Audiencia preliminar en el proceso penal venezolano

La figura jurídica del avocamiento no puede asumir la función constitucional y legal que le corresponde cumplir a los órganos jurisdiccionales.

Procedencia. Las partes deben agotar los trámites, incidencias y recursos existentes para reclamar las infracciones que consideren han sido cometidas por los órganos de investigación o jurisdiccionales y no pretender acudir a la vía del avocamiento para separar momentáneamente la causa de su juez natural, subvirtiendo así las formas del proceso.

El recurrente debe indicar por separado cuando denuncia infracción de la ley adjetiva penal, en qué consisten los supuestos de falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación.

No puede por vía del recurso de casación, procurarse que se analicen incidencias propias de primera instancia, lo cual impide atacar conjuntamente las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones y por el Tribunal de Juicio, ya que la procedencia de este recurso es extraordinario.

A través de la institución del avocamiento no se puede impugnar la medida de privación preventiva de libertad.

El proceso penal está blindado con una serie de garantías y derechos constitucionales y legales, y la propia ley garantiza la autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones.

El principio de inmediación es esencial e inminente para el régimen de la prueba testifical, aunado a que el acta levantada en la investigación que contenga un testimonio escrito, no constituye un medio de prueba suficiente para decidir sobre la comisión de un hecho punible, menos juzgar sobre su intención o culpa.

La indefensión es la situación en la que se le impide a una parte el ejercicio del derecho a la defensa en el curso de un proceso y tal circunstancia debe ser demostrada por quien lo alega, al haber sido diligente en el ejercicio de los recursos ordinarios que contempla la legislación para el resguardo de sus derechos.

Es imperativa la fundamentación de la pretensión para que esta Sala de Casación Penal pueda proveer lo requerido, en virtud de no estar facultada para inferir lo que el accionante procura en su recurso.

El ejercicio del avocamiento, se justifica solo ante casos de manifiesta injusticia, ello en razón a graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

Vicio de falta de Aplicación. El Ministerio Público no puede procurar por medio del recurso de casación, que sean revisados fallos que no le son favorables, más allá de las razones procesales o jurídicas atribuibles a la alzada.

El vicio de falta de aplicación tiene lugar cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal –que esté vigente– a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance, es decir, cuando no se aplica una norma a un caso regulado por ella, sea porque se le ignore o porque se contraríe su texto.

Ante la presencia de un delito grave, además de la conmoción es evidente que la ocurrencia de un fenómeno comunicacional es capaz de alterar el buen desenvolvimiento de la correcta administración de justicia.