modelo escrito acusación

Las excepciones constituyen las herramientas que el legislador le ha otorgado al procesado, para que puedan oponerse en cualquier causa seguida en su contra como parte fundamental del derecho a la legítima defensa que asiste a todo imputado en cualquier grado o estado del proceso.

Delito. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Tentativa de homicidio contra persona depositaria de la autoridad pública. Solicitud de detención

En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439

El proceso penal como la rama del ordenamiento jurídico que disciplina el comportamiento de los sujetos que intervienen en el proceso penal, a los fines de concretar el derecho penal sustantivo, prevé una serie de mecanismos a través de los cuales las partes pueden reclamar las infracciones que consideren han sido cometidas por los órganos de investigación o jurisdiccionales.

La acusación debe formularse en términos unívocos y precisos, idóneos para denotar exactamente el hecho atribuido y para circunscribir el objeto del juicio y de la sentencia que le pondrá fin, por contraste con la indeterminación del antiguo proceso inquisitivo.

DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 243, 254 del Código de Procedimiento Civil, 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por...

Las decisiones Interlocutorias no son recurribles en casación.

La norma penal stricto sensu es aquella que describe y prohíbe un hecho y lo sanciona con una pena. La norma penal latu sensu, es aquella de carácter general que, sin describir delitos ni establecer penas, integra el sistema jurídico penal en la medida en que determina los criterios necesarios y que están dirigidos a hacer posible la aplicación de las normas penales stricto sensu, sirviendo,...

Fundamentación. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios.

El desorden procesal, consiste en la subversión de los actos procesales, lo que produce la nulidad de las actuaciones, al desestabilizar el proceso, y que en sentido amplio es un tipo de anarquía procesal, que se subsume en la teoría de las nulidades procesales.

La carencia de argumentos en la acusación del Ministerio Público no permite vislumbrar un pronóstico de condena, porque carece de los requisitos de fondo esenciales para que pueda ser admitida por el órgano jurisdiccional en el ejercicio del control formal y material de la acusación.

Competencia de la Sala Plena en el supuesto de la configuración de los presupuesto de la flagrancia.

Consagra el principio de tantum devolutum, quantum apellatum, que en la apelación, la competencia del superior solo alcanza a la resolución impugnada y a su tramitación.

• Códigos

Derecho fiscal. Principio de especialidad del delito. Declaraciones tributarias. Documentos públicos extranjeros

La Sala de Casación Penal ha señalado en criterios reiterado que la valoración de las pruebas no le es atribuible al tribunal de alzada, dado el hecho que la valoración de los medios probatorios, es una facultad exclusiva de los jueces de juicio.

En nuestro proceso penal, a la víctima por extensión, se le ha reconocido condición de parte, en consecuencia, “...en cualquier caso en que se dicte una decisión adversa a sus intereses. Sin importar que se hubiere o no constituido en querellante, acusador privado o se hubiere adherido a la acusación fiscal…”, la tutela judicial efectiva de sus derechos resultaría artificiosa.

Dentro del conjunto de garantías que conforman la noción del debido proceso, entendido éste en su sentido formal, se encuentra el derecho de toda persona a ser juzgada de acuerdo con el procedimiento judicial establecido con anterioridad en la ley, ello en virtud del principio de legalidad procesal que rige en ordenamientos jurídicos como el venezolano.

Las solicitudes de avocamiento deben ser ejercidas con suma prudencia y deben estar fundadas en graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que atenten contra la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

La dignidad humana consiste en la supremacía que ostenta la persona como atributo inherente a su ser racional, lo que le impone a las autoridades públicas el deber de velar por la protección y salvaguarda de la vida, la libertad y la autonomía de los hombres por el mero hecho de existir, independientemente de cualquier consideración de naturaleza o de alcance positivo.