juez natural principio

Juez competente ante la interdicción

Delitos en las leyes. Administración pública. Acción ilegal similar. Abuso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión

Regulación de competencia de oficio y/o instancia de parte.

La potestad de administrar justicia que tienenlas instancias judiciales, está limitada en razón del territorio, la materia, la persona y la capacidad subjetiva del juez.

Para ponderar la gravedad de un delito, se debe analizar las circunstancias que acompañan el acto delictual.

Acción. Indemnización de daños y perjuicios. Autoridad judicial competente. Tutela inmediata de los derechos

Solicitante del delito de hurto. Proceso judicial. Carácter de cuestión prejudicial. Procedimiento administrativo de calificación de faltas

LEGITIMACIÓN. Cuando se interpone una solicitud de avocación, es ineludible la consignación, aún mediante copia simple, de la aceptación y de la juramentación del defensor privado ante el juez competente, demostrando así su cualidad para actuar en el proceso, pues para que proceda el avocamiento a instancia de parte.

La gravedad del delito dependerá de un conjunto de factores como: la magnitud del daño causado, la relación existente entre el sujeto activo y pasivo, la función que desempeñan en la sociedad, el medio empleado para la comisión del hecho punible y la forma de cometer el hecho.

Para poder adecuar cualquier hecho punible dentro del contexto de la violencia de género, debe examinarse el mismo dentro de los límites que la definen.

La radicación de un juicio debe estar motivada, por un verdadero obstáculo que incida de forma directa en la recta e imparcial administración de justicia.

Perpetuatio Jurisdictionis. Jurisdicción y competencia. El principio de irretroactividad exige, en aplicación de la regla tempus regit actum, que la ley vigente en un período dado determine la eficacia de los supuestos de hecho verificados bajo su vigencia y las consecuencias derivadas de tales supuestos.

En los casos de inhibición o recusación de todos los jueces de un tribunal superior, corresponderá la decisión a los suplentes en el orden de su elección, y agotados éstos, a los conjueces en el orden de su designación, a menos que hubiere en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia.

No basta con que el hecho sea grave, son las adversas repercusiones del delito, lo que en definitiva incide en la buena marcha de la administración de justicia y en el seno de la comunidad a la cual alcanza su influencia.

El desistimiento consiste en exteriorizar de manera anticipada la voluntad de dejar sin efecto lo alegado.

La alarma, de haberla, debe ser de tal entidad que pueda alterar a las partes y a los aplicadores de justicia, es decir, debe ser de tal naturaleza que ponga en peligro la recta apreciación de los hechos y la justicia del consiguiente fallo.

En los actos que son de naturaleza mercantil (contratos), sobre lo cual debemos dejar sentado en la presente decisión, cualquier discrepancia (incumplimiento de los mismos deben ser dilucidados por los tribunales competente. de la jurisdicción a la cual las partes hayan decidido someterse.

La radicación constituye una excepción a la regla de competencia territorial y surge de la necesidad de salvaguardar una correcta administración de justicia

Documentos públicos. Tutela judicial efectiva. Delito de homicidio. Administración de justicia

Fuero atrayente de Tribunal de Protección. competencia en el juicio de rendición de cuentas.

Indemnización de Daño Moral

Recurso. Competencia. órganos judiciales. Orden público procesal agrario

Inepta acumulación de pretensiones. No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo tribunal; ni aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí.

La desconfianza que le puede merecer a las partes los funcionarios encargados de administrar justicia no supone una circunstancia para que proceda la radicación del juicio, pues la procedencia de una radicación dependerá de la concurrencia de los supuestos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal.

La radicación surge de la necesidad de salvaguardar una correcta administración de justicia, la cual debe encontrarse al margen de inconvenientes que puedan interferir en la integridad e independencia del Poder Judicial.