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Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal

SIN LUGAR, la apelación

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado BERNARDO PULIDO MARQUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No 155.192 en representación de la Sociedad mercantil PROYECTOS AUDIOVISIOALES PA´LOS PANAS C.A. contra las sentencia dictada por el Tribunal Segundo (2°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescente de la...

Legitimación. El imputado tiene la facultad de elegir libremente y nombrar a un abogado defensor de su confianza, o en caso de no contar con los medios económicos para ello, pedir la designación de un defensor público.

No basta con que el hecho sea grave, son las adversas repercusiones del delito, lo que en definitiva incide en la buena marcha de la administración de justicia y en el seno de la comunidad a la cual alcanza su influencia, siendo ello precisamente lo que explica y justifica la radicación de un juicio.

El carácter extraordinario del avocamiento, permite a la Sala sustraer la causa del conocimiento del juez con competencia territorial (cuando el caso lo amerite), con el propósito de velar por una correcta administración de justicia.

En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439

órgano de la administración pública para las remuneraciones de personal. Honor. Derecho constitucional a la intimidad del funcionario. Personas a la información de interés público

Lesión de los derechos a la vivienda. Perjuicio de las competencias. Administración pública. Cláusulas del contrato

Extradición activa. El principio de la territorialidad de la ley penal venezolana faculta al Estado para conocer de los delitos cometidos dentro de su jurisdicción: “…Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana…”.

VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "DIAGEO VENEZUELA C.A.", contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo...

Derecho procesal. Potestad disciplinaria del juez. Proceso laboral. Administración de justicia mediante las sanciones

La garantía constitucional del juez natural implica que, formalmente, sea un juez con competencia predeterminada en la Ley el que administre justicia en cada caso concreto, y sustancialmente, que ese juez sea idóneo, independiente e imparcial para que asegure que será justa y conforme a derecho la decisión judicial.

Tanto en la legislación venezolana como en el Tratado de Extradición, del cual forma parte el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela, rige el principio de la no entrega de nacionales, cuyo fin es la protección de los derechos y garantías que tiene cada nacional dentro de su país.

En las leyes venezolanas que regulan los procedimientos de extradición no existen normas específicas que señalen requisitos formales para estimar la procedencia de la extradición.

No basta que exista un trastorno procesal grave es necesario que el asunto revista particular relevancia, lo que sólo se da en forma excepcional cuando el alcance de los efectos jurídicos de las decisiones que deban ser dictadas, influyen sobre un considerable número de personas o afectan lo más altos intereses tutelados por el ordenamiento jurídico.

Documento oficial. Persona nacional. Derecho público. Competencias administrativas

Se considera de vital importancia para la interposición de la solicitud de radicación, que exista una exposición clara de los fundamentos que sustentan la solicitud, con indicación de la instancia, describiéndose por su parte los elementos fácticos, aunado al señalamiento de las incidencias ocurridas en el curso de la causa.

La carencia de argumentos en la acusación del Ministerio Público no permite vislumbrar un pronóstico de condena, porque carece de los requisitos de fondo esenciales para que pueda ser admitida por el órgano jurisdiccional en el ejercicio del control formal y material de la acusación.

Abuso grave de los derechos contractuales. Bien patrimonial. Contrato de arrendamiento. Indemnización de daños y perjuicios

La potestad jurisdiccional no funciona en forma ilimitada, ya que su ejercicio está restringido por los requisitos que la ley impone para asegurar su control, todo lo cual es necesario para la seguridad del procedimiento penal.