342; RAUL QUERALES, C.I.Nº 918.643; C.P., C.I.Nº 919.071; JESÚS BARRETO, C.I.Nº 919.152; R.R., C.I.Nº 919.158; ANTONIO LARTIGUES, C.I.Nº 919.185; ISNARDO YANEZ, C.I.Nº 919.291; ROBERTO VENTRILLON, C.I.Nº 920.136; M.M., C.I.Nº 920.337; A.G., C.I.Nº 920.996; F.M.L.D.P., C.I.Nº 921.553; F.B., C.I.Nº 921.587; JESÚS URDANETA, C.I.Nº 921.766; L.O.R., C.I.Nº 922.428; E.M.D.R., C.I.Nº 922.784; DIEGO ARAUJO, C.I.Nº 922.836; MARCOS GUEVARA, C.I.Nº 922.925; N.R., C.I.Nº 923.170; JOSÉ CONTRERAS, C.I.Nº 923.537; R.A.L., C.I.Nº 923.623; M.G., C.I.Nº 923.685; LUIS PEREIRA, C.I.Nº 923.912; J.D. PORTALES, C.I.Nº 924.194; CARLOS DELGADO, C.I.Nº 924.390; M.T.J., C.I.Nº 924.841; C.M., C.I.Nº 925.162; J.G., C.I.Nº 925.505; C.M., C.I.Nº 925.564; S.S., C.I.Nº 925.698; J.S., C.I.Nº 925.718; RAÚL VILLALÓN, C.I.Nº 925.775, F.D.G., C.I.Nº 926.031¸TORIBIO M.B., C.I.Nº 926.770; M.E.H.D.M., C.I.Nº 926.780; L.J. ROJAS, C.I.Nº 926.787; F.C., C.I.Nº 926.808; CESAR PIRE, C.I.Nº 926.817; C.P., C.I.Nº 926.861; M.G., C.I.Nº 926.912; ALBERTO PARRA, C.I.Nº 927.125; F.J., C.I.Nº 927.345; E.G., C.I.Nº 927.471; LUDOLF WEHRMANN ATHING, C.I.Nº 927.949; ANGEL PULIDO, C.I.Nº 928.241; J.M.G., C.I.Nº 928.855; NICOLAS ZAPATA, C.I.Nº 928.943; J.E. RONDÓN, C.I.Nº 929.258; M.G., C.I.Nº 929.259; J.G. ESCALONA, C.I.Nº 929.412; JOSÉ GAVIRIA C.I.Nº 929.423¸VIVIA BERBESI MORENO C.I.Nº 929.436; CARLOS MEZA, C.I.Nº 930.719; J.I.D., C.I.Nº 930.810; MELBA SINT YAGO, C.I.Nº 930.904; J.R.S., C.I.Nº 931.334; GREGORIO UMBRIA C.I.Nº 931.574; FRANCISCA DÍAZ, C.I.Nº 932.271; RAFAEL MATOS GONZÁLEZ, C.I.Nº 933.015; OSCAR ESPARRAGOZA, C.I.Nº 933.113; E.M.A., C.I.Nº 933.347; T.B., C.I.Nº 933.556; O.M.R., C.I.Nº 933.753; PEDRO PABIQUE, C.I.Nº 933.765; MARCELO RONDÓN, C.I.Nº 933.968; J.M. ROJAS, C.I.Nº 934.102; PEDRO IZQUIERDO, C.I.Nº 934.486; C.G., C.I.Nº 934.502; FELIX QUINTANA, C.I.Nº 934.647; C.J. SANABRIA, C.I.Nº 935.085; FELIX CARABALLO, C.I.Nº 935.834; JORGE MATHEUS, C.I.Nº 935.885; J.J. PEÑA, C.I.Nº 936.216; OTILIA MOSQUEDA, C.I.Nº 936.815; MARY DE CORDERO, C.I.Nº 937.247; A.A., C.I.Nº 937.339; JOSEFINA RUSSIAN DE ORTA, C.I.Nº 937.490; JOSEFINA CEBALLOS DE M., C.I.Nº 937.674; ISMAEL LANDAETA, C.I.Nº 938.543; AURA PADRÓN DE MORA C.I.Nº 938.720; J.B. C.I.Nº 938.940; P.J. CARRASQUEL, C.I.Nº 939.793; BELEN HURTADO DE H., C.I.Nº 940.182; DIMAS DELGADO TOVAR, C.I.Nº 940.269; FERNANDO SISO, C.I.Nº 940.525; F.S., C.I.Nº 940.604; ANTONIO ESCALONA, C.I.Nº 940.618; LUIS VALECILLOS, C.I.Nº 941.237; GRACIELA OSUNA, C.I.Nº 941.301; MARÍA OSUNA, C.I.Nº 941.303; J.A. OCHOA, C.I.Nº 941.447; C.A., C.I.Nº 941.557; A.R., C.I.Nº 941.689; OSWALDO MORILLO, C.I.Nº 942.183; V.A., C.I.Nº 942.279; L.P., C.I.Nº 943.089; PEDRO SUAREZ, C.I.Nº 943.116; RAFAEL TORRES, C.I.Nº 943.143; GERARDO CAMPOS, C.I.Nº 943.185; VIRGINIA SILGUERO, C.I.Nº 943.285; ENESTO RODRÍGUEZ, C.I.Nº 943.625; SEBASTIÁN URDANETA, C.I.Nº 943.784; PEDRO RUEDA G., C.I.Nº 944.134; B.G.G., C.I.Nº 944.515; ISIDRO BRICEÑO, C.I.Nº 944.525; E.H., C.I.Nº 944.589; FELIX MONTILLA, C.I.Nº 944.906; MARÍA VÁSQUEZ, C.I.Nº 945.963; L.G., C.I.Nº 946.044; D.A., C.I.Nº 946.092; BERTA VILCHEZ, C.I.Nº 946.194; MARGO PLANAS DE ZAMBRANO, C.I.Nº 946.427; AGUSTIN NARANJO V., 946.430; S.M., C.I.Nº 946.885; R.R.A. LEAL, C.I.Nº 947.024; D.M.D.S., C.I.Nº 947.117; S.T., C.I.Nº 947.288; L.G., C.I.Nº 947.373; PAILINA SERRANO, C.I.Nº 947.857; DOMINGO MACHADO, C.I.Nº 947.861; V.J. TORRES R., C.I.Nº 948.026; MARÍA RIVERO, C.I.Nº 948.544; D.P. PALACIOS, C.I.Nº 948.554; H.C., C.I.Nº 948.813; ANA CRESPO, C.I.Nº 948.945; J.R., C.I.Nº 949.335; P.C., C.I.Nº 949.419; FELIX VAAMONDE, C.I.Nº 949.587; R.M., C.I.Nº 949.680; MIGUEL CHALITA, C.I.Nº 949.744; A.G., C.I.Nº 949.799; ROSA BAPTISTA DE BRICEÑO, C.I.Nº 949.849; I.R., C.I.Nº 950.115; H.J. AGÜERO, C.I.Nº 950.116; R.P., C.I.Nº 950.375; ERNESTO STEIN ORTA, C.I.Nº 950.500; A.T., C.I.Nº 950.662; J.H. PADRÓN, C.I.Nº 950.834; JOSÉ LEÓN, C.I.Nº 950.835; AMABILE OJEDA, C.I.Nº 950.909; FRANCISCO REJÓN, C.I.Nº 951.500; O.T., C.I.Nº 951.820; M.C. LEZAMA, C.I.Nº 951.845; PEDRO ACOSTA, C.I.Nº 951.851; E.M.D.A., C.I.Nº 952.002; ABDÓN MATA, C.I.Nº 952.438; J.R. CONDE, C.I.Nº 952.540; JUAN VICENETE ULLOA, C.I.Nº 952.655; LIBORIO SOLARTE, C.I.Nº 952.894; ALFREDO LAZO PACHECO, C.I.Nº 953.187; C.J.L., C.I.Nº 953.275; A.B., C.I.Nº 953.354; G.M., C.I.Nº 954.008; EMILIA PAREDES, C.I.Nº 954.212; GRACIELA BORREGALES, C.I.Nº 954.393; VÍCTOR ESCALONA, C.I.Nº 954.545; RUBEN ESIS, C.I.Nº 954.604; L.E., C.I.Nº 954.673; PABLO GONELL ABREU, C.I.Nº 955.989; LUIS SEQUERA C.I.Nº 956.292; FRANCISCO COLMENARES, C.I.Nº 956.609; TEODORO LOBATON, C.I.Nº 957.006; G.C., C.I.Nº 957.635; EDUARDO MOLINA, C.I.Nº 957.885; P.R. DÍAZ, C.I.Nº 958.003; O.Á., C.I.Nº 958.402; AUGUSTO FIGUERA NAVARRO, C.I.Nº 960.017; ENRIQUE ALBARRACIN, C.I.Nº 960.126; C.G., C.I.Nº 960.285; C.G., C.I.Nº 960.506; C.C., C.I.Nº 960.659; G.G., C.I.Nº 961.067; A.R., C.I.Nº 961.272; RAFAEL QUINTER, C.I.Nº 961.282; ESCOLASTINO PIÑA, C.I.Nº 961.293; C.A. DÍAZ, C.I.Nº 961.344; DIONISIO TORO, C.I.Nº 961.364; P.I. ROJAS, C.I.Nº 961.768; I.F., C.I.Nº 962.135; L.H., C.I.Nº 962.280; JUAN BUITRAGO, C.I.Nº 962.534; P.V.H., C.I.Nº 962.666; ISAAC DUARTE, C.I.Nº 963.223; DIÓGENES MACHADO, C.I.Nº 963.534; J.H., C.I.Nº 963.825; MANUEL PIÑERO, C.I.Nº 963.919; HUMBERTO DELGADO, C.I.Nº 964.047; BLANCA CAVALIERI, C.I.Nº 964.055; L.J., C.I.Nº 964.074; C.D.LGADO, C.I.Nº 964.089; CARMELINA DÍAZ, C.I.Nº 964.128; J.D.J.G.V., C.I.Nº 964.586; FELIPE VALERA, C.I.Nº 964.599; LUIS MORA, C.I.Nº 964.907; JOSÉ COLMENARES, C.I.Nº 965.073; T.E.P., C.I.Nº 965.662, GUILLERMO ARANA; C.I.Nº 965.664; A.L., C.I.Nº 965.898; ARMANDO TORRES, C.I.Nº 966.340; JOSÉ RIVERO SOTO, C.I.Nº 966.488; JUAN GALÍNDEZ, C.I.Nº 966.974; RAFAEL COLINA, C.I.Nº 967.460; ADA VALERO, C.I.Nº 967.713; RAFAEL ROJAS, C.I.Nº 967.877; PETRA LARROVERE DE A., C.I.Nº 968.107; MARINA PRATO, C.I.Nº 968.248; A.C., C.I.Nº 968.335; C.M., C.I.Nº 969.020; ATILIO BELARDI, C.I.Nº 969.493; JORGE CHACÓN, C.I.Nº 969.590; MARÍA CONTRERAS DE G., C.I.Nº 969.625; URBANO TORRES, C.I.Nº 969.889; PIO CABRITA ROJAS, C.I.Nº 970.064; DALIA RIERA, C.I.Nº 970.482; PEDRO MICTIL, C.I.Nº 970.662; LIEZER BEJAR KATAN, C.I.Nº 971.001; HERMENEGILDO RENGIFO, C.I.Nº 971.506; M.R. GRATEROL, C.I.Nº 971.849; F.S.G., C.I.Nº 972.374; REGIS MIERES, C.I.Nº 972.390; A.P., C.I.Nº 972.798; RAFAEL PINEDA, C.I.Nº 973.057; N.M., C.I.Nº 973.156; J.E. PRIETO, C.I.Nº 973.494; EDGAR HUGGINS CASTAÑEDA, C.I.Nº 973.901; A.S. DE MIKATY, C.I.Nº 974.108; CARMEN ACOSTA, C.I.Nº 974.128; A.J.M.C., C.I.Nº 974.259; LUIS ESCALONA, C.I.Nº 974.619; M.S., C.I.Nº 974.679; B.T., C.I.Nº 974.839; AUGUSTO ORAMAS, C.I.Nº 974.936; SANTIAGO VASQUEZ, C.I.Nº 975.082; A.J.M., C.I.Nº 975.165; A.G. C.I.Nº 975.426; L.M.M. C.I.Nº 975.444; RAUL PERDOMO C.I.Nº 975.450; F.A. CONTRERAS, C.I.Nº 975.545; CARMEN CALDERA, C.I.Nº 975.797; J.A. ALBEELA OLTAVIA, C.I.Nº 975.958; R.A.H.M., C.I.Nº 976.102; C.V.S., C.I.Nº 976.255; PEDRO ROJAS CARRILLO, C.I.Nº 976.644; EVARISTO FUENTES, C.I.Nº 976.649; M.A., C.I.Nº 976.999, MARTIN DÍAZ, C.I.Nº 977.225; A.R.Q., C.I.Nº 977.414; V.O.D.T., C.I.Nº 977.541; ELEAZAR JIMENO M., C.I.Nº 977.898; L.A.G., C.I.Nº 977.928; A.J. RONDÓN, C.I.Nº 978.243; F.M.B., C.I.Nº 978.607; C.J. HERMOSO M., C.I.Nº 978.830; LEÓN DAVID VALERO G., C.I.Nº 979.016; JOSÉ M BRACAMONTE, C.I.Nº 979.018; C.E., RODRÍGUEZ, C.I.Nº 979.150; C.M., C.I.Nº 979.386; MARÍA SUÁREZ, C.I.Nº 979.781; P.R. MURILLO R., C.I.Nº 979.912; VIRGINIA KANNEE DE MURIN, C.I.Nº 980.141; L.E.B., C.I.Nº 980.856; I.J.Z. R, C.I.Nº 980.869; C.E. APONTE, C.I.Nº 980.902; CARLOS TRUJILLO, C.I.Nº 980.972 E.R.M., C.I.Nº 981.003; J.F. CHIRIVELLA, C.I.Nº 981.102; J.R. ESCOBAR, C.I.Nº 981.404; OSCAR ESCALONA, C.I.Nº 982.126 J.E.P. C.I.Nº 982.410, L.G. PIÑANGO L., C.I.Nº 982.560; C.D. DORTA, C.I.Nº 983.057, ASCENSIÓN DIAZ, C.I.Nº 983.377, R.N., C.I.Nº 983.679, AUGUSTO IZQUIERDO, C.I.Nº 984.288, CRISPULO JACKSON, C.I.Nº 984.317, LIOENARDO AREAZA, C.I.Nº 984.580, MARÍA BETANCOURT, C.I.Nº 984.763; L.A., C.I.Nº 984.773; L.R., C.I.Nº 985.099; J.C., C.I.Nº 985.410; ANITA UZCATEGUI, C.I.Nº 985.512; C.G., C.I.Nº 985.520; A.G.D.V., C.I.Nº 985.646; OMAR SABELLI, C.I.Nº 985.845; L.F.M., C.I.Nº 986.028 A.A., C.I.Nº 986.106; BLANCA SERRANO, C.I.Nº 986.349 FRANCISCO OJEDA, C.I.Nº 986.964; TRINA TORRES, C.I.Nº 987.002; GERMAN SIVIRA, C.I.Nº 987.340; J.R.M., C.I.Nº 987.608; JOSÉ CONTRERAS, C.I.Nº 987.751; J.B., C.I.Nº 987.757; ANGELA VELAZQUEZ, C.I.Nº 988.040; JORGE MOTILLA, C.I.Nº 988.054; JUAN DIAZ C.I.Nº 988.077; P.J.C., C.I.Nº 988.243; JUAN FALOTICO C.I.Nº 988.435; JUAN REAL, C.I.Nº 988.462; R.G., C.I.Nº 988.581; JESÚS HERRADA, C.I.Nº 988.628; JORGE ANDRIZ, C.I.Nº 988.711; ALFONSO NOGUERA, C.I.Nº 989.680; ADELA RIOS, C.I.Nº 990.029; MARIA VELANDRIA, C.I.Nº 990.128; CARMEN PALACIOS, C.I.Nº 990.247; R.U., C.I.Nº 990.252; LUIS HERRERA, C.I.Nº 990.485; J.D., C.I.Nº 990.503; F.G., C.I.Nº 990.609; CESAR OLARTE, C.I.Nº 990.779; M.G., C.I.Nº 990.899; CARMEN SUAREZ, C.I.Nº 991.063; R.G., C.I.Nº 991.080; M.N., C.I.Nº 991.087; S.M., C.I.Nº 991.165; ANDRES FIGUEROA, C.I.Nº 991.510; OSCAR TABARES, C.I.Nº 992.057; PEDRO RUEDA, C.I.Nº 992.386; PEDRO MEJIAS, C.I.Nº 992.767; RAFAEL FIGUROA, C.I.Nº 993.553; EMILIO MOLINAR C.I.Nº 993.608; C.H., C.I.Nº 994.123; JESÚS PERDOMO C.I.Nº 994.183; M.C. CABRERA, C.I.Nº 994.218; MARIA SARMIENTO, C.I.Nº 994.405; MIGUEL BALZA, C.I.Nº 994.631; HECTOR VILLAMEDIANA, C.I.Nº 994.676; RAFAEL MIJICA, C.I.Nº 994.845; L.R., C.I.Nº 994.859; R.D.C., C.I.Nº 994.944; J.E.G., C.I.Nº 995.999; GEGORT GONZALEZ, C.I.Nº 996.116; I.H., C.I.Nº 996.184; C.P., C.I.Nº 996.252; RUBEN LOVERA, C.I.Nº 996.269, A.F., C.I.Nº 996.481, MANUEL GURRERO, C.I.Nº 996.570, C.S., C.I.Nº 996.863, ANTONIO VILLARRUEL, C.I.Nº 997.000, ESTABAN MORAO, C.I.Nº 997.269, AIDE BORREGALEZ, C.I.Nº 997.432, M.D., C.I.Nº 997.722, FRANCISCO SUAREZ, C.I.Nº 997.758, PEDRO LOZANO, C.I.Nº 997.784, JERÓNIMO FUENTES, C.I.Nº 998.151, PEDRO ASTUDILLO, C.I.Nº 998.590, FRANCISCO VIÑA, C.I.Nº 998.659, MARCOS SAYAGO, C.I.Nº 998.824, TARCISIA DE MONTERO, C.I.Nº 998.989, R.C., C.I.Nº 999.027, L.C., C.I.Nº 999.188, MIGUEL DEL VALLE MORAO, C.I.Nº 999.426, I.C. DE CATALAN, C.I.Nº 999.528, B.S., C.I.Nº 999.587, LUIS FONSECA, C.I.Nº 999.628, A.C.J., C.I.Nº 999.909, LEOPOLDO VALECILLOS, C.I.Nº 1.000.675, E.S. C.I.Nº 1.001.085, ASISCLO GRATEROL, C.I.Nº 1.002.817, VENANCIO TERAN C.I.Nº 1.002.887, RAFAEL CORREA, C.I.Nº 1.003.201, JUAN DE DIOS HERNANDEZ, C.I.Nº 1.004.226, A.D.R. C.I.Nº 1.004.254, JOSE GARRIDO LARA, C.I.Nº 1.005.895, H.D.M., C.I.Nº 1.006.356, BENJAMÍN ARAUJO, C.I.Nº 1.006.427, GLADIS MACHADO DE ARAUJO, C.I.Nº 1.006.761, L.B. DE BRICEÑO, C.I.Nº 1.011.045, ALIRIO LEON, C.I.Nº 1.001.451, GICELA DE SOSA, C.I.Nº 1.012.333, EDUARDO AÑIZ, C.I.Nº 1.013.995, J.D.A. OLMOS, C.I.Nº 1.014.564, E.A. C.I.Nº 1.014.865, HUBERTO BASTIDAS, C.I.Nº 1.015.206, L.G.R., C.I.Nº 1.017.227, P.Q. C.I.Nº 1.017.317, R.R. C.I.Nº 1.020.548, A.C. C.I.Nº 1.020.856, M.S. BELMUDEZ C.I.Nº 1.021.925, HERMES ESCIBAR C.I.Nº 1.022.265, F.S. C.I.Nº 1.025.766, L.M. BARRETO C.I.Nº 1. 027254; OTILIO DÍAZ PINEDA C.I.Nº 1.027.263; G.F. C.I.Nº 1.027.349; LUISA DE SEVILLA C.I.Nº 1 .033.214; A.A. C.I.Nº 1 .033.896; A.F. C.I.Nº 1.034.051; JUAN BRACHO C.I.Nº 1 .040.565; ANGEL HIGUERA C.I.Nº 1.042.530; E.M., C.I.Nº 1.043.247; JOSÉ ESCORIHUELA C.I.Nº 1.043.783; ANGELA GOVEA DE V. C.I.Nº 1.044.553; A.Q.D.P. C.I.Nº 1.044.706; R.B. C.I.Nº 1.044.785; GUILLERMO RINCÓN C.I.Nº 1.045.627; ÍZALE JESÚS DAVALILLO C.I.Nº 1.046.166; LESBIA RIOS DE GARCÍA C.I.Nº 1.050.716; SILFIDA VARGAS DE G. C.I.Nº 1.051.038; C.L.D.V. C.I.Nº 1.051.149; JOSÉ CARRUYO, C.I.Nº 1.052.597; G.G.D.B. C.I.Nº 1.053.570; JOSEFINA VILLASMIL C.I.Nº 1.054.879; J.G. C.I.Nº 1.055.277; CARMEN NAVA C.I.Nº 1.055.417; J.G. C.I.Nº 1.055.806; CARLOS ESCOLA C.I.Nº 1.056.352; J.Q., C.I.Nº 1.056.386; FRANCISCO POZO C.I.Nº 1.056.599; JOSÉ URDANETA C.I.Nº 1.058.059; CONMEMORACIÓN COLINA, C.I.Nº 1.058.720; MANUEL ROSILLO C.I.Nº 1.059.536; VENANCIO BELLO, C.I.Nº 1.060.246; A.N., C.I.Nº 1.060.478; J.R., C.I.Nº 1.060.640; AMELIA BENEDETTI, C.I.Nº 1.060.655; ALICIA LOAIZA C.I.Nº 1.061.535; HERCILIA LUZARDO, C.I.Nº 1.061.702; EUDOMARIO ATENCIO, C.I.Nº 1.063045; J.P., C.I.Nº 1.063.290; ISOLA F. DE LEAÑEZ, C.I.Nº 1.063.867, J.Á., C.I.Nº 1.064.995; QUENIS MADRID, C.I.Nº 1.065.141; FILOMENO PARRA C.I.Nº 1.065.268; L.R.D.G. C.I.Nº 1.066.736; LUZMILA IRIARTE DE V. C.I.Nº 1.066.748; LUIS ROJAS C.I.Nº 1.067.245; LUCRECIA DE RONDÓN C.I.Nº 1.067.280; ADAULFO FUENMAYOR C.I.Nº 1.068.021; ROBERTO PORTILLO, C.I.Nº 1.068.522; P.J. VARGAS, C.I.Nº 1.068.892; N.G., C.I.Nº 1.069.307, A.M. C.I.Nº 1.069.944; JOSÉ MARCANO C.I.Nº 1.070.140; JOAQUIN CARRUYO C.I.Nº 1.071.360; E.G. C.I.Nº 1.071.961; J.I. BASANTA C.I.Nº 1.072.427; R.C. C.I.Nº 1.073.057; JOSÉ LARREAL, C.I.Nº 1.073.193; M.G., C.I.Nº 1.073.473; HUMBERTO DÍAZ, C.I.Nº 1.073.748; CIRO VILLASMIL, C.I.Nº 1.074.043; R.M.S. C.I.Nº 1.075.343; RAFAEL VILLALOBOS, C.I.Nº 1.075.555; HERIBERTO AÑEZ, C.I.Nº 1.075.725; JOSÉ VILLALOBOS C.I.Nº 1.075.948, RAFAEL CAMACHO, C.I.Nº 1.076.876; ANTONIO URDANETA C.I.Nº 1.078.613; A.J.V., C.I.Nº 1.079.194; JOSÉ VILLALOBOS, C.I.Nº 1.079.260; MARÍA CAMEJO C.I.Nº 1.079.772; B.R.D.L., C.I.Nº 1.080.851; T.D.J. DE M.G., C.I.Nº 1.080.938; T.D.J. SOTO DE P., C.I.Nº 1.082.684; LUIS TROCONIS, C.I.Nº 1.082.700; ROBINSON ROO, C.I.Nº 1.082.868; G.M., C.I.Nº 1.082.915; A.F., C.I.Nº 1.083.480, C.D. TINEDO, C.I.Nº 1.084.273; ANGEL TROCONIS, C.I.Nº 1.086.075; JESÚS ALMARZA, C.I.Nº 1.086.322; RITA MONTENEGRO DE, C.I.Nº 1.086.876; GRACIELA GOMERO, C.I.Nº 1.087.033; MARÍA VILLALOBOS, C.I.Nº 1.087.483; LUCINDA URDANETA, C.I.Nº 1.088.252; RAFAEL BRACHO, C.I.Nº 1.088.294; RAMÓN CARDENAS, C.I.Nº 1.088.387; GLADYS PARRA DE M., C.I.Nº 1.088.596; MIRTHA MUÑOZ, C.I.Nº 1.089.003; L.R., C.I.Nº 1.089.051; J.M. DAVALILLO, C.I.Nº 1.090.168; YOLANDA URDANETA C.I.Nº 1.091.235; M.M., C.I.Nº 1.091.245; MARCIAL VILLALOBOS, C.I.Nº 1.091.520; JOSÉ PORTILLO, C.I.Nº 1.092.285; JESÚS PIRELA, C.I.Nº 1.092.304; M.V.S., C.I.Nº 1.092.611; ANTONIO CHOURIO, C.I.Nº 1.092.796; PETRA GALLEGOS, C.I.Nº 1.093.006; A.M. ABREU DE P., C.I.Nº 1.093.073; EXPEDITO VILCHEZ, C.I.Nº 1.093.856; L.R. ARBONA A., C.I.Nº 1.093.973; D.P., C.I.Nº 1.095.708; L.A.P., V., C.I.Nº 1.095.784, HERENA BAPTISTA DE G., C.I.Nº 1.095.876; JUAN SARABIA, C.I.Nº 1.096.309; R.F., C.I.Nº 1.096.441; RAFAEL AÑEZ URDANETA, C.I.Nº 1.096.803; ANGEL BORJAS, C.I.Nº 1.096.822; L.A. ESPINA, C.I.Nº 1.096.896; PABLO LEAL, C.I.Nº 1.097.502; DAGOBERTO BARRIOS, C.I.Nº 1.097.584; GUILLERMO LEAL., C.I.Nº 1.097.711; M.G.., C.I.Nº 1.097.861; E.G..,C.I.Nº 1.098.179; BARBARA MAYORCA DE DURÁN, C.I.Nº 1.098.629, ALEJANDRO CUMARE, C.I.Nº 1.099.235, SILIO BORJAS., C.I.Nº 1.099.261; ÁZAEL FUENMAYOR, C.I.Nº 1.099.872; J.M. LACRUZ, C.I.Nº 1.103.329; BERLARMINO SOSA OBREGEGON, C.I.Nº 1.043.338, H.R.G., C:I. Nº 1.105.077; MAGDALENA TORRES C.I.Nº 1.105.910; INDALECIO LOYO RITO, C.I.Nº 1.106.446; NESTOR MOGOLLÓN, C.I.Nº 1.107.399; MARÍA CARRERO, C.I.Nº 1.108.553, R.N.L.F., C.I.Nº 1.109.462; C.A., C.I.Nº 1.110.787; R.S., C.I.Nº 1.111.441, JULIO MONAGAS, C.I.Nº 1.116.163; CARMEN CORDONES DE ZABALETA, C.I.1.116.700, J.R. CASTAÑEDA, C.I.Nº 1.118.642, R.M.D.R., 1.119.936, ESTILITA PIMENTEL DE CHIRINOS C.I.Nº 1.120.064, G.A., C.I.Nº 1.122.733; EVA ZIRIT DE BARRANCOS, C.I.Nº 1.123.624; J.D.J. MEJIAS, C.I.Nº 1.124.848; A.M. DE RIVERO, C.I.Nº 1.126.182; HILDELGARTH GRIMAN DE SALAS, C.I.Nº 1.126.654; YRAIMA ROJAS, C.I.Nº 1.128.430; MAYORIS CASTILLO FIGUEROA, CI.I. Nº 1.129.131; M.R.Q. C.I.Nº 1.130.956; PEDRO TORIBE C., C.I.Nº 1.131.371; J.Q., C.I.Nº 1.131.575, MERCEDES MENDES DE S., C.I.Nº 1.132.008; J.A. C.I.Nº 1.132.594; P.J.B., C.I.Nº 1.132.944; MEDALIS MALPICA C.I.Nº 1.133.780; R.R., C.I.Nº 1.135.032; PABLO MUJICA C.I.Nº 1.136.444; SILVESTRE NAVARRETE, C.I.Nº 1.136.678, M.L., C.I.Nº 1.136.800, JULIO PACHANO, C.I.N° 1.137.040, I.Á., C.I.Nº 1.137.120, C.F., C.I.Nº 1.137.469, ANTONIO RIERA C.I.Nº 1.137.901. S.H., C.I.Nº 1.138.311, J.H. C.I.Nº 1.138.352, F.S., C.I.N° 1.138.553, MARCELINO NOGUERA C.I.Nº 1.138.654, BARTOLA DÍAZ C.I.Nº 1.139.647, LUISA GUANIPA C.I.Nº 1.140.691, PEDRO SOTO, C.I.Nº 1.141.104, ANGELINA CANSEN, C.I.Nº 1.141.157, SANTIAGO NATERA, C.I.Nº 1.141.369, MIGUEL RIVAS, C.I.Nº 1.141.370, B.V., C.I.Nº 1.142.403, OTILIA LADERA, C.I.Nº 1.142.763, A.A. VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.143.809, F.R., C.I.Nº 1.143.842, ALICIA LADERA, C.I.Nº 1.143.933, E.L., C.I. Nº 1.144.254, A.L. ,C.I.Nº 1.148.773, LIBIA TORRES, C.I.Nº 1.149.534, GLADYS SUÁREZ, C.I.Nº 1.149.550, MELCHOR CARRIÓN, C.I.Nº 1.149.580, AMALIA ZAMBRANO, C.I.Nº 1.149.805, CARDONA DE ESTANGA DE, C.I.Nº 1.150.102, FLOR PARRA DE LEÓN, C.I.Nº 1.150.424, CELESTINO GUARECE, C.I.Nº 1.150.469, FÉLIX PURVES, C.I.Nº 1.150.797, R.H., C.I.Nº 1.151.089, JOSEFINA PETIT DE G., C.I.Nº 1.151.432, ISMAEL MAIZ, C.I.Nº 1.152.388, J.C., C.I.Nº 1.152.400, GERARDO VARGAS, C.I.Nº 1.152.401, M.M., C.I.Nº 1.153.164, M.M., C.I.Nº 1.153.305, J.R., C.I.Nº 1.153.711, L.R. C.I.Nº 1.154.059, O.H., C.I.Nº 1.154.238, JUANA NEGRÓN C.I.Nº 1.154.677, U.G. C.I.Nº 1.154.739, G.G. C.I.Nº 1.154.740, EUGENIA FIGUERA, C.I.Nº 1.155.018, BEATRIZ CHACIN C.I.Nº 1.155.061, L.G., C.I.Nº 1.155.289, N.Z., C.I.Nº 1.155.354, CRUZ LOZADA, C.I.Nº 1.155.521, REYNA ARREAZA, C.I.Nº 1.156.032, A.J. PRESILLA, C.I.Nº 1.157.043, AUDILIO DELGADO, C.I.Nº 1.157.378, R.M., C.I.Nº 1.157.465, LEONARDO CANAVIRE, C.I.Nº 1.157.763, JUAN GUARAPO, C.I.Nº 1.157.965, ROSA DEVIER, C.I.Nº 1.158.194, R.T. DE SALVA, C.I.Nº 1.159.027, MAURA GUERRA, C.I.Nº 1.159.373, V.S., C.I.Nº 1.159.886, R.H., C.I.Nº 1.165.293, L.R., C.I.Nº 1.167.220, P.B., C. I. Nº 1.167.862, ELENA SILLET, C.I. Nº 1.167.973, RAFAEL YAGUARACUTO, C.I.Nº 1.168.376, MERCEDES GUAYURPA, C.I.Nº 1.169.814, MIGUEL RONDÓN, C.I. V. 1.175.961, A.R., C.I.Nº 1.176.717, VÍCTOR DÍAZ C.I.Nº 1.176.734, MARÍA MONASTERIO, C.I.Nº 1.176.818, MAXIMO CARDOZO, C.I.Nº 1.177.045, DAVID ROJAS, C.I.Nº 1.177.708, MATILDE BUSTOS, C.I.Nº 1.177.748; R.L., C.I.Nº 1.179.071, CANDELARIA ROJAS, C.I.Nº 1.188.629, LETICIA CHACIN, C.I.Nº 1.188.688; WINTILA GUACARAN, C.I.Nº 1.188.715, JAVIER ROJAS, C.I.Nº 1.189.635, B.M., C.I.Nº 1.189.645; E.R., C.I.Nº 1.190.400; MODESTA GUILARTE, C.I.Nº 1.190.445, CARMEN POYER, C.I.Nº 1.190.732, L.M., C.I.Nº 1.191.001; JOSÉ MONTILLA, C.I.Nº 1.191.903; CARMEN PIÑANGO, C.I.Nº 1.191.976, VESTALIA GRAFFE, C.I.Nº 1.192.390; J.N., C.I.Nº 1.193.924; GLADYS PIÑA, C.I.Nº 1.194.284; CRISTÓBAL MONASTERIOS, C.I.Nº 1.195.874; O.Á., C.I.Nº 1.196.138; ATILIA CANICHE, C.I.Nº 1.196.509; BETSY CARVAJAL, C.I. 1.197.744, LORENZA DE LEZAMA, C.I.Nº 1.197.975; BELKYS TORRES, C.I.Nº 1.198.410; E.R., C.I.Nº 1.199.561, ADA BALLESTEROS P., C.I.Nº 1.199.605; SAULO RIVERO, C.I.Nº 1.203.352; BENIGNO OCANTO, C.I.Nº 1.202.952; A.J., C.I.Nº 1.204.454, EDUVIGES AZUAJE, C.I.Nº 1.204.887; D.S., C.I.Nº 1.211.084; A.G., C.I.Nº 1.219.371; RAMÓN ZAMBRANO, C.I.Nº 1.226.490; J.R., C.I.Nº 1.230.590; PIO ARANGUREN, C.I.Nº 1.231.159; BLANCA DE CEBALLOS, C.I.Nº 1.231.727; VICENTE ALFIN, C.I.Nº 1.232.835; M.A. ORELLANA, C.I.Nº 1.233.670, ELEAZAR CAMELON, C.I.Nº 1.233.724; PABLO INFANTE, C.I.Nº 1.233.833; BRAULIO COLMENAREZ, C.I.Nº 1.236.204; ANGEL BOZA PARRA, C.I.Nº 1.236.630; ESTHER PERAZA DE ORTIZ, C.I.Nº 1.238.710; M.R. DE GIMENEZ, C.I.Nº 1.242.162 ; F.A. DÍAZ C.I.Nº 1.243.513; J.M.R., C.I.Nº 1.243.592; EMEE C. CHANGIR DE MARANTE, C.I.Nº 1.244.009, JACINTO A COLMENAREZ, C.I.Nº 1.244.175; HERCILIA R.RODRIGUEZ, C.I.Nº 1.245.593, J.A. GIMÉNEZ, C.I.Nº 1.246.085; R.S. GUERRA, C.I.Nº 1.246.473; ABILIA BARRAGAN CRESPO, C.I.Nº 1.247.251; N.P.S., C.I.Nº 1.247.682; M.J. ÄLVAREZ DE MULLER, C.I.Nº 1.248.350, CERBELION QUERALES ESCALONA, C.I.Nº 1.250.689; C.V. PERAZA V., C.I.Nº 1.252.306; VÍCTOR VILLALOBOS, C.I.Nº 1.252.344; E.J. MUÑOZ H., C.I.Nº 1.252.466; A.P.J. FREITEZ, C.I.Nº 1.253.144; DOMITILA GUEVARA, C.I.Nº 1.253.236; P.R.R. GUARECUCO, C.I.Nº 1.253.594; A.B. FREITES DE VALBUENA, C.I.Nº 1.253.714; J.B.D.T., C.I.Nº 1.254.073; F.R. MUJICA, C.I.Nº 1.254.681; JOSEFA PIÑA C.I.Nº 1.254.739; L.A.R.A., C.I.Nº 1.255.183; N.J. GOIZUETA DE MELENDEZ, C.I.Nº 1.256.165; C.J.L. DELGADO, C.I.Nº 10.256.969; J.S., C.I. 1.257.588; R.M. GUDIÑO DE MORALES, C.I.Nº 1.257.664; R.S.T. APONTE, C.I.Nº 1.257.937; D.R.M. COLOMBO, C.I.Nº 1.258.124; A.R. DE MENESES, C.I.Nº 1.258.882; I.P. GUEVARA, C.I.Nº 1.260.046; MANUEL MELENDEZ, C.I.Nº 1.261.818; A.M. CAMACARO P., C.I.Nº 1.262.180; J.D.J.G.C., C.I.Nº 1.262.474; R.A. PIÑA, C.I.Nº 1.263.639; E.R. RIVERO, C.I.Nº 1.264.227; GLADYS PEÑA URIBE, C.I.Nº 1.264.958; L.E. VELAZCO R., C.I.Nº 1.265.439; T.A.S. C.I.Nº 1.267.754; J.A.S.G., C.I.Nº 1.267.847; RAMÓN APONTE VALERI, C.I.Nº 1.268.148; J.T.F.J., C.I.Nº 1.268.974; R.J. ARRIECHE GARCÍA, C.I.Nº 1.269.125, G.A.Á. PARRA, C.I.Nº 1.269.723; O.A.C., C.I.Nº 1.270.488; J.V. COLMENAREZ, C.I.Nº 1.272.225; GERMÁN VÁSQUEZ SÁNCHEZ, C.I.Nº 1.272.805; N.Á. DE RODIL, C.I.Nº 1.273.412; R.G.R. PERNALETE, C.I.Nº 1.275.139; P.R. SUÁREZ, C.I.Nº 1.276.446; F.E. VALBUENA G., C.I.Nº 1.276.976; R.J. ROJAS, C.I.Nº 1.277.973; JOS PALACIOS ANTONI, C.I.Nº 1.280.530; C.E. BARRIOS, C.I.Nº 1.281.613; L.G. DE LÓPEZ C.I.Nº 1.282.417; J.M. FREITES, C.I.Nº 1.282.597; J.E. SANOJA DE VALDE, C.I.Nº 1.282.798; S.B.B., C.I.Nº 1.282.987; I.M. DE ESPOSI, C.I.Nº 1.283.312; PABLO AYALA, C.I.Nº 1.283.412; J.L. ALGARIN, C.I.Nº 1.283.592; ARNANDO SOLÓRZANO, C.I.Nº 1.283.678; A.J. PARRA A., 1.283.682, AIDA TERAN DÌAZ, C.I.Nº 1.284.282, J.F. VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.284.283, ELOY CAMBERA PIO, C.I.Nº 1.284.948, DELIA BARRIOS, C.I.Nº 1.285.940, MARÍA HERRERA, C.I.Nº 1.286.254, MARÍA MENESES DE BOLÍVAR, C.I.Nº 1.287.623, J.E. VARGAS, C.I.Nº 1.288.386, MARÍA TERÁN DE AGÜERO, C.I.Nº 1.288.671, ROSA LANDAETA, C.I.Nº 1.291.491, MIRNA ARGUINZONE, C.I.Nº 1.291.695, MARÍA VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.292.054, ANA DÍAZ, C.I.Nº 1.292.501, ROSALIA BRAVO, C.I.Nº 1.292.824, L.R., C.I.Nº 1.293.067, CARMEN SANOJA, C.I.Nº 1.294.648, SOILA BUSTAMENTE, C.I.Nº 1.295.649, JOSÉ ABADEJO, C.I.Nº 1.297.630, ELADIA MEDINA, C.I.Nº 1.297.678, NELLY DAMELLIS, C.I.Nº 1.297.679, F.M.G. ,C.I.Nº 1.297.725, ANA DAMELLIS, C.I.Nº 1.297.753, ESPERANZA LAMONT, C.I.Nº 1.297.754, VELEN DÍAZ, C.I.Nº 1.298.608, C.G., C.I.Nº 1.300.380, P.G., C.I.Nº 1.302.261, BERTHA BARRETO, C.I.Nº 1.303.182, J.D.J.H., C.I.Nº 1.303.372, FELIPE ACOSTA, C.I.Nº 1.304.666, A.M., C.I.Nº 1.304.733, A.G., C.I.Nº .304.815, A.J.P., C.I.Nº 1.306.266, EFRAÍN ZAMBRANO, C.I.Nº 1.306.974, ROSA CHAURAN, C.I.Nº 1.307.613, MANUELA IRAZABAL, C.I.Nº 1.308.230, A.R. C.I.Nº 1.309.272, A.M., C.I.Nº 1.309.745, JOSÉ VIERA, C.I.Nº 1.310.295, JOSÉ UZCATEGUI, C.I.Nº 1.311.707, M.A. TERAN, C.I.Nº 1.311.933, CARMEN BRICEÑO, C.I.Nº 1.313.099, M.C. DE ARAUJO, C.I.Nº 1.313.662, P.C., C.I.Nº 1.313.856, E.M.S., C.I.Nº 1.314.311, JOSÉ TOLOSA, C.I.Nº 1.314.413, J.M. PAREDES, C.I.Nº 1.315.186, CARLOS ONTIVEROS, C.I.Nº 1.316.220, J.D.J. ZAMBRANO, C.I.Nº 1.316.512, C.J. VASQUEZ, C.I.Nº 1.316.670, J.M.B., C.I.Nº 1.317.751, JOSE VIERA, C.I.Nº 1.318.149, P.G., C.I.Nº 1.318.918, M.M. DE GONZALEZ, C.I.Nº 1.318.937, ITALO PERDOMO, C.I.Nº 1.319.419, B.M., C.I.Nº 1.319.688, IGNACIO BOADA, C.I.Nº 1.321.100, E.R., C.I.Nº 1.321.439, CARMEN RIVAS DE ROMERO, C.I.Nº 1.321.637, D.H., C.I.Nº 1.322.024, DAMOSO REYES, C.I.Nº 1.322.837, JUAN LOSADA, C.I.Nº 1.323.084, J.H., C.I.Nº 1.323.270, MARIA RIVAS, C.I.Nº 1.323.424, J.R., C.I.Nº 1.323.650, MIGUEL ORDAZ, C.I.Nº 1.324.894, R.A., C.I.Nº 1.324.922, J.M., C.I.Nº 1.326.234, L.R., C.I.Nº 1.327.252, I.S., C.I.Nº 1.327.521, A.H. ,C.I.Nº 1.327.934; LUIS FIGUEROA, C.I.Nº 1.328.765; C.A., C.I.Nº 1.328.767; L.C., C.I.Nº 1.330.873; JESÚS GRUDAS, C.I.Nº 1.1.331.039; LUIS RIVERO, C.I.Nº 1.331.716; OFELIA MONASTERIOS, C.I.Nº 1.332.152; BRAVO AQUILINO, C.I.Nº 1.335.263; G.G. C.I.Nº 1.335.703; M.E., C.I.Nº 1.336.390; PERALTA RAMÓN, C.I.Nº 1.336.425; C.T., C.I.Nº 1.1.337.603; CESAR HERRERA, C.I.Nº 1.337.711; D.N., C.I.Nº 1.338.039; RASALIA GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.338.654; L.A. PINTO AMELIACH, C.I.Nº 1.338.673; E.M.B.C., C.I.Nº 1.338.713; A.M.A., C.I.Nº 1.338.992; C.W. MORILLO O., C.I.Nº 1.339.630; F.D. LEÓN FRANCO, C.I.Nº 1.339.916; V.J. MOLINA R., C.I.Nº 1.340.133; ALICIA BRITAPAZ DE RANGEL, C.I.Nº 1.342.190; J.J.R.A., C.I.Nº 1.342.396, I.J.P., C.I.Nº 1.342.911; PEDRO OROPEZA, C.I.Nº 1.343.358; N.H.M., C.I.Nº 1.344.112; LEOPOLDO VILLEGAS, C.I.Nº 1.344.752; MARÍA PAREDES DE SOTO, C.I.Nº 1.346.145; R.S. ERAZO, C.I.Nº 1.346.176; E.M. DE MONTES, C.I.Nº 1.346.366; LUISA VALERA DE GUEVARA, C.I.Nº 1.346.654; CARMEN SARMIENTO DE LUZARDO, C.I.Nº 1.348.434; TRINA MATOS DE LARA, C.I.Nº 1.350.186; F.R.G., C.I.Nº 1.350.442; E.S. KAFFURE, C.I.Nº 1.350.678; M.L. VÁSQUEZ, C.I.Nº 1.351.482; F.A. NUÑEZ, C.I.Nº 1.351.499; SOTERO GRANADILLO, C.I.Nº 1.351.635; M.M. RIERA DE MÉNDEZ, C.I.Nº 1.353.292; C.O.F.C., C.I.Nº 1.354.454; J.R. MORILLO, C.I.Nº 1.359.576; P.R.G., C.I.Nº 1.359.802; R.I. RIVAS I., C.I.Nº 1.360.688; O.J. BURGOS R., C.I.Nº 1.361.155; NANCY NOGUERA GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.361.401; P.G.G.R., C.I.Nº 1.361.966; EMILIO GRATEROL, C.I.Nº 1.363.048; JESÚS ROJAS, C.I.Nº 1.363.693; GUILLERMO SOLÓRZANO, C.I.Nº 1.364.088; L.V. LLOVERA DE MORO, C.I.Nº 1.364.283; F.A.A., C.I.Nº 1.364.314; RODOLFO BUTTINGER F.,C.I.Nº 1.364.398; O.C. DE RIVAS, C.I.Nº 1.364.772; P.J.L.A., C.I.Nº 1.365.058; OSWALDO TORTOLERO MEDINA, C.I.Nº 1.365.181; A.E. PÁEZ, C.I.Nº 1.366.526; O.O. CHIRIVELLA, C.I.Nº 1.368.574; DILIA PINTO DE HERRERA, C.I.Nº 1.371.521; L.J., C.I.Nº 1.373.060; T.G.M. DE MAJANO, C.I.Nº 1.373.115; M.C. VILLEGAS H., C.I.Nº 1.373.220; G.E.R., C.I.Nº 1.373.602; I.R. ESCALONA, C.I.Nº 1.374.895; EUSTACIO TARAZONA, C.I.Nº 1.375.333; B.P. NAVAS, C.I.Nº 1.375.425; FÉLIX ZAPATA, C.I.Nº 1.375.437; A.M.S. DE BRICEÑO, C.I.Nº 1.375.944; H.G. DE MIC., C.I.Nº 1.376.544; A.J.G., C.I.Nº 1.378.664; OLGA OSPINO DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.378.889; ARACELIS ISABE GALÍNDEZ DE ESP., C.I.Nº 1.378.924; V.M. VALENZUELA, C.I.Nº 1.382.501; TADEO OCHOA PEDRO, C.I.Nº 1.384.246; B.M., C.I.Nº 1.384.383; A.J.L. BARRERA, C.I. 1.386.339; L.R.R. CASNEIRO, C.I.Nº 1.388.015; J.V.F., C.I.Nº 1.388.060; R.R. OJEDA, C.I.Nº 1.390.933; M.A.S.G., C.I.Nº 1.392.244; J.T. NARVÁEZ V., C.I.Nº 1.392.310; R.V. BENÍTEZ, C.I.Nº 1.392.382; F.F.A., C.I.Nº 1.393.087; JOSÉ MONTILLA GÓMEZ, C.I.Nº 1.393.146; A.M.G., C.I.Nº 1.393.582; M.A.G. DE CHINCHILLA, C.I.Nº 1.393.659; C.A. PEÑA , C.I.Nº 1.394.214; C.A., C.I.Nº 1.394.467; R.P.G., C.I.Nº 1.394.650; R.J. RIVAS, C.I.Nº 1.395.071; A.D.J. BERMÚDEZ, C.I.Nº 1.397.216; AN MÉNDEZ DE PADOV, C.I.Nº 1.397.516; J.J. LOZANO, C.I.Nº 1.397.643; ELIZABETH MOLINA VILLARREAL, C.I.Nº 1.397.715; NILSON SANOJAS R., C.I.Nº 1.397.825; S.U.A., C.I.Nº 1.398.122; L.A. BARRIOS BRICEÑO, C.I.Nº 1.398.277; DILCIA OJEDA DE ANDRADE, C.I.Nº 1.399.738; S.J. CARDOZO C., C.I.Nº 1.399.757; F.D.C. VALERO, C.I.Nº 1.400.785; D.C. DE SALAS, C.I.Nº 1.401.218; ALBA M. DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.402.150; J.N. BASTIDAS, C.I.Nº 1.402.439; A.G. RIGORES R., C.I.Nº 1.402.546; C.T. CALDERA RAMÍREZ, C.I.Nº 1.403.593; HERIBERTO BRACAMONTE, C.I.Nº 1.404.893; B.R.P. DE ZAMBRANO, C.I.Nº 1.405.990; MIREYA BARRIOS DE PÉREZ, C.I.Nº 1.406.612; S.B. DE RIVAS, C.I.Nº 1.406.613; M.E.Z. DE MORENO, C.I.Nº 1.406.685; M.R. VIERA DE YANÉZ, C.I.Nº 1.407.286; M.A. SIMANCAS, C.I.Nº 1.407.600; N.L. DE VIERAS, C.I.Nº 1.408.338; R.D.J.G. BRICEÑO, C.I.Nº 1.408.362; POMPEYO PEREIRA, C.I. Nº 1.410.064; J.F. CAZORLA, C.I.Nº 1.410.256; N.J., C.I.Nº 1.410.527; FELIPE NUÑEZ, C.I.Nº 1.412.696; SOURAYA COLINA, C.I.Nº 1.413.110; A.T.A., C.I.Nº 1.413.668; B.L., C.I.Nº 1.414.694; L.A.G.R.,C.I.Nº 1.415.327; M.J.L. DE JASPE, C.I.Nº 1.415.911; E.D.J.H.O., C.I.Nº 1.417.316; A.Á., C.I.Nº 1.417.423; J.B.C.R., C.I.Nº 1.418.818; G.M.D.G., C.I.Nº 1.418.915; C.R.L., C.I.Nº 1.418.972; J.L., C.I.Nº 1.419.328; C.R.R.M., C.I.Nº 1.419.368; A.G.D.L., C.I.Nº 1.419.383; A.M.H., C.I.Nº 1.420.163; L.C.R.M., C.I.Nº 1.420.189; P.M.L. ROJAS, C.I.Nº 1.420.368; C.R. DE CONTRERAS, C.I.Nº 1.421.890; BLANCA COLINA DE VILLA, C.I.Nº 1.422.004; R.R.B., C.I.Nº 1.422.812; G.M.D.R., C.I.Nº 1.423.862; J.A. DÍAZ M., C.I.Nº 1.424.048; CORINA ZAVALA DE QUEZADA, C.I.Nº 1.425.886; A.E.M., C.I.Nº 1.427.653; A.Y.G. DE CALLES, C.I.Nº 1.427.796; J.E.A. DE CHIRINOS, C.I.Nº 1.428.406; J.A. IRIARTE PÉREZ, C.I.Nº 1.428.640; I.F. RUJANO, C.I. 1.428.655; J.F.R., C.I.Nº 1.428.660; P.G. GOTILLA PINA, C.I. 1.429.030; ELIDZ ORTUÑEZ DE BRAVO, C.I.Nº 1.429.404; O.A. DÍAZ M., C.I.Nº 1.429.707; M.J. DE MOLINA, C.I.Nº 1.429.798; EMMA LAMEDA DE CORDERO, C.I.Nº 1.431.080; S.A.L. ACOSTA, C.I.Nº 1.433.833; CIRILO ACOSTA, C.I.Nº 1.436.034; V.R., C.I.Nº 1.440.627; J.G. IRIARTE, C.I.Nº 1.440.874; T.R. SERRANO, C.I.Nº 1.440.991; L.M. COLLEY R., C.I.Nº 1.441.181; RAQUEL TORRELLI P., C.I.Nº 1.441.790; JOSEFINA VERACIERTA DE R., C.I.Nº 1.441.863; J.I.M.M., C.I.Nº 1.441.971; JOSÉ ACOSTA MATA, C.I.Nº 1.442.178; J.D. PORTILLO, C.I.Nº 1.442.261; EMILIO CHACÓN, C.I.Nº 1.442.265; A.G., C.I.Nº 1.442.331; ARGELIA BARRERA DE GÓMEZ, C.I.Nº 1.442.485; J.E. MRÍN ALFONSO, C.I.Nº 1.443.039; A.V. IRIARTE, C.I.Nº 1.443.809; T.E.A.M., C.I.Nº 1.443.926; O.A.M.A., C.I.Nº 1.443.934; DIONISIO BRICEÑO R., C.I.Nº 1.443.974; J.R. YANÉZ, C.I. N° 1.444.802; J.A. MASCOBETTO DÍAZ, C.I.Nº 1.444.904; D.V. DÍAZ DE MARTÍNEZ, C.I.Nº 1.445.016; C.I. DÍAZ DE CABRERA, C.I.Nº 1.445.017; MARÍA ARROYO DE LONGA, C.I.Nº 1.445.402; G.R.A., C.I.Nº 1.445.528; FÉLIX DÍAZ CURVELO, C.I.Nº 1.445.785; P.Z.P., C.I.Nº 1.445.842; ESCOLASTICO CAMPOS, C.I.Nº 1.445.943; BENIGMA TERESA CARSINA DE G., C.I.Nº 1.445.993; P.A. ESTEVEZ C., C.I.Nº 1.446.170; JOSÉ BAPTISTA MARTÍNEZ, C.I.Nº 1.446.781; JUAN MATA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.446.794; LEOPOLDO PIÑERO I., C.I.Nº 1.447.001; C.J.G.G., C.I.Nº 1.447.057; T.J.G., C.I.Nº 1.447.078; O.A. DÍAZ B., C.I.Nº 1.447.110; H.P.M., C.I.Nº 1.447.182; BASILIO PLANCHART, C.I.,Nº 1.447.302; L.A. SIMANCAS, C.I.Nº 1.448.001; B.S.M., C.I.Nº 1.448.697; P.A. OCHOA V., C.I.Nº 1.450.128; C.B., C.I.Nº 1.450.135; FÉLIX AMUNDARAY, C.I.Nº 1.450.727; ROSA CARVAJAL DE B., C.I.Nº 1.450.931; L.E.C.M., C.I.Nº 1.451.150; J.R., C.I.Nº 1.451.155; M.R.D.R., C.I.Nº 1.451.507; F.M.G., C.I.Nº 1.451.804; M.G.G.O., C.I.Nº 1.452.116; I.T.M. DELGADO, C.I.Nº 1.452.352; SILVERIO DÍAZ LÓPEZ, C.I.Nº 1.452.511; FÉLIX DELGADO G, C.I.Nº 1.452.707; H.A. SANTELIZ R., C.I.Nº 1.452.840; G.E. VIZCAYA GÓMEZ, C.I.Nº 1.453.642; C.R.P., C.I.Nº 1.454.018; E.E.G.D.D., C.I.Nº 1.454.188; A.D. MACHADO,C.I.Nº 1.455.351; G.E.D.G., C.I.Nº 1.455.481; O.G. ISTURIZ, C.I.Nº 1.455.575; MARÍA DE SERRA, C.I. 1.455.877; V.A. CARMAUTA Q., C.I.Nº 1.456.601; N.J. COHEN, C.I.Nº 1.456.653; H.I. PLANCHART T., C.I.Nº 1.456.984; M.B.L. IZQUIEL, C.I.Nº 1.457.584; JESÚS DÍAZ LÓPEZ, C.I.Nº 1.457.585; E.G. DE URBANEJA, C.I.Nº 1.457.728; P.C. PADILLA C., C.I.Nº 1.458.423; M.E.G. DE BORGES, C.I.Nº 1.458.602; EVILACIO HERRERA, C.I.Nº 1.458.707; D.S. DE LAGUNA, C.I.Nº 1.459.105; C.M.A., C.I.Nº 1.459.644; ANA DELGADO, C.I.Nº 1.459.726; LUISA RUSSIAN DE GRIS, C.I.Nº 1.461.296, J.L.M., C.I.Nº 1.462.060; D.J.R. BRAVO, C.I.Nº 1.462.355; C.M.J., C.I.Nº 1.462.359; R.D.G. MARCANO, C.I.Nº 1.462.735; J.D.M. QUEZADA, C.I.Nº 1.462.946; CAYETANO URBAEZ ALCALA, C.I.Nº 1.463.189; H.T. LOERO DE ROJAS, C.I.Nº 1.463.489; EDUVIGES DE NARVÁEZ, C.I.Nº 1.463.817; J.M. MOYA MOYA, C.I.Nº 1.464.375; J.D.V. BEAUMONT, C.I.Nº 1.464.636; E.M.G., C.I.Nº 1.465.814; H.F., C.I.Nº 1.466.389; Z.J. MONTILLA DE NAVARRO, C.I.Nº 1.466.964; NORBERTO RIVAS, C.I.Nº 1.467.772; C.A. CHACÓN, C.I.Nº 1.468.119, J.R. CARABALLO Y., C.I.Nº 1.468.944; L.M.G.D.G., C.I.Nº 1.468.953; JESÚS RONDÓN, C.I.Nº 1.469.157; F.G. RIVERA, C.I.Nº 1.469.923; F.G., C.I.Nº 1.473.316; B.Z. RENGIFO Z., C.I.Nº 1.475.941; A.R., C.I.Nº 1.477.253; F.N. RENGIFO, C.I.Nº 1.477.671; J.Á.G. TORREALBA, C.I.Nº 1.479.755; R.R.G. SUÁREZ, C.I.Nº 1.481.394; N.B. HERRERA DE ESPINOZA, C.I.Nº 1.484.010; E.L., C.I.Nº 1.491.519; ANDRÉS HERRERA, C.I.Nº 1.491.606; T.G. BRAVO, C.I.Nº 1.492.912; J.J. SCOUT, C.I. 1.496.759; E.C.M. DE ROJAS, C.I.Nº 1.497.112; J.D.V.M. MUJICA, C.I.Nº 1.497.114; D.S.Z., C.I.Nº 1.499.940; V.M. MONTAÑO M., C.I.Nº 1.500.373; J.R. AGUILERA, C.I.Nº 1.500.968; GREGORIO DALIS, C.I.Nº 1.501.676; J.R.G., C.I.Nº 1.502.208; EMIDIO CARRENO LEÓN, C.I.Nº 1.508.053; L.G. LUCES, C.I.Nº 1.508.746; D.G. DE LARES, C.I.Nº 1.509.031; LUISA DE ROJAS, C.I.Nº 1.509.891; B.A.E.M., C.I.Nº 1.509.989; FRANCISCO PERNÍA, C.I.Nº 1.510.219; F.G.M., C.I.Nº 1.510.435; DOMINGO GUERRA, C.I.Nº 1.511.281; P.E. NOVOA, C.I.Nº 1.511.469; F.M.D.A., C.I.Nº 1.511.691; RIQUILDA RINCÓN DE RAMÍREZ, C.I.Nº 1.512.438; J.D.C. CHACÓN, C.I.Nº 1.512.684; ELADIO CHAPARRO, C.I.Nº 1.512.712; P.G., C.I.Nº 1.513.531; JUA GUERRERO CH., C.I.Nº 1.513.680; S.G., C.I.Nº 1.514.205; JOSÉ SIERRA G., C.I.Nº 1.515.116; L.A. LOBO, C.I.Nº 1.515.225; M.V. ZAMBRANO DE SALINAS, C.I.Nº 1.515.557; J.R. TORRES RAMÍREZ, C.I.Nº 1.515.658; ROSALBINA MERCHAN DE PADILLA, C.I.Nº 1.515.995; ATILIO GUERRA DELGADO, C.I.1.516.779; L.A.A., C.I.Nº 1.517.045; M.O.M., C.I.Nº 1.518.261; J.H. CARREÑO, C.I.Nº 1.518.447; P.M.H., C.I.Nº 1.518.654; C.D.C.R., C.I.Nº 1.518.932; SOLEDAD ARAQUE DE ALVARADO, C.I.Nº 1.519.105; C.D. PAREDES, C.I.Nº 1.520.066; A.M.M.P., C.I.Nº 1.520.700; R.E. DÍAZ YÁNEZ, C.I.Nº 1.521.855; A.R., C.I.Nº 1.522.433; G.B. NOGUERA F.,C.I.Nº 1.522.516; CARMEN TORRES DE QUINTERO, C.I.Nº 1.522.642; CRISPULO ZAMBRANO, C.I.Nº 1.523.617; J.C. MONTILLA, C.I.Nº 1.523.807; AUDELINA PEÑUELA HERNAND, C.I.Nº 1.523.992; ISABEL SERRANO DE CASTILLO, C.I.Nº 1.524.934; G.A. PLAZOTA DE PÉREZ, C.I.Nº 1.525.062; B.G. DE CABALLERO, C.I.Nº 1.525.412; G.P. VIVAS, C.I.Nº 1.527.117; M.A. SALAS CHACÓN, C.I.Nº 1.527.281; M.A. ROA M., C.I.Nº 1.527.540; A.R. VARGAS MARTÍNEZ, C.I.Nº 1.527.646; J.A. COLMENARES, C.I.Nº 1.527.804; H.R.V., C.I.Nº 1.527.840; J.C. COLMENARES DE CHAN, C.I.Nº 1.528.353; JOSEFA MAVAREZ DE CHAN, C.I.Nº 1.528.866; RODOLFO PASTRAN B., C.I.Nº 1.529.549; GLADYS CASANOVA DE LINARES, C.I.Nº 1.530.252; F.H. BASTOS, C.I.Nº 1.530.298; E.F. VILLEGAS V., C.I.Nº 1.530.749; G.O., C.I.Nº 1.531.301; CARMEN CEBALLOS DE NIÑO, C.I.Nº 1.531.423; D.M.L., C.I.Nº 1.532.320; J.E. CARREÑO, C.I.Nº 1.532.646; J.R. MORA A., C.I.Nº 1.532.966; JUAN ONTIVEROS J., C.I.Nº 1.533.294; FELIPE DURÁN, C.I.Nº 1.533.500; O.M. TOLOZA PEÑARANDA, C.I.Nº 1.533.871; M.D.J.R., C.I.Nº 1.533.981; E.O., C.I.Nº 1.534.055; FRANCISCO SAYAZO, C.I.Nº 1.534.109; G.J.M.M., C.I.Nº 1.534.164; M.C. ZAMBRANO DE CASTRO, C.I.Nº 1.534.637; I.E.E. DE ZAM, C.I.Nº 1.534.892; MARÍA USECHE DE RIVAS, C.I.Nº 1.535.484; M.R. CONTRERAS ACEVEDO, C.I.Nº 1.535.682; M.H. PEÑA DE CORSO, C.I.Nº 1.536.067; A.E. CACIQUE DE MOROS, C.I.Nº 1.536.741; P.J.R. ESCALANTE, C.I.Nº 1.538.175; J.E.H.R., C.I.Nº 1.540.069; C.A. DÍAZ, C.I.Nª 1.540.196; I.T.E.A., C.I.Nº 1.546.071; MARÍA ROA DE ROMERO, C.I.Nº 1.548.317; M.A. ZERPA, C.I.Nº 1.550.597; J.I. FUENTES PRADA, C.I.Nº 1.551.067; A.S., C.I.Nº 1.551.323; MARÍA GOLFINTA R.G., C.I.Nº 1.551.621; J.A. QUIÑÓNEZ, C.I.Nº 1.551.985; B.E. TOSCAZO DELGADO, C.I.Nº 1.552.098; M.R. DUARTE, C.I.Nº 1.552.352; CARMEN PATIÑO DE PLATA, C.I.Nº 1.552.819; LEONILDE ALARCÓN DE ROSALES, C.I.Nº 1.552.969; FLOR MONSALVE DE RUEDA, C.I.Nº 1.553.865; VICTORIA RUGLES CLAVIJO, C.I.Nº 1.554.014; E.M. PANZZA OSTOS, C.I.Nº 1.554.047, G.M. DE BALBO, C.I.Nº 1.554.732; C.J.D.A., C.I.Nº 1.555.241; M.G. DE MONCADA, C.I.Nº 1.555.299; E.A.H. CACERES, C.I.Nº 1.555.303; D.M. CARRERO, C.I.Nº 1.555.353; A.B.G.S., C.I.Nº 1.557.200; C.J.M., C.I.Nº 1.558.021; F.D.M.M., C.I.Nº 1.558.104; R.A. DE PERDOMO, C.I.Nº 1.558.169; OMAIRA CACIQUE, C.I.N. 1.559.475; G.G.C., C.I.Nº 1.559.569, ANGELICA ARVELO DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.560.188; J.V. CAICEDO, C.I.Nº 1.570.634; ESPERANZA CASTELLANOS, C.I.Nº 1.571.542; M.A. PATINO G., C.I.Nº 1.571.789; J.R.B., C.I.Nº 1.571.813; M.D.U., C.I.Nº 1.572.597; M.E.A. DE BENTACOURT, C.I.Nº 1.572.885; M.R.D.T., C.I.Nº 1.573.730; H.B., C.I.Nº 1.574.944; FRANCISCO CÁRDENAS, C.I.Nº 1.575.209; CONSUELO ALVIAREZ DE VALERA, C.I.Nº 1.575.621; FERMÍN PARRA G., C.I.Nº 1.575.880; F.C.A., 1.575.945; L.E. QUIROZ, C.I.Nº 1.576.197; C.V. DE QUIROZ, C.I.Nº 1.576.583; ROSA ARNOBIA COLMENARES, C.INº 1.576.704; JORGE GARNICA P., C.I.Nº 1.577.152; J.D. DÍAZ DE DUQUE, C.I.Nº 1.578.627; INÉS REDONDO BAEZ, C.I.Nº 1.578.863; J.R. LEGUIZA N., C.I.Nº 1.580.340; J.E.J., C.I.Nº 1.581.088; N.R.S., C.I.Nº 1.582.396; F.R., C.I.Nº 1.582.481; J.S., C.I.Nº 1.582.503; ANA DUEÑES DE BARRERA, C.I.Nº 1.586.589; JORGE BRICEÑO, C.I.Nº 1.588.162; MARCIA BAEZ COVAULT, C.I.Nº 1.590.644; J.J.S. ACU A., C.I.Nº 1.591.438; MÁXIMO MOTA GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.593.715; N.E. MADURO G., C.I.Nº 1.596.678; IRMA CORNWELL DE SCHABOI, C.I.Nº 1.597.540; A.M. DE ARISMENDI, C.I.Nº 1.597.840; FELICIA CAMPBELL DE PHILIP, C.I.Nº 1.599.484; J.C.S. PIRASAN, C.I.Nº 1.600.581; P.D. UNDA, C.I.Nº 1.605.083; F.E. VÁSQUEZ, C.I.Nº 1.605.382; S.A. ZAPATA, C.I.Nº 1.605.673; R.A. LA CRUZ, C.I.Nº 1.606.248; R.M.O. BARRERA, C.I.Nº 1.607.270; T.Y.P. DE SERRAN, C.I.Nº 1.607.837; A.M. DE CHA, C.I.Nº 1.612.577; V.S.C., C.I.Nº 1.613.940; C.A.S.P., C.I.Nº 1.618.278; J.D.J. TORRES C., C.I.Nº 1.618.640; R.N.Z., C.I.Nº 1.619.038; MARTÍN AURON GALVIS RUÍZ, C.I.Nº 1.619.593; L.E. BARRIOS VÁLDEZ, C.I.Nº 1.620.383; R.A. CARVAJAL, C.I.Nº 1.620.635; S.M.L.R., C.I.Nº 1.621.022; I.R. DE CORRADO, C.I.Nº 1.622.334; A.F.L.P., C.I.Nº 1.624.190; A.M.G., C.I.Nº 1.625.451; C.G. SANTADER, C.I.Nº 1.627.840; NELIDA COLMENARES DE ZAMBRANO, C.I.Nº 1.628.721; R.E.S.S., C.I.Nº 1.628.754; OLGA CASANOVA DE RONDÓN, C.I.Nº 1.628.945; BERNARDA DÍAZ DE GUTIÉRREZ, C.I.Nº 1.629.161; V.D.P. CONTRERAS, C.I.Nº 1.629.489; CÉSAR NUÑEZ G., C.I.Nº 1.630.273; H.R. DÍAZ, C.I.Nº 1.630.452; V.R.S.P., C.I.Nº 1.630.540; D.M.M.A., C.I.Nº 1.630.769; F.S. GUERRA MARTÍNEZ, C.I.Nº 1.631.211; L.E. VELÁSQUEZ DE AMPARAN, C.I.Nº 1.631.295; MARÍA MILANO DE FIGUERAS, C.I.Nº 1.632.086; ROBERTO DÍAZ GUTIÉRREZ, C.I.Nº 1.632.335; V.L. MARCANO, C.I.Nº 1.632.400; S.A.R., C.I.Nº 1.632.409; E.R. PINTO MUJICA, C.I.Nº 1.632.486; A.J. MARJAL, C.I.Nº 1.633.083; F.H. CARBALLO, C.I.Nº 1.633.412; TOMÁS BERMÚDEZ, C.I.Nº 1.634.286; CARLOS HUNG B., C.I.Nº 1.635.428; E.A. APALMO, C.I.Nº 1.635.556; A.J. ARRIETA F., C.I.Nº 1.636.298; CLENTICIA MARÍA UQUILLAS, C.I.Nº 1.636.732; H.E. VILLALOBOS M.,C.I.Nº 1.636.974; CECILIA PULGAR DE G., C.I.Nº 1.637.579; NORBERTO BOHÓRQUEZ B., C.I.Nº 1.638.786; J.A.M., C.I.Nº 1.639.407; A.D.J. ACOSTA DE MOLIN, C.I.Nº 1.640.100; O.P. DE PULGAR, C.I.Nº 1.640.102; ANA PUCHE DE BRACHO, C.I.Nº 1.640.103; ROMÁN SEGUNDO HERRERA LÓPEZ, C.I.Nº 1.640.333; M.E.R. DE BARBO, C.I.Nº 1.640.795; H.D. IRIARTE S., C.I.Nº 1.641.172; JULIO SEGUNDO MORÁN, C.I.Nº 1.641.533; ROBERTO BELLO V., C.I.Nº 1.641.977; G.E.J.G., C.I.Nº 1.642.346; ROGELIO BRACHO ABREU, C.I.Nº 1.642.871; ANGELA BRACHO L., C.I.Nº 1.643.468; MURIELLE L. VILAIN P., C.I.Nº 1.643.598; H.J. HERRERA, C.I.Nº 1.643.662; YOLANDA DE SOUZA B., C.I.Nº 1.643.692; ORLANDO BRACHO R., C.I.Nº 1.644.290; VALMORE PUCHI L., C.I.Nº 1.645.751; A.A.C., C.I.Nº 1.645.990; A.R. SEGOVIA DE VALECILLOS, C.I.Nº 1.645.993; C.J. ALCALÁ DE ACOSTA, C.I.Nº 1.646.028; ANGELA DÍAZ DE RINCÓN, C.I.Nº 1.646.039; D.C., C.I.Nº 1.646.440; C.S.G. OTERO, C.I.Nº 1.647.515; EDIMIRO ANTONIO URDANETA PARRA, C.I.Nº 1.647.554; S.E. LARREAL, C.I.Nº 1.648.214; SEMIA MAKAREN ROMERO, C.I.Nº 1.648.221; R.A. MOLERO CARRASQUEÑO, C.I.Nº 1.649.197; L.F. PALMAR H., C.I.Nº 1.649.286; ORANGEL JOSÉ FUENMAYOR E., C.I.Nº 1.649.332; J.C. BARRIOS NAVARRO, C.I.Nº 1.649.407; M.A. ESPINA D., C.I.Nº 1.649.540; M.G., C.I.Nº 1.649.817; CELINA AÑEZ NAVARRETE, C.I.Nº 1.651.403; ANTONIO MONTILLA S. C.I.Nº 1.652.273; NEUCRATES LABARCA P., C.I.Nº 1.652.274; L.M.O. VILCHE, C.I.Nº 1.653.016; M.C.O.D.S., C.I.Nº 1.653.017; M.A. MUÑOZ DE PIRELA, C.I.Nº 1.653.018; AURORA OCANDO DE F., C.I.Nº 1.653.682; E.E.O. PIRELA, C.I.Nº 1.653.957; T.D.C. LEÓN BLANCO, C.I.Nº 1.654.308; A.D. TINEO S., C.I.Nº 1.654.541; E.O.R., C.I.Nº 1.654.591; ALICIA PARRA B., C.I.Nº 1.655.159; C.E.P.S., C.I.Nº 1.655.288; M.M. TERÁN, C.I.Nº 1.655.584; M.J. ARAUJO LEÓN, C.I.Nº 1.656.157; J.A. BRACHO, C.I.Nº 1.656.170; E.P., C.I.Nº 1.656.736; VELASCO HINOSTROZA, C.I.Nº 1.656.965; A.S.G.F. C.I.Nº 1.658.161; C.H. MORA, C.I.Nº 1.658.276; ELBA HERRERA DE NUÑEZ, C.I.Nº 1.658.394; L.E. URDANETA DE M., C.I.Nº 1.658.544; J.M.Q., C.I.Nº 1.659.240; ROSARIO NAVA DE IRIARTE, C.I.Nº 1.659.776; Z.M. DE PARRA, C.I.Nº 1.660.119; C.B. BARRIOS, C.I.Nº1.660.519; MARIO ESPINA, C.I.Nº 1.660.876; GRACIELA URDANETA DE MARCANO, C.I.Nº 1.661.263; NELSON PORTILLO F.,C.I.Nº 1.661.596; ANTONIO MORILLO VALBUENA, C.I.Nº 1.661.806; E.R.G.D.R., C.I.Nº 1.661.908; M.M.G., C.I.Nº 1.662.071; R.A. BRACHO, C.I.Nº 1.662.191; N.M.O.D.R., C.I.Nº 1.662.539; J.J. VALE DE ALCALÁ, C.I.Nº 1.662.821; ÁNGEL VILLALOBOS, C.I.Nº 1.663.620; R.J. BRICEÑO B., C.I.Nº 1.663.659; G.G.D.M., C.I.Nº 1.664.024; J.M., C.I.Nº 1.664.349; R.J. LEÓN ARIAS, C.I.Nº 1.664.716; R.A.M. SANTADER, C.I.Nº 1.665.383; E.J. BOHÓRQUEZ, C.I.Nº 1.665.406; EUDOMIRA C. SÁNCHEZ, C.I.Nª 1.666.551; R.J.R., C.I.Nº 1.667.462; Á.R.F., C.I.Nº 1.667.546; MARITZA ACOSTA GOROSTIZA, C.I.Nº 1.668.099; A.J. CAMPOS, C.I.Nº 1.670.054; R.Á. ESPINA, C.I.Nº 1.674.970; R.D.G.G., C.I.Nº 1.678.561; LIA NUÑOZ DE LÓPEZ, C.I.Nº 1.678.696; J.V. DUQUE, C.I.Nº 1.684.391; O.V. BOZO GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.684.487; ARMANDO RIVERO, C.I.Nº 1.684.884; BETILDE TERESA VILLASMIL PÉREZ, C.I.Nº 1.685.061; CARMEN INFANTE DE MUSA, C.I.Nº 1.685.371; ISABEL LEÓN, C.I.Nº 1.685.803; A.M. VILAIN PORTILLO, C.I.Nº 1.686.405; N.T. URDANETA, C.I.Nº 1.686.825; M.C. MARCANO DE TINE, C.I.Nº 1.688.690; O.C.F.G., C.I.Nº 1.688.741; L.L.R. GALLA, C.I.Nº 1.689.508; ALICIA CUBILLÁN DE G., C.I.Nº 1.690.409; E.R. VISLA, C.I.Nº 1.690.765; ANA ESIS, C.I.Nº 1.692.804; OLGA OQUENDO DE P., C.I.Nº 1.692.901; EURO BENITO CARRIZO RINCÓN, C.I.Nº 1.693.594; V.L. PUCHE U., C.I.Nº 1.694.454; J.A. LEÓN, C.I.Nº 1.695.430; MARÍA BRACHO DE ARRIE, C.I.Nº 1.695.474; O.M. PEREA TORRES, C.I.Nº 1.696.790; HILDA ECHETO F., C.I.Nº 1.697.017; I.A.R., C.I.N1.698.278; B.R. SÁCHEZ DE S., C.I.Nº 1.698.625; ALEYDA TAHOSER G.D.G., C.I.Nº 1.698.908; L.D.R. RÍOS BORJAS, C.I.Nº 1.699.453; C.E.G.G., C.I.Nº 1.699.950; EULISES CASTELLANOS, C.I.Nº 1.700.996; TEOLINDO PERNÍA ZAMBRANO, C.I.Nº 1.701.768; P.J. BUENO, C.I.Nº 1.702.795; CARMEN ZAMBRANO DE INCIARTE, C.I.Nº 1.703.003; DORIS VILLASMIL SÁNCHEZ, C.I.Nº 1.703.216; L.M. CONTRERAS, C.I.Nº 1.703.679; TOMÁS MOLINA, C.I.Nº 1.706.199; HERIBERTO URREA C., C.I.Nº 1.706.722; MIRIAN CARRERO DE GARCÍA, C.I.Nº 1.707.415; G.J.M., C.I.Nº 1.709.185; M.A.G.D.G., C.I.Nº 1.709.687; L.M.Y., C.I.Nº 1.710.018; AMABILES A. MUÑOZ FLORES, C.I.Nº 1.711.091; E.A. DÍAZ PANTOJA, C.I.Nº 1.711.211; J.D.C. RONDÓN, C.I.Nº 1.711.711; J.R. ALMENAR H., C.I.Nº 1.712.050; E.F. DE ÁLVAREZ, C.I.Nº 1.712.127; L.R. PLANAS, C.I.Nº 1.713.835; TRINA DUBOULAY DE P., C.I.Nº 1.714.044; MAURO GRATEROL, C.I.Nº 1.714.408; AGUSTÍN PINTO SOSA, C.I.Nº 1.714.500; J.J.S.G., C.I.Nº 1.714.515; J.M.P., C.I.Nº 1.715.068; RAMÓN CARMONA, C.I.Nº 1.715.699; MARÍA CONDADO, C.I.Nº 1.716.289; N.J.O., C.I.Nº 1.717.932; J.G., C.I.Nº 1.718.592; ARMANDO ARRATIA F., C.I.Nº 1.719.069; A.M. GARRIDO, C.I.Nº 1.719.223; NELLY VILLALOBOS DE FRANKLIN, C.I.Nº 1.719.854; A.R.R., C.I.Nº 1.719.856; C.D. BOULAY, C.I.Nº 1.720.247; F.R.Á., C.I.Nº 1.720.562; ATENCIA BORDONES DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.721.317; C.M. QUERO, C.I.Nº 1.721.620; IVANOES GUERRA MATA, C.I.Nº 1.722.379; A.E.B., C.I.Nº 1.722.514; I.S. DE KLADNIK, C.I.Nº 1.723.922; ESTRELLA VEGAS DE AZOULAY, C.I.Nº 1.724.154; E.R. DE PATIO, C.I.Nº 1.724.408; B.L., C.I.Nº 1.724.409; C.A. VIVAS C., C.I.Nº 1.724.435; D.J.R.D.C., C.I.Nº 1.724.442; Á.M. CEDEÑO, C.I.Nº 1.724.959; RAFAEL UTRERA PÉREZ, C.I.Nº 1.724.980; J.A.R., C.I.Nº 1.725.109; H.L. CASTELLANOS T., C.I.Nº 1.725.812; P.R. CARRASCO RUÍZ, C.I.Nº 1.726.539; H.M. GOITICOA DE VAAMONTE, C.I.Nº 1.726.910; J.D.R., C.I.Nº 1.727.158; R.A. APONTE O., C.I.Nº 1.727.296; C.A.L. DE LAHOUD, C.I.Nº 1.727.475; FRANK ITTERMANN, C.I.Nº 1.727.477; HAYDDE VILLAROEL DE SÁNCHEZ, C.I.Nº 1.727.664; GLADYS ARCIA ANZOLA, C.I.Nº 1.727.665; R.P. HERREROS P., C.I.Nº 1.728.453; G.L. TORRES A., C.I.Nº 1.728.822; DELLANIRA SIFONTES MEJÍAS, C.I.Nº 1.729.330; I.A.Q., C.I.Nº 1.729.559; E.E. OCHOA DE ROJAS, C.I.Nº 1.730.499; JUAN MONTERO REYES, C.I.Nº 1.730.543; NODDY V. OLLARVES, C.I.Nº 1.731.599; I.R.S.E., C.I.Nº 1.733.863; F.R. COA, C.I.Nº1.734.129; L.H., C.I.Nº 1.734.166; L.S. DE REVERÓN, C.I.Nº 1.735.592; M.G., C.I.Nº 1.735.770; MARÍA CARREÑO, C.I.Nº 1.736.668; N.A.O., C.I.Nº 1.736.793; JOSÉ LEÓN CORREA, C.I.Nº 1.737.830; J.A. MUJICA, C.I.Nº 1.737.924; G.S.R., C.I.Nº 1.738.186; J.D. GUARDIA F., C.I.Nº 1.739.523; G.E. FRAGENAS DE VARGAS, C.I.Nº 1.739.525; ISBE.M. P.O., C.I.Nº 1.739.862; G.R., C.I.Nº 1.740.064; CARMEN DUBOULAY DE SZELESTA, C.I.Nº 1.740.452; CONCEPCIÓN LANDAETA, C.I.Nº 1.740.641; MARÍA TORRES, C.I.Nº 1.740.799; A.O.D.H., C.I.Nº 1.741.914; E.M. DE BARRIOS, C.I.Nº 1.742.008; J.H., C.I.Nº 1.742.963; G.A. RUDA MESONES, C.I.Nº 1.743.363; N.G. TROCONIS PÈREZ, C.I.Nº 1.744.444; AURORA MARCANO DE BOSQUE, C.I.Nº 1.745.143; GLADYS MERCHÁN TEPEDINO, C.I.Nº 1.745.393; G.A.G. PÈREZ, C.I.Nº 1.745.464; ANA BERNADAS DE GARCÍA, C.I.Nº 1.745.478; R.V.R., C.I.Nº 1.745.496; MARÍA USECHE MOLINA, C.I.Nº 1.745.555; P.A. BARRIOS, C.I.Nº 1.745.637; N.R. AMORETTI, C.I.Nº 1.746.189; R.C.D.L., C.I.Nº 1.746.432; A.G.L., C.I.Nº 1.746.527; C.L. SOSA DE APONTE, C.I.Nº 1.746.981; A.P.S. DE FORD, C.I.Nº 1.747.074; HIDELIZA J. LEAL MONTEAGUDO, C.I.Nº 1.747.323; C.L. ESPÍN ORTIZ, 1.747.521; A.A. TORRES B., C.I.Nº 1.748.707; RAFAELA RENGEL ÁVILA, C.I.Nº 1.749.186; M.A. TROCONIS L., C.I.Nº 1.749.476; J.R. CRESPO M., C.I.Nº 1.749.648; M.R.M., C.I.Nº 1.750.908; Á.R.M., C.I.Nº 1.751.125; C.D. ALEMAN O, C.I.Nº 1.751.253; FÉLIX ISTURIZ, C.I.Nº 1.752.058; E.R. PORTUGUÉS, C.I.Nº 1.752.392; MELBA FREITES DE MÁRQUEZ, C.I.Nº 1.753.068; H.G. DE LAMEDA, C.I.Nº 1.753.558; L.M. CARRERO M., C.I.Nº 1.753.638; MARÍA DE LOS SANZ, C.I.Nº 1.755.046; B.M. DE BEULK, C.I.Nº 1.755.180; JULIETA VISTO FUENTES, C.I.Nº 1.755.383; M.E. SOSA SOSA, C.I.Nº 1.755.892; E.M. CARRIZO, C.I.Nº 1.756.048; INÉS PEPIN DE COMRIE, C.I.Nº 1.756.426; B.E. ALARCÓN DE MONTE, C.I.Nº 1.756.880; L.R. ÄLVAREZ, C.I.Nº 1.757.075; FREDDY RUADES LUGO, C.I.Nº 1.759.583; ALICIA GALÁRRAGA DE ÁLVAREZ, C.I.Nº 1.759.913; P.M. BARRETO VALERO, C.I.Nº 1.760.025; R.J. NOGUERA LINARES, C.I.Nº 1.760.494; M.R. MOLINA, C.I.Nº 1.760.756; JACINTO TORRES GÓMEZ, C.I.Nº 1.761.400; E.P., C.I.Nº 1.762.793; F.J. ESCALONA, C.I.Nº 1.763.377; M.P., C.I.Nº 1.765.067; J.S.R., C.I.Nº 1.766.455; J.R. TAMAYO, C.I.Nº 1.768.514; E.A. DE VARGAS, C.I.Nº 1.770.882; N.R. WALES, C.I.Nº 1.771.480; A.P. DE MORILLO, C.I.Nº 1.772.035; O.A.R., C.I.Nº 1.774.651; O.C. PAREDES PARRAGA, C.I.Nº 1.776.371; F.E. BARREAT DÍAZ, C.I.Nº 1.780.162; C.A. PADRÓN DE FERRAY, C.I.Nº 1.780.830; JOSEFINA AGUAJE DE MONTEZUMA, C.I.Nº 1.781.373; E.A. DE COLMENARES, C.I.Nº 1.781.403; EMILIANA DE ALTUVE, C.I.Nº 1.781.473; V.R.T., C.I.Nº 1.781.785; M.A. BARRIOS DE PEÑA, C.I.Nº 1.782.043; E.M. LIENDO, C.I.Nº 1.783.066; R.O.R.S., C.I.Nº 1.783.289; J.A.S.G., C.I.Nº 1.785.556; R.A.Q. DE MILANO, C.I.Nº 1.786.339; TOMASA PEDRÓN CAPOTE, 1.787.024; ALIRIO GAVIRIA LEÓN, C.I.Nº 1.787.622; O.M. CARRASQUEL, C.I.Nº 1.788.436; TRINA ORCINA CARDOZO DE BLANCO, C.I.Nº 1.788.486; B.E.M. DE LÒPEZ, C.I.Nº 1.789.333; J.A.R.R., C.I.Nº 1.791.088; T.A. DEVIA O., C.I.Nº 1.795.620; PEDRO BRACHO, C.I.Nº 1.803.498; ANA OQUENDO DE TORRE, C.I.Nº 1.808.479; ALIRICO DE JESÚS URDANETA, C.I.Nº 1.808.488; CONSUELO SUÁREZ DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.809.445; G.A.M.R., C.I.Nº 1.810.056; SHIRLEY GUEVARA BELISLE, C.I.Nº 1.810.198; J.A.B.C., C.I.Nº 1.810.251; T.C.O.A., C.I.Nº 1.810.272; E.J. BRONT, C.I.Nº 1.810.550; V.R.G.,C.I.Nº 1.810.624; P.R. VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.810.728; C.R., C.I.Nº 1.810.930; A.B.R., C.I.Nº 1.810.967; OLGA POWEL DE LÓPEZ, C.I.Nº 1.811.058; E.B. POWEL DE CEDEÑO, C.I.Nº 1.811.385; R.J. TINEO, C.I.Nº 1.811.543; A.G. MATA CEDEÑO, C.I.Nº 1.811.878; R.R. LÒPEZ, C.I.Nº 1.812.328; E.E.F., C.I.Nº 1.812.347; G.A. GAMBOA O., C.I.Nº 1.812.434; OSWALDO MARCANO TOLEDO, C.I.Nº 1.812.644; FRANCES GUEVARA DE VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.813.088; E.D.C.M. DE SOSA, C.I.Nº 1.813.099; J.S.L., C.I.Nº 1.814.026; ANONIO RAMÓN LUNAR BELLO, C.I.Nº 1.814.334; E.D.J. ARCIA MEDINA, C.I.Nº 1.814.597; P.A. FARIAS DÍAZ, C.I.Nº 1.814.852; M.E.O., C.I.Nº 1.814.956; IGNACIO CARABALLO, C.I.Nº 1.816.794; J.E. MERCHAN T., C.I.Nº 1.817.746; M.P. BULLEN, C.I.Nº 1.820.088; N.M. VASQUEZ, C.I.Nº 1.820.344; A.G. DÍAZ, C.I.Nº 1.820.526; B.J. RICHARDS PERMEL, C.I.Nº 1.820.642; IDAIRO INCIARTE AROCHA, C.I.Nº 1.821.628; G.M. DÍAZ DE DÍAZ, C.I.Nº 1.822.249; P.J. PIÑA, C.I.Nº 1.822.514; A.J. DE F.C., C.I.Nº 1.822.789; E.E.R.A.,C.I.Nº 1.824.080; E.L. ACOSTA PUCHE, C.I.Nº 1.826.556; N.A. RONDÓN, C.I.Nº 1.826.749; J.S., C.I.Nº 1.827.045; R.A. CAPITILLO ALVAR, C.I.Nº 1.827.912; HELIMENES JOSÉ CHIRINOS, C.I.Nº 1.829.729; M.D.C. DURÁN TIRADO, C.I.Nº 1.829.996; I.C. FAJARDO, C.I.Nº 1.831.082; M.J., C.I.Nº 1.831.122; O.R. CORNIEL, C.I.Nº 1.836.225; E.A. TEJADAS SEIOJAS, C.I.Nº 1.836.768; R.E. CORDERO G., C.I.Nº 1.836.978; MERILLO MOISÉS RUJANA DE RÍOS, C.I.Nº 1.837.627; V.J.A.A., C.I.Nº 1.845.300; ROSELIA HENRÍQUEZ DE BERMUDEZ, C.I.Nº 1.845.318; T.A.C., C.I.Nº 1.845.321; JOSÉ QUEZADA ORANGE, C.I.Nº 1.845.448; MARÍA DE ALBORNOZ, C.I.Nº 1.845.877; CÁNDIDO VOLCANES VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.845.919; M.B.B.M., C.I.Nº 1.846.107; A.J. DÍAZ, C.I.Nº 1.846.375; Y.O.D.L., C.I.Nº 1.846.533; A.L.Á. , C.I.Nº 1.846.611; PASTOR SUÁREZ A., C.I.Nº 1.847.220; ALONSO GUANIPA MORA, C.I.Nº 1.847.643; G.J. NUÑEZ GARCÍA, C.I.Nº 1.847.751; R.A. ROJAS A., C.I.Nº 1.847.810; JOSEFINA DÍAZ DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.847.887; ABILIO MALPICA SAAVEDRA, C.I.Nº 1.848.037; JULIO BASALO, C.I.Nº 1.848.063; J.F. DE GAZZANEO, C.I.Nº 1.848.554; A.M., C.I.Nº 1.848.718; J.J.G. ITRIAGO, C.I.Nº 1.849.348; R.E.M. CABRICES, C.I.Nº 1.849.451; MARÍA LEZAMA DE ARANA, C.I.Nº 1.849.568; L.M. BETANCOURT H., C.I.Nº 1.849.576; M.V.C. DE JARAM, C.I.Nº 1.849.695; M.A. SOLÓRZANO DE G., C.I.Nº 1.849.718; H.G.O., C.I.Nº 1.849.719; L.E. JACOTTE DE CHAPARRO, C.I.Nº 1.849.840; CARMEN QUEZADA VALDERRAMA, C.I.Nº 1.849.998; RAFAELA VIDARTIL COLINA, C.I.Nº 1.850.329; I.P., C.I.Nº 1.850.493; ZADILA MANTILLA C., C.I.Nº 1.850.591; L.C., C.I.Nº 1.850.868; A.M. PARRA, C.I.Nº 1.851.105: E.J.C., C.I.Nº 1.851.175; A.E.O.O., C.I.Nº 1.851.201; P.C.V., C.I.Nº 1.852.191; F.A.L.G., C.I.Nº 1.852.386; M.B.D.G., C.I.Nº 1.852.517; R.A.G. ARANGUREN, C.I.Nº 1.852.966; RÉGULO PEÑA, C.I.Nº 1.853.334; L.A. TORRES, C.I.Nº 1.853.513; J.M. VALLÉS, C.I.Nº 1.853.782; M.E.G., C.I.Nº 1.853.816;J.H., C.I.Nº 1.854.411; UVIGILIO G. G.G., C.I.Nº 1.854.558; E.C., C.I.Nº 1.854.972; Á.J.G., C.I.Nº 1.855.306; M.R.G., C.I.Nº 1.855.466; O.M. RINCÓN MUÑOZ, C.I.Nº 1.855.577; C.T.G.P., C.I.Nº 1.855.603; J.S.P.G., C.I.Nº 1.855.609; HÉCTOR REVERÓN, C.I.Nº 1.855.790; M.V. VEGA ROSAS, C.I.Nº 1.855.981; M.A.C., C.I.Nº 1.856.319; NARCISO VIZCAYA GÓMEZ, C.I.Nº 1.856.416; J.D.D.M., C.I.Nº 1.856.756; O.A. RIGUAL MÁRQUEZ, C.I.Nº 1.856.988; C.A. HERRERA DE JIMÉNEZ, C.I.Nº 1.857.105; L.M. PEÑA, C.I.N 1.857.164; M.G.G., C.I.Nº 1.857.183; J.A. PALAU TRAVIESO, C.I.Nº 1.857.348; V.M. TRAVIESO MARTÍNEZ, C.I.Nº 1.857.486; JESÚS DUGARTE PAREDES, C.I.Nº 1.857.603; JULIETA MOLINA NIEVES, C.I.Nº 1.857.675; E.H., C.I.Nº 1.857.951; VIANNEY CHIVILLA N., C.I.Nº 1.858.016; JORGE CORVAIA, C.I.Nº 1.858.456; Z.E.D.Á., C.I.Nº 1.858.571; MATEO SÁJESE, C.I.Nº 1.858.588; N.M. AUGE DE GARCÍA, C.I.Nº 1.858.604; E.T., C.I.Nº 1.858.618; T.D.P., C.I.Nº 1.858.622; JULIO COLMENARES, C.I.Nº 1.859.270; H.F.R., C.I.Nº 1.859.296; S.G., C.I.Nº 1.859.526; B.R., C.I.Nº 1.859.570; J.G., C.I.Nº 1.859.864; C.M.O., C.I.Nº 1.859.902; J.I. FUENTES, C.I.Nº 1.859.906; ELÍA SALAS INFANTE, C.I.Nº 1.860.026; O.B. CRRIZO M., C.I.Nº 1.860.767; A.T. VILLEGAS, C.I.Nº 1.860.841; O.A. MEJÍAS L., C.I.Nº 1.860.852; RICARDO PARRA, C.I.Nº 1.861.122; NICOLÁS RONDÓN, C.I.Nº 1.861.141; A.D.J. PERAZA D., C.I.Nº 1.861.382; S.C.R.M., C.I.Nº 1.861.388; GERARDO GUEVARA G. C.I.Nº 1.861.481; N.M.D.G., C.I.Nº 1.861.489; F.G.R., C.I.Nº 1.861.784; V.M. VELÁSQUEZ REINA, C.I.Nº 1.861.835; OLGA MOLINA DE RAUSE, C.I.Nº 1.861.937; G.R. CMPOS, C.I.Nº 1862.016; J.W. KUJAWA SUCHOMSKA, C.I.Nº 1.862.365; MORELLA E. OTAMENDI ESCOBAR, C.I.Nº 1.862.421; S.E.S.S., C.I.Nº 1.862.491; R.H., C.I.Nº 1.862.567; PEDRO MONTERO, C.I.Nº 1.862.869; J.M.B. TORREALBA, C.I.Nº 1.862.882; M.A. CARREÑO RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.863.534; F.E.G. LENZI, C.I.Nº 1.863.633; J.H. CADET C., C.I.Nº 1.863.817; P.G.G., C.I.Nº 1.863.863; ERNESTO ARANGUREN GÓMEZ, C.I.Nº 1.864.045; R.E.O.R., C.I.Nº 1.864.143; D.J. MONTOYA T., C.I.Nº 1.864.161; V.R.P.M., C.I.Nº 1.864.297; D.P. PEÑA PEÑA, C.I.Nº 1.864.615; N.M.M., C.I.Nº 1.864.793; A.J. VILLARROEL CASTILLO, C.I.Nº 1.865.108; ALVIN VOLKERTS, C.I.Nº 1.865.530; AURORA HIPCLIT ALVIRES DE G., C.I.Nº 1.865.922; FRIEDRICH MERKL BUTTNER, C.I.Nº 1.865.942; L.T. DE VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.866.173; J.R.N.F., C.I.Nº 1.866.334; LUIS MÀRQUEZ TEJADA, C.I.Nº 1.866.370; J.V. RAUSEO BAYOTA, C.I.Nº 1.866.514; E.R. VILLALOBOS MACHADO, C.I.Nº 1.866.952; C.J. BECERRA LEAL, C.I.Nº 1.867.048; EDO J.B., C.I.Nº 1.867.121; ROQUE DE J BRACHO ROJAS, C.I.Nº 1.867.143; H.E. CEDEÑO GARCÍA, C.I.Nº 1.867.394; Á.M., C.I.Nº 1.867.417; R.E.B., C.I.Nº 1.867.798; J.A.O.L., C.I.Nº 1.867.989; MANUEL ABREU SERRANO, C.I.Nº 1.868.109; P.H. ANGARITA DURÁN, C.I.Nº 1.868.202; L.B. GUARAMATO, C.I.Nº 1.868.291; R.S.L.R., C.I.Nº 1.868.315; ASCENSIÓN SERRANO, C.I.Nº 1.868.335; J.E.H. SIERRA, C.I.Nº 1.868.381; EULAGIO A. YANEZ, C.I.Nº 1.868.465; FELIPE PERDOMO ORTA, C.I.Nº 1.868.627; C.H. GARCÉS M., C.I.Nº 1.868.661; PISENA MOLINA DE FERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.868.691; ISABEL VIÑA DE CABRERA, C.I.Nº 1.868.693; ELBA VILLARROEL DE OCHOA, C.I.Nº 1.868.694; CARMEN MELENDEZ, C.I.Nº 1.868.975; CANDELARIA BORGES SUÁREZ, C.I.Nº 1.869.188;Á.E. BALZA, C.I.Nº 1.869.654; A.A. VIVAS, C.I.Nº 1.870.007; M.D.C.F.D.V., C.I.Nº 1.870.021; R.M. RIVAS, C.I.Nº 1.870.843; R.H. MONTAÑO RIGUAL, C.I.Nº 1.870.884; E.L. VENTO, C.I.Nº 1.870.972; F.I. CORRO DE R., C.I.Nº 1.871.944; R.D.R. C.I.Nº 1.872.088; P.G., C.I.Nº 1.872.813; JOSÉ ABELLO, C.I.Nº 1.872.832; J.C. ORTA ACOSTA, C.I.Nº 1.873.037; E.A., C.I.Nº 1.873.346; C.A. VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.873.555; G.H. DE BORJAS, C.I.Nº 1.873.989; M.J. BARRAEZ, C.I.Nº 1.874.561; O.A. DUGARTE, C.I.Nº 1.874.683; L.A. CAMARGO, C.I.Nº 1.875.039; R.M. CASILLAS GONZÁLEZ , C.I.Nº 1.875.276; L.O.D.J., C.I.Nº 1.875.291; WILLIAM ASSING DE FERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.875.725; A.R., 1.876.680; PETRA PEÑA, C.I.Nº 1.876.888; M.O. PINEDA ESTRADA, C.I.Nº 1.877.115; A.C. DE P.G., C.I.Nº 1.877.206; ZORAIDA DELGADO DE RENDON, C.I.Nº 1.877.344; R.F. CROQUER V. C.I.Nº 1.877.383; C.N.P. DE TORO, C.I.N.Nº 1.877.480; E.D.J. CHIRINOS, C.I.Nº 1.877.743; F.R.J., C.I.Nº 1.877.964; RAFAEL MAYORA, C.I.Nº 1.877.976; L.M. DE GUIL, C.I.Nº 1.878.068; L.F. VILLAMIZAR, C.I.Nº 1.878.693;CLEMENTE OZON R., C.I.Nº 1.878.813; EGLEE DE FARIAS, C.I.Nº 1.878.918; C.A.R., C.I.Nº 1.879.327; R.I. MUÑOZ PULIDO, C.I.Nº 1.880.008; C.D.R., C.I.Nº 1.880.084; S.J. GUARATA, C.I.Nº 1.880.638; J.A. GUARATA, C.I.Nº 1.880.893; P.R.F.N. C.I.Nº 1.881.157; O.C. PINTO C., C.I.Nº 1.881.979; J.R. CONTRERAS, C.I.Nº 1.882.018; G.R.H.D.R., C.I.Nº 1.882.035; O.R. VÁSQUEZ GARCÍA, C.I.Nº 1.882.090; P.E. LIENDO URBINA, C.I.Nº 1.883.207; FRANCISCO CUBANO, C.I.Nº 1.883.963; G.E. TORRELLAS PAIVA, C.I.Nº 1.884.036; L.A. BERDUGUILLO, C.I.Nº 1.884.209; O.B.P. ALGARRADAS, C.I.Nº 1.884.233; GERARDO VANDER D., C.I.Nº 1.884.273; M.Z. DE TIAPA, C.I.Nº 1.884.481; P.G. DÍAZ, C.I.Nº 1.885.103; L.A.M.A., C.I.Nº 1.885.524; C.R.O., C.I.Nº 1.885.588; H.J. SANABRIA, C.I.Nº 1.885.718; P.P.N., C.I.Nº 1.885.850; MARUJA FLORES DE MORAL, C.I.Nº 1.886.018; A.J. VELAZCO FUENMAYOR, C.I.Nº 1.886.286; IRMA DE SAVAGE, C.I.Nº 1.886.438; MIGUEL NICOLÁS LÒPEZ SERRANO, C.I.Nº 1.886.655; C.F., C.I.Nº 1.886.729; B.P. TEJERA, C.I.Nº 1.886.753; TOMÁS GUINALIO, C.I.Nº 1.887.779; C.G.R., C.I.Nº 1.888.517; LIGIA FIGUERA DE R. C.I.Nº 1.889.026; G.T., C.I.Nº 1.889.167; H.E.P., C.I.Nº 1.889.303; M.C.M.H., C.I.Nº 1.889.364; L.D.R., C.I.Nº 1.889.367; A.D.C. ALARCÓN, C.I.Nº 1.889.454; FRANCISCO VIUR, C.I.Nº 1.889.572; M.L.M., C.I.Nº 1.889.612; J.R.P., C.I.Nº 1.890.125; M.B.R.H., C.I.Nº 1.890.455; D.C. MOGOLLON ALCALÁ, C.I.Nº 1.890.548; J.L. RÍOS R., C.I.Nº 1.890.634; J.S. PERAZA, C.I.Nº 1.891.165; F.O.B.., C.I.Nº 1.891.223; A.E. LANDAEZ, C.I.Nº 1.891.779; R.A.R. REQUENA, C.I.Nº 1.891.854; L.H. GALITO, C.I.Nº 1.892.002; C.L.H. VILLALBA, C.I.Nº 1.892.069; J.C. PARRA CASTRO, C.I.Nº 1.892.583; A.F.T., C.I.Nº 1.892.743; R.P. DE ECHEZURIA, C.I.Nº 1.892.773; C.P. OYARBE DE VALER, C.I.Nº 1.892.921; IVÁN KUZNECOV T.,C.I.Nº 1.892.977; LESBIA MEJÍAS PÉREZ, C.I.Nº 1.893.007; GARDE CARABALLO, C.I.Nº 1.893.018; ESTELA BENÍTEZ DE S., C.I.Nº 1.893.209; ROBERTO GORDONES BETANCOURT, C.I.Nº 1.893.301; L.E. RIGUAL, C.I.Nº 1.893.653; A.R.R. DUQUE, C.I.Nº 1.893.700; Á.R. RENGIFO ISTURIZ, C.I.Nº 1.894.038; C.D.R., C.I.Nº 1.894.437; I.A., C.I.Nº 1.894.509; M.N. LEPAGE BARRETO, C.I.Nº 1.894.854; J.F. FARFAN, C.I.Nº 1.895.056; J.B.M., C.I.Nº 1.895.490; M.L. GIRÓN VILLARROEL, C.I.Nº 1.895.575; A.F. DE CORZO, C.I.Nº 1.895.731; A.R. BENÍTEZ R., C.I.Nº 1.895.913; F.E.G., C.I.Nº 1.896.081; C.O. COELLO DE FIGUEROA, C.I.Nº 1.896.325; I.M.U., C.I.Nº 1.896.382; P.V. PULIDO, C.I.Nº 1.896.694; BLANCA CASTELLANOS, C.I.Nº 1.896.835; M.V. ROJAS, C.I.Nº 1.897.026; M.C.G.D.F., C.I.Nº 1.897.580; S.G.D.M., C.I.Nº 1.898.023; S.C. DE CASTRO ACOSTA, C.I.Nº 1.898.266; G.D. SUÁREZ O., C.I.Nº 1.898.801; E.L. QUINTANA MONTERO, C.I.Nº 1.898.877; AURA HERRERA DE SALA, C.I.Nº 1.898.982; E.S.R., C.I.Nº 1.899.145; A.J.R.P., C.I.Nº 1.899.257; SOCORRO BETTIZAGATIZ DE CHAPÍN, C.I.Nº 1.899.561; A.D.J.S., C.I.Nº 1.900.678; PARMENIO CONTRERAS, C.I.Nº 1.901.569; M.D.L.S M.A., C.I.Nº 1.903.039; R.A.M.D.E., C.I.Nº 1.904.617; ISABEL ROA DE MORA, C.I.Nº 1.905.099; ARCÁNGEL CHACÓN A., C.I.Nº 1.905.338; M.S.A.,C.I.Nº 1.907.814; J.A. DUQUE DE MEDINA, C.I.Nº 1.909.454; EUTIQUIO HEVIA P.,C.I.Nº 1.909.766; O.R.G., C.I.Nº 1.909.850; J.E. OCANTO DÍAZ, C.I.Nº 1.909.930; EPAMINONDAS VILLAROEL, C.I.Nº 1.910.613; BRAULIO VIÑA GORDOÑES, C.I.Nº 1.912.755; G.A. VILLARROEL, C.I.Nº 1.912.795; T.R. FUENTES GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.912.951; BUENAVENTURA TINEO A., C.I.Nº 1.913.039; JOSEFINA RIVERA, C.I.Nº 1.913.298; LUISA MARCANO DE MOLLEGAS, C.I.Nº 1.914.506; P.R.M.E., C.I.Nº 1.915.652; E.L.B., C.I.Nº 1.916.180; G.J. GUERRA DÍAZ, C.I.Nº 1.916.388; R.R. QUEZADA MÉNDEZ, C.I.Nº 1.916.552; E.R. MARCANO, C.I.Nº 1.918.188; H.R. CARABALLO QUEZADA, C.I.Nº 1.918.265; CARMEN PIRELA, C.I.Nº 1.922.736; SEGUNDO E. CASTELLANOS PÉREZ, C.I.Nº 1.926.424; L.A. CONTRERAS LINAREZ, C.I.Nº 1.927.381; MANUAL A. BRICEÑO B., C.I.Nº 1.928.041; P.M., C.I.Nº 1.929.152; A.M. CHAPÍN DE NIÑO, C.I.Nº 1.930.613; OSMILIA ARREAGA DE C., C.I.Nº; 1.930.777; A.R. DE CARDOZO VICH, C.I.Nº 1.931.614; SILIO ADERMO MAS Y R.C., C.I.Nº 1.932.719; N.M. DUARTE BRACHO, C.I.Nº 1.933.755; A.A. VÁSQUEZ LÓPEZ, C.I.Nº 1.934.627; N.C.R.D.V., C.I.Nº 1.935.041; V.M.B. PÁEZ, C.I.Nº 1.935.060; R.A. CARRASQUEÑO, C.I.Nº 1.935.123; M.E.M.S., C.I.Nº 1.936.559; HILDA MARGARITA PETIT REYES, C.I.Nº 1.936.752; J.R.G.D.S., C.I.Nº 1.939.734; O.M. ROJAS, C.I.Nº 1.940.714; GLADYS DE TORRES, C.I.Nº 1.943.381; VÍCTOR GARBAN, C.I.Nº 1.946.160; N.D.C. ODREMAN TORRES, C.I.Nº 1.946.529; ARÍSTIDES VALDIVIESO, C.I.Nº 1.948.899; ADDY LABADY DE CARDOZO, C.I.Nº 1.949.475; P.E. ORTA PARIGUAL, C.I.Nº 1.949.629; E.D.R., C.I.Nº 1.960.648; GLADYS DE PETIT, C.I.Nº 1.960.649; RAMÓN PINTO CHIRINO, C.I.Nº 1.960.676; S.E. CARREÑO, C.I.Nº 1.960.764; A.C.N., C.I.Nº 1.961.194; A.R.H., C.I.Nº 1.961.661; DITIDA M. DE HERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.966.760; N.E. REVILLA FONSECA, C.I.Nº 1.967.425; M.A. DUNO POLANCO, C.I.Nº 1.968.806; L.E. BARREAT DÍAZ, C.I.Nº 1.970.297; O.R.R., C.I.Nº 1.970.482; C.A. ROJAS S., C.I.Nº 1.970.548; F.R. PONZO ACEVEDO, C.I.Nº 1.970.799; Á.P.B.B., C.I.Nº 1.971.316; J.O. TRUJILLO CASTILLO, C.I.Nº 1.971.364; J.A. SAYAZO VIVAS, C.I.Nº 1.971.902; Á.A. MONTES NUÑEZ, C.I.Nº 1.971.925; F.R., C.I.Nº 1.972.785; G.D.J. LEUNO DE WAGNER, C.I.Nº 1.980.332; C.A. AGÜERO F., C.I.Nº 1.980.637; E.C. CHAPÍN BELTRÁN, C.I.Nº 1.982.531; E.D.V. CEDEÑO DE ACOSTA, C.I.Nº 1.982.687; M.G. MARCANO G., C.I.Nº 1.982.810; M.D.P.R., C.I.Nº 1.986.238; I.V.F.S., C.I.Nº 1.986.309; MERCEDES DE SEQUERA, C.I.Nº 1.986.323; M.E. MOLINA P., C.I.Nº 1.986.324; N.D.P. SEGOVIA, C.I.Nº 1.986.409; J.F.L.F., C.I.Nº 1.986.611; CARMEN PEÑA DE CÉSAR, C.I.Nº 1.986.690; C.M. DE J, C.I.Nº 1.993.184; BENITO DUARTE, C.I.Nº 1.993.508; OLIMENIA MELCHOR, C.I.Nº 1.993.691; G.E.D.S., C.I.Nº 1.993.706; N.E. SOJO, C.I.Nº 1.996.180; P.J. FRÍAS B., C.I.Nº 1.996.238; J.M. SOJO, C.I.Nº 1.996.287; M.F. ABREU MARACANO, C.I.Nº 1.997.196; MEDARDA RENGIFO DE BRAVO, C.I.Nº 1.998.448; Á.H., C.I.Nº 1.999.236; D.M. DELGADO, C.I.Nº 2.003.258; ROGELIO DÍAZ, C.I.Nº 2.011.368; FILEMON YEPEZ LEÓN, C.I.Nº 2.011.752; C.L.G., C.I.Nº 2.012.354; B.E. MOSQUERA BOLTD, C.I.Nº 2.018.673; LILIA COLMENARES DE BUSTAMANTE, C.I.Nº 2.019.792; EXPEDITA GAMEZ, 2.021.088; R.G., C.I.Nº 2.021.591; J.A.L.R., C.I.Nº 2.022.596; ZAIDA MARCANO DE VALBUENA, C.I.Nº 2.024.879; ALEJANDRINA GRAFFE, C.I.Nº 2.025.638; ALBERTO SALAS PNTOJA, C.I.Nº 2.025.682; L.G. ROJAS, C.I.Nº 2.025.762; J.O. HERRERA , C.I.Nº 2.026.751; CARMEN PEREIRA, C.I.Nº 2.027.894; PRADO ARROYO BRICEÑO, C.I.Nº 2.036.047; L.H.P.D.G., C.I.Nº 2.039.524; ANTONIO BRACAMONTE VELÁSQUEZ, C.I.Nº 2.039.636, P.G. PARRA, C.I.Nº 2.040.967; C.C.G. MELEAN , C.I.Nº 2.053.012; E.R. TORRES DE MOSQUERA, C.I.Nº 2.056.138; L.G., C.I.Nº 2.057.895; CARMEN ALARCÓN, C.I.Nº 2.059.680; T.E. LOVAINA PATIO, C.I.Nº 2.060.159; F.A. DURÁN SÁNCHEZ, C.I.Nº 2.060.250, C.E.F. DE TORRES, C.I.Nº 2.060.452; J.M. EXPOSITO GONZÁLEZ, C.I.Nº 2.060.743; Á.F. VICENTELLI, C.I.Nº 2.061.122; A.T.O., C.I.Nº 2.061.314; G.J.C.S. C.I.Nº 2.061.338; R.D. PAZO, C.I.Nº 2.061.403; B.J., C.I.Nº 2.061.438; C.N. RIVAS DE BATTAGLINI, C.I.Nº 2.061.566; A.E.D.A., C.I.Nº 2.062.254; H.E.H.R., C.I.Nº 2.062.303; R.E. ORTA A., C.I.Nº 2.062.380; M.D.O., C.I.Nº 2.062.528; G.L., C.I.Nº 2.062.743; SIXTO NUÑEZ REYES, C.I.Nº 2.062.991; T.R. DE ROA, C.I.Nº 2.062.996; FRANCISCO TROJA, C.I.Nº 2.063.189; OLGA DE PIÑA, C.I.Nº 2.063.345; M.A. VILLALOBOS ESPINOZA, C.I.Nº 2.064.261; M.D.F., C.I.Nº 2.064.526; RAFAEL ABREU SERRANO, C.I.Nº 2.064.666; Y.M.O., 2.064.847; M.R.G. C.I.Nº 2.065.120; SUSANA IRIARTE DE MARTÍNEZ, C.I.Nº 2.065.463; L.A. CASANAS, C.I.Nº 2.066.221; T.V. SANZ, C.I.Nº 2.066.824; HEINRICH SCHOTT, C.I.Nº 2.067.246; C.E. AROCHA HERRERA, C.I.Nº 2.067.664; H.M.G.D.S., C.I.Nº 2.068.206; CONSUELO LEÓN DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 2.068.520; I.W.M. NEGRÓN, C.I.Nº 2.069.291; Y.G.S., C.I.Nº 2.069.639; N.G., C.I.Nº 2.070.240; C.A.A. SUCRE, C.I.Nº 2.070.712; L.A.L., C.I.Nº 2.070.746; ALBERTO BORGES GUZMÁN, C.I.Nº 2.070.934; D.G.F.G., C.I.Nº 2.071.106; M.Y. DÍAZ, C.I.Nº 2.071.493; R.E. VELÁSQUEZ ALFONSO, C.I.Nº 2.071.573; BRULE PABLO VAN DER, C.I.Nº 2.071.706; LEOPOLDO VALECILLOS, C.I.Nº 2.071.834; VICENTE DIEZ V., C.I.Nº 2.072.122; J.E. PALACIOS RAMOS, C.I.Nº 2.072.417; GUISEPPE PARATORE, C.I.Nº 2.072.738; F.R.G. DÍAZ, C.I.Nº 2.073.155; M.A. PEÑA, C.I.Nº 2.073.219; R.B. DE BRUZUL, C.I.Nº 2.073.340; J.R.M., C.I.Nº 2.073.450; V.M. BORGES, C.I.Nº 2.074.395; J.R. SUÁREZ ARRAIZ, C.I.Nº 2.074.676; RIGOBERTO GUARATA, C.I.Nº 2.074.919; R.C.O.B., C.I.Nº 2.075.367; O.T. VILLARRAGA P., C.I.Nº 2.075.436; TERESA GRILLO DE ROJAS, C.I.Nº 2.075.485; AURORA BRICEÑO, C.I.Nº 2.075.662; L.E. CHACÓN DE VEGA, C.I.Nº 2.075.693; M.A.O. GUARENAS, C.I.Nº 2.075.728; JULIA ARTEAGA DE BARRIOS, C.I.Nº 2.076.358; Á.E.U.M.,C.I.Nº 2.077.610; A.H. VECCHIONE DE AGUIRRE, C.I.Nº 2.077.774; JESÚS LÒPEZ SANTÓN, C.I.Nº 2.078.890; GIOACCHINO ANSELMO, C.I.Nº 2.078.917; GISELA PARES LEÓN, C.I.Nº 2.079.818; J.M. FUENTES, C.I.Nº 2.080.193; NINA CEBERG DE FRÍAS, C.I.Nº 2.080.344; GLADYS VILLARRAGA PIÑA, C.I.Nº 2.080.417; H.J. MARCANO LUCHON, C.I.Nº 2.080.552; L.R. SILVERA, C.I.Nº 2.080.899; FAUSTO CALDONI AMENDOLARI, C.I.Nº2.081.441; RAFAEL ESCUELA H., C.I.Nº 2.081.605; J.A.R., C.I.Nº 2.081.617; GLADIS PEREIRA PERES, C.I.Nº 2.082.626; JULIA PEREIRA DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 2.082.724; T.D.V.G. COVA, C.I.Nº 2.082.791; A.V. LOMBANO, C.I.Nº 2.083.105; J.I. GAIZARAIN, C.I.Nº 2.083.405; H.M. MACHUCA, C.I.N° 2.083.979; LUCIANO AGUIAR, C.I.N° 2.084.057; ESTHER M ESCALONA DE URBE., C.I.N° 2.084.424; MARÍA AÑASCO DE TABORDA, C.I.N° 2.085.226; MARÍA ALDANA GARCÍA, C.I.N° 2.085.283; O.R.D.P., C.I.N° 2.085.389; MARÍA VARGAS DE HERRERA, C.I.N° 2.085.721; E.L. DE KISSENBECK, C.I.N° 2.086.425; GREGORIA J.MÁRQUEZ TANG, C.I.N° 2.087.263; J.A. ORTA MARTÍNEZ, C.I.N° 2.087.380; GLADIS BARRIOS QUEVEDO, C.I.N° 2.087.644; EDDY Y.DE MARCANO RODRÍGUEZ, C.I.N° 2.087.701; GRACIELA HERRERA, C.I.N° 2.088.160; SURMONT S.L., C.I.N° 2.088.380; R.A. CALLES, C.I.N° 2.088.787; A.C.IZQUIERDO DE BA, C.I.N° 2.089.170; M.E. AGELVIS MONSALVE, C.I.N° 2.089.657; G.E.R. REQUENA, C.I.N° 2.089.663; G.L.R., C.I.N° 2.089.941; ARAQUE SELVIA, C.I.N° 2.090.373; VILLAGOMEZ L.M., C.I.N° 2.090.487; FALCÓN BELMONTE E.J., C.I.N° 2.092.987; DE C.M.L.J., C.I.N° 2.094.021; F.F.J.J., C.I. N° 2.094.569; M.F.G. J, C.I.N° 2.095.140; CORREDOR DE BALZA ROSAURA, C.I.Nº 2.095.235; SANTODOMINGO REBELLO ADAN, C.I.N° 2.095.379; PASARELLI ANIELLO, C.I.N° 2.095.422; AMEZAGA M. F.E., C.I.N° 2.095.934; P.O.Y., C.I.N° 2.095.959; MURILLO R.J.Á., C.I.N° 2.096.459; MATA DE PERDOMO DILIA, C.I.N° 2.096.722; C.M.J., C.I.N° 2.096.723; P.F.V., C.I.N° 2.096.735; ZERPA ARNOLDO, C.I.N° 2.096.779; MARRÓN CÉSAR, C.I.N° 2.097.178; ROJAS P.C.E., C.I.N° 2.097.382; ARELLANO DE CARREÑO, L.A., C.I.N° 2.097.873; H.G.S., C.I.N° 2.098.241; CÓRDOVA O.A., C.I N° 2.099.205; A.S.I. SEGUNDO, C.I.N° 2.099.287; M.A.J.A., C.I.N° 2.099.652; M.C.C., C.I.N° 2.099.761; ESPINOZA TORRES P.R., C.I.N° 2.100.165; TAYUPE J.R., C.I.N° 2.100.172; M.E., C.I. N° 2.100.704; VILCHEZ M. BERNARDO; C.I.N° 2.101.093; ORTA H. J.R., C.I.N° 2.101.230; R.M., V., C.I.N° 2.101.252; GARRANCHAN RICARDO, A., C.I.N° 2.101.675; ZÁBALA B.A., C.I.N° 2.101.684; SERRANO H.R., C.I.N° 2.102.102; ARANA PLINIO, C.I.N° 2.102.455; RIBA G. CARMEN, C.I.N° 2.102.790; ROJAS DE GÓMEZ, L.M., C.I.N° 2.103.032; BALZA DE P.A., C.I.N° 2.103.123; R.R.A., C.I.N° 2.103.629; H.B.L.R., C.I.N° 2.103.835; GUTIÉRREZ PONS ADOLFO, C.I.N° 2.104.015; R. DE SARAVIA R.E., C.I.N° 2.104.730; E.L.V., C.I.N° 2.105.178; UZKANGA G. J.A., C.I.N° 2.105.211; MELÉNDEZ P.J., C.I.N° 2.105.879; NATERA G. F.F., C.I.N° 2.105.927; BERROTERAN R. ELSA, C.I.N° 2.106.148; CORNELIS PEÑA A.C., C.I.N° 2.106.402; RIVERO V. E.A., C.I.N° 2.106.821; DELGADO R. NELIDA, C.I.N° 2.107.009; DUNO DE LEONES D.J., C.I.N° 2.107.342; BOSCAN PATIÑO NEIDA GELANDIA, C.I.N° 2.107.402; M.C., C.I.N° 2.107.799; DÍAZ R. I.R., C.I.N° 2.108.435; CANARUMA DE DELGADO DILIA, C.I.N° 2.109.616; BONAUDI MASOERO MARIO, C.I.N° 2.110.066; PERRONI H. J.L., C.I.N° 2.110.323; HERNÁNDEZ YÁNEZ ALEXIS, C.I.N° 2.110.377; YÁNEZ O. O.A., C.I.N° 2.110.402; BORGES GUZMAN, M.A., C.I.N° 2.110.581; MONROY DE MORA GUILLERMINA, C.I.N° 2.110.651; VELOZ A.M., C.I.N° 2.111.720; CASTILLO DE CH., M.D.J., C.I.N° 2.112.403; CONTRERAS R. J.R., C.I.N° 2.112.416; PAREDES ARMAS J.R., C.I.N° 2.112.420; P.D.M., C.I.N° 2.112.447; LOZANO L.J., C.I.N° 2.112.463; ARELLANO PEREIRA M.J., C.I.N° 2.112.486; R.V.H., C.I.N° 2.112.744; OCHOA TORO, L.E., C.I.N 2.113.204; GALÁRRAGA A. GONZALO, C.I.N° 2.113.858; MONTEZUMA MARITZA, C.I.N° 2.116.199; SILVA CARMONA RAÚL, C.I.N° 2.117.122; TORO CONTRERAS P.R., C.I.N° 2.117.615; SUAREZ DE P.R.D.C., C.I.N° 2.117.760; FIGUERA M. L.J., C.I.N° 2.117.768; MAESTRE C.A., C.I.N° 2.117.946; ALMEIDA DE BORGES M.A., C.I.N° 2.118.283; M.G.S., C.I.N° 2.119.139; RODRÍGUEZ DE UTRERA MAYRA, C.I.N° 2.119.574; R.A.R.E., C.I.N° 2.119.860; CARVALLO R. A.R., C.I.N° 2.120.098; PACHECO SAEZ FRANCISCO, C.I.N° 2.121.018; BOLIVAR GALLO SILVIA, C.I.N° 2.121.344; LASORSA L. NICOLAS, C.I.N° 2.121.534; IRAZABAL CASARES M.M., C.I.N° 2.122.239; V.T.I., C.I.N° 2.122.293; SAER BUJANA BETTY, C.I.N° 2.123.319; S.G.O.J., C.I.N° 2.123.602; COMMINGS C.M., C.I.N° 2.123.827; URRETA INES, C.I.N° 2.124.195; GLORIA VILLAFRANCA DE BELLO, C.I.N° 2.124.383; M.T. RIVAS DE BRICEÑO, C.I.N° 2.124.651; I.G., C.I.N° 2.124.759; A.G. DE BAEZ, C.I.N° 2.124.995; JOAQUIN FUNG SALAZAR, C.I.N° 2.125.578; Y.J. RENGIFO, C.I.N° 2.125.750; M.T.C., C.I.N° 2.126.639; SIMÓN DÍAZ, C.I.N° 2.126.792; G.S., C.I.N° 2.127.174; A.J. NARVÁEZ, C.I.N° 2.127.697; FREDDY EON HERNÁNDEZ, C.I.N° 2.128.024; I.M.M., C.I.N° 2.128.097; GERMAN NUÑEZ, C.I.N° 2.128.122; G.D. DIAZ, C.I.N° 2.128.299; CARMEN CONTRERAS DE RODRÍGUEZ, C.I.N° 2.128.881; J.E. GUEVARA M., C.I.N° 2.129.482; L.M.V., C.I.N° 2.129.878; WILIAMS CIANO, C.I.N° 2.130.191; G.G. BUENO, C.I.N° 2.130.361; D.E. MACHADO, C.I.N° 2.130.536; RICARDO RICCI S.L., C.I.N° 2.133.430; CLEMENTINA MAC GREGOR CIPRIANO, C.I.N° 2.134.670; G.M.B., C.I.N° 2.134.897; D.L.R.G., C.I.N° 2.137.713; MERCEDES DIAZ DE CIEGERT, C.I.N° 2.138.202; D.J. BELLO, C.I.N° 2.138.484; G.D.S.L., C.I.Nº 2.138.810; O.J. PAREDES DE SANCHEZ, C.I.N° 2.139.416; SONIA SALOW W., C.I.N° 2.139.599; LUISA TORRES, C.I.N° 2.140.027; IRSIDA G.D.M., C.I.N° 2.140.077; NANCY ROJAS, C.I.N° 2.140.371; AIXA ROJAS GONZALEZ, C.I.N° 2.140.372; CARMEN OMAÑA RAMIREZ, C.I.N° 2.140.604; GUSTAVO MARCHIANI, C.I.N° 2.140.861; SOLANGE NUÑEZ, C.I.N° 2.140.873; A.M.S.S., C.I.N° 2.141.995; G.O., C.I.N° 2.142.530; J.M.S. YEPEZ, C.I.N° 2.142.599; J.D.J. GALARZA LEAL, C.I.N° 2.143.045; C.S. CENTENO BLANCO, C.I.N° 2.143.147; ALICIA APONTE DE OLIVO, C.I.N° 2.143.398; C.G. BECERRA, C.I.N° 2.144.388; I.G.V., C.I.N° 2.144.521; BESGAMIN HERNÁNDEZ, C.I.N° 2.144.727; TIBAYRE ZENOB P.D.R., C.I.N° 2.145.077; CARMEN MARCANO GONZÁLEZ, C.I.N° 2.146.142; AURA HERRERA, C.I.N° 2.146.691; FRANCISCA CARVALLO DE DUMITH, C.I.N° 2.147.128; D.Y. LISCANO, C.I.N° 2.147.560; INOCENTE MONTILLA, C.I.N° 2.147.610; AURORA DIAZ PLAZA, C.I.N° 2.148.752; E.A. RIVERA ARRIAGA, C.I.N° 2.148.849; PEDRO CHACÓN, C.I.N° 2.148.863; J.J. AGUILERA ARANGURE, C.I.N° 2.149.142; J.S.G. USECHE, C.I.N° 2.149.373; CARMEN FARIAS DE MORENO, C.I.N° 2.149.559; M.F., C.I.N° 2.194.572; GERMAN ORTA ACOSTA, C.I.N° 2.149.977; BIULA MIRANDA, C.I.N° 2.150.050; G.O., C.I.N° 2.151.736; M.L. FARIA, C.I.N° 2.151.949; MER D LA CANCHA DE VILLARROEL, C.I.N° 2.152.247; D.D.P., C.I.N° 2.152.272; R.E. RINCÓN SALAS, C.I.N° 2.153.133; MERCEDES HENRÍQUEZ, C.I.N° 2.153.240; THELMA AGOSTINI BLANCH, C.I.N° 2.153.893; FLOR ESCOBAR MORENO, C.I.N° 2.154.763; HÉCTOR ESCOBAR SOSA, C.I.N° 2.154.900; FLOR FORTY, C.I.N° 2.155.214; MARÍA NÚÑEZ BUENDÍA, C.I.N° 2.156.228; F.M., C.I.N° 2.158.271; J.M., C.I.N° 2.159.518; YOLANDA MEJIA, C.I.N° 2.160.145; MARGARIT LEANDRO DE VILLARROEL, C.I.N° 2.160.259; ROSA VELÁSQUEZ, C.I.N° 2.160.991; N.R., C.I.N° 2.163.420; HECTOR DELLAN, C.I.N° 2.167.066; L.H.D.F., C.I.N° 2.168.153; MARÍA PEREIRA, C.I.N° 2.168.681; FLORENCIO PINTO MUJICA, C.I.N° 2.169.598; A.R.D.C., C.I.N° 2.169.763; CARLOS CANTASTE, C.I.N° 2.173.771; F.G.D.R., C.I.N° 2.183.148; R.M.C. ABBATE, C.I.N° 2.196.100; YOLANDA PAZOS DE POLETTO, C.I.N° 2.196.943; EMILIO BRIZON, C.I.N° 2.197.609; G.B.R., C.I.N° 2.197.643; L.J.S., C.I.N° 2.198.033; E.G., C.I.N° 2.198.161; CARMEN SANTELIZ SANTELIZ, C.I.N° 2.198.215; GUILLERMINA SUAREZ DE JIMÉNEZ, C.I.N° 2.199.848; J.C. DE ARTEAGA, C.I.N° 2.205.478; HECTOR CAMARGO RIVAS, C.I.N° 2.207.021; NORA SIFONTES DE CORTE, C.I.N° 2.213.216; ISAURA TORREALBA HERNÁNDEZ, C.I.N° 2.213.993; C.L. UTRERA, C.I.N° 2.215.899; ALICIA MORGADO DE SANTERO, C.I.N° 2.217.263; IRMA CARVALLO DE RODRÍGUEZ, C.I.N° 2.218.482; A.R. DE RONDON, C.I.N° 2.230.877; E.M., C.I.N° 2.231.152; MANUAL MIRABAL GARCÍA, C.I.N° 2.231.402; J.R. DELGADO MARTINEZ, C.I.N° 2.232.048; JOSE GARMENDI RONDON, C.I.N° 2.232.824; B. DE FLORES NOTORIA, C.I.N° 2.235.676; I.F., C.I.N° 2.238.811; M.P. RIBAS, C.I.N° 2.239.297; L.M.S., C.I.N° 2.239.862; YAMIRA YEPEZ HERRERA, C.I.N° 2.240.800; ALFRADO GALÁRRAGA, C.I.N° 2.241.620; CARMEN CHIRINOS, C.I.N° 2.241.694; V.M.S., C.I.N° 2.242.257; L.R.D.R., C.I.N° 2.243.020; A.D.C.S., C.I.N° 2.243.139; J.D.J. PULGARIN GADEA, C.I.N° 2.243.795; M.T. NEGRIN, C.I.N° 2.244.691; J.Z., C.I.N° 2.244.981; D.H., C.I.N° 2.245.557; J.D.J.G., C.I.N° 2.245.756; J.J.O., C.I.N° 2.245.811; M.M. GUEVARA, C.I.N° 2.245.844; I.E.P., C.I.N° 2.246.039; B.J. ORTA, C.I.N° 2.246.147; GLADYS DIAZ, C.I.N° 2.246.262; M.D., C.I.N° 2.246.783; GIOMAREDILIA NARANJO, C.I.N° 2.246.798; G.J.M., C.I.N° 2.246.838; CARMEN RIVERO DE DAVILA, C.I.N° 2.246.841; EUSEBIO SARMIENTO, C.I.N° 2.247.860; B.R.D.A., C.I.N° 2.248.540; I.S., C.I.N° 2.249.257; A.H. DE OLIVACCI, C.I.N° 2.251.253; MAGDA BELFORT FLORES, C.I.N° 2.251.759; RAMON ZAMBRANO, C.I.N° 2.253.419; DALSY WILLIAMS VERDE, C.I.N° 2.259.266; ROSALIA NUÑEZ, C.I.N° 2.259.812; N.V.C. DE SIMANCAS, C.I.N° 2.260.626; ROMELIA BRICEÑO DE GOMEZ, C.I.N° 2.262.085; D.A.A.R., C.I.N° 2.265.556; VALMORE A. VALECILLOS BRICEÑO, C.I. N° 2.268.080; E.I.O., C.I.N° 2.270.041; GLADIS CONTRERAS DE ESCALANTE, C.I.N° 2.285.410; L.S.V., C.I.N° 2.285.443; E.A. ROJAS, C.I.N° 2.285.711; ANA MIRREYA ZERPA, C.I.N° 2.286.019; MARÍA LIDES CONTRERAS, C.I.N° 2.286.038; A.E.C., C.I.N° 2.287.726; D.B. CANADELL DE CORREDOR, C.I.N° 2.287.740; S.B.M., C.I.N° 2.289.375; E.R.O., C.I. N° 2.299.505; FELIPA SERRA SILLERO, C.I.N° 2.326.133; T.C.M. CANA, C.I.N° 2.329.783; L.A. AGOSTINI DE MENDOZA, C.I.N° 2.330.810; C.F. DE BELLO, C.I.N° 2.331.020; B.M. DÍAZ, C.I.N° 2.331.176; DELFINA BARROW, C.I.N° 2.331.183; L.R. REQUENA, C.I.N° 2.331.258; H.D. NÚÑEZ, C.I.N° 2.332.008; M.E. SERRES DE PEÑALVER, C.I.N° 2.332.541; A.V. DE MUÑOZ, C.I.N° 2.332.690; N.Y., C.I.N° 2.334.650; ESCALONA GERARDO, C.I.N° 2.336.315; EMILIAN HERRERA JUAN, C.I.N° 2.336.413; MANUEL MUÑOZ, C.I.N° 2.337.348; TOMAS PAIVA TEJADA, C.I.N° 2.338.180; A.B. CARRIZALES C., C.I.N° 2.339.270; L.R. BARRETO, C.I.N° 2.343.010; M DE G.A., C.I.N° 2.354.010; C.R. PIÑA REYES, C.I.N° 2.357.467; J.R.L. DELGADO, C.I.N° 2.359.685; A.R. UGARTE S., C.I.N° 2.362.575; R.A. COLINA, C.I.N° 2.362.646; C.M.U.E., C.I.N° 2.365.115; A.H., C.I.N° 2.367.349; ARMANDO OLARTE VARGAS, C.I.N° 2.369.914; R.A.F. DE MICHELENA, C.I.N° 2.379.238; M.T. VERDE T., C.I.N° 2.379.276; G.D.C. DE BRACHO VASQUES, C.I.N° 2.379.618; L.G., C.I.N° 2.380.614; J.R.F. DE VICIERRA, C.I.N° 2.381.074; M.C.. H.D.P., C.I.N° 2.382.384; MARÍA MONTILLA, C.I.N° 2.383.360; M.M. RENGIFO, C.I.N° 2.390.884; R.S. VILERA DEL CORRAL, C.I.N° 2.395.488; T.M.R. DE CHACIN, C.I.N° 2.395.595; J.R. HERRERA CAMERO, C.I.N° 2.396.842; D.A. VASQUEZ, C.I.N° 2.399.890; ISABEL RIVAS DE GUZMAN, C.I.N° 2.399.980 R.J.G.M., C.I.N° 2.404.589; G.J. SOSA, C.I.N° 2.405.675; P.C. BONILLO BRAVO, C.I.N° 2.408.818; T.A.R. FIGUERA, C.I.N° 2.423.004; M.J. ZERPA DE TRIAS, C.I.N° 2.423.956; P.R.G., C.I.N° 2.424.036; FAIR BARRIOS SIFONTES, C.I.N° 2.424.163; R.C.A. COA, C.I.N° 2.424.638; H.A. FUENMAYOR DURAN, C.I.N° 2.428.077; N.R.Z., C.I.N° 2.432.609; A.T. BIDROGO DE RODRÍGUEZ, C.I.N° 2.438.777; C.C. DE BARRENCHEA, C.I.N° 2.440.172; O.R. MARRERO REYES, C.I.N° 2.440.560; I.R. D’ YAN, C.I.N° 2.440.828; E.M., C.I.N° 2.441.270; M.R. AZACON, C.I.N° 2.441.697; ROMULO VALEE, C.I.N° 2.442.319; J.R.R., C.I.N° 2.442.430; CARMEN LANZ MARTINES, C.I.N° 2.442.546; E.M. COVA DE BARIOS, C.I.N° 2.442.590; SOMBRA DEL C. COVA DE MITCHELL, C.I.N° 2.444.927; MARÍA UZCATEGUI E., C.I.N° 2.448.173; E.D.C. VALERA DE POLETTO, C.I.N° 2.449.531; G.G. RIVAS, C.I.N° 2.451.208; O.M. LA CRUZ, C.I.N° 2.451.245; C.A. ALIZO DE FLORES, C.I.N° 2.451.985; J.D. PEÑA, C.I.N° 2.452.043; G.G.D.D., C.I.N° 2.452.869; J.F.O.R., C.I.N° 2.453.706; SERGIO LEÓN LEÓN, C.I.N° 2.455.009; J.R. SOSA SOSA, C.I.N° 2.455.042; N.P. DE SACHETTY, C.I.N° 2.455.212; J.E. RIVAS RIVAS, C.I.N° 2.457.376; RAMÓN PAREDES, C.I.N° 2.458.202; L.M. SALAS DE RANGEL, C.I.N° 2.458.848; A.R. VERGARAS CONTRERAS, C.I.N° 2.459.705; NERVAEZ J. REVILLA Q., C.I.N° 2.467.054; R.M. VEGA DE AZOCAR, C.I.N° 2.467.261; T.D.C. DE BLANCO VEGA, C.I.N° 2.467.262; C.I.R. DE CRESPO, C.I.N° 2.474.933; FREDDY BECERRA RIVAS, C.I.N° 2.480.201; M.J.R. GRANADO, C.I.N° 2.481.504; R.A. MONTILLA M., C.I.N° 2.490.792; GUSTAVO CONTRERAS T., C.I.N° 2.501.465; J.R.L. VEGAS, C.I.N° 2.504.856; M.D.R. DÍAZ SEIJAS, C.I.N° 2.505.402; ARQUIMIDES MELÉNDEZ GONZÁLEZ, C.I.N° 2.507.185; F.M.R.R., C.I.N° 508.219; J.C.T.A., C.I.N° 2.508.472; JOSÉ SANTAELLA V., C.I.N° 2.509.650; R.B.D.B., C.I.N° 2.510.244; N.J.S.P., C.I.N° 2.511.802; G.R. DE CARVAJAL, C.I.N° 2.513.284; E.V. DE JAEN, C.I.N° 2.516.943; EGLEE REYES COLL, C.I.N° 2.521.251; CIDENCIA E.G., C.I.N° 2.521.698; M.R.S.A., C.I.N° 2.532.333; J.M. GAMEZ MONTOYA, C.I.N° 2.533.282; H.M.M.D.L., C.I.N° 2.533.415; A.T. PEÑA, C.I.N° 2.533.786; S.V. SOTO DE CHIRINOS, C.I.N° 2.534.117; E.M.R.F., C.I.N° 2.534.205; L.E.M., C.I.N° 2.534.886; S.A. MIRABAL DE RIVAS, C.I.N° 2.535.299; O.R.H.F., C.I.N° 2.535.401; PASTORA COLMENAREZ DE MARTÍNEZ, C.I.N° 2.535.800; F.R.G. RIVERO, C.I.N° 2.536.016; LUISA LOZADA DE CONTRERAS, C.I.N° 2.536.829; S.T.G. RIVERO, C.I.N° 2.536.981; M.F.S. GUERRA, C.I.N° 2.537.411; L.L.D.A., C.I.N° 2.537.704; C.G. VELERA, C.I.N° 2.538.459; NICIDA DEL S. TORRES, C.I.N° 2.539.685; A.R.A., C.I.N° 2.539.890; J.H.M. PERDOMO, C.I.N° 2.540.383; ESPERANZA LOZANO DE MORLET, C.I.N° 2.540.761; A.R. CAMACHO MONTENEGRO, C.I.N° 2.541.815; A.J. GUANIPA, C.I.N° 2.542.789; L.C.G. NAVAS, C.I.N° 2.5440.547; JOSEFINA M.T., C.I.N° 2.544.926; G.Y.R.R., C.I.N° 2.545.853; E.E. CASAS, C.I.N° 2.545.915; A.L. ZAMBRANO, C.I.N° 2.546.821; C.Y. ZAMBRANO DE DÍAZ, C.I.N° 2.548.984; L.A. CHACÓN CASANOVA, C.I.N° 2.550.136; MARÍA ZAMBRANO DE FERNÁNDEZ, C.I.N° 2.550.527; ANA CASANOVA, C.I.N° 2.552.531; T.A.R. CHACÓN, C.I.N° 2.552.761; CLAMEN RAMÍREZ, C.I.N° 2.552.961; A.J.A. ARELLANO C.I.N° 2.554.887; IVÁN SUÁREZ C.I.N° 2.555.384; C.A.A.D.P. C.I.N° 2.555.615; H.P. C.I.N° 2.557.592; C.A.J. HERRERA C.I.N° 2.561.652; J.V. MORA MARTÍNEZ C.I.N° 2.564.858; M.R. CALVETTE GONZÁLEZ C.I.N° 2.565.637; I.M. OROPEZA DE PÉREZ, C.I.N° 2.565.785; C.E. YOVERA TORRES, C.I.N° 2.567.574; C.R. GUERRA M., C.I.N° 2.567.991; OLGA VELIZ DE BORGES, C.I.N° 2.568.364; TEOTISTE LUDEWIG ELIZONSO, C.I.N° 2.569.102; A.M. BAZAN IBARRA C.I.N° 2.570.240; H.M. SEQUERA OCHOA C.I.N° 2.570.659; D.M. LEAL GARRIDO C.I.N° 2.572.174; M.E. ARMAS C.I.N° 2.574.682; FIDELINA GUEVARA F. C.I.N° 2.575.220; V.E.G. NANEZ C.I.N° 2.575.360; G.C. C.I.N° 2.576.257; J.R.C. C.I.N° 2.579.772; A.R. DE PALMES C.I.N° 2.579.989; ISABEL OROPESA C.I.N° 2.580.423; L.U. C.I.N° 2.583.421; HILDA ARMAS DE SOTO C.I.N° 2.586.123; JUANITA LANDAETA C.I.N° 2.588.529; N.R. C.I.N° 2.589.163; HUMBERTO PERALTA BARRIOS C.I.N° 2.590.093; D.L.P. YÉPEZ C.I.N° 2.590.335; GAVI J. PARIS YÉPEZ C.I.N° 2.591.317; J.A.R.R. C.I.N° 2.592.997; ELVI BETANCOURT DE A. C.I.N° 2.595.770; HÉCTOR DELGADO CONTRERAS C.I.N° 2.610.529; ISAURA GRATEROL LOBO C.I.N° 2.610.609; E.G.B. C.I.N° 2.612.069; MIRLA AÑEZ C.I.N° 2.612.797; C.A. DE SAEZ C.I.N° 2.613.475; R.J.M. C.I.N° 2.615.498; H.P. DE BASTIDAS C.I.N° 2.615.904; E.R.C. DE CARDENAS C.I.N° 2.616.063; M.A. BASTIDAS C.I.N° 2.616.346; L.A. MATOS LEAL C.I.N° 2.616.618; RICARDO ARAUJO C.I.N° 2.616.822; Y.T. DE GONZÁLEZ C.I.N° 2.618.081; A.M.G. DE ORTA C.I.N° 2.618.184; A.G.D.M. C.I.N° 2.618.189; DULIO MATOS C.I.N° 2.618.520; D.J. VILLORIA DE NATERA C.I.N° 2.618.902; C.L. BALZA DE MENDOZA C.I.N° 2.620.288; G.A. UZCATEGUI ESTRADA C.I.N° 2.623.831; J.T. ABREU MALDONADO C.I.N° 2.624.484; R.A. BARRETO FAURE C.I.N° 2.625.368; NANCY SANOJA R. C.I.N° 2.625.626; R.A. MORILLO V. C.I.N° 2.625.644; EMIRO OSECHAS A. C.I.N° 2.626.631; M.R. ARAUJO DE ARAUJO; C.I.N° 2.627.596; LUÍS SCOUT; C.I.N° 2.631.408; ROSA LYÓN RUBIO, C.I.N° 2.632.667; V.E.B. COVA, C.I.N° 2.633.759; A.B. DE VAQUER, C.I.N° 2.633.760, L.B. ASTUDILLO, C.I.N° 2.633.789; CLARISA DE LYÓN C., C.I.N° 2.634.284; D.J. MARCHAN, C.I.N° 2.649.339; E.J.R.T. C.I.N° 2.651.128; C.H. DE BASTARDO, C.I.N° 2.655.146, A.R.C., C.I.N° 2.655.855; A.H.D.G., C.I.N° 2.656.188; DELIA ROJAS DE BASTARDO, C.I.N° 2.656.532; BRICEÑA MIJARES DE PINÉRUA, C.I.N° 2.657.358; ROSIVELL ARANGUREN DE ALONSO, C.I.N° 2.658.322; L.J. MARCANO DE ROME, C.I.N° 2.658.723, L.B. LEVEL PALOMO, C.I.N° 2.659.689; C.M.O.D.O., C.I.N° 2.660.201; J.J. CARABALLO, C.I.N° 2.660.536; A.A.G. TINEO, C.I.N° 2.662.657; C.D.M.V., C.I.N° 2.663.337; L.A. CLEMANT, C.I.N° 2.663.351; S.J.J., C.I.N° 2.666.812; V.M.G.L., C.I.N° 2.666.962; C.J.M., C.I.N° 2.667.042; D.J. AZOCAR RAMOS, C.I.N° 2.667.438; M.J. DE RAAZ, C.I.N° 2.667.442; JULIO MATA CEDEÑO, C.I.N° 2.667.548; CARMELO ROJAS GÓMEZ, C.I.N° 2.668.129; A.J.G. C.I.N° 2.669.391; IRIS BRAVO DE VELÁSQUEZ, C.I.N° 2.669.972; LEZADA F. MILLÁN, C.I.N° 2.670.285, ELSA DEL VALLE SALAZAR, C.I.N° 2.671.057; MEDY J. TORCAT DE LOZADA, C.I.N° 2.671.060; AMARISTA E.B., C.I.N° 2.671.426; F.M. ROJAS MONTAÑO, C.I.N° 2.673.145; J.A. CAMPOS, C.I.N° 2.673.307; E.P. VASQUEZ DE C., C.I.N° 2.674.208; J.E. DÚRAN VALECILLOS, C.I.N° 2.683.332; E.A.C.H. C.I.N° 2.683.435, L.A. ROAN VILLEGAS, C.I. N° 2.683.575; JACINTO MOLINA, C.I.N° 2.686.662; JUANA R MÉNDEZ DE FRISNEDA, C.I.N° 2.686.913; C.E. VALERO GARCÍA, C.I.N° 2.688.071; J.P. DE OLIVAR, C.I.N° 2.688.954; M.F. CAMACHO DE QUINTERO, C.I.N° 2.689.041; GÓMEZ SERRANO ASCENSIÓN, C.I.N° 2.690.525; R.A.B.R., C.I.N° 2.690.672; GILBERTO LIENDO, C.I.N° 2.690.890; JULIA PAPATERRA, C.I.N° 2.692.012; A.U.D.G. C.I.Nº 2.694.029, C.O.R. C.I.N° 2.694.199, J.C.P. C.I.N° 2.694.269, H.M. SOTO DE FRIAS C.I.N° 2.694.637, TEODORO PANACUAL C.I.N° 2.695.785, ACACIO CANAVIRE P. C.I.N° 2.695.954, I.D.H. C.I.N° 2.699.996, E.A.G. C.I. N° 2.711.794, A.A.S. C.I.N° 2.717.294, REYES PLAZA F.J. C.I.N° 2.717.331, ASCANIO U T.A. C.I.N° 2.717.513, HERRERA DE SOJO DORIS C.I.N° 2.719.324, APONTE DE M.J.R. C.I.N° 2.719.407, P.D.U.S. C.I.N° 2.719.586, PERAZA A.M. C.I. 2.721.442, ESCALONA M. ANTONIO C.I.N° 2.723.878, MARIÑEZ G.E. C.I.N° 2.724.612, OROZCO DE BRAVO E.G. C.I.N° 2.725.152, CASTELLANOS ARAUJO MIRTHIA C.I.N° 2.725.703, XORRILLA FONSECA C.F. C.I.N° 2.726.805, FIGUEROA AGUIN R.I. C.I.N° 2.728.160, ALTUVE DE Q.C. C.I.N° 2.738.009, VILLALOBOS CHACIN E.R. C.I.N° 2.738.923, DE M.B.V. C.I.N° 2.739.416, G.M. LIBANO J. C.I.N° 2.740.205, RIVILLA DE R.Y. C.I.N° 2.742.305, CARZORLA CAZORLA L.J. C.I.Nº 2.742.704, RAMOS DE IRADI SONIA C.I.Nº 2.743.024, PINEDA GUEVARA C.A. C.I.N° 2.744.108, GAMBOA RENDÓN P.M. C.I.N° 2.745.860, F.Z.E. C.I.N° 2.745.951, GONZALEZ QUIJADA P.J. C.I.Nº 2.746.010, REYERO A.V.J. C.I.N° 2.746.020, MORALES DE GUERRA E.R. C.I.Nº 2.746.145, GARBAN DE GUIJARRO M.D.L. C.I.N° 2.748.173, CHICHESTER CATALINA ESYLIN C.I.N° 2.748.369, MARRERO DE PEÑA D.J. C.I.N° 2.750.265, MOYETENES DE GUERRA M.E. C.I.N° 2.752.419, RODRÍGUEZ VASQUEZ GABRIEL C.I.N° 2.753.572, PERERA T.D.J. C.I.N° 2.754.706, MENDEZ LUQUE M.I. C.I.N° 2.757.315, F.M.F. C.I.N° 2.757.594, B.R. C.I.N° 2.763.839, SANDOVAL WEFER D.J. C.I.N° 2.764.586, LEAL DE PADILLA HEDDY C.I.N° 2.764.846, DE GONZÁLEZ YAG C.A. C.I.N° 2.770.054, ACOSTA F. WENCESLAO C.I.N° 2.770.514, BORJAS DE V.B. C.I.N° 2.771.397, DE V.R.G.M. C.I.N° 2.772.079, MARQUEZ DE CHACIN L.J. C.I.N° 2.772.693, CALVAJAL DE ESTACIO ROSA C.I.Nº 2.773.798, PADRINO DE B.A.Y. C.I.N° 2.773.864, CORDERO ALCALA J.E. C.I.N° 2.773.895, PREZ P.J.R. C.I.N° 2.774.312, DAUTANTT O.C.I.N° 2.774.389, RAMÍREZ CAÑIZARES R.D.C., C.I.N° 2.774.393, G.J.R., C.I.N° 2.774.485, VELÁSQUEZ MATA J.F. C.I.N° 2.776.450, M.C.G.R., C.I.N° 2.777.547, KORSAKAS KAMINSKAITE EVALD, C.I.N° 2.778.069, D’COSTA DE G. C.D., C.I.N° 2.779.723; PEDRA DE PAZO G.M., C.I.N° 2.779.943; HIGUERA DE G.N. C.I.N° 2.780.198, D.G.G.D.C., C.I.N° 2.780.590; MATA DE POYER R.M., C.I.N° 2.781.055; L.M.E.C. C.I.N° 2.781.073; NÚÑEZ COOPER H.R., C.I. N° 2781.415; M. DE TALAVERA A.M., C.I.N° 2.781.931; BAPTISTA SALAS R.M., C.I.N° 2.782.946; RUDAS VILORIA ALVARO, C.I.N° 2.784.174; CRISTIANS T.J., C.I.N° 2.785.561; G.M.G., C.I. N° 2.786.770; ESCALONA F.R. C.I. N° 2.788.907; S.R.A.J., C.I. N° 2.789.197, Á.D. C.I. N° 2.790.067; SOSA LEZAMA G.J., C.I. N° 2.790.133; G.Z.D.J., C.I.N° 2.790.760; R.S. NAXIBO, C.I.N° 2.791.822; FIGUERA C. I.D.J. C.I. N° 2.794.035; H.G.L.R. C.I.N° 2.795.515; G.B.J.H., C.I.N° 2.795.575; MAZA DE R.C.J. C.I.N° 2.795.586; RONDÓN DE DELGADO LUISA C.I. N° 2.795.937; MARCANO NÚÑEZ G.I., C.I.N° 2.796.208; GUERRA DE S.B.J., C.I.N° 2.796.249; REQUIZ N.D.V., C.I.Nº 2.796.527; ECHENEGUCIA LEMA JOSEFINA, C.I.N° 2.797.120; BELLO BALLENILLA BENITO, C.I.N° 2.797.172; N.M.J.A., C.I.N° 2.798.357; S.D.P.J., C.I.N° 2.799.815; GUARIQUE TRINIDAD, C.I.N° 2.800.180; REQUIZ DE PLANCHART MELANIA, C.I.N° 2.800.243; R.S.A., C.I. N° 2.802.713; R.M.A., C.I.N° 2.804.315; MORA DE DUARTE J.G., C.I.N° 2.806.399; R.M.M.A., C.I.N° 2.807.292; GUZMÁN DE ESCALONA LEYDA, C.I. N° 2.809.407; G.A.D.J., C.I. N° 2.810.372; CHACÓN ADA, C.I. N° 2.811.452; R.C.G., C.I. 2.812.028; TORRES OSTOS B.L., C.I. 2.813.182; PETIT E.I., C.I.N° 2.815.103; DE FERNÁNDEZ OR C.I., C.I.N° 2.815.131; BARRERA C. N.E., C.I.N° 2.816.008; CARDOZO C.C. DE, C.I.N° 2.816.090; R.N.A., C.I.N° 2.816.679; PARRA I. J.A., C.I.N° 2.817.710; MARCANO M.D.L., C.I.N° 2.817.793; DE VÁSQUEZ P.D.J., C.I.N° 2.817.909; BRACHO PETIT M.E., C.I.N° 2.818.640; PUCHE DE G.M., C.I.N° 2.819.841; VELÁSQUEZ DE RIOS M.C., C.I.N° 2.822.504; R.R. ADALZAINDA S., C.I.N° 2.823.708; BOJAS DE C.L.M., C.I.N° 2.824.199; SUAREZ DE NUÑEZ ALICIA E, C.I.N° 2.825.196; S.O.R., C.I.N° 2.826.312; M.D.S.E., C.I.N° 2.826.360; ROSA AGUILERA M.A., C.I.N° 2.827.293; ORDAZ L. C.L., C.I.N° 2.827.618; CARRILLO MANEIRO L.J., C.I.N° 2.827.771; CARREÑO H.R. C.I. 2.828.356; NORIEGA M. KUISA D., C.I. N° 2.828.446; GUILARTE G.Á.R., C.I. N° 2.830.100; SALAZAR DE BELLO F.E. C.I.Nº 2.830.294; ORDAZ DE H.L.J., C.I. N° 2.831.760; SUÁREZ DE CONCHADO Y.M., C.I.N° 2.831.932; LARES DE JARAMILLO MARITZA, C.I. N° 2.832.097; H.M.L.E., C.I. N° 2.835.552; L.J.F., C.I.N° 2.835.985; H.D.G.A., C.I.N° 2.836.522; F.D.M.O., C.I. N° 2.837.144; TEJADA DE CABALET HAYDEE, C.I.N° 2.837.802; BLANCO DE ALVIZU A.C., C.I.Nº 2.838.868; ALCANTARA BORGES M.J., C.I.N° 2.838.976; TORRES P. A.L., C.I.N° 2.839.577; A.D.C.M., C.I.N° 2.839.978; H.A.L.M., C.I.Nº2.840.168; P.D.A.R.I., C.I. N° 2.841.455; SCHONSTEIN WALDEMAR, C.I.N° 2.842.333; H.D.F.A., C.I.N° 2.843.548; P.C.F., C.I.N° 2.846.348; MARIÑO DE CALDE MARIA ELEISA, C.I.N° 2.846.401; CARABAÑO DILIA, C.I. 2.848.125; BONILLA DE ZAMBRANO A.E., C.I.Nº 2.848.272; S.Y., C.I.Nº 2.848.296; BARBAGALLO GINO, C.I.Nº 2.850.109; VELÁSQUEZ M.N., C.I.N° 2.850.536; ALBERTO DÍAZ CARMELO, C.I.Nº 2.852.958; VALERA M.R., C.I.Nº 2.852.983; DÍAZ R.A.M., C.I.N° 2.854.445; DE ACOSTA L.M., C.I.Nº 2.855.459; MORA GOLFO A.J., C.I.N° 2.856.135; CARABALLO Q. H.R., C.I. N° 2.857.150; PACHANO DE R.E., C.I. 2.859.362; YAGUA DE VEGAS A.M., C.I.Nº 2.860.217; M.L.A.R., C.I.N° 2.860.888; CHIRINO CHIQUITO RAÚL, C.I.N° 2.861.234; RAFFE ORTUNEZ A.O., C.I.N° 2.862.127; ROJAS M.G. CHIQUINQUIRA, C.I.N° 2.862.362; TIRADO GUILLERMO, C.I.N° 2.864.858; QUIJADA B. ANTONIO, C.I.N° 2.865.476; ANEZ V. E.D.J., C.I.Nº 2.865.813; RIVERA TORO M.L., C.I. 2.866.894; HUNG DE PERAZA EVA, C.I.N° 2.867.253; BRACHO N.A., C.I.N° 2.869.449; ZAMBRANO MARCOLINA, C.I. 2.869.499; GONZÁLEZ INCIARTE A.A., C.I.N° 2.869.572; C.G., C.I.N° 2.869.653; ARRIAGA DE M.O., C.I.Nº 2.870.263; ESIS LENIN, C.I.N° 2.870.435; CHACIN DE R.M., C.I.N° 2.871.191; PERALTA ADEISA JOSEFINA, C.I.N° 2.871.723; MUÑOZ DE M.H., C.I.Nº 2.872.477; GONZALEZ URDANETA NANCIA, C.I. N° 2.872.708; G.D.F.O., C.I.Nº 2.872.738; G.J.R., C.I.N° 2.874.586; PARIS MARCANO A.M., C.I.N° 2.874.723; SOCORRO DE BRAC LIXIDA, C.I.Nº 2.877.909; URDANETA A.S., C.I.N° 2.878.584; P.S.E.B., C.I.N° 2.881.263; GONZÁLEZ SEMPRUM C.J., C.I.N° 2.882.181; S.S.F., C.I.N° 2.882.486; DELGADO HUNALDO E., C.I.Nº 2.882.521; BRICEÑO ANGELICA, C.I.Nº 2.883.867; MORALES DE RAMI ROSALINA, C.I.N° 2.883.975; HUERTA LUENGO MERCEDES, C.I.N° 2.884.176; HERRERA F. GERMANIA, C.I.N° 2.884.240; A.D.P.L.E., C.I.N° 2.884.863; MONSALVE DE S.B., C.I.N° 2.885.488; CASANOVA DULCE, C.I.N° 2.885.514; LEÓN J.D.C., C.I.N° 2.885.974; ROSALES DE MONTAÑEZ ANA, C.I. N° 2.886.437; CEVALLOS M.E., C.I.Nº 2.886.558; VARELA J.R., C.I.N° 2.886.923; OCHOA T. O.E., C.I.Nº 2.886.941; ALVIAREZ MERENCIANO, C.I.Nº 2.887.288; FRANCO DE VIVAS ISABEL, C.I.Nº 2.887.301; G.P.G., C.I.N° 2.887.490; OSTOS R.F., C.I.Nº 2.887.808; FERNÁNDEZ DE MENESES ISOLINA, C.I.Nº 2.888.616; CARRERO CONTRERAS D.M., C.I.N° 2.889.755; COLMENARES BERENICE, C.I.Nº 2.889.778; SUESCUN N.E., C.I.N° 2.890.225; SUAREZ B.E., C.I.N° 2.890.339; ZAMBRANO DE E. ALBERTINA, C.I.Nº 2.891.215; A.G.M., C.I.Nº 2.891.426; SANGUINO FLORELIA, C.I.N° 2.891.867; RINCÓN B. JOSEFA, C.I.N° 2.892.148; MORA G.R., C.I.Nº 2.892.539; CHACÓN M.A.C., C.I.Nº 2.892.853; CASANOVA C. M.A., C.I.N° 2.894.772; AROCENA DE R.P., C.I.N° 2.895.312; AMUNDARAY L.H.S., C.I. 2.896.422; RANCEL M.M.D.J., C.I.N° 2.897.885; L.M.A.A., C.I.Nº 2.899.053; R.S.C.L., C.I.N° 2.899.466; LANZ DE RONDÓN M.M., C.I.N° 2.902.674; ALFONSO VARGAS E.F., C.I.N° 2.905.689; M.D.V.T., C.I.N° 2.906.186; BELLO FIGUERA C.A., C.I.Nº 2.906.893; MATHEUS P. N.F., C.I. N° 2.910.394; MEDINA DE GIMENEZ A.P., C.I.Nº 2.910.509; MEJIAS S.G., C.I.N° 2.912.745; MARTÍNEZ VELÁSQUEZ VENUS, C.I.Nº 2.913.506; PÉREZ DE GRUVER M.J., C.I.N° 2.914.694; S.A.G.J., C.I.N° 2.916.302; RODRIGUEZ OVALLES HUGO, C.I.Nº 2.916.461; CARRERO LETICIA, C.I.N° 2.917.084; MIRABAL DE M.M.J., C.I.N° 2.917.353; LANDER DE MIRABAL FILOMENA, C.I.N° 2.917.572; LINARES DE HERRERA C.E., C.I.Nº 2.917.904; R.D.R.M., C.I.N° 2.917.988; G.A.R.O., C.I.N° 2.919.640; ACUNA DE HENRIQUEZ MILENA, C.I.Nº 2.922.126; ALCALA GUEVARA VARSOVIA, C.I.N° 2.923.817; SURGA J.D. V., C.I.N° 2.925.567; FRANCESCHI M. P.A., C.I.N° 2.926.742; ARASME R.L.M., C.I.N° 2.929.221; GUZMÁN DE ACOSTA M.C., C.I.N° 2.929.493; TRUJILLO FRANCISCO, C.I.N° 2.930.717; CABRERA DE SALI SOFIA, C.I.N° 2.931.258; BARRIOS DE H.A., C.I.N° 2.933.680; G.D.M.L., C.I.N° 2.934.080; EDUARDO DE TRAVIESO FRANCISCA, C.I.N° 2.935.616; LIEB DE SERFATY S.C., C.I.N° 2.935.660; M.G.E., C.I.N° 2.936.282; VALE A M.F., C.I.N° 2.936.486; MILANO P. ARNALDO, C.I.N° 2.937.170; PERDOMO JOSÉ, C.I.N° 2.939.611; MAUCO YOLANDA, C.I.N° 2.940.747; R.J., 2.940.961; TREMUS ALCIRA, C.I.N° 2.941.401; TREMU ROSA, C.I.N° 2.941.511; BARRIOS JORGE, C.I.N° 2.941.585; ZARRAGA GLADYS, C.I.N° 2.942.308; LOVERA MARÍA, C.I.N° 2.945.168; SERRA CARMEN, C.I.N° 2.945.280; R.G., C.I.N° 2.945.945; GARZÓN LUIS, C.I.N° 2.946.030; F.A., C.I.N° 2.947.395; G.G., C.I.N° 2.948.419; TERRENTIN VITTORIO, C.I.N° 2.948.429; PENZO GUIDO, C.I.N° 2.949.199; FLORES NUBILA, C.I.N° 2.950.392; A.O., C.I.N° 2.950.617; RAMÍREZ KETTY, C.I.N° 2.950.786; IULIANETTI GENUINO, C.I.N° 2.951.251; CELIMENE INOSAT, C.I.N° 2.951.680; M.R., C.I.N° 2.952.033; ALBERDI JESÚS, C.I.N° 2.952.081; SANTAMBROGIO EMILIO, C.I.N° 2.952.278; LAGONELL LUISA, C.I.N° 2.952.288; CHIOMMINO FRANCISCO, C.I.N° 2.952.296; VILLARELLE VICENTE, C.I.N° 2.953.219; GONZÁLEZ GARRINZON, C.I.N° 2.954.496; G.M., C.I.N° 2.954.551; CANCHICA ANA, C.I.N° 2.954.633; VIVAS HENRY, C.I.N° 2.954.831; R.J., C.I.N° 2.956.155; BETANCOURT JULIO, C.I.N° 2.956.226; ASCENCIO LUCIEN, C.I.N° 2.956.549; R.F., C.I.N° 2.957.156; BAZZANELLA ROSA, C.I.N° 2.957.395; BORGES JOSÉ, C.I.N° 2.957.522; MUIZZI JUANA, C.I.N° 2.958.092; DE LA IGLESIA ELEUTE, C.I.N° 2.958.099; BAZZANELLA BLANCA, C.I.N° 2.958.656; VELÁSQUEZ GUILLERMO, C.I.N° 2.958.937; LABRADOR MERY, C.I.N° 2.960.203; C.C., C.I.N° 2.960.221; MAS CARTHY MÓNICA, C.I.N° 2.960.532; KHLIEFAT MIRIAM, C.I.N° 2.960.540; PALACIOS AÍDA, C.I.N° 2.962.241; GAVIDIA OSWALDO, C.I.N° 2.962.555; FUNG CARLOS, C.I.N° 2.962.621; V.C., C.I.N° 2.964.498; R.M., C.I.N° 2.964.539; MARCANO ODINA, C.I.N° 2.964.840; PEREIRA DE BRICEÑO IRMA, C.I.N° 2.964.892; MOLINA GLADYS, C.I.N° 2.965.085; F.M., C.I.N° 2.965.523; MORA CARMEN, C.I.N° 2.965.538; LANDETA NOEMÍ, C.I.N° 2.966.398; CONTRERAS GLADYS, C.I.N° 2.966.665; BRAVO IRENE, C.I.N° 2.969.361; CIANO EDGAR, C.I.N° 2.969.661; G.M., C.I.N° 2.969.770; DÍAZ RAFAEL, C.I.N° 2.970.224; BARRERA MERCHADES, C.I.N° 2.970.665; BORGES HERNAN, C.I.N° 2.970.768; H.F., C.I.N° 2.970.868; C.G., C.I.N° 2.973.306; PIÑATE A.L., C.I.N° 2.973.702; R.G., C.I.N° 2.974.680; GUEVARA AMÉRICA, C.I.N° 2.974.798; S.E., C.I.N° 2.976.054; GABOTHY OLY, C.I.N° 2.976.347; INFANTE SAÚL, C.I.N° 2.977.376; S.E. DE LOS SANTOS, C.I.N° 2.977.874; NOVOA EMILIO, C.I.N° 2.978.078; CÁCERES JOSÉ, C.I.N° 2.978.257; SEMPRUM NANCY, C.I.N° 2.978.862; G.J., C.I.N° 2.979.826; DELLEVOET MIRNA, C.I.N° 2.980.536; ESCUELA CANDIDO, C.I.N° 2.980.578; C.M., C.I.N° 2.981.407; SAYAGO LUZ, C.I.N° 2.982.046; RONDÓN CARLOS, C.I.N° 2.982.324; VALERA ADA, C.I.N° 2.982.467; LATOUCHE ALBERTO, C.I.N° 2.984.448; G.M., C.I.N° 2.985.460; SECONDULFO DOMENICO, C.I.N° 2.986.097; B.C. , C.I.N° 2.986.505; J.R., C.I.N° 2.987.113; ORTA GLADYS, C.I.N° 2.987.638; J.A., C.I.N° 2.988.406; MACHILLANDA MARÍA, C.I.N° 2.988.664; J.P., C.I.N° 2.988.846; G.J., C.I.N° 2.988.869; TORRES M.C., C.I.N° 2.989.309; DAZA LILIA, C.I.N° 2.989.379; RUIZ HITER, C.I.N° 2.989.958; MARRERO GISELA, C.I.N° 2.990.447; ROJAS MARÍA, C.I.N° 2.990.644; ARANGUREN MARLENE, C.I.N° 2.990.731; EIZAGA ANIBAL, C.I.N° 2.991.493; GAROFALO ALIDA, C.I.N° 2.991.775; MACADAN OSCAR, C.I.N° 2.992.711; LEÓN ANA, C.I.N° 2.993.073; DÍAZ AVILIO, C.I.N° 2.994.071; LEÓN DOLORES, C.I.N° 2.994.456; SOJO LEONIDAS, C.I.N° 2.994.471; R.L., C.I.N° 2.995.201; L.V., C.I.N° 2.995.762; P.G., C.I.N° 2.996.103; GAZANEO OLGA, C.I.N° 2.997.113; BORRA AÍDA, C.I.N° 2.997.404; AGUILERA FREDDY, C.I.N° 2.998.161; M.M., C.I.N° 2.998.520; A.N., C.I.N° 2.998.637; G.F., C.I.N° 2.999.510; LABRADOR JOSÉ, C.I.N° 3.000.135; M.J., C.I.N° 3.004.019; Q.C., C.I.N° 3.004.465; G.J., C.I.N° 3.005.318; PEREIRA BLANCA, C.I.N° 3.007.785; ARAQUE LUDIN, C.I.N° 3.008.160; SERRANO OMAR, C.I.N° 3.009.004; O.N., C.I.N° 3.009.406; COLLS MAGALYS, C.I.N° 3.016.354; F.G., C.I.N° 3.019.490; GRATEROL YSBELIA, C.I.N° 3.020.279; C.P., C.I.N° 3.020.533; LATORRACA CARMEN, C.I.N° 3.022.222; C.T., C.I.N° 3.024.345; MUDARRA EVA, C.I.N° 3.026.176; MEJÍAS FRANCISCO, C.I.N° 3.027.019; G.H., C.I.N° 3.029.334; VELÁSQUEZ ALMEIDA, C.I.N° 3.029.380; R.E., C.I.N° 3.029.465; G.C., C.I.N° 3.031.900; BRICEÑO MARÍA, C.I.N° 3.032.290; C.N., C.I.N° 3.032.792; H.A., C.I.N° 3.033.409; LEÓN RESULIO, C.I.N° 3.036.016; M.C., C.I.N° 3.036.608; BRICEÑO ANA, C.I.N° 3.037.155; J.C., C.I.N° 3.037.168; ALTUVE LUCILA, C.I.N° 3.037.788; MERCADO CARMEN, C.I.N° 3.038.062; ESCALONA NELLY, C.I.N° 3.040.333; R.A., C.I.N° 3.040.487; S.Á., C.I.N° 3.041.642; VELÁSQUEZ HORTENSIA, C.I.N° 3.047.119; PAREDES JOSÉ, C.I.N° 3.050.164; MONTERO JOSÉ, C.I.N° 3.054.611; B.N., C.I.N° 3.055.991; BARBERA ROSA, C.I.N° 3.056.482; G.L., C.I.N° 3.056.572; MOGOLLÓN NELIDA, C.I.N° 3.056.943; SEQUEDA JUANA, C.I.N° 3.057.673; HERRERA OLGA, C.I.N° 3.058.317; R.J., C.I.N° 3.060.743; R.A., C.I.N° 3.060.994; MORA CESAR, C.I.N° 3.071.562; M.J., C.I.N° 3.071.990; CATTAFI ROSA, C.I.N° 3.072.070; GONZÁLEZ QUETENA, C.I.N° 3.072.184; G.G., C.I.N° 3.072.769; SALAS ELDA, C.I.N° 3.072.962; H.A., C.I.N° 3.073.164; USECHE HENRY, C.I.N° 3.073.834; TORRES MARTÍN, C.I.N° 3.074.384; LEAL JOSÉ, C.I.N° 3.074.847; R.L., C.I.N° 3.075.348; ANSELMI ANA, C.I.N° 3.075.512; ANSELMI MARÍA, C.I.N° 3.075.513; BORRERO ÁNGEL, C.I.N° 3.075.520; M.G., C.I.N° 3.075.553; CÁCERES FRANCISCO, C.I.N° 3.075.715; BECERRA ANA, C.I.N° 3.076.448; VIVAS VLADIMIR, C.I.N° 3.076.677; MONCADA ANDRÉS, C.I.N° 3.077.634; S.N., C.I.N° 3.078.167; PEREIRA CESAR, C.I.N° 3.080.661; Á.E., C.I.N° 3.082.657; G.M., C.I.N° 3.083.845; RIVAS AURA, C.I.N° 3.085.942; CORRALES CARMEN, C.I.N° 3.086.164; YORDI RIAD, C.I.N° 3.087.096; C.M., C.I. N° 3.087.309; SOSA EDITO, C.I. N° 3.088.002; YÉPEZ NORA, C.I.N° 3.089.742; ;MORLES MIRTHA, C.I.N° 3.091.480; M.J., C.I.N° 3.091.792; J.B., C.I.N° 3.092.295; R.H., C.I.N° 3.093.154; SUARCE PEDRO, C.I.N° 3.093.586; BARROSO EVELIO, C.I.N° 3.094.623; L.M., C.I.N° 3.095.544; A.M., C.I.N° 3.097.259; G.G., C.I.N° 3.108.867; NUCETTE DUILIA, C.I.N° 3.109.942; OQUENDO ZAIRA, C.I.N° 3.110.134; ESCORIHUELA ELSIA, C.I.N° 3.112.215; MONTERO IBIS, C.I.N° 3.112.838; G.R., C.I.N° 3.115.365; TERAN ROSA, C.I.N° 3.115.664; DÍAZ ALIX, C.I.N° 3.115.789; R.V., C.I.N° 3.117.014; F.E., C.I.N° 3.117.214; RAMONES OMAIRA, C.I.N° 3.119.471; L.F., C.I.N° 3.120.144; G.N., C.I.N° 3.120.486; F.Y., C.I.N° 3.121.014; A.P., C.I.N° 3.121.417; FUENTES AREANI, C.I.N° 3.121.521; PELLEGRINO GRACIELA, C.I.N° 3.121.812; M.G., C.I.N° 3.121.941; A.L., C.I.N° 3.124.227; ITURRIZA GLADYS, C.I.N° 3.126.061; ZAMBRANO ANA, C.I.N° 3.127.019; PLASENCIA GISELA, C.I.N° 3.127.423; VARGAS GLADYS, C.I.N° 3.129.180; AGUAJE BETTY, C.I.N° 3.129.869; C.N., C.I.N° 3.132.091; GUERRA RAIZA, C.I.N° 3.134.602; BRUSCO VICTORIA, C.I.N° 3.134.702; CARREÑO TERESA, C.I.N° 3.134.710; M.R., C.I.N° 3.135.999; H.O., C.I.N° 3.139.134; A.B., C.I.N° 3.139.269; M.B., C.I.N° 3.139.651; RASMIJN CATHARINA, C.I.N° 3.139.764; YACOB SIDONIA, C.I.N° 3.139.805; SANABRIA BERTA, C.I.N° 3.141.216; H.N., C.I.N° 3.142.229; GOTOPO ANTONIO, C.I.N° 3.142.502; BARRIOS PEDRO, C.I.N° 3.143.132; SALAZAR EDNE, C.I.N° 3.143.203, M.Á., C.I.N° 3.143.755; NAVARRO DE LOZA M, C.I.N° 3.144.638; S.W., C.I.N° 3.145.544; G.J., C.I.N° 3.146.225; DELGADO MARÍA, C.I.N° 3.152.829; COBIS CARMEN, C.I.N° 3.154.691; ZAMBRANO FREDDY, C.I.N° 3.154.873; SEQUERA SONIA, C.I.N° 3.154.908; R.C., C.I.N° 3.155.150; NATALE NICOLAS; C.I.N° 3.156.091; M.F., C.I.N° 3.158.264; ZAMBRANO DORA, C.I.N° 3.159.697; M.O., C.I.N° 3.164.466; T.J., C.I.N° 3.167.761; BETANCOURT CARMEN, C.I.N° 3.168.396; C.I., C.I.N° 3.168.937; S.M., C.I.N° 3.169.192; LAREZ FRANCISCO, C.I.N° 3.170.745; BADUY ELÍAS, C.I.N° 3.171.961; CARRASQUEL MERCEDES, C.I.N° 3.172.723; SANEZ RAMÓN, C.I.N° 3.172.963; R.N., C.I.N° 3.175.022; BALBUZANO EDUARDO, C.I.N° 3.176.488; VIVAS HILDA, C.I.N° 3.177.150; APONTE LUISA, C.I.N° 3.177.892; COLMENARES JESÚS, C.I.N° 3.178.265; MAYORA LOURDES, C.I.N° 3.180.032; P.R., C.I.N° 3.180.251; ARREAZA FRINE, C.I.N° 3.181.493; R.P., C.I.N° 3.184.934; GHERBASSI GUERRINO, C.I.N°. 3.186.508; VIVAS MAYLIN, C.I.N° 3.191.319; USECHE ARMANDO, C.I.N° 3.192.566; CONTRAMAESTRE CARMEN, C.I.N° 3.193.262; MONSALVE GUSTAVO, C.I.N° 3.194.965; DÍAZ M.A., C.I.N° 3.195.987; MONSALVE ANA, C.I.N° 3.196.207; CABALLERO REINA, C.I.N° 3.197.183; CONTRERAS ANA, C.I.N° 3.197.877; A.A., C.I.N° 3.202.808; BAPTISTA LUCIA, C.I.N° 3.205.289; R.R., C.I.N° 3.207.135; L.L., C.I.N° 3.207.218; J.E., C.I.N° 3.209.768; C.P., C.I.N° 3.210.096; JURADO IRIS, C.I.N° 3.212.206; PLAZA PABLO, C.I.N° 3.212.337; MORILLO MAGDALENA, C.I.N° 3.213.068; M DE S.M., C.I.N° 3.213.272; MOGNA AURA, C.I.N° 3.222.908; R.A., C.I.N° 3.223.950; A.L., C.I.N° 3.224.789; G.L., C.I.N° 3.224.869; DELGADO AMÉRICA, C.I.N° 3.225.200; ARELLANO ISABEL, C.I.N° 3.225.254; L.C., C.I.N° 3.225.720; RIERA CHIQUINQUIRÁ, C.I.N° 3.225.804; HUÉRFANO BERTHA, C.I.N° 3.226.672; VENEGAS DEXHSY, C.I.N° 3.227.486; G.J., C.I.N° 3.227.834; G.J., C.I.N° 3.228.672; SALAS ZORAIDA, C.I.N° 3.228.948; APONTE FERNANDO, C.I.N° 3.229.767; F.Y., C.I.N° 3.230.378; FIGUERA CARLOS, C.I.N° 3.230.840; G.J., C.I.N° 3.232.412; R.W., C.I.N° 3.235.441; VILORIA LORENZO, C.I.N° 3.235.639; M.I., C.I.N° 3.235.848; SANZ OLAGER, C.I.N° 3.235.981; GALEA GLADYS, C.I.N° 3.239.291; ACOSTA LUISA, C.I.N° 3.239.719; VALERA GLADIS, C.I.N° 3.240.192; R.N., C.I.N° 3.240.269; G.E., C.I.N° 3.241.159; SENGES ALID, C.I.N° 3.241.212; F.N., C.I.N° 3.241.654; G.C.,, C.I.N° 3.243.339; MAC FARLANE JEAN, C.I.N° 3.243.569; M.L., C.I.N° 3.244.070; M.A., C.I.N° 3.244.697; OBANDO DIBVA, C.I.N° 3.245.367; VELÁSQUEZ AUGUSTO, C.I.N° 3.245.688; MANZANO MIGUEL, C.I.N° 3.246.138; PASAPORTE MARÍA. E, C.I.N° 3.246.362; PASAPORTE ESPIN MARÍA, C.I.N° 3.246.363; ROJAS ÁNGELA, C.I.N° 3.246.621; SUZZARINI EFRÉN, C.I.N° 3.247.126; MÚJICA MARINA, C.I.N° 3.248.339; S.L., C.I.N° 3.248.416; PALACIOS JOSÉ, C.I.N° 3.250.289; R.A., C.I.N° 3.251.221; CAMEJO CARMEN, C.I.N° 3.251.440; PEÑA LUISITA, C.I.N° 3.251.747; BRACHO ANA, C.I.N° 3.253.027; R.G., C.I.N° 3.254.136; E.G., C.I.N° 3.254.456; ROJAS CARLOS, C.I.N° 3.254.574; GUERRA GIORDANO, C.I.N° 3.255.233; MONRROY OLGA, C.I.N° 3.255.784; F.M., C.I.N° 3.257.622; G.N., C.I.N° 3.259.525; MONTES ELENA, C.I.N° 3.260.876; RODRÍGUEZ ALCIRO, C.I.N° 3.264.117; VANDERVELDE MAGALI, C.I.N° 3.267.218; M DE C.N., C.I.N° 3.270.336; BRICEÑO ESPERANZA, C.I.N° 3.271.589; DE PULGAR YOLANDA, C.I.N° 3.272.248; P.D., C.I.N° 3.272.534; FERNÁNDEZ ISMERIO, C.I.N° 3.273.245; O.L., C.I.N° 3.274.087; ESPINA OLGA, C.I.N° 3.274.276; G.N., C.I.N° 3.275.097; VEGA EZEQUIEL, C.I.N° 3.275.978; M.V., C.I.N° 3.277.800; R.C., C.I.N° 3.280.240; VELÁSQUEZ CRUZ, C.I.N° 3.282.024; ESCOBAR AUDIA, C.I.N° 3.282.849; ORELLANA SOL, C.I.N° 3.286.973; BRITAPAZ ROSA, C.I.N° 3.288.281; M.J., C.I.N° 3.289.395; PALENCIA SADDY, C.I.N° 3.292.387; ZAMBRANO ADALBERTO, C.I.N° 3.294.586; COLMENARES AIDA, C.I.N° 3.295.005; G.Y., C.I.N° 3.297.641; C.M., C.I.N° 3.300.924; MONTERO ROSA, C.I.N° 3.303.613; DÍAZ OLGA, C.I.N° 3.303.735; SIERRA SARA, C.I.N° 3.303.790; H.J., C.I.N° 3.304.996; L.P., C.I.N° 3.306.636; VEGAS ZENAIDA, C.I.N° 3.307.279; S.E., C.I.N° 3.307.321; R.M., C.I.N° 3.308.712; COLMENARES JACQUELINE, C.I.N° 3.311.601; LASORSA GUISEPPE, C.I.N° 3.315.085; O.D., C.I.N° 3.317.223; IRIGOYEN GLADYS, C.I.N° 3.317.736; R.D., C.I.N° 3.318.653; A.L., C.I.N° 3.318.667; CRESPO RAFAEL, C.I.N° 3.321.068; S.M., C.I.N° 3.322.849; M.T., C.I.N° 3.324.772; RODRÍGUEZ NELIDA, C.I.N° 3.325.421; J.Y., C.I.N° 3.326.211; DE LA PUENTE DE GUANIPA MELIDA, C.I.N° 3.326.497; COVA ANA, C.I.N° 3.327.798; M.J., C.I.N° 3.327.894; RIVAS IRMA, C.I.N° 3.328.440; BETANCOURT JESUS, C.I.N° 3.329.294; SERRANO LUISA, C.I.N° 3.333.540; BANDES JUANA, C.I.N° 3.333.865; B.A., C.I.N° 3.337.043; R.C., C.I.N° 3.337.520; CAÑIZALES JESUS, C.I.N° 3.343.762; MAITA CARMEN, C.I.N° 3.344.789; BERMUDEZ LUIS, C.I.Nº 3.344.879; L.F., C.I.Nº 3.349.482; NAVA YDERMA, C.I.Nº 3.352.572; DE MADRIZ LILIA, C.I.Nº 3.354.371; ROJAS RAFAEL, C.I.Nº 3.354.489; P.D., C.I.Nº 3.356.166; CAMACHO ELIET, C.I.Nº 3.358.764; ROJAS JUAN, C.I.Nº 3.362.912; L.P., C.I.Nº 3.363.323; GRIMALDY LUIS, C.I.Nº 3.364.243; CHIPAMO GABRIEL, C.I.Nº 3.364.291; R.J., C.I.Nº 3.364.933; R.S., C.I.Nº 3.365.648; ROJAS ESTEBAN, C.I.Nº 3.367.044; P.A., C.I.Nº 3.368.378; NUÑEZ BERNARDINO, C.I.Nº 3.368.799; D.A., C.I.Nº 3.371.303; PIRELA LEDDY, C.I.Nº 3.373.097; A.C., C.I.Nº 3.374.004; R.E., C.I.Nº 3.381.281; DE LUNAR DAISY, C.I.Nº 3.381.327; LEAL NELLY, C.I.Nº 3.381.354; P.N., C.I.Nº 3.381.476; G.A., C.I.Nº 3.382.524; F DE SANABRIA TERESA, C.I.Nº 3.384.121; BRICEÑO MAHIELA, C.I.Nº 3.386.700; M.J., C.I.Nº 3.389.078; LA C.F., C.I.Nº 3.396.465; G.N., C.I.Nº 3.396.489; AGUILERA GREGORY, C.I.Nº 3.396.497; ARANGO GLADYS, C.I.Nº 3.397.227; PÈREZ MARÌA, C.I.Nº 3.397.427; OSIO MARÌA, C.I.Nº 3.397.599; PONTE AURA, C.I.Nº 3.398.299; O.M., C.I.Nº 3.399.291; G.C., C.I.Nº 3.399.731; B.H., C.I.Nº 3.400.552; R.H., C.I.Nº 3.401.178; DÌAZ GLADYS, C.I.Nº 3.401.519; GONZÁLEZ OSMAIRO, C.I.Nº 3.401.545; G.N., C.I.Nº 3.401.694; F.A., C.I.Nº 3.401.702; R.M., C.I.Nº 3.402.143; PÈREZ FRANCISCO, C.I.Nº 3.402.396; GUAIQUIRIA LIGIA, C.I.Nº 3.403.641; GARCIA MARÌA, C.I.Nº 3.404.250; PICÓN NOEMÍ, C.I.Nº 3.404.395; DE J.B.M., C.I.Nº 3.404.819; CENTENO NURCIA, C.I.Nº 3.407.669; CANINO ANA, C.I.Nº 3.409.682; Á.A., C.I.Nº 3.409.988; PEÑA ROSA, C.I.Nº 3.410.651; TORO COSTA A.L., C.I.Nº 3.411.014; BASTIDAS RAFAEL, C.I.Nº 3.411.564; E.G.N., C.I.Nº 3.413.062; F.A.E. GUEVARA, C.I.Nº 3.414.722; HONORIO TAMAYO SARMIENTO, C.I.Nº 3.415.398; N.J.T.R., C.I.Nº 3.415.602; O.C.L. MAÑEZ, C.I.Nº 3.421.680; N.J.G.M., C.I.Nº 3.422.130; J.E.R. PEÑA, C.I.Nº 3.422.773; R.G.D.M., C.I.Nº 3.422.864; H.J.R.M., C.I.Nº 3.423.526; N.G., C.I.Nº 3.424.603; F.M. UGAS VILLARROEL, C.I.Nº 3.425.741; J.I.S., C.I.Nº 3.426.408; N.J. USECHE SÁNCHEZ, C.I.Nº 3.426.583; GERSON VARELA C., C.I.Nº 3.427.339; A.M. MONSALVE DE CHACÓN, C.I.Nº 3.427.569; ORLANDO DELGADO BECERRA, C.I.Nº 3.430.172; ANDRÉS PEÑALOZA, C.I.Nº 3.430.614; L.C. DE RAMÍREZ, C.I.Nº 3.431.898; MARÍA DE LOS ÁNGELES PANTOJA, C.I.Nº 3.433.579; A.J.S. AGUIRRE, C.I.Nº 3.434.342; M.R. DE D´PABLOS, C.I.Nº 3.437.886; R.J.G. AULAR, C.I.Nº 3.439.006; H.L. GUEVARA MANOSALVA, C.I.Nº 3.440.708; O.S.D.R., C.I.Nº 3.440.753; L.J.G. DE QUIJADA, C.I.Nº 3.440.754; R.C.E., C.I.Nº 3.443.823; E.F.L., C.I.Nº 3.444.222; A.G.P. DE LADINO, C.I.Nº 3.449.463; A.D.J. ARAQUE QUINTERO, C.I.Nº 3.450.913; B.M. DUARTE BRACHO, C.I.Nº 3.453.310; R.J.G. BRINEZ, C.I.Nº 3.454.887; ROS BARRIOS DE BAPTISTA, C.I.Nº 3.460.970; NORMA PEÑA, C.I.Nº 3.461.095; PEDRO DUQUE C., C.I.Nº 3.464.229; MARÍA ARRAIZ, C.I.Nº 3.469.877; D.R.A., C.I.Nº 3.470.287; G.G. DE PIÑATE, C.I.Nº 3.470.337; C.E. DÍAZ SUÁREZ, C.I.Nº 3.471.052; J.E. IBARRA, C.I.Nº 3.472.947; J.A. VALLADARES, C.I.Nº 3.473.007; G.S. DE CANÓNICO, C.I.Nº 3.473.348; CLEVY M. V. DE CASTRO, C.I.Nº 3.473.838; FRANCISCA BERROTERÁN VARGAS, C.I.Nº 3.473.886; G.M. OVALLES, C.I.Nº 3.474.114; M.I.D.G., C.I.Nº 3.476.000; M.T.G. OROPEZA, C.I.Nº 3.476.311; P.J. QUINTANA, C.I.Nº 3.478.466; P.F.P., C.I.Nº 3.479.164; IRRADIES R. L.L., C.I.Nº 3.479.947; J.A. ROJAS T., C.I.Nº 3.480.544; JOSÉ DOS REIS, C.I.Nº 3.481.975; G.E.S. MIULLO, C.I.Nº 3.482.475; JOSEFINA BARRIOS DE MORO, C.I.Nº 3.482.981; ENEIDALINA GUTIÉRREZ, C.I.Nº 3.483.127; G.A.D.J., C.I.Nº 3.483.216; G.S. DE CEDEÑO, C.I.Nº 3.483.288; ADELITA RIVERO DE SÁNCHEZ, C.I.Nº 3.483.779; IRMA SUÁREZ DE MONZÓN, C.I.Nº 3.484.050; R.R. ROJAS L., C.I.Nº 3.484.912; L.B., C.I.Nº 3.485.403; J.L. COLMENARES, C.I.Nº 3.485.572; BENIGNA BETANCOURT, C.I.Nº 3.485.991; C.M. MAZA DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 3.487.870; R.A. VELÁSQUEZ S., C.I.Nº 3.488.635; FLOR PINTO DE BLANCO, C.I.Nº 3.492.371; M.E. LOZANO CASTRO, C.I.Nº 3.493.253; J.V. ROVERO O., C.I.Nº 3.494.521; L.A. LOBO DE MORA, C.I.Nº 3.495.813; T.G.D.G., C.I.Nº 3.497.843; NEREIDA VOLCANES P., C.I.Nº 3.499.342; ROMEO MORALDO LIZARDI, C.I.Nº 3.502.804; E.J.G.G., C.I.Nº 3.504.268; F.A.M. LEÓN, C.I.Nº 3.508.300; Á.R. NÚÑEZ LEAL, C.I.Nº 3.510.474; E.A. DE OSORIO, C.I.Nº 3.510.586; E.L.O. DE FEREIRA, C.I.Nº 3.510.846; E.Á.D.R., C.I.Nº 3.522.360; C.D. SUÁREZ DE MARTÍNEZ, C.I.Nº 3.527.413; I.T.H. DE CALDERÓN, C.I.Nº 3.532.056; L.E.G. MONTILLA, C.I.Nº 3.532.598; L.M.C., C.I.Nº 3.536.000; R.G. BRICEÑO, C.I.Nº 3.537.336; C.E. URDANETA PINTO, C.I.Nº 3.537.844; J.L.L., C.I.Nº 3.539.642; F.D.C. SUÁREZ LÓPEZ, C.I.Nº 3.539.932; J.R. LANDAETA CHIRINOS, C.I.Nº 3.544.023; YOLANDA RUGELES VILELA, C.I.Nº 3.546.674; F.R.A. PALACIOS, C.I.Nº 3.548.247; ENRIQUE CARVALLO, C.I.Nº 3.551.768; O.A. DE SALAS, C.I.Nº 3.552.354; RAMÓN FUENTES, C.I.Nº 3.552.381; N.M.H., C.I.Nº 3.552.727; L.P.M., C.I.Nº 3.554.882; N.B. RIERA, C.I.Nº 3.560.110; M.D.L. N. LA R.H., C.I.Nº 3.561.192; M.M. DE PINEDA, C.I.Nº 3.564.710; M.D.C. ALMENARA DELGADO, C.I.Nº 3.566.073; FELICIA MILLINGTON T., C.I.Nº 3.566.292; C.M. BRACHO M., C.I.Nº 3.566.333; E.C. SIFONTES M., C.I.Nº 3.566.616; J.T.G., C.I.Nº 3.567.607; M.E. ROJAS, C.I.Nº 3.569.093; ELEUTERIO LADERA M., C.I.Nº 3.569.267; J.A.R., C.I.Nº 3.570.747; H.R., C.I.Nº 3.572.382; M.D.L.S N. PEÑA DE VÁSQUEZ, C.I.Nº 3.574.309; M.R.G. DE OJEDA, C.I.Nº 3.576.185; D.M.G. BRICEÑO, C.I.Nº 3.577.245; I.R. NAVA, C.I.Nº 3.580.638; HILDA TRAVIESO DE ESCALONA, C.I.Nº 3.581.486; ÚRSULA ZUÑIDLE ZAMORA DE NIETO, C.I.Nº 3.584.390; M.M. GOTIA D., C.I.Nº 3.584.551; A.M. AGÜERO COLMENAREZ, C.I.Nº 3.587.961; L.F. TESOLÍN MARPILLERO, C.I.Nº 3.588.679; FRANCISCA SERRANO DE JÁUREGUI, C.I.Nº 3.591.521; A.D.J. AGUILLÓN DE LEAL, C.I.Nº 3.601.634; M.L.D.F., C.I.Nº 3.603.687; M.E.R. DURREGO, C.I.Nº 3.607.604; C.E.L.M., C.I.Nº 3.610.909; R.A., C.I.Nº 3.611.471; M.M.G., C.I.Nº 3.616.223; V.A.S.B., 3.617.462; JUANA CONTRERAS, C.I.Nº 3.620.310; JUDITH USECHE DE GUERRERO, C.I.Nº 3.622.941; E.J. TORRES, C.I.Nº 3.624.468; J.A. CARREÑO, C.I.Nº 3.625.770; ANATOLY MOLEA Z., C.I.Nº 3.626.790; B.Z. ACOSTA DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 3.627.077; M.E.O. FUENTES, C.I.Nº 3.631.209; ENILDA BERMÚDEZ DE SALAZAR, C.I.Nº 3.634.378; Y.J. DICKSON RAMÍREZ, C.I.Nº 3.634.967; G.M. LA C.D.V., C.I.Nº 3.635.146; CRISTOBALINA DE VILLAFAÑE, C.I.Nº 3.639.953; WILFREDO URDANETA ALVARADO, C.I.Nº 3.644.609; J.R.H. FORNERINO, C.I.Nº 3.645.352; G.V. BRACHO, C.I.Nº 3.649.099; M.C.IQUINQUIRÁ GARCÍA BARRIOS, C.I.Nº 3.649.241; J.A. DÍAZ PAZ, C.I.Nº 3.650.013; NERIO DÍAZ V., C.I.Nº 3.652.258; CASIMIRO LUENGO GONZÁLEZ, C.I.Nº 3.652.598; Á.E. MEZA, C.I.Nº 3.652.760; C.V. ABREU DE ROMERO, C.I.Nº 3.656.114; BERTYS E.G., C.I.Nº 3.657.863; L.E.M.S., C.I.Nº 3.660.608; L.M. FUMERO D., C.I.Nº 3.660.675; RÓMULO MOELLER P., C.I.Nº 3.662.551; PREUX D LUI DE SAINT, C.I.Nº 3.667.637; J.M. CAMPILLO AZCONA, C.I.Nº 3.667.641; I.I.R. CALDERA, C.I.Nº 3.667.703; M.Y.R. DE LAMPLE, C.I.Nº 3.668.895; N.D.V. ARZOLA MEZA, C.I.Nº 3.669.438; H.R. CORIANO MEZA, C.I.Nº 3.669.921; E.C. DE ZAMBRANO, C.I.Nº 3.670.473; HÉCTOR BOADA, C.I.Nº 3.672.447; E.L. YAGUARACUTO, C.I.Nº 3.673.400; H.R.H., C.I.Nº 3.676.967; W.C.G. ROA, C.I.Nº 3.681.225; S.M.E.D.S., C.I.Nº 3.686.738; L.V. ARAGUAINAMO AREINAMO, C.I.Nº 3.688.529; GRISSELA JOSEFINA CANCI.R., C.I.Nº 3.690.619; MARÍA DE LOS S. RIVAS DE BAZAN, C.I.Nº 3.690.685; M.A.R., C.I.Nº 3.692.437; R.E. SALAZR DE FLORES, C.I.Nº 3.694.916; O.J. FARIÑAS Y., C.I.Nº 3.696.350; YRA.M. BENITEZ LUNA, C.I.Nº 3.696.387; O.M. FEBRES DE REYES, C.I.Nº 3.701.535; A.I. PINTO AMELIACH, C.I.Nº 3.706.263; R.J. FIGUEROA DE TORRES, C.I.Nº 3.707.168; ALBERTO BELLORÍN NEDA, C.I.Nº 3.711.380; Z.G.G., C.I.Nº 3.711.409; I.J.G. DE SUCRE, C.I.Nº 3.712.669; J.A.C.R., C.I.Nº 3.712.702; F.M.G., C.I.Nº 3.712.726; I.P. DE BRACHO, C.I.Nº 3.713.460; L.E.L. REVETTE, C.I.Nº 3.715.796; TODARDO E.G., C.I.Nº 3.715.798; G.A.O., C.I.Nº 3.716.379; E.M. MAMBIE FLORES, C.I.Nº 3.716.482; C.M.H.C., C.I.Nº 3.717.276; C.E.R.A., C.I.Nº 3.717.520; G.C.B., C.I.Nº 3.719.626; DORIS KARRAM H., C.I.Nº 3.719.907; MIREYA BELANDRIA DE MARTÍNEZ, C.I.Nº 3.723.306; A.F. CASTEJON RAQUE, C.I.Nº 3.723.633; L.R. ZAMBRANO R., C.I.Nº 3.725.820; C.J. MEZA V., C.I.Nº 3.726.528; A.T. DE FERNÁNDEZ, C.I.Nº 3.728.464; C.M.R. OSPINO, C.I.Nº 3.728.850; A.J. MATOS URRIBARRI, C.I.Nº 3.729.834; MAGALI MARRÓN DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 3.729.838; L.I.L. CAMPOS, C.I.Nº 3.729.886; J.B. GALDONA, C.I.Nº 3.730.033; P.J. ROJAS VICENT, C.I.Nº 3.731.916; R.M. FRONTADO LÓPEZ, C.I.Nº 3.732.748; B.B. RÍOS RODRÍGUEZ, C.I.Nº 3.737.780; A.R., C.I.Nº 3.744.529; MARÍA ARANGUREN G., C.I.Nº 3.744.660; J.O.G., C.I.Nº 3.746.638; IVONNE KHLIEFAT DE RAMAYO, C.I.Nº 3.751.098; M.C.T. DE PARRA, C.I.Nº 3.751.705; Y.R. CARDONA, C.I.Nº 3.752.132; M.F. DE ANDE, C.I.Nº 3.752.386; R.E.Á.D.A., C.I.Nº 3.752.507; G.M., C.I.Nº 3.753.266; C.B. DE GARCÍA, C.I.Nº 3.753.966; V.A.R. GIMÉNEZ, C.I.Nº 3.758.877; B.B. VELÁSQUEZ, C.I.Nº 3.760.268; D.J.M.A., C.I.Nº 3.762.231; C.A., C.I.Nº 3.762.900; E.R.T., C.I.Nº 3.770.087; R.A. ESCOBAR PÉREZ, C.I.Nº 3.770.170; AMADA HERRERA DE RAMÍREZ, C.I.Nº 3.773.311; R.J. SUÁREZ FERNÁNDEZ, C.I.Nº 3.773.409; J.A.G. FEREIRA, C.I.Nº 3.774.621; C.G. DÍAZ, C.I.Nº 3.774.651; I.R. CUMARE AGUAJE, C.I.Nº 3.774.747; E.E.P. MAVAREZ, C.I.Nº 3.775.212; E.M.O.M., C.I.Nº 3.775.846; A.R. FUENMAYOR QUINTERO, C.I.Nº 3.776.374; C.T.F.D.S., C.I.Nº 3.778.751; E.M. ALARCÓN RAMÍREZ, C.I.Nº 3.781.878; J.G.G., C.I.Nº 3.789.512; T.P. DE ÁVILA, C.I.Nº 3.791.175; NERSA CHACÓN CATTAFI, C.I.Nº 3.791.306; C.G.O., C.I.Nº 3.791.409; M.O.D.M., C.I.Nº 3.791.802; P.R.G.R., C.I.Nº 3.793.569; E.M. UGARTE DE VITORIA, C.I.Nº 3.794.731; GLADYS COLMENARES M., C.I.Nº 3.794.826; G.E.R.C., C.I.Nº 3.795.041; M.M.S.B., C.I.Nº 3.796.740; C.A.W. CARMONA, C.I.Nº 3.799.014; MARÍA DÍAZ DE GUZMÁN, C.I.Nº 3.799.403; A.M. CORDERO ALCALÁ, C.I.Nº 3.799.588; M.T. MERLO TABARES, C.I.Nº 3.801.129; M.R. HUERTA DE TIRADO, C.I.Nº 3.801.514; C.R.S.D.G., C.I.Nº 3.803.361; N.T. REQUIS MARTÍNEZ, C.I.Nº 3.804.806; ALEGRÍA ERDER ROFFE, C.I.Nº 3.805.351; S.D.J.A.G., C.I.Nº 3.806.162; R.J. DEL REAL ROJAS, C.I.Nº 3.808.394; T.M. DE PATTARI, C.I.Nº 3.808.451; I.P. TORRES A., C.I.Nº 3.808.921; N.J.B., C.I.Nº 3.809.221; ANTONIO CHINEA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 3.809.948; L.M. BRANDT MOTA, C.I.Nº 3.810.190; R.D.C. AMEZAGA MEJÍAS, C.I.Nº 3.810.911; FRANK COROMOTO VERDE ESTEVES, C.I.Nº 3.814.179; T.B.L.L., C.I.Nº 3.814.601; ERSI J. MONGES, C.I.Nº 3.817.190; N.J.S.M., C.I.Nº 3.818.800; C.J.L.P., C.I.Nº 3.819.398; NORELYS LUNAR MÁRQUEZ, C.I.Nº 3.819.616; I.C. MILANO DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 3.820.219; E.L.M., C.I.Nº 3.820.258; CARMEN ARANGUREN, C.I.Nº 3.820.964; E.M.R.R., C.I.Nº 3.824.800; J.R. VELÁSQUEZ, C.I.Nº 3.826.967; HERNÁN MOROS OJEDA, C.I.Nº 3.838.099; C.A. MUÑOZ REGIO, C.I.Nº 3.838.922; I.D.J.F.D.R., C.I.Nº 3.842.204; M.P., C.I.Nº 3.850.038; L.G.D.P., C.I.Nº 3.850.208; A.R. DE VELÁSQUEZ, C.I.Nº 3.850.795; L.M. NATERA ALCALÁ, C.I.Nº 3.851.830; O.J. GUEVARA DE MORENO, C.I.Nº 3.854.827; D.J. MAYORGA MARTÍNEZ, C.I.Nº 3.854.829; I.M. ABLAN SEGURA, C.I.Nº 3.856.468; O.G. ARROYO ALFIN, C.I.Nº 3.856.876; O.J. EREU GARCÍA, C.I.Nº 3.860.973; O.A.A. TORREALBA, C.I.Nº 3.865.305; J.P. RÍOS SUÁREZ, C.I.Nº 3.866.338; DEIS ROA HERRERA, C.I.Nº 3.866.792; L.B.S., C.I.Nº 3.870.617; N.J. RENAULT DE LUNAR, C.I.Nº 3.872.531; M.M.V., C.I.Nº 3.874.532; MARÍA ARGUELLES AGÜERO, C.I.Nº 3.875.286; J.A.M. BETANCOURT, C.I.Nº 3.883.048; B.C. CABRERA DE MUÑOZ, C.I.Nº 3.886.688; S.E. CAMACHO, C.I.Nº 3.886.936; OLIVIA MARRERO DE SARGO, C.I.Nº 3.887.484; ELIZABETH APONTE LEÓN, C.I.Nº 3.888.311; L.E. DÍAZ C., C.I.Nº 3.889.019; A.R. DE SEGOVIA, C.I.Nº 3.894.438; A.R.H. DE PALOMINO, C.I.Nº 3.894.964; Y.C.R.R., C.I.Nº 3.895.805; M.E. ARMAS F., C.I.Nº 3.898.147; EVANGELISTA PINEDA, C.I.Nº 3.916.307; P.A.O. QUINTANA, C.I.Nº 3.919.091; A.E.G. BRICEÑO, C.I.Nº 3.920.730; E.P., C.I.Nº 3.922.092; O.J.B.L., C.I.Nº 3.923.587; B.R.Q.S., C.I.Nº 3.925.320; NORKA J. PEROZO NAVA, C.I.Nº 3.925.625; N.B. MATHEUS, C.I.Nº 3.925.719; T.H. NÚÑEZ P., C.I.Nº 3.926.026; R.B. CORZO DE DE LA HOZ, C.I.Nº 3.929.303; Á.A. RIVERA DE SÁNCHEZ, C.I.Nº 3.931.615; L.A. BETANCOURT SOTO, C.I.Nº 3.932.629; EUDO RINCÓN, C.I.Nº 3.932.812; N.G. DE FEREIRA, C.I.Nº 3.932.875; M.J.G. DE MALAVÉ, C.I.Nº 3.936.428; M.G.M., C.I.Nº 3.938.293; ELDA DE BADELL, C.I.Nº 3.939.377; A.H. VIVAS GARCÍA, C.I.Nº 3.940.928; ELIGIO DELGADO ZERPA, C.I.Nº 3.942.458; C.R. VELÁZQUEZ, C.I.Nº 3.943.219; DORITZA A. CARRERA, C.I.Nº 3.943.762; ALIDA BRACHO, C.I.Nº 3.944.704; I.M.V. URGE, C.I.Nº 3.949.193; C.M. FONG CHRISTOFFEL, C.I.Nº 3.949.664; N.A. BEROES ZAMORA, C.I.Nº 3.951.363; E.C. ARMAS E., C.I.Nº 3.956.501; M.A.R.G., C.I.Nº 3.957.798; A.I.M., C.I.Nº 3.959.920; J.R. PERNÍA RAMÍREZ, C.I.Nº 3.961.786; E.X. MUÑOZ, C.I.Nº 3.964.348; N.R.P., C.I.Nº 3.966.692; A.A. LIMA L, C.I.Nº 3.967.081; A.V. MAYORCA RAVELLO, C.I.Nº 3.968.087; J.A. CASTANO, C.I.Nº 3.968.304; GLADYS HERRERA DE RUIZ, C.I.Nº 3.968.661; M.N. MOSQUERA, C.I.Nº 3.970.651; Á.D. CUMANA, C.I.Nº 3.971.616; I.L.F. DE CONTRERAS, C.I.Nº 3.972.080; GABRIELA DE DAVOGUSTTO, C.I.Nº 3.974.711; SELENIS C. S.G., C.I.Nº 3.974.941; J.R.G.M., C.I.Nº 3.977.298; Y.Z. BUCCEL L., C.I.Nº 3.977.580; HUBNER FRAGACHÁN G., C.I.Nº 3.977.685; ELIDE PEÑA DE JUÁREZ, C.I.Nº 3.978.368; E.E.G., C.I.Nº 3.978.418; DALIA ALGARA DE ALZUARDE, C.I.Nº 3.979.061; A.A. CÁRDENAS H., C.I.Nº 3.979.461; N.M.T. CORREDOR, C.I.Nº 3.979.484; A.J.M.G., C.I.Nº 3.979.556; L.J.L. COLMENARES, C.I.Nº 3.979.991; JESÚS MELEAN MUJICA, C.I.Nº 3.980.227; R.I. BOLAÑO TORRES, C.I.Nº 3.980.786; E.V.B.C., C.I.Nº 3.981.949; F.A.P.S., C.I.Nº 3.982.426; A.M. ZARAVIA R., C.I.Nº 3.984.186; YANETT DE PASCUALI T., C.I.Nº 3.985.938; M.G.F.A., C.I.Nº 3.986.159; J.N. DUGARTE GARCÍA, C.I.Nº 3.990.586; G.J.M.D.R., C.I.Nº 3.996.805; M.T.D.L., C.I.Nº 4.005.999; M.E. CAMPOS, C.I.Nº 4.007.297; M.D.V. VELÁSQUEZ DÍAZ, C.I.Nº 4.009.618; N.R. CASANOVA RINCÓN, C.I.Nº 4.014.022; M.E. LARRAZABAL NERY, C.I.Nº 4.016.753; YOLANDA CEBALLOS GASCON, C.I.Nº 4.022.504; D.L.S., C.I.Nº 4.022.894; LUIS VILLEGAS ACUÑA, C.I.Nº 4.024.885; J.D.J.A.A., C.I.Nº 4.024.920; C.G. BARRETO DE VELÁSQUEZ, C.I.Nº 4.025.023; GEUDIS VÁSQUEZ DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 4.025.529; EUMELIS DEL V. S.L., C.I.Nº 4.032.701; B.J. UZCÁTEGUI, C.I.Nº 4.045.923; CLARA DE MARTINS, C.I.Nº 4.055.369; P.E.G. NÚÑEZ, C.I.Nº 4.059.451; V.M.R., C.I.Nº 4.060.602; C.Y. VALBUENA C., C.I.Nº 4.060.741; MARITZA VALERO DE G., C.I.Nº 4.060.764; O.A. BASTIDAS HERRERA, C.I.Nº 4.062.185; C.T.R.R., C.I.Nº 4.065.322; LISBETH COROMOTO RODRÍGUEZ, C.I.Nº 4.070.073; D.P. ARRAEZ, C.I.Nº 4.072.002; E.R.R. DE MOLINA, C.I.Nº 4.074.075; L.C. DE ROJAS, C.I.Nº 4.080.085; JANETH BROWN MARCANO, C.I.Nº 4.082.625; A.J.S.P., C.I.Nº 4.087.152; I.Y. MARRERO S., C.I.Nº 4.114.966; M.J.G., C.I.Nº 4.115.511; KARINA ALBORNOZ DE BRANDENBERG, C.I.Nº 4.119.585; O.J.L. MACHADO, C.I.Nº 4.120.449; D.J.F. CAMACARO, C.I.Nº 4.124.342; C.B.D.C., C.I.Nº 4.130.087; M.E.H.M., 4.130.566; G.M.P. DE MOLINA, C.I.Nº 4.131.036; M.J.Q., C.I.Nº 4.136.298; B.E. PARRA DE FLORES, C.I.Nº 4.137.629; T.A. SEÑORELLYS GARCÍA, C.I.Nº 4.141.547; J.R. FLEITAS CARABALLO, C.I.Nº 4.142.354; ISMELDA LOPOEZ DE C., C.I.Nº 4.144.091; N.M. PULGAR DE ZAMBRANO, C.I.Nº 4.146.936; M.B. APALMO DE BOSCÁN, C.I.Nº 4.148.714; ILBA M. FUENMAYOR VILLALOBOS, C.I.Nº 4.150.275; N.J. VÁSQUEZ P., C.I.Nº 4.153.279; E.E.M. LABARCA, C.I.Nº 4.159.465; L.F. DÍAZ DE GÓMEZ, C.I.Nº 4.163.412; D.A. MANCERA, C.I.Nº 4.164.222; MARIO SALAS, C.I.Nº 4.164.247; D.M.H. DE AB, C.I.Nº 4.167.545; Z.B.M.L., C.I.Nº 4.169.654; N.J. PIÑA SUÁREZ, C.I.Nº 4.171.263; N.B.M. DE FONSECA, C.I.Nº 4.173.569; E.M. CHIRINOS DE BRACHO, C.I.Nº 4.180.212; E.M. VILLASMIL, C.I.Nº 4.182.980; E.L.R.A., C.I.Nº 4.182.988; D.D.B., C.I.Nº 4.187.012; CARMEN VÁSQUEZ DE ZAIJA, C.I.Nº 4.188.954; C.Y.R.U., C.I.Nº 4.203.563; SAÚL MENESES V., C.I.Nº 4.205.335; G.P. DE PIÑA; C.I.Nº 4.205.749; N.Y. COLMENARES SÁNCHEZ, C.I.Nº 4.208.903; AMPARO RIVAS, C.I.Nº 4.212.132; SANDRA BRAVO, C.I.Nº 4.213.178, MAGALY SOLÓRZANO J., C.I.Nº 4.213.460; JOSÉ FRANCHI, C.I.Nº 4.217.213; NOHIRIAM ARAY DE G., C.I.Nº 4.222.252; A.C.; C.I.Nº 4.234.044; M.R., C.I.Nº 4.234.308; C.M.F., C.I.Nº 4.245.064, M.R., C.I.Nº 4.246.210; DORA CARDENAS DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 4.246.782, RAMÓN DUQUE , C.I.Nº 4. 247.020; M.D.T., C.I.Nº 4.247.456; XIOMARA DELGADO FLORES, C.I.Nº 4.248.361; M.G., C.I.Nº 4.251.170; J.O., C.I.Nº 4.251.172; N.A.G. C.I.Nº 4.253.083; C.R., C.I.Nº 4254.094; N.G., C.I.Nº 4.254.486; L.R., C.I.Nº 4.261.116; PALMENIA HERRERA, C.I.Nº 4.270.455; M.G., C.I.Nº 4.271.246; MIRNA AULAR, C.I.Nº 4.277.539; P.S., C.I.Nº 4.278.890; MIRIAM BARROSO, C.I.Nº 4.281.385; MORELIA VILLAMARIN, C.I.Nº 4.284.546; A.R., C.I.Nº 4. 285.649; F.U., C.I.Nº 4. 287.490; E.P., C.I.Nº 4.292.825; E.T., C.I.Nº 4.294.178; NORMA CARABALLO DE BERNARDO, C.I.Nº 4.296.666; CARMEN GUEVARA DE GÓMEZ, C.I.Nº 4.297.766; Z.C. BRICEÑO, C.I.Nº 4.320.621; LEIDA SIMANCAS; C.I.Nº 4.326.835; MARISELA COLMENARES ELBITAR, C.I.Nº 4.339.803; J.B.S.L., C.I.Nº 4.344.576; E.C., C.I.Nº 4.348.007; N.P., C.I.Nº 4.352.630; RICHARD DÍAZ, C.I.Nº 4.353.334; N.M.C., C.I.Nº 4.354.573; ALBERTO ROJAS, C.I.Nº 4.354.793; J.P., C.I.Nº 4. 356.262; M.S., C.I.Nº 4.359.482; ELSA SOTO, C.I.Nº 4.360.563; RAFAEL DÍAZ, C.I.Nº 4.361.033; ENMA TORRES, C.I.Nº 4.361.267; FREDDY MEJIAS, C.I.Nº 4.362.233; ANA ZARPIE DE H., C.I.Nº 4.362.541; J.S., C.I.Nº 4.363.471; MARÍA AGUIAR DE RON, C.I.Nº 4.364.835; LINA AGUIRRE, C.I.Nº 4.372.363; BERTHA ABELLO, C.I.Nº 4.372.984; ARCADIO MANAU, C.I.Nº 4.390.734; J.L., C.I.Nº 4.393.306, R.I.P., C.I.Nº 4.405.233; H.P., C.I.Nº 4.416.050; A.M.L., C.I.Nº 4.417.502; ANGEL VEGAS S., C.I.Nº 4.421.834; INGRID COROMOTO MILLAN, C.I.Nº 4.425.715; J.M. CALVINO, C.I.Nº 4.425.902; A.S., C.I.Nº 4.426.876; J.R., C.I.Nº 4.429.594; C.G., C.I.Nº 4.429.971; L.R., C.I.Nº 4.430.634; MALY MATOS, C.I.Nº 4.433.103; E.M., C.I.Nº 4.439.023; ROSA OROPEZA, C.I.Nº 4.439.079; C.G., C.I.Nº 4.443.135; B.H., C.I.Nº 4.446.199; FELIX ROJAS, C.I.Nº 4.449.285; NINOSKA NOGUERA PACHECO, C.I.Nº 4.454.906; ALICIA SIERRA, C.I.Nº 4.457.041; LUIS ZAVALETA, C.I.Nº 4.457.793; YHAJAIRA DÍAZ, C.I.Nº 4.458.967; MARLYN SANABRIA, C.I.Nº 4.460.485; MARIBEL ROJAS, C.I.Nº 4.462.168; J.M. DE GALLARDO, C.I.Nº 4.462.923; GLADYS ESCALONA, C.I.Nº 4.466.844; ROSALÍA MONTOYA DE D., C.I.Nº 4.470.185; DARCY URAÑA DE PORTILLO, C.I.Nº 4.484.367; MARÍA ANGULO RIVAS, C.I.Nº 4.485.452; ALICIA DE IBARRA, C.I.Nº 4.486.887; A.M., C.I.Nº 4.495.068; GRACIA MOSQUEDA, C.I.Nº 4.495.600; MIGDALIA MARCANO, C.I.Nº 4.496.352; M.L. DE BENCOMO, C.I.Nº 4.498.260; RAIZA CANACHE, C.I.Nº 4.498.652; ALMERYS MENDIBLE, C.I.Nº 4.503.294; D.P., C.I.Nº 4.506.275; YAJAIRA GIMÓN, C.I.Nº 4.511.793; E.E. DE MOTA, C.I.Nº 4.514.054; NILDA AÑEZ, C.I.Nº 4.516.252, DALIA PAREDES, C.I.Nº 4.519.204; MARÍA SEVEREYN, C.I.Nº 4.521.072; ALBA PARRA BOSCAN, C.I.Nº 4.522.618; LUIS PARRA, C.I.Nº 4.523.888; ANA NAVA, C.I.Nº 4.528.537; NORMA FERREBUS, C.I.Nº 4.529.372; A.P., C.I.Nº 4.529.533; LUZ NOHADA PORTILLO DE CHAVEZ, C.I.Nº 4.530.817; MARÍA PEÑA G., C.I.Nº 4.531.761; LUZ BRICEÑO, C.I.Nº 4.534.325; ELAIDA PUCHE, C.I.Nº 4.534.850; NEXY HUERTA DE P., C.I.Nº 4.535.076; M.G., C.I.Nº 4.536.911; DOMINGO FINOL, C.I.Nº 4.539.570; I.M. DE MACHILLANDA, C.I.Nº 4.540.121; OLGA. M. MOLERO F., C.I.Nº 4.540.577; ELIZABETH MONTERO; C.I.Nº 4.540.608, OMAR PEÑA MONSALVE, C.I.Nº 4.553.968; MIRIAM MARTINEE, C.I.Nº 4.561.819; GLADYS BADILLO DE G., C.I.Nº 4.562.959; C.R., C.I.Nº 4.566.228; V.M., C.I.Nº 4.576.277; M.R., C.I.Nº 4. 576.555; N.M., C.I.Nº 4.577.058; A.J.R., C.I.Nº 4.577.488; E.B.G., C.I.Nº 4.584.763; J.L.B., C.I.Nº 4. 585.117; FLOR DE M TORREALBA DE G., C.I.Nº 4.585.721; R.R.C.L., C.I.Nº 4.586.456; SONIA TORRES, C.I.Nº 4.590.959; TRINI GUILARTE, C.I.Nº 4.597.070; N.D.V.R.M., C.I.Nº 4.613.101; N.R., C.I.Nº 4.616.000; CLAIRE DELTOUR, C.I.Nº 4.622.733; W.J. TINEO, C.I.Nº 4.623.499; NAPOLEÓN DÍAZ, C.I.Nº 4.626.813; B.Y. PALACINO, C.I.Nº 4.627.413; A.C. DE ZAMBRANO, C.I.Nº 4.636.672; J.L., C.I.Nº 4.650.495; J.L. GOMERO, C.I.Nº 4.653.115; FRANKLIN TRIRADO, C.I.Nº 4.657.993; JULIO GORI RAMÍREZ, C.I.Nº 4.659.453; FREDDY LEAL, C.I.Nº 4.666.895; GLORIA RIVERO C.I.Nº 4.672.180; BIORD S. DE, C.I.Nº 4.672.284; YUMELES AZOCAR, C.I.Nº 4.682.797; CARMEN SUCRE DE LEÓN, C.I.Nº 4.687.382; R.D.S., C.I.Nº 4.687.972; MARITZA PRADO, C.I.Nº 4.707.398; FRANCIA BUCARITO, C.I.Nº 4.715.207; ADALBERTA GIMÉNEZ, C.I.Nº 4.723.207; GAMAL GIMÉNEZ, C.I.Nº 4.732.434; H.J., C.I.Nº 4.734.584; NEREIDA LEÓN, C.I.Nº 4.741.655; CRUZ DEL P A.D.C., C.I.Nº 4.742.259; A.M. REVEROL, C.I.Nº 4.744.838; MAGALY BRACHO, C.I.Nº 4.747.702; L.M.M., C.I.Nº 4.755.967; M.J.G., C.I.Nº 4.758.791; M.Á.D.P., C.I.Nº 4.758.913; JOSÉ MONTOYA, C.I.Nº 4.761.337; ODA MEDINA , C.I.Nº 4.762.021; M.M., C.I.Nº 4.764.578; URISTELA SÁNCHEZ, C.I.Nº 4.766.666; GUSTAVO RADA, C.I.Nº 4.767.049; M.T.M., C.I.Nº 4.770.079; M.P., C.I.Nº 4.774.456; N.G., C.I.Nº 4.807.677; LOURDES GOUIRAND, C.I.Nº 4.807.884; JUAN CASTAÑO, C.I.Nº 4.808.509; MARGARI DE MIRANDA, C.I.Nº 4.809.504, DINORA FAJARDO, C.I.Nº 4.814.286; LUISA RAUSSEO, C.I.Nº 4.817.093; IDELFONZO RIVAS, C.I.Nº 4.817.676; N.S., C.I.Nº 4.818.695; J.R. SARMIENTO, C.I.Nº 4.820.488; ARGELIA MESSUTI, C.I.Nº 4.824.566; ENME MORACHINI, C.I.Nº 4.825.212; R.R., C.I.Nº 4.834.323; A.C. ZULETA, C.I.Nº 4.848.108; DIALCIA H.D.R., C.I.Nº 4.848.791; J.F., C.I.Nº 4.848.910; EDDA PIÑA, C.I.Nº 4.849.727; C.G., C.I.Nº 4.850.131; A.M., C.I.Nº 4.863.060; M.H., C.I.Nº 4.864.929; GERMÁN SUAREZ, C.I.Nº 4.871.402; T.E.H.D.D., C.I.Nº 4.872.922; MARIO VELIZ, C.I.Nº 4.883.610; MAURA ECHENIQUE, C.I.Nº 4.884.709; M.E.P.L., C.I.Nº 4.885.722; FERNANDO JOVEN, C.I.Nº 4.885.931; E.S.. C.I.Nº 4.887.703; LUDVIG HIDALGO; C.I.Nº 4.898.142; GLADYS MOLINA, C.I.Nº 4.968.914; JUBILO DE J. OLIVARES, C.I.Nº 4.969.116; MARLENE MORA; C.I.Nº 4.976.602; YELITZA YANEZ, C.I.Nº 4.979.315; MIRILLA DEL CARMEN PEÑA, C.I.Nº 4.981.052; ESTHER GARRUIDO DE M., C.I.Nº 4.983.287; D.R., C.I.Nº 4.992.677; W.J., C.I.Nº 4.993.968; MARINA DE SUAREZ C. C.I.Nº 4.994.520; YHAJAIRA, C.I.Nº 4.996.600; C.R., C.I.Nº 4.998.605;I.R., C.I.Nº 5.010.155; JUAN PÁEZ TOCINO, C.I.Nº 5.010.185; E.L., C.I.Nº 5.010.287;EMIDIO ROSATI MORO, C.I.Nº 5.010.811; A.G.L.; 5.014.094; ELVIRA VENALES DE I., C.I.Nº 5.018.188;V.S., C.I.Nº 5.018.223; ZENAIDA PRIMERA, C.I.Nº 5.019.603; J.A. LEAL; C.I.Nº 5.020.276; CARMEN VILLAMIZAR, C.I.Nº 5.021.688; MARÍA NUÑEZ, C.I.Nº 5.022.613; I.M. C.I.Nº 5.033.081; ELBA PRADO, C.I.Nº 5.035.931, LINDA CARRION CH, C.I.Nº 5.040.177; DELIA DE UZCATEGUI, C.I.Nº 5.045.175; EDGAR BRACHO, C.I.Nº 5.046.157; L.M.P.D.V. C.I.Nº 5.058.733, NELSON PIRELA, C.I.Nº 5.058.955; DOUGLAS LEAL, C.I.Nº 5.065.774; LUISA MELEAN, C.I.Nº 5.066.189; MARÍA AMESTY DE C., C.I.Nº 5.066.492; J.G.G., C.I.Nº 5.076.574; MIRNA ESCOBAR, C.I.Nº 5.115.286 MIREYA DÍAZ DE S., C.I.Nº 5.115.715; M.O. C.I.Nº 5.116.864; MARLENE COA, C.I.Nº 5.117.243; ADELISA DE NICOLO, C.I.Nº 5.117.863; A.O. C.I.Nº 5.134.230; L.R., C.I.Nº 5.134.655; AQUILINA CAICEDO, C.I.Nº 5.138.277; TAMARA LAZZARA, C.I.Nº 5.138.513; E.D.L., C.I.Nº 5.147.595; A.G., C.I.Nº 5.148.849; J.A., C.I.Nº 5.150.170; KIPPER A. BRICEÑO R., C.I.Nº 5.166.886; J.R. GUERERE, C.I.Nº 5.172.614; LIDICE DEL C.RAMÍREZ, C.I.Nº 5.183.122; ENVIDA A.D.L., C.I.Nº 5.189.850; J.G. ARISTIMUÑO, C.I.Nº 5.192.521, A.L., C.I.Nº 5.194.329; LUZ BRAVO, C.I.Nº 5.196.250; ESTEBAN LOBO, C.I.Nº 5.220.058; MARLENE CHIRINOS, C.I.Nº 5.223.775; X.M., C.I.Nº 5.255.015, ISAURA CHAPARRO, C.I.Nº 5.282.895, MARITZA MOLINA, C.I.Nº 5.301.047, HELEN SINT YAGO DE L., 5.302.808; R.M., C.I.Nº 5.303.612; Z.C., C.I.Nº 5.316.101; M.R.D.M., C.I.Nº 5.318.829; F.B.O., C.I.Nº 5.324.651; ANTONIO ABREU, C.I.Nº 5.349.549; NICOLAS GAMARRA, C.I.Nº 5.361.494; H.C., C.I.Nº 5.373.059;O.S. DE HERRERA, C.I.Nº 5.373.745; JOAQUINA CRUCES R.; C.I.Nº 5.382.065; LUIS PATIÑO, C.I.Nº 5.398.117; NIDIA MARCANO, C.I.Nº 5.403.210; E.L., C.I.Nº 5.408.790; A.E. LYON CARVAJAL, C.I.Nº 5.409.833; IRSI YOLANDA LEON DE FERRER, C.I.Nº 5.412.744; J.R. BAZAN URQUIOLA, C.I.Nº 5.422.145; J.B.L., C.I.Nº 5.424.529; P.P.G., C.I.Nº 5.425.559; L.R.P.G., C.I.Nº 5.428.077; C.M.A.D.R., C.I.Nº 5.429.515, ROSSANA HOSEIN, C.I.Nº 5.433.652; LEWY E. B.D.B., C.I.Nº 5.440.048; N.J. LLOVERA G. C.I.Nº 5.443.525; E.H., C.I.Nº 5.447.134; RLANDO E. BENITEZ GARCÍA, C.I.Nº 5.452.709; N.M.G.L., C.I.Nº 5.455.710; RAQUEL DÍAZ DE SALAZAR, C.I.Nº 5.469.249; P.M. ROJAS DE SUAREZ, C.I.Nº 5.473.298; RAWELL SANCHEZ CAMPOS, C.I.Nº 5.483.890; G.R. BETANOURT, C.I.Nº 5.520.818; HENRY PEÑA HERNANDEZ, C.I.Nº 5.524.180; G.J.G.U., C.I.Nº 5.525.824; CANDIDA DE ABREU GÓMEZ, C.I.Nº 5.527.256; NERIO SEGUNDO F.V., C.I.Nº 5.528.390; S.E.M.D.S., C.I.Nº 5.538.954; D.I.K.D.C., C.I.Nº 5.568.991; AGNES FRANKA, C.I.Nº 5.591.619; MARLENE ADAMES DE SALAS, C.I.Nº 5.597.677; SIMÓN LLOVERA A, C.I.Nº 5.601.002; ELIZABETH CARTAZA DE ASCANIO, C.I.Nº 5.611.402; ELEINE MARILYN SCORZZA ZULETA, C.I.Nº 5.616.301; B.A.A., C.I.Nº 5.618.327, A.C. ZAMBRANO DE CAMERO, C.I.Nº 5.641.365; M.T. CARRERO U., C.I.Nº 5.659.505; MARISABEL PAZO LÓPEZ, C.I.Nº 5.696.307; OMAIRA BETANCOURT DE GUTIERREZ, C.I.Nº 5.700.745; L.M. BARBOZA, C.I.Nº 5.738.271; LUISA TRAVIESO GONZALEZ, C.I.Nº 5.743.975; G.M. DELGADO B., C.I.Nº 5.802.678; R.D.C.G.S., C.I.Nº 5.806.031; V.E.R., C.I.Nº 5.810.302; M.J.P.B. C.I.Nº 5. 817.010; L.E.F., G., C.I.Nº 5.819.081; IRIS CHOURIO LARES DE MONTIEL, C.I.Nº 5.828.062; YASMERY J. MAVAREZ DE ESPINOZA, C.I.Nº 5.852.882; YELITZA CAMPOS DE HERNANDEZ, C.I.Nº 5.854.278; M.J. MATOS VILLEGAS, C.I.Nº 5.963.165; Y.C. SOJO, C.I.Nº 5.964.249; A.G. DE LANDAETA, C.I.Nº 5.992.975, MANUELA TANCREDI, C.I.Nº 6.005.134, VELMIR NEDELJKOVIC, C.I.Nº 6.023.088; M.I. AYALA DE PADILLA, C.I.Nº 6.038.521; J.J. MONTES, C.I.Nº 6.049.935, R.R., C.I.Nº 6.054.760; EDGAR MONTERROSA, C.I.Nº 6.071.574, FLORENCE LEGUES E. C.I.Nº 6.074.155; FREDDY EVIES, C.I.Nº 6.075.043; FELIPA NAVARRETE; C.I.Nº 6.077.920; MARÍA PARRA DE ORTEGA, C.I.Nº 6.078.251; J.D.J.H., C.I.Nº 6.095.370; MIGUEL DURAN REYES, C.I.Nº 6.099.668; CATALINA LAGARES; C.I.Nº 6.104.506; FRANCISCO VASALLO, C.I.Nº 6.104.908; OLGA VEGA, C.I.Nº 6.108.406; J.G., C.I.Nº 6.109.847, M.M. LEON, C.I.Nº 6.111.351; Z.A., C.I.Nº 6.123.326; GLORIA BELLO, C.I.Nº 6.126.612; LUIS CONTRERA R., C.I.Nº 6.126.792; E.L., C.I.Nº 6.131.749; MAURO OTTATI CARRATO, C.I.Nº 6.132.692; E.E.F., C.I.Nº 6.136.113; GREGORIO QUIÑONES, C.I.Nº 6.136.844; A.M. CARBALLEDO, C.I.Nº 6.139.740; URIEL HENAO, C.I.Nº 6.140.253; SERAFÍN BOUTUREIRA, C.I.Nº 6.142.099, FELICIANO CASTILLA, C.I.Nº 6.142.825; SIMY COHEN, C.I.Nº 6.144.066; G.N.; C.I.Nº 6.165.491; JOSÉ MARONO ALLENDE, C.I.Nº 6.168.703; ALEJANDRINO CANSECO, C.I.Nº 6.175.796; CARLOS VIÑAS, C.I.Nº 6.186.595; NEVILLE CORNWELL. C.I.Nº 6.191.732; GIUSSEPPE SCANGA, C.I.Nº 6.202.882, MELIAN SANTIAGO, C.I.Nº 6.206.775; MIRIAM PEINADO DE KIUHAN, C.I.Nº 6.226.936; DENIS COLLAZOS MOLINA, C.I.Nº 6.231.109; IANTHE SIFONTES, C.I.Nº 6.233.317; MARCOS DE CAMPOS OSORIO, C.I.Nº 6.235.313, J.H.E. MURILLO, C.I.Nº 6.235.666; IANNI GENNARO, C.I.Nº 6.236.734; VICENZA LAGRASTA,DE BAT, C.I.Nº 6.248.619; BERNADETTE CURNEUX, C.I.Nº 6.255.616; S.D.J. TAMAYO, C.I.Nº 6.279.589; PEDRO GALAN GAMBOA, C.I.Nº 6.293.709; ALDA QUINTI DE MALDONADO, C.I.Nº 6.324.967; ECKSTEIN ALLEYENE, C.I.Nº 6.335.799; L.E. MEJIAS GARCÍA, C.I.Nº 6.356.641; LEONARDO ZAA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 6.359.587; AMERICO BETANCOURT, C.I.Nº 6.371.029, LUISA DÍAZ PÉREZ, C.I.Nº 6.371.770; J.R. AGUILERA GUERERO, C.I.Nº 6.371.918; L.A. FERNADEZ REYES, C.I.Nº 6.375.594, MARIA BOADA, C.I.Nº 6.376.802, A.O. VEGA CASTRO, C.I.Nº 6.432.473; W.S.B., C.I.Nº 6.466.286; JAN REI, C.I.Nº 6.493.366; J.O., C.I.Nº 6.496.884; NAIDA PALACIOS TORRES, C.I.Nº 6.520.452; ELISA CABEZAS DE RONDÓN, C.I.Nº 6.545.438; E.G., C.I.Nº 6.676.213; L.B., C.I.Nº 6.909.730; BERTHA SEPTIEN ALFONSO, C.I.Nº 6.979.452, Y.M. PINTO, C.I.Nº 7.064.674; MARÍA PEÑA DE NUÑEZ, C.I.Nº 7.162.493; C.P. DE REYES, C.I.Nº 7.167.003; EDUARDO PANAIT KOTOWINTZ, C.I.Nº 7.168.901; MARITZA OJEDA DE CONDE, C.I.Nº 7.186.363; ANTONIO D SOUZA, C.I.Nº 7.195.493; R.B. DE LOZANO, C.I.Nº 7.242.871; GIOVANNI CASTALDO CORBISIERO, C.I.Nº 7.263.423; LUIGI CHIECCHI VITO, C.I.Nº 7.270.901; ZAIDA BALLET GUEVARA, C.I.Nº 7.282.275; R.J., C.I.Nº 7.300.821; M.D.C. CORDERO, C.I.Nº 7.311.902; PACIÓN MANZANILLA DE ANGULO, C.I.Nº 7.336.488; F.R.C. AMESTY, C.I.Nº 7.608.330; MARÍA DE PIRELA, C.I.Nº 7.667.654; NELIDA URDANETA DE VILLALOBOS, C.I.Nº 7.804.042; HILDRED ELOISE GREEN, C.I.Nº 7.957.543; HUGO DÍAZ SANTOS, C.I.Nº 8.043.131; GUADALUPE PERNÍA DE ROCIO, C.I.Nº 8.092.542; G.Y.G.G., C.I.Nº 8.093.435; J.D.J. ZAPATA CUERVO, C.I.Nº 8.152.044; M.J. CEDEÑO CEDEÑO, C.I.Nº 8.303.018; M.A. MALAVE MALAVE, C.I.Nº 8.308.286; ALFONSO SCUDIERO CHECHILE, C.I.Nº 8.310.812; GILBERTO CEDEÑO, C.I.Nº 8.520.172; NICOLÁS HERRERA, C.I.Nº 8.661.912; M.M. DE GARCÍA, C.I.Nº 8.753.291; VICENIO SANTARELLI D, C.I.Nº 8.838.915; N.J. HURTADO, C.I.Nº 8.852.715; MARÍA DE CARVAJAL, C.I.Nº 9.162.777; C.R. DE GUERERE, C.I.Nº 9.185.253; GIUSEPPE CARFI, C.I.Nº 9.539.890; LUIS BAYONA, C.I.Nº 9.709.981; SEVERINO BARROS SÁNCHEZ, C.I.Nº 9.895.451; E.M., C.I.Nº 9.915.236; A.M., C.I.Nº 10.668.973; SANDRA ODOARDI DE PALMIERI, C.I.Nº 10.792.550; H.M. VEGA DE JESÚS, C.I.Nº 10.812.527; G.J.G., C.I.Nº 10.869.498; R.A. GATICA G., C.I.Nº 11.672.970; ANTONIO CARDILLO M., C.I.Nº 11.741.353; MICHELE VIDETTA RUO, C.I.Nº 13.321.163; J.A. ALARCÓN RÍOS, C.I.Nº 81.389.445; al resultar inequívoca su condición de jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. Así se establece.

VI

CONSIDERACIONES FINALES

Una vez establecido por la Sala, el alcance de la declaratoria de condena en la presente causa, debe referirse con relación a la indexación o corrección monetaria, que pudiera recaer sobre los ajustes en las pensiones de jubilación determinadas por la experticia complementaria del fallo.

En ese sentido, fundamental deviene para la Sala, el exteriorizar su criterio jurisprudencial de fecha 11 de marzo de 2005, A.R.M.R. contra I.B.M. de Venezuela, C.A., en el cual reflejó:

“(…) El fallo supra citado de fecha 17 de marzo de 1993 (Camillius Lamorell contra Machinery Care y otro), consideró el salario y las prestaciones sociales como deudas de valor, caracterizadas porque sólo se cumplen fielmente cuando el deudor satisface la necesidad que esa obligación está dirigida a cubrir, independientemente de que la suma de dinero indispensable a tal fin, se haya incrementado por efecto de la disminución del valor de cambio de la moneda, así la filosofía de ese fallo en su parte medular se centraba en castigar a aquellas personas que sin tener argumentos razonables para litigar, usaban abusivamente el proceso para perjudicar a la parte actora, estimulando la litigiosidad judicial sobre la base de que si se demandaba una cantidad de dinero y el proceso se prolongaba muchos años, era rentable para el demandado retardarlo en atención a que cuando tenía que cancelar en definitiva, lo hacía pagando una cantidad de dinero irrisoria en comparación con el valor de la moneda para el momento de introducción de la demanda.

La corrección monetaria que se venía aplicando a los juicios del trabajo por vía jurisprudencial, fue recogida en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y posteriormente en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con vigencia plena a partir del 13 de agosto de 2003, excepción hecha de la vigencia diferida en aquellos Circuitos Judiciales del Trabajo que así lo requerían, el cual establece:

Igualmente, procederá la indexación o corrección monetaria sobre las cantidades condenadas, la cual debe ser calculada desde el decreto de ejecución hasta su materialización, entendiéndose por esto último la oportunidad de pago efectivo.

.

Con fundamento en los criterios expuestos y en la norma parcialmente transcrita, la Sala en ejercicio de su labor interpretativa, fundamentada en la justicia y equidad, humanizando el proceso, ratifica su doctrina establecida en sentencias números 12 y 287, de 6 de febrero de 2001 y 16 de mayo de 2002, respectivamente, en las cuales se estableció que la corrección monetaria debe calcularse desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia, entendida como la fecha del efectivo pago, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes. Así mismo se ratifica la doctrina establecida en sentencia número 744, del 1º de marzo de 2005, según la cual el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consagra el deber que tiene el juez de sustanciación, mediación y ejecución de ordenar “nuevo ajuste por inflación” en aquellos casos en que liquidada la condena el ejecutado no cumpliera con la misma, lo cual es una consagración legislativa de la evolución jurisprudencial del criterio de la Sala sobre la corrección monetaria.

En atención a lo anterior, la corrección monetaria debe aplicarse en los términos expuestos, no obstante, en aquellas causas en las cuales existan motivos razonables para litigar por parte del demandado porque el derecho ha sido fundadamente discutido y no se trate de una deuda de valor, como en el presente caso en lo que se refiere al bono stand by nocturno, no procede la indexación, en cuyo caso el Juez consultando lo más equitativo y racional en obsequio de la justicia y la imparcialidad, ponderará si el demandado tuvo motivos racionales para litigar o si por el contrario actuó con temeridad y mala fe, debiendo exponer los motivos de hecho y de derecho en que funde tal apreciación para eximir al demandado de la indexación monetaria sobre la cantidad condenada en la definitiva.

Por las razones antes expuestas, esta Sala considera que en el presente caso no procede la indexación judicial sobre la cantidad de Bs. 21.345.354,56, por concepto de bono stand by nocturno. Así se establece.” (Subrayado actual de la Sala).

Ahora, observa la Sala, que en el caso en concreto la pretensión inicial se fundamenta en el ajuste de la pensiones de los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, en correspondencia con los aumentos salariales previstos en las Cláusulas 28 de los Convenios Colectivos de Trabajo, vigentes a los períodos del 01-01-93 al 31-12-94 y del 01-01-95 al 31-12-96, como el reconocimiento del derecho a percibir los incrementos salariales insertos en futuras convenciones colectivas, en idénticas condiciones que las del personal activo de la empresa demandada.

En ese orden se adujo, que la empresa C.A.N.T.V, ya privatizada, reconoció la aplicabilidad del artículo 27 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, y en cumplimiento de esa norma procedió a cancelar a todos sus jubilados y pensionados, el aumento general previsto en la Cláusula 32 del Contrato, según consta en oficio N° 910940, de fecha 28 de octubre de 1991, el cual responde al siguiente tenor: “b) El artículo 27 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, consagra en su parte final que los beneficios salariales obtenidos a través de la contratación colectiva para los trabajadores activos, se harán extensivos a los pensionados y jubilados de los respectivos organismos y en acatamiento a tal disposición, se ordenó la cancelación a todos los jubilados y pensionados de la C.A.N.T.V. del aumento general previsto en la cláusula 32 del Contrato Colectivo, incrementándose así en Bs. 2.400 la pensión de cada uno de los beneficiarios”.

No obstante, constata la Sala, que para el 28 de octubre de 1991, fecha del oficio N° 910940, al cual se hace referencia, aun no se había verificado la privatización de la C.A.N.T.V., pues del documento de compraventa de acciones se evidencia que la misma (la privatización), tuvo lugar en el mes de diciembre de 1991.

En ese sentido, no podía la demandada valorar a priori como un derecho adquirido, el petitum relacionado con el ajuste de las pensiones, pues esta, una vez privatizada, ni validó ni ejecutó el mismo (el ajuste) en las pensiones de sus jubilados.

Ello se afianza en el hecho que ni del Anexo “C”, intitulado “Plan de Jubilaciones” del Contrato Colectivo de Trabajo de 1993, ni del depositado en 1995, existe cláusula o estipulación alguna que permita concluir que la C.A.N.T.V., tuviese la obligación de revisar automáticamente las pensiones de los jubilados y pensionados, cuando se produjesen aumentos salariales para el personal activo de dicha empresa, producto de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Por tanto, existían en la demandada razones justificadas para rechazar la pretensión y discutir en el plano jurisdiccional el derecho reclamado, todo, al rigor de la jurisprudencia transcrita precedentemente.

Así, esta Sala considera que en el presente caso, no procede la indexación judicial sobre las cantidades que deriven de los ajustes a las pensiones de los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, en el marco de la experticia complementaria del fallo ordenada.

Por último, quiere reafirmar esta Sala, que la presente decisión responde al criterio vinculante establecido por la sentencia Nº 3, de fecha 25 de enero de 2005, proferida por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, y en ese orden, no desplegará los efectos previstos en el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para casos análogos. Así se declara.

DECISIÓN

En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social (accidental), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1) CON LUGAR la demanda que como jubilados interesados propusieron los ciudadanos L.R.D., N.C. de Mendoza, A.M., C. deP., G.F., M.M., M.G., R.L., J.M.E., J.J.B., G.R.C., J.C., G.V., R. deE. y F.M., titulares de las cédulas de identidad números 2.107.302, 2.082.782, 2.117.564, 1.859.550, 144.439, 3.728.047, 1.660.802, 1.888.140, 1.495.840, 1.812.677, 1.415.194, 4.630.885, 3.232.501, 1.906.617 y 2.962.354, respectivamente; 2) Se extienden los efectos de la presente decisión a los ciudadanos identificados en su parte motiva, es decir, aquellos a que se contraen las instrumentales anexas a los folios 91 al 240 de la pieza Nº 6 del expediente, resultando incuestionable su condición de jubilados de C.A.N.T.V.; 3) Se extienden los efectos del actual fallo a los restantes ciudadanos que detenten la condición de jubilados de C.A.N.T.V., lo cuales deberán adherirse en los términos antes señalados y; 4) Se extienden los efectos de la presente sentencia a los sobrevivientes de los jubilados, debiendo estos igualmente adherirse en el marco de los parámetros previamente estimados.

Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay expresa condenatoria en costas.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Coordinadora Judicial de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en el Edificio J.M.V..

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social accidental del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los veintiséis (26) días del mes julio del año 2005. 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

El Presidente de la Sala y Ponente,

_______________________________________

L.E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

La Vicepresidente, Magistrada Suplente,

_________________________________ _______________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA B.J.T.D.

Conjuez, Conjuez,

______________________________ ______________________

I.G. DOMÍNGUEZ HILEN DAHER RAMOS

El Secretario,

J.E.R. NOGUERA

R.Avoc. N° AA60-S-2005-000545

Nota: Publicada en su fecha a