procedimiento de extradicion

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El procedimiento de extradición activa deriva de un proceso principal, que es incoado por el Ministerio Público, precisamente, por la ausencia del justiciable en el territorio del país que ha de juzgar, a quien de alguna forma se apartó del proceso penal seguido en su contra y existe una orden de aprehensión, o evadió el cumplimiento de una condena, es allí donde emerge la cooperación entre los...

Es ineludible para la viabilidad del inicio del procedimiento de extradición activa, en -prima facie- constatar (Información veraz) sobre la ubicación del sujeto activo (solicitado), no valiendo la simple presunción o conjetura.

La figura de la “ratificación” indebidamente peticionada por el representante del Ministerio Público, no está prevista en el procedimiento de extradición establecido en el artículo 382 y siguientes, del Código Orgánico Procesal Penal.

En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal venezolano.

En el procedimiento de extradición activa resulta necesario que el juez de instancia establezca de manera clara en el acto mediante el cual da inicio al procedimiento de extradición, el o los delitos por los cuales el solicitado es requerido y sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como el país de detención del solicitado, a fin de determinar si se cumplen o no los requisitos de procedencia.

• Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, respecto al procedimiento de extradición, establece que estará sujeto a las condiciones previstas en el derecho interno, siendo que el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal.

En el procedimiento de extradición, no está prevista la posibilidad de solicitar aclaratoria de las decisiones proferidas al respecto, y en todo caso la aclaratoria que pronuncie el juez no puede modificar la decisión de fondo.

La falta de presentación de la solicitud formal de extradición, así como de la documentación judicial pertinente, dentro del lapso legal establecido, acarrea la inmediata libertad del aprehendido.

La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.

Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial

Nulidad de Oficio. La figura jurídica de la extradición como proceso de coordinación entre Estados en la persecución de delitos, comporta la realización de actos procesales regulados por normas de procedimiento que deben cumplirse para hacer efectiva dicha cooperación.

La solicitud de ratificación de una extradición previamente declarada procedente, y que se encuentra en proceso de ejecución del fallo, no es compatible con la normativa procedimental establecida.

El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.

El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.

Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.

En nuestra normativa, se ha consagrado el debido proceso, destinado a resguardar un conjunto de derechos y principios previstos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad; así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial.

• Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Requisitos para proseguir el procedimiento de extradición.

Derecho penal. Prescripción. Delito de homicidio. Publicación

En la legislación venezolana rige el principio de no entrega de nacionales.

Justicia. Documento público. Prescripción de la pena. Delito de estafa

Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal

Agravación en concurso material con el delito. Administración pública. Pruebas indiciarías irrefutables. Autoridad judicial para el cumplimiento de la pena