principio de oportunidad en el nuevo codigo procesal penal

El recurso de casación depende exclusivamente de un solo y único acto que consiste en la interposición de un escrito fundado, con expresión en forma concisa y clara de los preceptos legales que se consideran vulnerados, además de la indicación, por separado, de cada uno de los motivos que lo hacen procedente.

Competencia Subjetiva en el marco del proceso penal. Mediante reiterada jurisprudencia, este Máximo Tribunal ha definido el desistimiento como un acto jurídico que consiste en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o de un acto aislado de...

Se considerará imputado o imputada a toda persona que se le indique como autor o partícipe de un hecho punible por cualquier acto procedimental de las autoridades encargadas de la persecución penal.

La desestimación de la denuncia se origina y deviene procedimentalmente antes del comienzo de la investigación por parte del Ministerio Público, con el objeto de evitar el inicio de un proceso penal, concluyendo que tal actuación procesal no puede ser recurrible en casación.

El derecho a recurrir de las decisiones judiciales, no debe ser entendido como el derecho a ejercer el recurso que resulte más aconsejable o conveniente, sino aquél que el ordenamiento jurídico vigente haya establecido para el caso concreto.

Resulta claro que el legislador expresó su voluntad de consagrar la competencia de los tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer para conocer de todos aquellos casos en los cuales la víctima sea una mujer

La denuncia del vicio de inmotivación comporta para el impugnante la obligación de señalar no solo las razones por las cuales la recurrida no resolvió de forma lógica, coherente y razonada lo denunciado en el recurso, sino además el hecho de que la motiva no fue suficiente, esto es, que no se bastaba a sí misma.

El recurso de casación no es el medio para impugnar los supuestos vicios cometidos por los juzgados de primera instancia.

La figura jurídica del avocamiento no puede asumir la función constitucional y legal que le corresponde cumplir a los órganos jurisdiccionales.

Uno de los tipos de desorden procesal no se refiere a una subversión de actos procesales, sino a la forma como ellos se documenten, si la documentación en el expediente o su interconexión con la infraestructura del proceso, es contradictoria, ambigua, inexacta cronológicamente, atenta contra la transparencia que debe regir la administración de justicia.

No es posible declarar la inadmisibilidad en una petición que no puede ser propuesta en la esfera jurídica, ya que las decisiones de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia no son susceptibles de impugnación, pues no se oye, ni admite recurso alguno, por lo que es la improponibilidad, el concepto que se ajusta en derecho.

Indebida aplicación: Ley contra el Secuestro y la Extorsión. la relevancia o influencia que tiene la indebida aplicación del artículo 21, de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión en el dispositivo del fallo recurrido estriba en que dicha norma contiene efectos jurídicos distintos a los establecidos en el artículo 11 eiusdem.

Las excepciones podrán interponerse en cualquier fase del proceso, sin embargo el artículo 29 eiusdem prevé que las excepciones opuestas en la fase de investigación se tramitaran sin la interrupción de la investigación.

Si bien todas las decisiones deben ser motivadas, aunque se trate de una motivación mínima (…) también es cierto que la motivación exigua, por sí misma, no lesiona el derecho al debido proceso y por ende la tutela judicial efectiva.

La excepcionalidad no puede convertirse en la regla y pretenderse el avocamiento ante cualquier violación del ordenamiento jurídico que pueda ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente.

La sentencia es un acto voluntario, revestido de formalidades, siendo esta la consecuencia de un proceso de producción normativo que resuelve un conflicto judicial, donde la motivación juega un papel de balanza.

La reserva jurisdiccional del Poder Judicial se sustenta en los principios de exclusividad y unidad jurisdiccional, lo cual constituye un freno no solo para los demás Poderes Públicos, sino, además, para los particulares, en cuanto a la realización de funciones jurisdiccionales.

La reserva jurisdiccional del Poder Judicial se sustenta en los principios de exclusividad y unidad jurisdiccional, lo cual constituye un freno no solo para los demás Poderes Públicos, sino, además, para los particulares, en cuanto a la realización de funciones jurisdiccionales.

Procedencia. El avocamiento será procedente solo en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, que se produzcan en la tramitación de algún asunto cursante ante los Tribunales de la República.

El sobreseimiento procede cuando el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado o imputada. El equilibrio necesario entre las partes en el proceso exige de manera rigurosa el pleno ejercicio del derecho a la defensa, mediante la oportunidad dialéctica de alegar para que haya igualdad entre la parte contraria y lo opuesto.

La acusación debe formularse en términos unívocos y precisos, idóneos para denotar exactamente el hecho atribuido y para circunscribir el objeto del juicio y de la sentencia que le pondrá fin, por contraste con la indeterminación del antiguo proceso inquisitivo.

El cumplimiento de los requisitos al interponer el recurso de casación no es una formalidad insustancial que pueda ser relajada por las partes e inobservada por la Sala de Casación Penal.

Impugnabilidad Objetiva. Son inimpugnables ante esta Sala las decisiones dictadas por los tribunales de primera y segunda instancia sobre recusación o inhibición.

Demolición. Indemnización correspondiente a las viviendas. Proyecto de urbanismo. Administración pública